Sociohistórica, nº 36, 2do. Semestre de 2015. ISSN 1852-1606
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Investigaciones Socio Históricas

ARTÍCULOS / ARTICLES

 

Apropiaciones del pasado y clausuras de la memoria en los discursos sobre la “inseguridad” durante la posdictadura argentina.

 

Pedro Cerruti

Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria (CEHCMe), Universidad Nacional de Quilmes
pcerruti@sociales.uba.ar
Argentina

 

Cita sugerida: Cerruti, P. (2015). Apropiaciones del pasado y clausuras de la memoria en los discursos sobre la “inseguridad” durante la posdictadura argentina. Sociohistorica, (36). Recuperado de: http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2015n36a02

 

Resumen
El presente trabajo toma como objeto de estudio los discursos sobre la violencia social que en la posdictadura argentina se han organizado en torno a la “inseguridad” como problema público-político, con el objetivo de analizar las relaciones que estos establecen con el pasado dictatorial. Para ello, desde una perspectiva genealógica, se consideran tres momentos clave en la construcción de la “inseguridad”: los “saqueos” de 1989, la segunda presidencia de Menem de 1995 a 1999 y la “Cruzada Blumberg” durante 2004. Dicho recorrido permite mostrar las maneras en que dichos discursos involucraron intervenciones sobre la memoria del pasado dictatorial que, por un lado, se orientaron en el sentido de producir una clausura de la rememoración del terrorismo de Estado; y, por otro, reconvirtieron elementos característicos de los discursos sobre la violencia inherentes a las prácticas represivas reintroduciéndolos en la vida pública de la argentina democrática.

Palabras clave: Inseguridad; Memoria; Violencia; Pasado reciente.

 

Appropriations of the past and closures of memory in the discourses on "insecurity" during the post-dictatorship Argentina.

 

Abstract
This paper studies the discourses of social violence that in post-dictatorship Argentina have been organized around "insecurity" as a public-political problem, in order to analyze the relationships they establish with the dictatorial past. To do this, I consider from a genealogical perspective three moments in the construction of "insecurity": the 1989 "lootings”, the second presidency of Menem from 1995 to 1999 and the "Blumberg Crusade" in 2004. This analysis allows to show the ways in which these discourses involved interventions in the memory of the dictatorial past that, on the one hand, were oriented in the sense of producing a closure of the remembering of state terrorism; and, on the other, reconverted key elements of the discourses about violence inherent to the repressive practices in the public life of democratic Argentina.

Key words: Insecurity; Memory; Violence; Recent past.

 

Introducción

El presente artículo se introduce en el estudio de la memoria del pasado reciente argentino, es decir de las formas y narraciones a través de las cuales se ha construido el recuerdo de la última dictadura cívico-militar, considerando una dimensión particular que ha conformado un terreno de disputas en torno a ese recuerdo y que ha habilitado intervenciones y legitimado formas de interpretar ese pasado en las que se ha puesto en cuestión qué es lo que debemos recordar y para qué debemos hacerlo; una vertiente cuya eficacia como terreno de despliegue de una determinada política de la memoria (y de olvido) ha ido de la mano de su carácter furtivo. Nos referimos a aquellos discursos sobre la violencia social que en la posdictadura argentina se han organizado en torno a la “inseguridad” como problema público-político1.

El objetivo es, entonces, demostrar de qué manera, en el mismo proceso por el cual la “inseguridad” se transformaba en uno de los principales problemas sociales y permeaban la casi totalidad de la vida pública argentina, los discursos que la conformaban se constituían también en la ocasión para toda un serie de intervenciones sobre la memoria del pasado dictatorial. Nos interesa destacar, por un lado, el modo en que estas se orientaron en el sentido de producir la clausura de esa tradición que, frente a la producción del olvido como proceso consustancial y momento cúlmine del exterminio, había nacido como forma de resistencia contra la dictadura y que en la historia reciente había hecho del deber ético de recordar el eje vertebrador de una política de la memoria organizada en torno a la justicia, los derechos humanos y la democracia; y, por otro, la forma en que al hacerlo, al mismo tiempo, reconvertían elementos clave de las formas de problematización de la violencia que fueron inherentes a las prácticas represivas de la última dictadura cívico-militar reintroduciéndolos en la vida pública de la argentina democrática.

La “inseguridad” constituye un objeto de estudio que ha sido indagado con sistematicidad en el ámbito académico2 pero que comparativamente ha sido escasamente considerado desde el punto de vista de los estudios sobre la memoria3, si bien los problemas que se plantean indagar aquí han sido fuente de preocupación en diferentes espacios vinculados con la memoria del pasado reciente argentino4. Cabe destacar, de todos modos, que existen antecedentes que ya han planteado la necesidad de investigar desde una perspectiva crítica el pasaje que en la historia reciente de la región latinoamericana ha llevado de la preeminencia de la doctrina de la “seguridad nacional” al paradigma de la “seguridad ciudadana” (Neild, 2004); y que en lo que respecta a nuestro país han comenzado a desentrañar “las herencias de los discursos autoritarios de la última dictadura militar presentes en los debates actuales sobre la inseguridad”5.

