Sociohistórica, nº 33, 1er. Semestre de 2014. ISSN 1852-1606
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Investigaciones Socio Históricas

ARTÍCULOS/ARTICLES

De la proscripción a la participación, el peronismo bonaerense entre el Partido Justicialista y la Unión Popular (1959-1962)

José Marcilese

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Centro de Estudios Regionales “Félix Weinberg”, Universidad Nacional del Sur
Argentina
josemarcilese@hotmail.com

Resumen
En este artículo se reconstruye la evolución del peronismo bonaerense en el período 1959-1962. El objetivo es exponer algunos aspectos relativos a la dinámica interna de esa fuerza política, a sus equipos políticos y la relación con el liderazgo de Perón. De esta manera, el artículo se presenta como un aporte a los estudios interesadas en indagar en torno a la evolución del peronismo durante la década de 1960. Pero en este caso desde una perspectiva que valoriza del funcionamiento “político” del peronismo y no solo su relación con las organizaciones sindicales.

Palabras clave: Peronismo; Partido Justicialista; Proscripción; Partido político.

From prohibition to participation, the bonaerense peronism between the Justicialista Party and the Unión Popular (1959-1962)

Abstract
This article describes the evolution of Buenos Aires Peronism is reconstructed in the period 1959-1962. The aim is to present some aspects of the internal dynamics of the political power, their political teams and the relationship with the leadership of Peron. Thus, the article is presented as a contribution to the studies interested in inquiring about the evolution of Peronism in the 1960s. But in this case from a perspective that values ​​the "political" function not only of Peronism and its relationship with the trade unions.

Keywords: Peronism; Justicialist Party; Prohibition; Political party.


Introducción

Luego del golpe militar de septiembre de 1955 se inició para el peronismo un período de proscripción y persecución. En ese momento, la aplicación combinada de una serie de decretos promulgados por el gobierno de facto, determinó la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación a todo aquel dirigente que hubiese cumplido tanto una función legislativa, ejecutiva o partidaria en representación del peronismo, como una labor directiva en el orden gremial, para ejercer roles similares en el futuro. Esto afectó al personal político y sindical que habían tenido relación con el gobierno depuesto, que fue objeto de una intensa persecución judicial. Al mismo tiempo que la fuerza partidaria que los representaba ingresaba en un ostracismo político, del que solo saldría plenamente en 1973.

Frente a esta situación el peronismo generó estrategias de acción acordes al nuevo escenario, que pendularon entre la oposición representada por la “resistencia”, la abstención electoral y la progresiva integración propuesta por un conjunto de fuerzas de escala provincial o nacional, genéricamente nominadas como “neoperonistas”1 (Arias y García Heras, 2004; Levitsky, 2005; Tcach, 2012). El ritmo de estos procesos lo determinaron las estrategias diagramadas por Perón desde el exilio, que fluctuaban según las circunstancias y los objetivos de corto y mediano plazo. Aunque también fueron esenciales las aspiraciones e intereses de la pluralidad de sectores que confluían en el interior del movimiento, un factor que determinaba que las directivas del líder exiliado no fueran acatadas plenamente en el plano local, poniendo de manifiesto como su liderazgo “reconocía límites concretos y exigía la aceptación de situaciones generadas por los actores locales del peronismo” (Melón Pirro, 2009).

Esta dinámica fue la que se evidenció cuando a partir de 1957, el peronismo experimentó un progresivo reordenamiento en el orden local a partir de la conformación de una sucesión de organismos políticos, encargados de direccionar al movimiento en consonancia con las directivas que llegaban desde el exilio. En la práctica, esto supondría una instancia superadora del período inicial signada por un funcionamiento descentralizado, donde las “bases” asumieron en forma espontánea la dirección de las acciones, a un funcionamiento que presentara un carácter orgánico con un mayor nivel de institucionalización.

Fue así como en abril de 1958 se conformó primero el Comando Táctico Nacional, que dio lugar luego en octubre del mismo año a la constitución del Consejo Coordinador y Supervisor del Movimiento Peronista (CCSMP). Ambos organismos en forma sucesiva asumieron la dirección local el peronismo y fueron los encargados de interpretar, para luego implementar, las directivas provenientes del líder exiliado. Al mismo tiempo que oficiaron como instancias deliberativas con intervención de los diversos sectores internos, una circunstancia que hacía inviable el predominio de alguna de las facciones, reforzando la capacidad mediadora del Perón (Melón Pirro, 2009). Del mismo modo, las indicaciones que periódicamente llegaban desde el exilio no siempre presentaban la claridad esperada y en ocasiones tanto la ambigüedad como las contradicciones que mostraban, posibilitaban interpretaciones diversas De esa manera, una serie de referentes locales asumían ser los intérpretes autorizados de las directivas del líder, una situación que entorpecía la conformación de un equipo directivo único, que pudiera cuestionar la primacía de su liderazgo.

En esta coyuntura el peronismo inició el primero de una serie de ensayos de reinstitucionalización, mediante la conformación del Partido Justicialista, un organismo partidario que posibilitaría empezar una reorganización formal con proyecciones electorales. La iniciativa, que comenzó en las postrimería de 1958 durante la gestión el presidente Arturo Frondizi, aspiró a sortear el cerco inhibitorio que confinaba al peronismo, mediante la regeneración de su trama partidaria, requisito indispensable para regresar al juego electoral por fuera de un formato neoperonista. Asimismo, en el plano organizativo la iniciativa implicaba la reconstitución del tejido partidario, a partir de la conformación de juntas provinciales, departamentales y, en los niveles de base, de centros de acción justicialistas, con funciones y fines similares a las tradicionales unidades básicas. De esa manera, el peronismo adoptaría un modelo organizacional que establecería por primera vez normas internas, que conformarían estructuras de autoridad y regularían la participación. Estos factores eran centrales para un movimiento que desde 1955 en adelante había presentado un “bajo nivel de rutinización” en su funcionamiento, un rasgo que afectaba su posibilidad de constituirse nuevamente en una organización electoral estable (Levitsky, 2003).

La difícil empresa despertó tensiones y rivalidades entre los diversos actores locales implicados, respecto de las modalidades y criterios a emplear. Algunas de estas disidencias respondían a cuestiones inherentes a la dinámica peronista previa a 1955, mientras que otras se relacionaban con las particularidades que el funcionamiento del peronismo presentaba en las postrimerías de 1958: una conducción a distancia, rivalidades entre dirigentes, surgimiento de nuevos actores con aspiraciones directivas, interpretaciones diversas respecto de las directivas del líder exiliado, entre otros aspectos.

Luego de un periodo inicial en el que la justicia electoral de varios distritos provinciales, incluido el bonaerense, otorgó al Partido Justicialista la personería jurídica necesaria para progresar en su institucionalización, el clima político se modificó a raíz de la determinación del gobierno nacional por evitar la consolidación de ese proceso. Posiblemente presionado por sectores de las fuerzas armadas conjuntamente con diversas organizaciones partidarias, al igual que por sus propias aspiraciones de absorber al electorado peronista, Arturo Frondizi se inclino por evitar la efectiva participación del PJ en sucesivas elecciones provinciales que ocurrieron en 1959. Una determinación que se profundizaría en octubre de ese año, cuando el presidente mediante un decreto solicitó a los procuradores fiscales que iniciaran ante los juzgados federales provinciales, las tramitaciones necesarias para lograr la disolución y cancelación de la personería electoral del Partido Justicialista. Frente a esa decisión el electorado peronista se inclinó hacia el voto en blanco en la elección del 27 de marzo de 1960.

Seguidamente, el gobierno nacional incrementó la intensidad represiva sobre la militancia peronistas y sus dirigentes. En ello resultó esencial la aplicación del Plan CONINTES a partir del 14 de marzo de 1960, que acentuó la persecución y las detenciones. Esta situación afectó la dinámica partidaria del Partido Justicialista, que continuó funcionando de manera activa en los niveles de base de la organización, pero cedió en intensidad en las instancias seccionales y provincial, más permeables a la presión del aparato represivo.