En lo que se refiere a su modalidad de abordaje del objeto en cuestión en esta investigación se tomó como punto de partida una perspectiva que considera que la emergencia de los problemas sociales, como en este caso la “inseguridad”, así como su definición y conceptualización, su legitimación y su capacidad para movilizar acciones, es el resultado de procesos históricos de construcción social que involucran eventos socio-políticos, disputas y relaciones de poder entre grupos sociales y conformaciones de consensos y hegemonías (Lorenc Valcarce, 2005; Loseke & Best, 2003). En ese sentido, los discursos son analizados desde el punto de vista de su performatividad, la cual depende de sus disposiciones en ciertos regímenes de saber y relaciones de poder (Foucault, 2008) y de las posiciones de enunciación de los diferentes actores sociales en el seno de las relaciones de fuerza que configuran las disputas por la construcción de formaciones discursivas hegemónicas (Laclau & Mouffe, 1987). Por otro lado, se considera que el ámbito privilegiado de desenvolvimiento de dichos procesos sociales es el “espacio público-político”, entendiéndolo como una esfera de comunicación (Habermas, 1999) de la cual participan tanto actores de la sociedad civil como del sistema propiamente político, en la cual determinados problemas son visibilizados, identificados y definidos, en el sentido de ser interpretados y tematizados, poniendo en juego estrategias de producción de sentido dependientes de las relaciones de poder que determinan oportunidades diferenciales de ejercer influencia en las disputas por la imposición de sentidos (Habermas, 2001).

En este marco, se incluyó una reflexión e indagación respecto de los procesos de la memoria social dado que los discursos relativos a la “inseguridad” se han producido como formas particulares de problematización de la violencia y la victimización que se han construido estableciendo relaciones, más o menos explícitas, con el pasado dictatorial, recuperando y resignificando ciertos elementos del mismo y obturando la rememoración de otros, y participando de esa manera de una determinada “política de la memoria”6 (y del olvido). Particularmente, se ha tomado un enfoque “pragmático” en el que se consideró a la memoria desde la perspectiva de sus modalidades de “ejercicio”, es decir, de construcción de formas de narrar el pasado, que involucran maneras de establecer qué recordar y para qué, es decir, criterios de “utilización” de ese pasado en el presente, lo cual configura un espacio abierto a la intervención de múltiples y diversos actores sociales y un escenario de confrontación entre diferentes formas de dar sentido al pasado (Jelin, 2002; Ricoeur, 2008; Traverso, 2011). Además, se ha considerado el contexto contemporáneo que ha sido caracterizado como una “cultura de la memoria” (Huyssen, 2002) que ha llevado a que toda una serie de preocupaciones en un comienzo ligadas con acontecimientos de profunda densidad histórica, como el genocidio y la victimización en masa, hoy se haya desplazado hacia otro tipo de situaciones traumáticas de diversa índole (LaCapra, 2005), y en la cual el valor normativo de la memoria entra en relaciones de problemática distinción con variadas formas de “instrumentalización” que reactualizan los debates vinculados con los “abusos” de la memoria (Todorov, 2000).

En base a los objetivos mencionados, el presente artículo recorrerá los tres momentos que han sido considerados clave en la genealogía de la “inseguridad”, reconstruyendo en detalle los discursos que la conformaron como problema público7. En primer lugar, el período de crisis hiperinflacionaria de fines de la década de los ochenta, en particular los “saqueos” de 1989, que precipitaron la renuncia del entonces presidente Raúl Alfonsín y legitimaron las políticas neoliberales llevadas adelante por la administración de Carlos Menem y que retomaron y profundizaron una transformación iniciada por la dictadura militar. En segundo lugar, el período comprendido entre los momentos inmediatamente posteriores a la crisis económica de 1995 y el final de la segunda presidencia de Carlos Menem en 1999, lapso en el que la “inseguridad” se conformó como una de las principales preocupaciones de la opinión pública, uno de los temas decisivos en las disputas políticas y se introdujo como eje prioritario en la agenda de gobierno a través de una campaña mediático-política de “combate a la delincuencia” ordenada en los términos de la “mano dura” y la “tolerancia cero”. Y, en tercer lugar, la “Cruzada Blumberg”, durante el año 2004, gracias a la cual el reclamo de mayor seguridad se convirtió en la principal preocupación de la opinión pública y demanda social dirigida al Estado y generó un masivo movimiento social impulsando, entre otras cosas, una importante reforma del Código Penal que se tradujo en un incremento punitivo. Finalmente, a modo de apartado conclusivo, se ofrecerá una síntesis de los discursos que conformaron la matriz de la “inseguridad” poniendo el foco en las relaciones de continuidad que establecen con las formas de problematización de la violencia del pasado dictatorial y de ruptura o clausura con las formas de su rememoración articuladas en términos de la defensa los derechos humanos.

1. Los saqueos y emergencia de la “inseguridad”

Entre el 23 y el 30 de mayo de 1989 se produjeron 329 saqueos que arrojaron un saldo de 19 muertos, 174 heridos y 1852 detenidos (Iñigo Carrera, Cotarelo, Gómez, & Kindgard, 1995; Neufeld & Cravino, 2007). Eran el resultado de una transformación radical de la sociedad argentina que había iniciado la última dictadura cívico-militar la cual, sirviéndose del ejercicio feroz de la violencia represiva y el terrorismo de Estado, produjo una orientación del modelo económico y de la política social según principios neoliberales que, entre otras cosas, determinó que la desigualdad y la concentración del ingreso en lo sectores más ricos alcanzó niveles sin precedentes, un aumento de la pobreza, al mismo tiempo que esta se transformó en un fenómeno fundamentalmente urbano debido al proceso de movilidad social descendente que llevó al empobrecimiento de parte de los sectores medios (Minujin, 1996; Minujin & Kessler, 1995; Rapoport, 2003). El retorno a la democracia está caracterizado por la emergencia de esa “nueva cuestión social” como problema prioritario, situación que se agravaría durante los procesos hiperinflacionarios y alcanzaría su punto crítico durante los “saqueos” de 1989 (Armony & Kessler, 2004). Esa crisis económica significó una transformación de la transición democrática por medio de la cual el centro de gravedad de las demandas sociales se desplazó de lo político a lo económico, y la demanda de concertación social fue reemplazada por una “demanda de gobierno” (Sigal & Kessler, 1997, p. 162)8.

Conjuntamente con ello, durante los “saqueos” se produjo la emergencia de la “inseguridad” como una modalidad de representación en términos delictivos y de gestión policíaca de la conflictividad social producida por los procesos de empobrecimiento y crisis de las modalidades establecidas de lazo social. Dicha construcción se articuló fundamentalmente a partir de la cobertura periodística9 que, frente a lo que era calificado en una primera instancia como un “desorden general” o un estado “anómico” e “ingobernable”, construyó un régimen de representación que consistió en traducir la “confusión generalizada” a un lenguaje bélico bajo cuyos términos adquiría la forma de una “guerra civil” estructurada a través de operaciones divisorias que establecían la delimitación de ‘amigos’ y ‘enemigos’10. Así, por un lado, se conformó un consenso, del que participaron no solo los medios de comunicación sino toda una serie de autoridades (desde funcionarios nacionales, gobernadores provinciales, hasta el entonces presidente electo Carlos Menem), en que “las revueltas se sustentan en un trípode integrado por el hambre de la gente, activistas y delincuentes” (Clarín, 01/06/89). Se habla de la operación de “elementos de ultra izquierda” y “delincuentes subversivos”11 que actuaban como “agitadores”, “instigadores” y “organizadores” de los saqueos y con los que se mezclan “delincuentes comunes” y “ladrones profesionales” que utilizan la situación para su propio provecho. Al mismo tiempo, la amenaza se focaliza en las villas miseria y se relata al modo de una guerra de invasión cómo los barrios aledaños se veían “expoliados” por “contingentes de vecinos que surgían de las villas de emergencia (…) para saquear” (Clarín, 02/06/89), se describen barrios convertidos en “ciudades sitiadas a la espera del ataque del enemigo” (Clarín, 01/06/89), se habla de “los compatriotas que se arman para defender sus escasas pertenencias” (Clarín, 16/06/89) o se relata cómo en las “zonas fronterizas entre barrios se veían barricadas humeantes levantadas por vecinos que intentaban detener el avance de depredadores” (Clarín, 01/06/89).; construyendo así un antagonismo entre los “desposeídos” –quienes “viven al margen de la sociedad” y ahora se han transformado en “depredadores”– y los que todavía pueden considerarse “propietarios” o “trabajadores”.

Es en este contexto que el empleo de las Fuerzas Armadas para reprimir a los saqueadores deviene una demanda social y un objeto de debate ya que “todo recurso es lícito para evitar la disolución de la Nación” (La Nación, 30/05/89). El reclamo de “sacar los tanques a la calle”, formulado en esos términos por Mariano Grondona, deviene uno de los ejes organizadores del campo discursivo, a tal punto que fuerza al Gobierno a tener que desmentir recurrentemente esa opción.