Sin demasiadas variaciones el peronismo bonaerense operó durante el año 1961, hasta que la proximidad de un nuevo proceso eleccionario, reactivó la labor de sus equipos políticos. En ese proceso resultó central la indicación de Perón de promover un voto positivo del electorado peronista en las elecciones de marzo de 1962, con la intención de derrotar al frondizismo en las urnas. Esta determinación devino en la conformación en el orden nacional de un Frente Peronista, que en el caso de las provincia de Buenos Aires intervino en los comicios bajo el sello electoral de la Unión Popular, la fuerza política neoperonista creada por Atilio Bramuglia en 1957.

Dicho esto, el objetivo de este trabajo reside en analizar el funcionamiento del peronismo bonaerense, a partir de la normalización que el movimiento emprende con la constitución del Partido Justicialista en 1959, y hasta las elecciones de marzo de 1962. Un enfoque que se justifica en la relevancia electoral y política del distrito, caracterizado también por la heterogeneidad de su trama municipal, en la que coexisten áreas diferenciadas que fluctúan entre el perfil industrializado del Gran Buenos Aires, la presencia de centros urbanos de menor importancia y la existencia mayoritaria de distritos rurales (Miguez & Spinelli, 2014). En el análisis serán tenidas en cuenta las características específicas del proceso, los elencos políticos participantes y las diversas estrategias consideradas para concretar la iniciativa. Para ello se examinará especialmente las acciones promovidas por la Junta Provincial, organismo encargado de conducir la reorganización del peronismo distrital, como así también la labor política del CCSMP, máximo referente local del movimiento.

En suma, este trabajo pretende profundizar líneas de investigación ya emprendidas por otros estudios, interesadas en indagar en torno al derrotero del peronismo durante la década de 1960 (Amaral & Plotkin, 1993). Pero que en líneas generales hasta el momento solo ha sido parcialmente considerada por la historiografía que, cuando se ha interesado en el asunto, usualmente lo ha hecho desde una perspectiva estrechamente ligada a la dinámica de las organizaciones sindicales. Debido a la generalizada presunción que esas entidades, por su funcionamiento orgánico y disponibilidad de recursos, fueron los actores centrales del peronismo en los años sesenta (Melón Pirro, 2009). En tal sentido, este trabajo propone un abordaje desde el plano de “lo político” que, de acuerdo a la teorización de Pierre Rosanvallon (2003), reúna elementos relacionados con el análisis discursivo, los aspectos simbólicos, las reflexiones de tipo sociológico sobre los sujetos y las instituciones y las aproximaciones tanto individuales como colectivas a los procesos en cuestión.

La reinstitucionalización del peronismo con la formación del Partido Justicialista bonaerense

El proceso formativo del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires comenzó el 6 de diciembre de 1958, mediante una asamblea de dirigentes y militantes peronistas realizada en La Plata, en la que se determinó constituir la organización en el distrito y designar una Junta Promotora para que ejerza la conducción provisoria. A la reunión constitutiva asistieron referentes tanto del Gran Buenos Aires como del interior provincial, un dato que permite suponer la existencia de una red informativa que vinculaba a la dirigencia de, al menos, los principales distritos. Asimismo, se pone de manifiesto la presencia de instancias de negociación que posibilitaron consensuar, en forma expeditiva, la constitución de una dirección provincial.

Al frente de la Junta distrital fue designado el gremialista Federico Durruty, mientras que el resto del cuerpo lo integró un heterogéneo grupo de dirigentes. El mismo estaba integrado por referentes seccionales que había desempeñado funciones políticas o sindicales de cierta importancia durante el periodo previo a 1955, conjuntamente con ignotos militantes, y entre estos últimos un importante número de mujeres, un rasgo innovador de este período.

Entre los dirigentes con experiencia de destacaban los ex senadores provinciales Angel Siri y Jorge Simini, y los ex diputados nacionales Oscar Bidegain y Héctor Lannes, junto al ex intendente de Chascomús Horacio Marino y al ex intendente de General Alvear Alberto Molina, y a Clemente Rodríguez Jauregui, ex concejal por Quilmes. También un grupo de abogados que habían desempeñado funciones dentro del poder judicial provincial bonaerense y que luego del golpe de septiembre de 1955 habían sido cesanteados. Es el caso de Roberto Guaresti (La Plata), Dionisio Pereyra (Mar del Plata), Alfredo Raúl Sivori, Andres López Camelo (Bahía Blanca), Diego Vicini (La Plata) y Roberto Volpe (Bahía Blanca). Al respecto, es preciso recordar que la presencia de profesionales dentro del personal político peronista, no resultaba un rasgo innovador de esta etapa. Por el contario, esa fuerza política había adherido a los criterios de “notabilidad” tradicionales, al momento de designar a sus figuras públicas. Aunque en las circunstancias en las que por entonces se encontraba el peronismo, el rol de los abogados se acrecentaba, al ser quienes llevaban adelante la defensa de los innumerables dirigentes peronistas detenidos y procesados que poblaban por entonces las cárceles argentinas (Tcach, 2012).

Por su parte, y como era de esperarse, las organizaciones sindicales también aportaron representantes, es el caso del propio Durruty, ex diputado provincial y secretario general del gremio de la lana de Avellaneda, de Pedro Gomis, ex legislador nacional y secretario general del sindicato de obreros y empleados de YPF de Ensenada y de Miguel Musachio, ex parlamentrio nacional y dirigente de la seccional Azul de la Unión Ferroviaria. Aunque en todos los casos se trataba de gremialistas de proyección local, con antecedentes limitados en el universo sindical provincial y con jerarquías intermedias en las estructuras de sus respectivos gremios.

Los restantes miembros del cuerpo eran referentes femeninas distritales de escaza trascendencia dentro del personal político y sindical que el oficialismo había mantenido antes de 1955. Es el caso de Elena N. de Kubinsky (San Fernando), N. Riande (Pergamino), Maria Mallafre de Pintos (La Matanza), N. M. de Abas (Castelli), Juana Miriacco de Matti (Tres Arroyos) y Haydeé Begbeder (Azul). De todas ellas solo Riande se había desempeñado como delegado censista y secretaria de una Unidad Básica Femenina, de acuerdo a los registros policiales.

Luego de superada el ordenamiento inicial, la Junta Promotora progresó en las instancias formales inherentes al proceso constitutivo de un partido político: dispuso una carta orgánica junto a una declaración de principios, delineó una plataforma electoral y comenzó las gestiones necesarias para obtener le personería ante la justicia electoral.

En su declaración de principios se afirmo que el partido se conformó“...respondiendo a la aspiración de millones de argentinos que no se sienten representados...”2, al mismo tiempo que se propuso defender los intereses de los sectores populares afectados por las políticas promovidas desde el gobierno nacional. Asimismo, en el documento se advirtió sobre la necesidad de fortalecer el federalismo, las autonomías provinciales, el funcionamiento autónomo de los poderes del estado, en especial del poder judicial, y la inamovilidad de los funcionarios judiciales; una enumeración que paradójicamente reúne las principales críticas de las que fue objeto el primer peronismo por parte de los sectores opositores. Un dato que revela, al menos en el plano discursivo, la voluntad de Junta bonaerense por mostrar una renovación de sus prácticas. Con un sentido similar, dentro de la plataforma electoral se resaltó la necesidad de propender a la armonía de clases y la defensa de los sectores trabajadores, para luego iniciar una extensa enumeración de propuestas referidas esencialmente a cuestiones productivas y económicas.

En la Carta Orgánica se establecieron los diversos organismos de conducción partidaria, conjuntamente con las vinculaciones que entre ellos existían y los mecanismos de selección de las candidaturas. El diseño partidario resultante establecía subunidades locales – los centros de acción justicialista - , organismos locales – las asambleas y los consejos de partido –, entes seccionales – las asambleas de sección electoral- y organismos provinciales – la Asamblea y el Consejo provincial-. En su conjunto conformaba un modelo partidario en el que cada instancia estaba supeditada al control que ejercía el cuerpo de gobierno partidario inmediatamente superior, un factor que resultaba funcional a un manejo centralizado de las acciones políticas. Dentro de ese esquema, la selección de los candidatos partidarios que participarían en los comicios generales estaría a cargo de los diversos organismos asamblearios. El de carácter provincial determinaría las candidaturas a gobernador y vice conjuntamente con la de legisladores nacionales, mientras que la instancia seccional resolvería los postulantes a la legislatura provincial y el consejo local haría lo propio configurando las listas de nivel municipal.