Los principales diarios del país dedican sus respectivos editoriales al tema, en los cuales todos los elementos en cuestión se condensan de un modo particularmente ejemplar. En el editorial del diario Clarín titulado “Periferias del atraso” (16/06/89) se afirma que “en torno de los principales centros urbanos del país el subdesarrollo muestra su rostro desnudo: los distintos tipos de conglomerados denominados villas de emergencia o barrios carenciados”; “nos hallamos en los umbrales de un país de dos velocidades” dividido entre “una franja pauperizada y amenazante, un ‘sector informal’ que se encuentra fuera de los límites económicos, sociales y hasta geográficos del sector ‘dinámico’ integrado de alguna manera al mercado internacional”. El diagnóstico es el de una “división corrosiva que el subdesarrollo provoca en el tejido social, que culmina no pocas veces con la fragmentación del Estado y conlleva siempre al fracaso de la Nación”.

Por su parte, en el editorial del diario La Nación titulado “Desórdenes y saqueos” (02/06/89) se insistía en “la desprotección de los habitantes” y “la presencia y la impunidad con la que la delincuencia común se ha enseñoreado del Gran Buenos Aires”. En este sentido, los saqueos “terminaron por mostrar sin ocultamientos a las bandas delictivas en una confusión generalizada con los provocadores subversivos y a todos amparados detrás de multitudes a las que resultaba fácil hacer presa de incitaciones de cualquier tipo o de versiones dedicadas a aumentar el desorden”, al mismo tiempo que se califica a las villas de emergencia como lugares “donde la ley imperante es la que dictan esos grupos y sus líderes y no la de la sociedad civilizada”. El acento está puesto en la superposición entre delincuencia y subversión:

los grupos subversivos acaban de demostrar, otra vez, su presencia y su capacidad y voluntad de acción. Además, la delincuencia común –siempre un aliado potencial y eficacísimo de la subversión– no solo sigue también presente sino que con acontecimientos como los que acaban de vivirse ha incremento su osadía y se siente cada vez más fuerte ante una legislación penal inadecuada y fuerzas policiales insuficientes en personal y en recursos. La mezcla de unos y otros elementos configura un factor de riesgo que puede convertirse en incontrolable en cualquier momento.

Dos meses después, el mismo diario publica un editorial titulado “Intendentes preocupados por la inseguridad” (21/08/89) en el cual, ante la “proliferación” de los delitos en el Gran Buenos Aires, concluye afirmando la necesidad de

que el gobierno provincial no solo tomase nota de la gravedad de los brotes delictivos –una endemia generalizada–, sino que, además, pusiese en práctica en forma prioritaria las medidas apropiadas para proteger a la parte sana de la sociedad [ya que] la tranquilidad –y hasta la vida– de los habitantes de determinadas zonas del área bonaerense se encuentran amenazadas por el imperio prácticamente irrestricto del delito.

En ese sentido, los “saqueos” marcan un punto de inflexión en la posdictadura argentina en tanto produjeron la emergencia violenta en la escena pública de las consecuencias sociales de la transformación iniciada por la dictadura. Su visibilización por los medios masivos de comunicación en ocasión de los “saqueos” produjo por primera vez una articulación entre “marginalidad” y “violencia”, y entre “exclusión social” y “delincuencia”12; al mismo tiempo que focalizaban la atención en la violencia intersubjetiva y sus repercusiones emocionales en los sectores de la sociedad menos perjudicados por la crisis, especialmente el miedo ante la probabilidad real o imaginaria de sufrir un daño y la sensación de desamparo ante la ineficiencia de las instituciones responsables de brindar protección frente al peligro, este último encarnado en los sectores excluidos percibidos como una otredad amenazante. Y es esta matriz discursiva la que, como veremos enseguida, se consolidará durante la década de los noventa.

2. “Inseguridad” y “combate a la delincuencia” en los años noventa

El año 1994 es el momento de lo que será calificado como un “rebrote delictivo”, que para el año siguiente llegaría a ser calificado como “un verdadero récord de delitos” (Clarín, 19/04/96) , en un contexto dominado por la conmoción, generada por el alza sin precedentes de los índices de desempleo a más del 18% a mediados de ese año, y que impulsaría el triunfo de Menem –percibido como el único capaz de gobernar la crisis– en las elecciones presidenciales de 1995 (Armony & Kessler, 2004; Novaro, 2009).

El aumento del delito paulatinamente irá permeando el escenario público a través de toda una serie de relatos massmediáticos que comienzan a tematizar la cuestión en torno a la “inseguridad” como problema. El diario La Nación, que avanza más decididamente en esa dirección, ofrece una serie de relatos que ponen en evidencia de manera paradigmática el régimen discursivo sobre la violencia social que se construye en torno a la “inseguridad”. En el editorial, “Inseguridad y violencia” (La Nación, 05/08/96), se afirma que

ante la ola arrolladora de asesinatos, asaltos a mano armada y agresiones de diversa naturaleza que se está extendiendo por todo el país, la sociedad argentina experimenta, cada vez más, una profunda sensación de angustia y desamparo. Crece la impresión de que el cuerpo social está indefenso frente a los embates de la delincuencia y que el Estado no está cumpliendo, hoy, su finalidad más importante, que es la de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.