Como se puede ver la continuidad de los principios organizativos que habían regulado la dinámica partidaria en los años previos a 1955, se mantenía en la nueva carta orgánica. En tal sentido, un componente central en la articulación del nuevo ordenamiento institucional, era promover en los niveles distritales la reconstrucción de la trama organizativa, a través de la institución de cuerpos directivo locales y la conformación de los centros de acción justicialista, organismos de base con un sentido similar al que habían tenido a las unidades básicas en la etapa previa a 1955, y que tan efectivas resultaron para la tareas de afiliación y adoctrinamiento en los años del primer peronismo. Su constitución la regularía la propia Junta Promotora provincial, que tendría a su cargo la habilitación de las juntas locales y la apertura de la CAJ, de manera tal que podía influir en la dinámica de los procesos locales, favoreciendo a sectores afines la dirección provincial. También era una manera de establecer una instancia de autoridad que pudiera regular y controlar las tensiones locales que el proceso de reorganización partidaria generase.

Al mismo tiempo y de manera paralela a la conformación del diseño partidario, la Junta inició las gestiones necesarias para obtener el reconocimiento legal ante la justicia provincial y federal. Un objetivo solo fue parcialmente alcanzado debido a que obtuvo la personería política en la instancia federal, quedando pendiente la aprobación en el fuero electoral de la provincia de Buenos Aires.

Un viejo modelo organizacional para una nueva coyuntura: los centros de acción justicialista

Poco después de conformarse, la Junta Promotora bonaerense promovió la constitución de centros de acción justicialista en los diversos partidos del distrito, con el fin de reorganizar al movimiento en los niveles de base, en lo que se suponía sería un proceso de reinstitucionalización previo a la reinserción electoral, que tendría lugar en las elecciones legislativas nacionales del 27 de marzo de 1960. Con ese fin, en su primer boletín informativo el organismo comunicó a sus adherentes que “En el trabajo a realizar, en el que tienen participación todas las mujeres y hombres peronistas de la Provincia, han de dejarse de lado los grupos, los nombres propios, las rencillas locales, los presuntos méritos antiguos o nuevos, las opiniones personalistas, las dificultades materiales, las tácticas del enemigo, los rumores maliciosos”3, dejando entrever un escenario partidario aquejado por una extenso y variado inventario de problemas internas, que debían ser superadas o al menos moderados si se pretendía alcanzar la anhelada reorganización.

Para ordenar el proceso formativo de los centros la Junta dispuso un cronograma que estipulaba que su organización, seguida de la afiliación y la confección de los padrones, debía culminar en febrero de 1959. Esto posibilitaría luego la realización de las elecciones internas, que permitirían la conformación de los diversos órganos del gobierno contemplados en la carta orgánica. Sin embargo, los plazos iniciales no se cumplieron y se prorrogaron en sucesivas ocasiones, culminando solo la primera parte del proceso, recién en el mes de julio. Esta demora puede explicarse a partir de una evaluación equivocada acerca de la complejidad de la tarea que debía realizarse, en un contexto de crónica escasez de recursos materiales, o una errónea valoración de las disputas internas. Que presentaban como principales contendientes a los dirigentes que habían participado en la conducción del peronismo en la etapa previa a 1955, junto a nuevos liderazgos surgidos en los años de la resistencia.

Por ese motivo, con el fin de atenuar los personalismos y las disidencias faccionales, en las disposiciones formativas de los CAJ, la Junta provincial dispuso una restricción que había normalizado antes el funcionamiento de las unidades básicas, la expresa prohibición de cualquier individualización externa más allá de los datos partidarios elementales, una regulación que también se había empleado en 1949, cuando el peronismo realizó la última interna en el distrito bonaerense.

Los centros presentaban una lógica de funcionamiento de carácter territorial, al constituirse sobre la base de al menos cien adherentes de un mismo circuito electoral. Quienes se autoconvocaban en asamblea, para proceder a la elección secreta a sus autoridades y solicitar el reconocimiento a la Junta Promotora provincial, procedimiento que otorgaba legalidad a la filial. Según disponía la carta orgánica los CAJ tendrían una comisión electa mediante el sistema de lista completa a simple pluralidad de sufragios, por el voto directo y secreto de sus afiliados.

El ordenamiento del proceso formativo dispuesto por la dirección partidaria provincial también determinó la conformación de las juntas electorales distritales, integradas por los presidentes de los CAJ de cada municipio. En todos los casos las actas constitutivas debían contar con el reconocimiento y aprobación de la Junta provincial, una circunstancia que habilitaba al organismo distrital a fiscalizar la corrección de los procesos formales, al mimo tiempo que a influir en la dinámica interna de las secciones justicialistas locales.

En términos organizativos los requerimientos estipulados por la carta orgánica resultan reveladores de la escasez de recursos disponibles, a tal punto que para la apertura de un CAJ solo se solicitaba de “...un lugar habitable aparente (local comercial, vivienda particular, oficina, galpón, o al menos un hall)” como indicaba la circular enviada por la Junta Provincial. Del mismo modo, la normativa partidaria brindaba la autorización a emplear cuadernos comunes rayados como libros de actas o la confección de los padrones a mano, sino se podía acceder a una máquina de escribir, datos que explicitan la precariedad material del proceso. Frente a esta situación, las normas de organización recomendaban el cobro de cuota societaria, que conjuntamente con los aportes individuales de voluntarios donantes, debían ser remitidos a la Junta Promotora provincial, para de esa forma concentrar los recursos y limitar la autonomía financiera de las juntas seccionales.

Respecto de la escala que asumió este proceso reorganizador, resulta difícil cuantificar su alcance en el medio bonaerense, debido a la ausencia de registros partidarios que den cuenta de su evolucion. A pesar de ello, a través de las sucesivas presentaciones efectuadas por la propia Junta provincial ante la justicia electoral federal, se puede apreciar que desde finales de 1958 y hasta agosto de 1959, se conformaron un total 309 Centros de Acción Justicialista, 215 masculinos y 94 femeninos.

La distribución de los mismos no resultó uniforme, más allá de las lógicas desproporciones demográficas del distrito, y se concentró en el área del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata. Solo 19 municipios de esas áreas urbanas concentraron 192 de las unidades partidarias. Las restantes se dispersaron por otras 41 comunas del interior provincial, mientras que en 58 municipios no se conformó centro alguno, dejando entrever el grado de desarticulación que el peronismo presentaba en una parte significativa del territorio provincial.

En tal sentido, resulta conveniente recordar que posiblemente el número de centros haya sido mayor a la cifra consignada en el expediente generado por la justicia electoral, que solo contempló aquellas unidades que completaron el procedimiento de reconocimiento formal ante la Junta provincial. Una evidencia que alienta esta presunción, es el hecho que en repetidas ocasiones la dirección partidaria provincial recibió pedidos de oficialización en los que solicitaba la apertura de, por ejemplo, el veinteavo centro del distrito, cuando aún no se había concretado la oficialización de la totalidad de los diecinueve anteriores. Es decir, posiblemente existieron numerosos centros que no culminaron el proceso formal de acreditación ante la autoridad correspondiente, pero que en la práctica cumplieron el rol de ser una unidad de información y difusión, sin llegar, por su situación, a recibir afiliaciones. Si se pudiera corroborar empíricamente que esta tendencia se manifestó en el conjunto de los distritos de la provincia, posiblemente la cantidad de centros de acción justicialista que se formaron en la primera mitad del año 1959 superase ampliamente la cifra de 309 unidades mencionada en primer término y se acercase más a las 1109 unidades básicas con las que contaba el Partido Peronista en la provincia para 1955.

Determinar el perfil de los sujetos que participaron de este proceso reconstitutivo del tejido partidario peronista, implicaría un abordaje de escala de local para cada uno de los municipios, tarea que excede los objetivos de este trabajo. Sin embargo, es lógico suponer que de esas acciones participaron militantes y referentes barriales, con antecedentes o no en el periodo previo a 1955, conjuntamente con miembros de las organizaciones gremiales, en su mayoría nuevamente controladas por el peronismo para 1958.