Todo ello, entonces, indica que “el país ha entrado en una situación de riesgo cuyo punto final –de no producirse a tiempo una reacción vigorosa y coordinada de los tres poderes del Estado– podría llegar a ser el virtual desmoronamiento del orden social”.

Por otro lado, en el editorial “Villas miseria, un problema crítico” (La Nación, 23/08/96) se refiere a dichos asentamientos en los términos de una “mescolanza multitudinaria y potencialmente peligrosa”, un contexto de “hacinamiento” y “promiscuidad” en donde prolifera la delincuencia. Al respecto se pregunta: “¿Hasta dónde llega la peligrosidad manifiesta de esa delincuencia? ¿Cuáles son los intereses oscuros que entorpecen la determinación de reprimirla y eliminarla? (…) ¿Qué medidas concretas –y desde ya urgentes– han dispuesto las autoridades para comenzar por lo menos a resolver este problema?”. Problema que, por otro lado, revela según el diario, “la existencia de una enfermedad gravísima y que afecta a todo el cuerpo social”. El editorial finaliza afirmando:

La comprobación que la comunidad ha hecho con estos episodios ha engendrado como era inevitable una profunda inquietud y un visible temor. Y un estado de inseguridad tiende a exacerbar los mecanismos de autodefensa en especial cuando cunde una sensación de tan aguda desprotección. Las autoridades deben tomar estos hechos con toda la gravedad que tienen y actuar en consecuencia antes de que sea demasiado tarde.

En ese contexto, los sucesos protagonizados por la llamada Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) ese mismo año permiten reconocer el modo en que esos discursos sobre la inseguridad componen una matriz que recupera y reconvierte en un nuevo contexto aquellos regímenes de enunciación sobre la seguridad que compusieron el ideario legitimador de la dictadura. En abril de 1996, La Nación publica el editorial titulado “La sociedad argentina está indefensa” (12/04/96) que comienza poniendo en continuidad los hechos mencionados con el delito “común” bajo la rúbrica de la “inseguridad” afirmando que

Los hechos de violencia que se han registrado en el país en los últimos días como el intento de asesinato de Jorge Bergés, la bomba desactivada ayer en el Hospital Naval, la proliferación de amenazas, robos secuestros y asaltos perpetrados indiscriminadamente contra personas, empresas e instituciones en la vía pública o en medios de transporte han generado un clima de hondo malestar y desagrado de inseguridad e indefensión que ha empezado a extenderse con inquietante velocidad.

Enseguida esa problemática se pone en relación con el pasado reciente, designado allí como “una etapa que –tal vez con un exceso de optimismo– se suponía definitivamente superada”. Sin embargo, continúa el editorial, “es lógico que sea así: la sociedad argentina no ha olvidado los días trágicos de la década del 70 y su piel está –por ese motivo– fuertemente sensibilizada ante cualquier episodio que pudiere reavivar la hoguera del odio y la intolerancia”.

Bajo la categoría de “atentados contra la paz y la convivencia social” se engloban desde las iniciativas de la ORP hasta “todos los actos criminales” sucedidos en el país en ese momento. Y la respuesta que se espera de las autoridades es la misma: “que desplieguen el máximo de energía” para evitar la “desestabilización del país”. Concluye el editorial:

La ciudadanía debe confiar con espíritu sereno en la capacidad disuasoria y operativa de las fuerzas de seguridad y de la Justicia, guardianes naturales de la paz y la seguridad colectivas. Y el Gobierno debe aplicar todos los recursos a su alcance para garantizar vidas y bienes de todos los habitantes y aclarar y castigar estos hechos delictivos de modo de restaurar en el espíritu de la ciudadanía la confianza en que el Estado está en condiciones de cumplir con su papel fundamental con la función que justifica su misma existencia que es la protección de los integrantes de la comunidad.

En ese contexto se llevan adelante las elecciones legislativas de octubre de 1997 en la cuales el Partido Justicialista sufría su primera derrota desde 1987, la cual era calificada como “una derrota histórica” en el conurbano bonaerense. La “falta de seguridad” –ubicada según encuestas de opinión pública del momento como la primera para los sectores medios de las principales áreas urbanas del país en general y del conurbano bonaerense en especial– fue señalada como la principal responsable de la derrota del oficialismo nacional y provincial y por lo tanto le dio una relevancia sin precedentes de cara al escenario eleccionario de 199913.