El justicialismo bonaerense ante las elecciones de marzo de 1960

Durante 1959 se produjeron elecciones provinciales en seis distritos (San Luis, Catamarca, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Jujuy) en todos ellos la justicia electoral impidió la participación del Partido Justicialista, a pesar que en algunos casos la agrupación contaba con personería. La negativa en algunos lugares se conoció con antelación, en tanto que en otros distritos la resolución judicial solo se reveló poco antes de los comicios, cuando ya habían sido electos los candidatos y comenzado las acciones proselitistas.

Este desenlace reveló cómo el gobierno nacional, luego de comprobar que el proceso de reorganización del peronismo por intermedio del Partido Justicialista, podía concluir en una efectiva reinserción electoral, articuló los mecanismos necesarios para impedir la consumación de esa alternativa. La determinación fue notificada a la opinión pública, mediante una conferencia de prensa brindada por el presidente Arturo Frondizi. En ella, el primer mandatario manifestó su oposición a que el peronismo se reinsertará en la vida electoral del país, al sostener que la legislación en vigencia lo impedía. Esta postura se consolidó el hecho que por medio de un decreto el presidente Frondizi solicitó se instruya a los procuradores fiscales para que requieran a los tribunales provinciales específicos, la disolución del Partido Justicialista. Una actitud que representaba un claro retroceso en lo que respecta a la posición conciliadora, que inicialmente había esgrimido la administración desarrollista en relación a la institucionalización peronista.

A pesar que el PJ no pudo participar y el electorado peronista voto en blanco o apoyó a otras fuerzas políticas, en los primeros meses de 1959 se abrió dentro los organismos que conducían al justicialismo un debate en torno a la conveniencia de participar o no de las elecciones. En el cual resulto central la indicación del propio Perón, trasmitida por intermedio de su representante en el país, Manuel Campos, de optar por el voto en blanco4. A pesar de esta indicación, cuya veracidad fue cuestionada por algunos dirigentes, se conformaron dos polos antagónicos: los concurrencistas y los abstencionistas. El primero integrado por referentes del CCSMP, concentraba a dirigentes de escala nacional, mientras que en segundo reunía a referentes mayoritariamente provenientes del interior del país, en su mayoría vinculados a la estructura de la Junta Nacional Promotora del Partido Justicialista (JNPPJ)5.

Las tensiones generadas por el conflicto se extendieron también al medio bonaerense cuando, en marzo de 1959, la Junta Promotora provincial desconoció la autoridad de su par en el orden nacional, por entender que ese cuerpo había ignorado la autoridad del CCSMP, máximo organismo partidario, y por ende del propio Perón. En función de esa ruptura Federico Durruty renunció a formar parte del organismo nacional y Roberto Guaresti fue expulsado por compartir la postura participacionsta, debiendo abandonar la vicepresidente del organismo provincial. Por intermedio de un comunicado la Junta del PJ bonaerense declaró “Ratificar su confianza y su reconocimiento al organismo creado por el general Perón y al miembro del Comando Superior, señor Alberto M. Campos, única autoridad en el país para tomar decisiones de estrategia política”6. La resolución fue comunicada a las juntas electorales distritales del distrito bonaerense a través del boletín informativo, en el que se desconocía la existencia de la JNPPJ como autoridad partidaria, al mismo tiempo que se reconocía como máxima autoridad partidaria al CCSMP .

La determinación asumida por la Junta bonaerense dejó en claro su alineación política con la dirección ejercida por el Consejo y, por extensión, con las directivas que “oficialmente” llegaban desde el exilio. En ese contexto, el 21 de noviembre mediante un comunicado la Junta Promotora bonaerense suspendió la convocatoria a elecciones internas previstas para fines de ese mes y extendió el mandato de las autoridades en funciones. Al mismo tiempo reabrió la afiliación y prorrogó la habilitación de CAJ, una determinación que revalidó el mandato de las conducciones electas y brindo continuidad institucional a la articulación partidaria que estaba en funcionamiento.

En el mismo documento la Junta se comprometió a defender la personería jurídica otorgada a finales de 1958 por la justicia federal, ante la presunción que las autoridades nacionales planeaban quitarle la autorización para operar legalmente en el distrito. Como parte de su estrategia política el organismo ordenaba a los CAJ y las Juntas Electorales distritales, que iniciaron las acciones para promover el voto en blanco en las elecciones de marzo de 1960, y desconocieran a las fuerzas neoperonistas como alternativa electoral. Para ello, apelaba a la expresa disposición del General Perón de solo reconocer al Partido Justicialista como legitima expresión del movimiento peronista y de sancionar a todos aquellos que mantuviesen su afiliación a otras organizaciones. Esta determinación originó una intensa campaña electoral en todo el distrito bonaerense, similar a la de los restantes partidos, pero en este caso no con el objetivo de promover a un conjunto de candidatos sino de expresar el rechazo a la proscripción electoral y al modelo económico desarrollista mediante el voto en blanco.

Con ese fin los principales referentes del peronismo distrital estuvieron presentes en actos organizados en diversos puntos del territorio bonaerense para concientizar al electorado peronista acerca de la necesidad de acatar la indicación del líder exiliado. En su mayoría estos encuentros, que fluctuaban en su nivel de convocatoria y complejidad, eran organizados por referentes distritales y contaban con la presencia de dirigentes de orden nacional o provincial en carácter de invitados. Los argumentos centrales de los oradores giraban en torno a que el voto en blanco era una manera de expresar el descontento por las políticas económicas promovidas por el desarrollismo, al mismo tiempo que una forma de plantear una desaprobación masiva a la inhibición que pesaba sobre el peronismo.

También en esos actos se criticaba duramente el Partido Laborista, una fuerza que en el distrito bonaerense presentaba cierta solvencia como alternativa electoral, al contar entre sus filas al ex gobernador Domingo Mercante y a Alejandro Leloir, último presidente del Partido Peronista. Por ese motivo, los oradores no olvidaban en cada encuentro recordar a los presentes la “traición” al movimiento que implicaba votar en forma afirmativa por una fuerza neoperonista, liderada por operadores políticos interesados solo en defender sus “intereses personales”, por sobre los logros colectivos que guiaban a la dirección del justicialismo. De esa forma, se trataba de restar efectividad a la “confusión” que esos dirigentes generaban en el electorado peronista, con el fin último de atraer su voto.

Otro elemento presente en el plano discursivo fue la relación del justicialismo con la religiosidad, al respecto Oscar Albrieu en un acto partidario efectuado en San Nicolás, afirmó respecto de la Iglesia Católica: “A los sacerdotes católicos que predican la excelsa verdad de Cristo, les decimos que nunca nos abrimos de su senda; seguimos, como los Reyes Magos, la estrella redentora de Cristo”, para luego concluir con una invocación “ ...a Dios nuestro señor, para que nos proteja de la tiranía homicida que padecemos”. Un reconocimiento que parece estar en consonancia con la bendición del mástil del CAJ de Haedo que el padre Flores realiza como anticipo de un acto votoblanquista presidido por Delia Parodi, o con la bandera con la leyenda “Cristo-Perón” que ondeó durante un acto justicialista de Villa Dominico. En su conjunto, estas acciones revelan no solo la intención de los jefes políticos peronistas de recomponer su relación con la iglesia católica, profundamente dañada en las postrimerías del primer peronismo, sino también de usufructuar de la legitimidad que el componente religioso presentaba en las clases populares

Sobre la bases de esos principios discursivos la continuidad de la campaña votoblanquista emprendida por la dirección local del peronismo transcurre con normalidad hasta que el 26 de febrero el gobierno provincial instruye a la policía bonaerense para que impida cualquier acto organizado por una fuerza que promueva el voto en blanco, una restricción que alcanzaba también al comunismo. La medida fue apelada por la Junta Promotora Provincial, que resaltó el carácter ilegal de la medida, en especial cuando poco antes el juez federal electoral de la provincia había rechazado el pedido de fiscal de estado de declarar ilegal al Partido Justicialista.