Inmediatamente después de las elecciones, el mismo presidente Menem incorporó a su agenda el problema de la seguridad como una “cuestión central de su gobierno” y “un eje de sus últimos años de gestión” lanzado una “ofensiva” contra el delito (Clarín, 29/11/97), que marcaría el ingreso decisivo de la inseguridad al escenario público-político como tema prioritario. Durante el año 1998, con la “inseguridad” firmemente colocada entre las prioridades de la opinión pública (CENM, 1998), el sesgo represivo de la ofensiva oficial contra la delincuencia solo se acentuaría, incorporando directamente los términos “mano dura” y “tolerancia cero” para nombrar el enfoque propuesto. En ese contexto se produjo una interesante articulación de discursos sobre la seguridad que volvieron a poner en escena las formas en que el paradigma de la “seguridad ciudadana” se construye reconvirtiendo elementos que remitían de modo más o menos directo al pasado reciente argentino. Por ejemplo, Menem afirmaba, en una entrevista concedida al diario Clarín (13/09/98), que “No queda otra salida que la mano dura frente a la inseguridad” ya que “la delincuencia es una nueva modalidad en el campo de la subversión”; mientras que describía a las “bandas organizadas de delincuentes”, con sus “armas sofisticadas” y “elementos de comunicación que no tiene la policía”, como organizaciones comparables a los “comandos subversivos”. Por ello, para controlar la delincuencia es necesaria “tolerancia cero, mano dura, no hay otra. [...] Podrán poner el grito en el cielo algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero aquí tiene más protección un delincuente que un policía o que la gente”. Más adelante agregaría que

no podemos someter a los rigores del delito y la inseguridad a nuestra gente y a nuestras fuerzas de seguridad. ¿O es que los policías no tienen derechos humanos como los delincuentes? [...] Derechos humanos sí, pero para todos, y no para proteger a los delincuentes, que se encuentran protegidos a partir de las leyes, que serán modificadas. […] no podemos dejar el gatillo fácil a los delincuentes.

Y con un espíritu similar, el vicepresidente Ruckauf, en ese momento además candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, atacaba a “los partidos supuestamente progresistas que no quieren darnos las leyes duras que los argentinos necesitamos. A los delincuentes hay que darles por la cabeza y defender a la gente honesta” (Clarín, 08/09/98). “Hay que meter bala a los ladrones” (Clarín, 14/08/99) diría más adelante en la campaña que lo llevaría a convertirse en gobernador y a nombrar al ex militar golpista Aldo Rico como ministro de Seguridad.

3. La “Cruzada Blumberg”

Sostenido en una campaña mediática sin precedentes que lo llevó a ser nota de tapa todos los días durante un mes, Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel había sido secuestrado con fines extorsivos y luego asesinado, inició y lideró una “Cruzada” contra la “inseguridad” que se transformaría en una masiva movilización social14, que haría de ella la más importante preocupación pública –escalando por primer vez por sobre los problemas económicos– y que forzaría la convocatoria de sesiones especiales del Congreso de La Nación para sancionar prácticamente sin debate proyectos penales represivos que ya estaban en la agenda legislativa y que eran promocionados por diputados impulsores de la “mano dura”, como Carlos Ruckauf y Jorge Casanova.

Los elementos que conformaron los regímenes discursivos de la “inseguridad” no eran novedosos. Blumberg se refería a que “hay que extirpar este tumor que hay en la sociedad, la delincuencia que nos tiene a todos contra las paredes” o que “tenemos que eliminar a los delincuentes, a la gente podrida. Los tenemos que separar de la sociedad” (Guagnini, 2005, p. 187) y su convocatoria afirmaba la necesidad de instar al Congreso nacional a que “cambien las leyes débiles contra la delincuencia” y a que “actúe con rapidez a fin de eliminar este cáncer de la delincuencia” (La Nación, 01/02/04). Se hablaba de la socada víctima de la violencia delictual en términos de “ciudadanos decentes”, “gente de bien” o “ciudadanía común”, “ajena a los llamados de la política” y “equidistante de cualquier extremo ideológico”: “No hay izquierda, no hay derecha. Somos todos argentinos”, decía Blumberg. Su figura era el centro de toda una reinterpretación de símbolos y consignas, desde el Himno Nacional, en cuya entonación se reemplazaba la palabra “libertad” por “seguridad”, hasta el “Nunca más”.

Sin embargo, el modo en que se problematizaba la violencia y la victimización, y a partir de lo cual Blumberg mismo se transformaba en un actor político y líder de masas, tensaban al máximo los modos en los que la inseguridad se construía estableciendo disputas en torno a la memoria (y el olvido) del pasado reciente. El entonces editor de la sección Policiales del diario Clarín, Lucas Guanini, relataba el nacimiento del “fenómeno Blumberg”, en su libro apologético títulado Blumberg: en el nombre del hijo, de un modo que sitúa de entrada la cuestión:

El 24 de marzo de 2004 conjugó dos escenas que marcarían la discusión política del resto del año. A las puertas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el presidente Néstor Kirchner encabezó el acto de expropiación del predio de la Marina que fue el mayor campo de secuestro, tortura y muerte de la última dictadura militar, para convertirlo en el Museo de la Memoria. En el Jardín de Paz, la familia y los amigos de Axel Blumberg lo despidieron de este mundo. Fueron dos dramas argentinos muy distintos que el destino quiso entrelazar en un mismo día [...]”