No obstante esto, la aplicación de la restricción se mantuvo y al promediar el mes de marzo, cuando la proximidad de los comicios era inminente, la policía provincial comenzó a cerrar locales del Partido Justicialista, siendo la ciudad de Bahía Blanca el primer distrito afectado por la medida. Las clausuras fueron acompañadas por la detención de dirigentes y militantes, algunos de los cuales fueron apresados cuando efectuaban acciones de propaganda en la vía pública.

Finalmente, al producirse los comicios el voto en blanco fue la opción elegida por el 30 % del electorado, un porcentaje que superaba al 24,7 % alcanzado en el orden nacional. De esta forma, la determinación del peronismo por mostrar su desaprobación acerca de la coyuntura política tuvo un acatamiento similar al alcanzado en 1957, cuando se eligieron convencionales constituyentes. En ambos casos los porcentajes obtenido por el “votoblanquismo” difirieron del 64 % de los sufragios obtenidos por el peronismo en 1954, un dato que revela como un amplio sector del electorado peronista optó por emitir un voto positivo a favor de alguna de las fuerzas políticas participantes.

Del conjunto de 112 municipios el voto en blanco se impuso en solo 40, en su mayoría pertenecientes a las primera y tercera sección electoral, un área que concuerda con el primer y segundo cinturón del Gran Buenos Aires, donde también obtuvo un importante porcentaje de los sufragios las diversas opciones que presentó el socialismo, en detrimento de los radicales del pueblo y el ucrismo. En esa zona resultó fundamental la labor de la de las diversas delegaciones de la CGT, que operando en forma conjunta impulsaron el voto en blanco, colaborando con las filiales cegetistas del resto de la provincia7. En el interior del distrito el votoblanquismo alcanzó resultados significativos en los principales centros urbanos, cuyo perfil socioeconómico presentaba similitudes con el entorno porteño, es decir una mayor concentración de trabajo asalariado y por ende una presencia más intensa de trabajadores sindicalizados, componente estructural del electorado peronista.

En las restantes comunas el voto en blanco fue menos significativo y la tendencia fue inversamente proporcional a la dimensión demográfica de los municipios. Tal es así que en las comunas con poblaciones superiores a los 40.000 habitantes la tendencia posicionó al votoblanquismo entre el 20 y el 30 % del padrón, mientras que las municipalidades con una población que oscilaba entre 10.000 y 30.000 personas el porcentaje usualmente fluctuó entre el 10 y el 20 %. Diversos factores pudieron originar esta marcada diferencia, aunque existen razones para suponer que el argumento propuesto por un diario capitalino sea el que explique el fenómeno con más claridad: “El voto en blanco, finalmente, no puede ser tan rígidamente impuesto por los caudillos peronistas en el interior de la provincia, donde no cuentan con férreas y omnipotentes organizaciones sindicales”8. En estos últimos distritos un alto porcentaje de los sufragios se orientaron hacia las propuestas radicales, UCRP y UCRI, ocupando también un lugar significativo las fuerzas conservadoras.

El peronismo bonaerense nuevamente en la ilegalidad

La inhabilitación del Partido Justicialista para intervenir en la elección de marzo de 1960, con el consiguiente apoyo al voto en blanco, fue seguida por la clausura de los locales de la agrupación en diversos puntos del territorio bonaerense. Esta medida fue rechazada por el CCSMP mediante un comunicado en el que también se exhortaba a los apoderados del partido en las diversas provincias, a que conformaran comisiones de abogados para organizar la defensa de los numerosos dirigentes detenidos9.Una requerimiento que evidencia la intensidad de la persecución emprendida sobre los equipos políticos y gremiales del peronismo.

El fundamento legal de la labor represiva lo aportó el Plan Conintes, cuya aplicación generó un escenario hostil al conjunto del peronismo, y en especial al personal político que integraban el CCSMP y las juntas provinciales. En los meses que siguieron a la elección de marzo de 1960 buena parte de sus integrantes fueron detenidos y encarcelados.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la coordinación de las acciones distritales fue asumida por dos mujeres, integrantes de la Junta Provincial, que posiblemente por una cuestión de género no fueron detenidas, luego del arresto de los principales referentes. Este recambió no afectó la legitimidad del cuerpo, que mantuvo su rol de máxima autoridad provincial, siempre supeditada a los lineamientos del CCSMP. Desde esa posición la Junta reafirmó su función directiva al sancionar a dirigentes acusados de “inconducta partidaria”, un argumento que el peronismo empleaba para justificar la aplicación de penalidades en el orden interno, al mismo tiempo que coordinó la recolección de recursos materiales y financieros para auxiliar a las familias de los numerosos detenidos.

Fue tan intensa la presión ejercida por los organismos de seguridad sobre la dirigencia peronista que Perón, desde su exilio madrileño, envió en agosto de 1960 un extenso documento donde analizaba la situación política en general, y en especial del peronismo, al mismo tiempo que proponía una serie de principios a seguir.

Respecto de la situación interna del movimiento el ex presidente en el exilio reafirmaba la vigencia de los cuerpos directivos en funciones, el Consejo, la Junta Promotora Nacional y las Juntas provinciales, aun cuando parte de sus miembros se encontraban presos. De esta manera se daba continuidad a las instancias superiores del organigrama del movimiento, en un intento por preservar la vertebración interna y evitar la desarticulación de los eslabones intermedios y básicos de la estructura organizativa, integrados por las juntas electorales seccionales y los Centros de Acción Justicialista. Asimismo, le indicaba a los organismos superiores que “...deben vigilar estrechamente a sus dirigentes y expulsar sin vacilación, del Movimiento, a aquellos que resulten culpables de traición y aun de debilidad”10. La intensidad de la sanción resultaba acorde con las actitudes diferenciadas que Perón reconocía entre los dirigentes peronistas, donde registraba una facción a la que denomina como “blandos”, propensos al diálogo con el gobierno y a la negociación, en tanto que otro núcleo representado por los “duros”, mantenía una intransigencia acorde con la conflictividad del momento y se mantenían leales al movimiento.

En lo sucesivo la conjunción del estado de sitio con la aplicación del Plan Conintes afectó la intensidad de la actividad del peronismo en su conjunto, es decir tanto de los organismos político-partidarios como de las entidades gremiales. Estas últimas, se vieron afectadas por la intransigencia estatal, un factor que había ocasionado la intervención de algunas organizaciones sindicatos durante 1959, al igual que por la creciente escalada represiva de las fuerzas de seguridad. Una tendencia que provocó una importante disminución en la intensidad de los planes de luchas y acción de protesta a partir de los primeros meses de 1960.

Una tendencia similar afectó a los grupos “políticos” del peronismo bonaerense, sometidos a un estrecho control de las fuerzas de seguridad, como lo revelan los minuciosos registros generados por el área de inteligencia de la policía bonaerense11. Son esos documentos los que permiten reconstruir la dinámica del Partido Justicialista, que se intensifica al momento de conmemorar fechas significativas del calendario peronista, para luego regresar a un estado de actividad restringida.

Para evidenciar esta situación se puede analizar la dinámica partidaria que rodeó a las convocatorias efectuados para el 26 de julio de 1960 y 1961, con motivo del aniversario del fallecimiento de Eva Perón. En ambas oportunidades no se realizaron actos políticos en el sentido tradicional, sino misas en iglesias y parroquias tanto del Gran Buenos Aires como de interior provincial, una alternativa para sortear las restricciones que pesaban sobre el peronismo. Estos oficios religiosos fueron organizados tanto por agrupaciones femeninas, como por juntas promotoras locales y centros de acción justicialista.

La convocatoria alcanzada por los encuentros en la mayoría de los casos relevados no registró la masividad a la que estaba acostumbrado el peronismo, fluctuó entre solo unas decenas a varios centenares de militantes, que se reunieron tanto en pequeñas parroquias como así también en las principales catedrales de algunos distritos. Estas acciones no fueron impedidas por las fuerzas de seguridad, que sí intervinieron cuando luego de finalizar el oficio religioso los militantes peronistas intentaron realizar actos callejeros en memoria de la ex primera dama12. Aunque resulta preciso resaltar que esta respuesta represiva resultó menos intensa en 1961, posiblemente a raíz del cese del Plan Conintes13.

Las elecciones provinciales de 1962, del Partido Justicialista a la Unión Popular

Al acercarse las elecciones de marzo de 1962, siguiendo las instrucciones de Perón el CCSMP resolvió la concurrencia electoral e inició las acciones políticas necesarias para movilizar al electorado peronista (Tcach, 2012). En el distrito bonaerense las restricciones que aún pesaban sobre el Partido Justicialista, motivaron que el peronismo optara por emplear el sello del Partido Unión Popular.

Dicha fuerza política se había constituido tempranamente luego del golpe militar de septiembre de 1955, bajo la dirección del ex ministro Atilio Bramuglia y desde su formación la agrupación tuvo como objetivo constituir una alternativa institucional frente al estado de proscripción que sufría el peronismo. No obstante alcanzar una aceptable inserción en diversos espacios provinciales, especialmente Buenos Aires y Córdoba, la nueva fuerza no participó de la elección de convencionales constituyentes de 1957, debido a la orden impartida por el propio Perón de votar en blanco. En diciembre de ese mismo año la agrupación efectuó una convención partidaria en que se definió una estructura organizativa basada en una distribución por tercios de los cargos directivos, distribuidos por igual entre trabajadores “políticos” y dirigentes femeninas. No obstante, como señalan Rannan Reín (2006), esta disposición no se respetó y fueron los dirigentes políticos quienes preponderaron inicialmente en la estructuración de la organización.

En 1958 la conducción de Unión Popular optó por presentar una fórmula propia, en franca oposición a la determinación de Perón que el electorado peronista votase al candidato de la UCRI Arturo Frondizi. El resultado obtenido por la fuerza neoperonista fue insignificante y Bramuglia junto a otros líderes de la agrupación fueron acusados de traición por el CCSMP, de acuerdo a lo dispuesto por el líder exiliado.

Sin modificaciones significativas la vinculación entre la dirección de Unión Popular y el equipo político que integraba la conducción del justicialismo, conformado localmente por el CCSMP y por Perón en el exilio, continuó siendo conflictiva en lo sucesivo. Esta situación se mantuvo sin variaciones hasta los meses previos a la elección de marzo de 1962, cuando Bramuglia resolvió iniciar un progresivo acercamiento al Partido Justicialista, para luego incorporarse al Frente Justicialista. Esta situación fue vista con aceptación por el líder exiliado, que buscaba reunir detrás de una misma coalición electoral al mayor número posible de sus ex seguidores, incluso aquellos que habían promovida alternativas dentro del neoperonismo (Tcach, 2012).

El gobierno nacional aceptó que Unión Popular participara en las elecciones de marzo de 1962, con listas de candidatos provenientes del peronismo o, para ser más exacto, del Partido Justicialista. Esta determinación revela un cambio de posición de la administración frondicista, que dos años antes había impedido la intervención electoral del PJ, en parte motivado por los buenos resultados alcanzados por el ucrismo en las elecciones provinciales de Santa Fe, San Luis o Catamarca. Un desenlace que según reconoció el propio CCSMP, se debió a la falta de organización de las estructuras partidarias del justicialismo y a maniobras de carácter fraudulento propiciadas por el gobierno nacional14.

Por su parte, la intensidad organizativa que el peronismo había alcanzado en el período 1958-1959, con la integración del Partido Justicialista y la formación de cuerpos directivos local y de base, en los principales distritos bonaerenses, en forma progresiva perdió fuerza, no solo por la falta de recursos y las diferencias internas, sino especialmente por la presión de la fuerzas de seguridad, en especial luego de la implementación del Plan Conintes a comienzos de 1960.

Fue por ello que ante la determinación de intervenir en forma activa en las elecciones de 1962, el peronismo bonaerense debió iniciar un nuevo proceso político, aun más complejo que el emprendido dos años antes, porque en esta oportunidad se debían establecer las candidaturas para los cargos de orden municipal, provincial y nacional. Un requerimiento que usualmente resultaba conflictivo, en especial cuando no iba precedido por una elección interna que resolviera el asunto, sino mediante una selección de candidatos por “consenso”, una herramienta tradicional en la cultura política peronista, cuya aplicación no siempre resultaba exitosa ni estaba libre de tensiones.

El acuerdo que el orden nacional formuló la dirección del CCSMP, conducida por el ingeniero Alberto Iturbe, con una serie de fuerzas neoperonistas entre las que se encontraba Unión Popular, se estableció el 13 de octubre de 1961. Es decir solo unos meses antes de la elección, una cercanía que hacía inviable un proceso electoral interno, en especial cuando eran varias las fuerzas políticas reunidas en el frente. A pesar de este arreglo inicial, que revalidaba la intención de participar de los comicios, en los meses que siguieron nuevamente las tendencias “abstencionistas” alcanzaron cierta notoriedad en la trama interna del peronismo. Incluso por momentos el acuerdo inicial pareció peligrar, en especial cuando se planteo una fórmula para la gobernación bonaerense integrada por Andrés Framini y el propio Perón, una propuesta que fue rechazada por la justicia electoral, luego de originar duros planteos por parte de la corporación militar, dando lugar a su reemplazo por Francisco Anglada15, que por entonces había asumido la dirección del CCSMP. Un reemplazo que fue indicado por el presidente depuesto a una comisión integrada por dirigentes gremiales que concurrió a Madrid, cuando la inminencia de los comicios forzaba una resolución definitiva en relación a la actitud que debería tomar el electorado peronista16. En ese marco ex presidente ordenó al CCSMP que indicase al conjunto del movimiento que votase en forma positiva por candidatos propios17, una resolución que en la provincia de Buenos Aires implicó participar con candidatos a través de la Unión Popular.

Ante esta situación se abrió en los diversos distritos bonaerenses un período de negociación interna entre las facciones que integraban el complejo universo peronista. Por un lado se situaban las organizaciones gremiales, reunidas por las 62 Organizaciones Peronistas y la CGT Auténtica, por el otros los sectores “políticos” tanto femeninos como masculinos, a los que se sumaban los grupos juveniles, estos últimos íntimamente ligados a los núcleos de militantes constituidos al calor de la resistencia.

Determinar el carácter que asumieron las negociaciones no es un objetivo que persiga este estudio, en especial porque en cada distrito resulta lógico suponer que el proceso presentó rasgos específicos. Aunque si es factible alcanzar algunas conclusiones generales, evaluando para ello el perfil de los candidatos que integraron las listas locales y seccionales. Para ello, resulta necesario indagar en las trayectorias personales de los dirigentes a partir de una perspectiva prosopográfica, intentando establecer rasgos comunes entre ellos, al mismo tiempo que rupturas y continuidades con el personal político y sindical que se constituyó en torno al peronismo en década 1945-1955.

En la elección de marzo de 1962 en la provincia de Buenos Aires se disputaron una cantidad significativa de cargos. Lo más relevantes sin duda fueron los de gobernador y vicegobernador, aunque también se pusieron en juego bancas de diputados y senadores provinciales, conjuntamente con diputados nacionales, intendentes y concejales municipales. La cobertura de este extenso conjunto de candidaturas generó discrepancias en el interior del peronismo, entre los sectores políticos y sindicales, como oportunamente advirtió Daniel James (2010). Ambos sectores pretendían posicionarse al momento de conformar los listados, en un nuevo episodio de una puja que tenía una larga tradición dentro del peronismo, que en esta oportunidad se resolvió en favor del sector sindical representado por la 62 Organizaciones. Un desenlace que permite suponer cómo los recursos materiales e institucionales de las organizaciones gremiales, resultaron fundamentales para que ese sector se impusiera al núcleo político.

Estos factores, conjuntamente con las diferencias internas que presentó el sector político frente a las elecciones de marzo de 1960, habían posicionado al sector sindical en el CCSMP. Siendo ese organismo, el encargado de determinar las candidaturas a diputados nacionales, por ese motivo prevaleció en la conformación de los listados la presencia los dirigentes provenientes del movimiento obrero18. A tal punto que la mitad de los 18 candidatos designados para ocupar bancas en la legislatura nacional por el distrito bonaerense, eran de extracción obrera varios de los cuales, al igual que Andrés Framini, integraban incluso la mesa directiva de las 62 Organizaciones19. Esta proporción superaba a la participación por tercios que tradicionalmente había recibido el sector sindical, que en esta oportunidad se impuso al peronismo masculino y femenino en la distribución de los cargos. Una circunstancia que permite entender porque la facción gremial defendió desde un primer momento la posición concurrencista, frente a otras líneas internas que proponían la abstención.