“Entre los cipreses del Jardín de Paz despedían un cuerpo. Entre los cipreses de la ESMA, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo imaginaban miles de cuerpos que se fueron sin ser despedidos. Cuerpos asesinados en el marco de un mismo delito: el secuestro. Secuestros separados por 25 años. Secuestros separados por un abismo: matar desde el terrorismo de Estado y matar para robar. El resabio violento de secuestrar y matar que 21 años de democracia no pudieron borrar. El secuestro seguido de muerte, desde el Estado hasta los márgenes de la sociedad. Siempre bajo un mismo paraguas: la impunidad (Guagnini, 2005, p. 111).

La forma en que en el caso Blumberg se problematizaba la victimización lo ubicaba en una posición que establecía, por un lado, una continuidad con un linaje que tiene como punto de partida a las Madres de Plaza de Mayo, pero, al mismo tiempo, lo hacía de una forma que se proponía establecer una ruptura, poner en disputa y resignificar ese legado y junto con ello la memoria de la última dictadura cívico-militar. Esa doble inscripción aparecía de múltiples maneras en los relatos sobre Blumberg. “Axel Blumberg murió, secuestrado y torturado, a los 23 años. Es una descripción que por sí sola llama a la peor memoria en la Argentina”, manifestaba Joaquín Morales Solá, en su nota titulada justamente “La sociedad acaba de poner en marcha otra historia” (La Nación, 03/04/04).

En el artículo “La inseguridad: el cisma de las víctimas del dolor” (La Nación, 22/08/04), firmado por Pablo Mendelevich, bajo el subtitulo “Del sufrimiento a la lucha pública”, se afirmaba:

Un sinnúmero de víctimas de la represión ilegal, de la delincuencia, de los abusos policiales y del encubrimiento estatal del terrorismo de los noventa abrazaron causas civiles mucho antes de que el fenómeno Blumberg –extraordinario por los niveles de adhesión espontánea que concitó de arranque y por su más o menos exitosa acción directa sobre los poderes públicos– entrara en escena. Ya se sabe que esta clase de movimientos se inició en la Argentina durante los años de la represión ilegal y que las pioneras [fueron las] Madres de Plaza de Mayo.

Pero al interior de esa continuidad, al mismo tiempo, el fenómeno Blumberg producía una fractura, un “cisma de las víctimas del dolor”. En la bajada de la nota se afirmaba que “la polémica desatada tras la carta en la que Susana Garnil criticó al Presidente reveló una incipiente fractura social entre quienes priorizan el reclamo por más seguridad y quienes anteponen la defensa de los derechos humanos por sobre la acción punitiva del Estado”.

Esa “carta abierta”, escrita por la madre de un joven secuestrado y luego liberado durante la “Cruzada” Blumberg y divulgada por los principales medios gráficos y televisivos el 17 de agosto de 2004, fue el acontecimiento que precipitó la disputa en cuestión. La misma estaba dirigida “a los responsables de la seguridad en el país” e interpelaba directamente a Néstor Kirchner en estos términos: “Señor Presidente, tuve que ponerme de rodillas frente a los secuestradores de mi hijo. ¿Tendremos todas las madres que ponernos de rodillas ante usted para que haga algo”. Luego de poner así en continuidad al Presidente con los secuestradores, abogaba por el endurecimiento punitivo recurriendo a las mismas metáforas médico-biológicas que integraban los discursos sobre la “inseguridad” desde sus comienzos:

Si estuviera en sus manos decidirlo ¿Cuántos años de cárcel mínimos daría a un secuestrador? Le ruego que me conteste con un simple número. Ahórreme respuestas políticas, como que no es cuestión de penas duras sino de combatir las raíces del delito. En eso estamos de acuerdo, pero yo, como médica, le digo: si un fumador sufre un infarto y se está muriendo, el médico que lo atiende en la emergencia no puede decirle que la solución para su infarto es dejar de fumar; debe aplicar en minutos medidas urgentes para salvarle la vida y, luego de pasado el peligro, dedicarse a combatir las causas (La Nación, 17/08/04).

La carta apunta directamente a poner el foco de la cuestión en las políticas de derechos humanos del Gobierno, y particularmente en el modo en que se habían materializado en ese acontecimiento con el que el nacimiento de la “Cruzada Blumberg” coincidía cronológicamente: la recuperación de la ex ESMA y su transformación en un sitio de la memoria, el cual sería descripto por Mendelevich como “el sectario e irritante acto de la ESMA, en aquel marzo en el que el gobierno de Kirchner pareció extraviar el dominio de la agenda pública mientras declinaba su buena estrella”. Garnil lo articulaba de modo particularmente explícito en su carta: “Señor Presidente, ¿me ayudaría a señalar a los responsables de los secuestros y damnificados por la inseguridad de nuestro país o, de lo contrario, me diría dónde podemos hacer un Museo de la Memoria por estas víctimas?”.