En el orden seccional la conformación de las listas estuvo a cargo de asambleas de representantes de los diversos distritos comunales, y a diferencia de lo ocurrido con los cargos nacionales, la presencia sindical resultó menos significativa. De los 40 candidatos a senadores y diputados provinciales que fue posible reconstruir la trayectoria previa, sobre un total de 75, solo una decena provenía del movimiento obrero, mientras que el resto estaba integrado por dirigentes del sector político, con antecedentes en funciones políticas y partidarias en la etapa previa a 1955, tales como cargos legislativos, intendencias y funciones judiciales. En relación al resto, la imposibilidad de establecer sus antecedentes permite suponer cierto grado de renovación en la integración de los equipos políticos en las instancias seccionales, en especial a partir de la incorporación de dirigentes surgidos en los años de la resistencia, tanto hombres como mujeres.

Un carácter diferente presentó el proceso de selección de las candidaturas locales, allí es factible observar en el caso de los nominados a ocupar las intendencias, una presencia significativa de dirigentes con antecedentes políticos previos a 1955. Como lo revela el hecho de que en 50 de los 117 distritos bonaerenses, la candidatura a intendente propuesta por la Unión Popular fue asumida por una persona que durante el primer peronismo había ocupado un cargo de proyección comunal, como intendente, comisionado, delegado municipal o concejal por el Partido Peronista. Mientras que en otros catorce municipios la designación recayó en un individuo que había sido funcionario provincial, judicial o legislador. Esta característica común para un conjunto de los candidatos revela como en una parte significativa de los distritos, la reconstrucción partidaria del peronismo se generó en torno a dirigentes de reconocida trayectoria y prestigio entre los militantes. Factores que luego influyeron en las negociaciones, que precedieron a la conformación de las nóminas de candidatos justicialistas.

Antecedentes de los candidatos a intendente de la Unión Popular

cantidad

%

Intendente

27

50%

23,8 %

Comisionado municipal

2

1,7 %

Concejal

14

12 %

Concejal Suplente

4

3,4 %

Delegado Municipal

3

2,6%

Funcionario Judicial, Provincial o Municipal

10

14%

8,5 %

Legislador Provincial o Nacional

4

3,5 %

Dirigente gremial

9

7,7%

Sin datos

44

37,6 %

Nº total de casos

117

100%

Fuentes20

Esta continuidad redundó en una performance exitosa en el plano electoral en 41 de los 50 distritos en los que la lista de la Unión Popular fue encabezada por un candidato con antecedentes21. Un dato que indica como la experiencia y el prestigio de estos referentes distritales resultó funcional para un buen desempeño en los comicios. Mientras que en los restantes 26 municipios donde se impuso la UP, la lista comunal fue liderada por un dirigente sindical en diez comunas, mientras que en las catorce restantes no se pudo acreditar una relación de los candidatos con una experiencia previa en la función pública, partidaria o gremial.

Al igual que en 1960 durante la campaña electoral presentaron un carácter fluido los contactos entre dirigentes del frente peronista y representantes de la iglesia católica. Estos últimos buscaban acercarse al peronismo y en especial a su sustrato gremial, para de esa forma distanciarse del creciente protagonismo que el comunismo estaba asumiendo tanto en el medio local, pero muy especialmente en el contexto latinoamericano, luego del éxito del proceso revolucionario cubano. Tanto es así, que al culminar la labor proselitista el candidato a gobernador Andrés Framini depositó la bandera argentina que lo había acompañado en las giras por el interior bonaerense, en la Parroquia San José Obrero de Berisso, donde fue recibido por un sacerdote, que luego lo acompañó al comité seccional de la UP22. Previamente, la comitiva electoral se presentó en buena parte de los distritos electorales del extenso territorio bonaerense, en una campaña que reunió a los principales dirigentes provenientes del peronismo, tanto político como sindical, a los referentes del sector ortodoxo de la Unión Popular, liderados por Juan Bramuglia, y a candidatos del Partido Laborista, representado por la prestigiosa figura de Domingo Mercante, gobernador del distrito bonaerense durante buena parte del primer peronismo.

Sobre la base de una propuesta electoral que reivindicaba los logros socioeconómicos de la década 1945-1955 y apelando a la colaboración de los principales referentes del peronismo, en todas sus facciones, la propuesta electoral, la Unión Popular resultó victoriosa en 66 de las 112 municipalidades bonaerenses, siendo la UCRP la segunda fuerza y relegando a la UCRI a una tercera ubicación23. Al igual que en 1960 fueron los distritos del primer y segundo cinturón del GBA los ámbitos donde el peronismo ganó con mayor amplitud, en algunos casos superando el 45 % de los votos. También se impuso en los distritos de más de 40.000 habitantes no pertenecientes al área metropolitana, pero en los distritos del interior provincial con poblaciones inferiores de entre 10.000 y 30.000 habitantes, la Unión Popular solo obtuvo una parte minoritaria de las comunas.

Esta tendencia exitosa de la UP parece consolidarse, si se analiza la cantidad de votos obtenidos por en términos absolutos para diputados nacionales, donde alcanzó 1.171.757 (37 %) contra 731.877 (24%) de la UCRI y 637.094 (20%) de la UCRP. Con ese resultado el peronismo superó al 30 % de los sufragios obtenidos por el voto en blanco en 1960, pero distó de alcanzar los porcentajes que reunía en la primera mitad de la década de 1950.

Un resultado similar se dio en diez de las catorce provincias en las que se eligieron gobernadores, donde se impusieron diversas versiones del frente justicialista. Como consecuencia de ello, las fuerzas armadas presionaron hasta lograr la anulación de los comicios y provocar la destitución del presidente Frondizi y su reemplazo por José María Guido. Esta determinación fue seguida por una nueva etapa de persecución hacia la conducción del peronismo, representada por el cierre de locales partidarios y la detención de dirigentes.

Consideraciones finales

El proceso reorganizador por el que atravesó el peronismo a partir de 1958 pretendía lograr la efectiva reinserción electoral de la fuerza proscripta. De esa manera, se pondría un freno al progreso de los partidos neoperonistas que, con éxito diverso, captaban los sufragios que hasta hace solo unos años se dirigían al Partido Peronista. Asimismo, la reorganización sobre la base de un nuevo espacio político, el Partido Justicialista, le otorgaría nuevamente al peronismo un carácter orgánico y restablecería mínimas jerarquías, aspectos dejados de lado durante los intensos años de la resistencia.

Con ese fin desde el exilio Perón dispuso la conformación de un modelo organizativo sustentado en dos cuerpos principales, el Consejo Coordinador y Supervisor del Movimiento Peronista (CCSMP), y la Junta Nacional Promotora del Partido Justicialista (JNPPJ). El primero se conformó a partir de una conjunto de dirigentes de proyección nacional, mientras que el segundo fue integrado por los representantes de las juntas partidarios provinciales, las entidades distritales encargadas de llevar adelante la organización del justicialismo en los diversos espacios supranacionales.

En la provincia de Buenos Aires la reinstitucionalización partidaria alcanzó un desarrollo significativo en los principales distritos, en especial en aquellos comprendidos por el GBA, pero no logró implementarse en la mitad de los municipios, un dato que evidencia el deterioro que la trama organizativa del peronismo había experimentado desde 1955, cuando administraba mediante intendencias electivas 104 de las 112 comunas bonaerenses.

A pesar de estas limitaciones, el proceso reconstitutivo por el que atravesó el peronismo bonaerense en el periodo 1959-1960, reveló una importante capacidad de movilización y organización en los niveles de base del movimiento, evidenciada por la efectividad del plan reorganizador, que posibilitó conformar estructuras locales y de orden medular, mediante los centros de acción justicialista, con una relativa celeridad en los principales distritos comunales de la provincia. En especial si se considera las medidas restrictivas que pesaban sobre buena parte de los equipos políticos previos a 1955, la intensidad de lucha gremial que distraía hacia otras accionas a buena parte de la dirigencia y a la ausencia de recursos económicas para financiar el proceso.

En lo que respecta al armado del equipo político que coordinó la reorganización en el medio bonaerense, resulta evidente el grado de renovación respecto de la dirección anterior a 1955. Puesto que, si bien perduraron algunos referentes significativos de ese período, también surgieron una número importante de nuevos dirigentes, provenientes del campo gremial, del peronismo femenino y de medio judicial, a partir del aporte de abogados cesanteados del poder judicial bonaerense.

No obstante la intensidad del esfuerzo por promover este proceso de reinstitucionalización, las restricciones impuestas por el gobierno de Arturo Frondizi a finales de 1959, impidieron la participación del Partido Justicialista en los comicios de marzo de 1960 y determinó el voto en blanco del electorado peronista. Esta determinación fue acatada en una proporción similar a la elección de constituyentes de 1957, aunque con amplias variaciones entre los diversos distritos, siendo las comunas del Gran Buenos Aires, donde la presencia sindical resultaba más sólida, los distritos donde el “votoblanquismo” encontró mayor sustento.

La realización de la elección fue precedida por la aplicación del Plan Conintes, una medida que complejizó aun más la situación del peronismo, en especial luego que las detenciones de sus referentes políticos y gremiales se multiplicaron, conjuntamente con el cierre de locales partidarios en todo el distrito bonaerense.

Esta escalada represiva sobre la estructura partidaria profundizó el carácter clandestino de las acciones políticas, que el peronismo promovería en el distrito bonaerense en lo sucesivo. En ese marco, los equipos políticos del movimiento se nutrieron de nuevos actores, tradicionalmente relegados a espacios secundarios, como las mujeres y dirigentes seccionales, que asumieron roles protagónicos en la dirección de la Junta Provincial.

Durante la segunda mitad de 1961, una nueva atenuación del clima represivo posibilitó el inicio de un nuevo proceso reorganizador, a través de la conformación en el orden nacional de un Frente Justicialista. En la provincia de Buenos Aires esta estrategia culminó con la integración de una alianza de fuerzas peronistas y neoperonistas, en un frente electoral para los comicios de 18 de marzo de 1962, que direccionarían su voto por medio del Partido Unión Popular. Esta determinación implicaba seleccionar los candidatos, tanto a nivel provincial, como seccional y municipal. Por ese motivo, se inició un proceso de negociación entre los diversos sectores que integraban el universo peronista. Para el caso de la fórmula para la gobernación y las diputaciones nacionales, la injerencia del sector sindical mediante las 62 Organizaciones Peronistas resultó categórica. En especial porque el cuerpo orgánico que tuvo a su cargo el armado fue el CCSMP, por entonces integrado mayoritariamente por referentes sindicales.

Una carácter diferente presentó la integración de las listas seccionales y municipales, allí los liderazgos locales tuvieron un rol preponderante en una parte significativa de las comunas. Fue así como los jefes “políticos” se impusieron a los sectores gremiales, a partir de la candidatura de dirigentes que habían ocupado cargos electivos ligados a la administración municipal en la etapa 1948-1955. De forma tal que los mecanismos de selección se relacionaron con el control territorial y el prestigio que aun conversaban una parte de los candidatos, limitando la posibilidad que nuevos dirigentes encabezaran las listas a nivel comunal.

Sin embargo, esta tendencia no alcanzó a la totalidad de las comunas, dando lugar al menos en casi medio centenar de municipios a la aparición de candidatos sin antecedentes significativos en la función pública. Es posible suponer que en estos casos fueron factores ligados a la “notabilidad” de los candidatos, a su inserción dentro de redes de sociabilidad locales o incluso a la capacidad directiva manifestada en los años de la “resistencia” los elementos que se consideraron al momento de dirimir las postulaciones.

Luego de culminar con la confección de las listas, el frente justicialista inició una intensa campaña electoral en el conjunto del territorio bonaerense, que llevó a sus principales dirigentes a visitar una parte significativa de los distritos del extenso territorio bonaerense. Como resultado de ese esfuerzo electoral, la Unión Popular alcanzó un porcentaje de sufragios superior a los que había reunido el voto en blanco en 1960 (37 contra 30 %). Un dato que revela como el electorado peronista se mostró más receptivo a la indicación de votar de manera positiva por una propuesta partidaria, antes que a la orden de votar en blanco. Aunque también pone de manifiesto una notable disminución del capital electoral que el peronismo disponía antes de 1955, y su apropiación por otras fuerzas partidarias. Un dato que no dejaba de preocupar tanto a la conducción local del movimiento, como a la dirección a distancia ejercida por Perón desde el exilio, que veía como la opción “participacionista” y la conformación de listas con candidatos propios, no había tenido el suceso esperado.

Notas

1 En tal sentido se considera al neoperonistas a “...aquellas organizaciones cuyos dirigentes fundaron su legitimidad de origen en su pertenencia a la elite política del peronismo histórico (1945-1955), y que en las nuevas circunstancias se plantearon deliberadamente competir con el líder exiliado mediante el empleo de dos recursos que este le eran vedados, a saber, su participación en la competencia electoral y en la distribución de los recursos institucionales del estado”, en Tcach (2012).

2 Archivo Juzgado Federal Electoral Provincia de Buenos Aires, Expediente P-N°48, Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.

3 Comisión Provincial por la Memoria. Archivo DIPBA. Mesa A, Partidos Políticos, Carpeta 37, Legajo N 136.

4 La Nación, 23 de febrero de 1959.

5 Al culminar el proceso formativo de las juntas promotoras en los diversos espacios provinciales, sus presidentes fueron convocados por el mismo CCSMP, presidido por ex ministro del interior de Perón, Oscar Albrieu, para conformar la Junta Nacional Promotora del Partido Justicialista

6 Archivo DIPBA, Mesa A, Partidos Políticos, Carpeta N° 37, legajo N 136, folio 13.

7 Comisión Provincial por la Memoria. Archivo DIPBA. Mesa A, Partidos Políticos, Carpeta 37, Legajo N° 136.

8 La Nación, 3 de marzo de 1960.

9 Noticias Gráficas, 3 de abril de 1960.

10 Comisión Provincial por la Memoria. Archivo DIPBA. Mesa A, Partidos Políticos, Carpeta 37, Legajo N° 137 “Consejo Coordinador Peronista”.

11 Disponibles en el área de archivo de la Comisión Provincial por la Memoria.

12 Archivo DIPBA, Mesa de Referencia, Legajo N° 10.078, Tomo 1 a 4.

13 La vigencia del Plan Conintes finalizó el 1 de agosto de 1961, con la sanción del Decreto 6495/1961 que derogó los decretos 9880/1958 y 2628/1960. En su reemplazo se comenzó a aplicar la Ley 15.293 de Represión del Terrorismo aprobada el 21 de julio de 1960, mediante la cual se incrementaban las facultades represivas y judiciales de las fuerzas armadas e incrementaban las penas para los delitos de sabotaje.

14 El Atlántico (Bahía Blanca), 8 de enero de 1962.

15 La Prensa, 15 de febrero de 1962.

16 Integrada por José Alonso, Amado Olmos, Roberto García y Augusto Vandor.

17 La Prensa, 15 de febrero de 1962, El Mundo , 15 de febrero de 1962, El Atlántico (Bahía Blanca), 20 de febrero de 1962

18 El Atlántico (Bahía Blanca), 21 de enero de 1962.

19 Era el caso de Orfelio Andrade, Norberto Vázquez, Maximiano Castillo, Federico Durruty, Gerónimo Izzeta, Juan De Renzis, José Montani, José Manuel Mendoza y Amado Olmos.

20 Elaborador a partir de las Guías Kraft 1945-1955,

21 Es el caso de 19 intendentes, 10 concejales, 6 delegados o funcionarios municipales, 3 dirigentes y 3 funcionarios judiciales. En relación a estos últimos resulta necesario recordar que a partir de la intervención de 1962 el poder judicial bonaerense experimentó un rápido proceso de peronización de sus funcionarios.

22 El Día, 17 de marzo de 1962.

23 En esos comicios la UCRP se impuso en 31 comunas, la UCRI en 17, Partido Socialista Democrático triunfó en Mar del Plata (Municipio de General Pueyrredón) y la Unión Conservadora en Exaltación de la Cruz.

Referencias Bibliográficas

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