La disputa en cuestión se modulaba de diferentes maneras y atravesaba todo el fenómeno. El mismo Blumberg sostenía, al principio como un ataque dirigido al “garantismo penal”, que “tenemos jueces que están más a favor de los delincuentes, de los asesinos, que de nosotros, de la sociedad”, o que “que priorizan la libertad de los delincuentes y dejan de lado las vidas de los ciudadanos comunes”; para luego incorporar en uno de sus petitorios que “los derechos humanos son de todos, máxime de los ciudadanos honestos que contribuyen con su trabajo y respecto a la ley al engrandecimiento del país” (Guagnini, 2005, p. 158), o afirmar directamente que “el problema es que acá hay derechos humanos para los delincuentes, no para los ciudadanos como ustedes”. La dicotomía era traducida por el mismo Blumberg en los términos de un problema que atañe a la memoria cuando le recriminaba a Kirchner que “deje de mirar el pasado y que mire para adelante”, operación que ciertos formadores de opinión planteaban en los términos de la pregunta “¿por qué en lugar de recordar a los muertos del pasado el gobierno no se ocupa de los jóvenes de hoy? Hay demasiadas familias que perdieron a sus hijos” (Guagnini, 2005, p. 156) y respecto de lo cual el ex presidente Eduardo Duhalde, recordando su consigna acuñada ya en ocasión de los indultos menemistas15, exhortaba a “ocuparse de los derechos humanos de los vivos y no de los muertos” (La Nación, 22/08/04).

La citada nota “El cisma de las víctimas del dolor” (La Nación, 22/08/04) afirmaba, precisamente, que la carta de Garnil “bastó para que el lugar de la víctima centrifugara en una áspera controversia sobre la legitimidad de las ideologías subyacentes en las cruzadas públicas brotadas del dolor”, que evidenciaba “qué diversa resulta la calidad del compromiso adquirido por quienes ingresaron al espacio público desde una condición de víctimas y diversas son, naturalmente, su extracción y su modo de procesar el dolor”. Lo cual en este caso expresa una “polarización de la sociedad entre un sector que enfatiza la preocupación por la inseguridad y otro sector estacionado en la defensa de los Derechos Humanos”.

Desde esta lectura, no solo se traducían experiencias históricas incomparables en un plano, el de la afectación subjetiva, que licúa su densidad ético-histórica, sino que al mismo tiempo, los derechos humanos se transforman en una “ideología”, es decir, simplemente en una forma de “izquierda”, y por cierto anacrónica, de procesar un mismo dolor, que podría ser tratado de otros modos más acordes a los tiempos contemporáneos. El saldo es, en primer lugar, una degradación de las problemáticas articuladas en torno a ellos a un relativismo ideológico; y, por otro, una legitimación de las políticas policíaco-represivas como alternativa equivalente aunque de sesgo contrario a aquellas sostenidas por los tradicionales defensores de los derechos humanos, precisamente en un contexto político en el que –a diferencia de la década menemista– de otra manera hubiesen permanecido obturadas. En segundo lugar, la operación en cuestión reside en deshacerse del relativismo de la ideología y, en definitiva, de eliminar la política. Nuevamente, la cuestión gira en torno al “dolor” ya que, en la medida en que se lo supone sagrado e impoluto, todo aquello que en él se fundamente se traslada a un plano natural, espontáneo, casi instintivo y, por ello, incuestionable.

La nota titulada “¿Quién tiene la representación de las víctimas?” (La Nación, 29/08/04) de Mariano Grondona es un buen ejemplo de una lectura de las disputas en torno a la victimización que opera en ese sentido. Luego de reconocer la importancia cultural que la figura de la víctima de la violencia ha tenido en la historia reciente, realiza toda una serie de diferenciaciones:

Pero, así como ha habido entre nosotros diversas clases de violencia, también ha habido diversas clases de víctimas. Durante los años setenta, hubo dos clases de víctimas: las de la guerrilla y las de la represión ilegal. En los años dos mil se les han sumado otras tres clases de víctimas: las de la delincuencia, las del "gatillo fácil" y los policías caídos en el cumplimiento del deber.

Esas clases de víctimas gozan de un reconocimiento diferencial según la pertenencia a un espectro político:

Los ciudadanos eminentes en cuanto víctimas de la violencia son, para la izquierda, los desaparecidos de los años setenta y los caídos del gatillo fácil. La derecha no olvida, por su parte, a los muertos por la guerrilla en los años setenta y tanto a los ciudadanos como a los policías abatidos por la delincuencia a partir de 2000.

Mientras “la izquierda privilegia a unas víctimas sobre otras y la derecha intenta lo contrario”, Blumberg representa “a todos los ciudadanos, ricos y pobres, que la violencia delictiva ha abatido”. De esta forma, en el relato propuesto por Grondona, mientras que la violencia del pasado es objeto de una manipulación ideológico-política que la trae al presente, la violencia delictual como problema actual atañe a una dimensión que se pretende apolítica: “El hecho de que la convocatoria de la izquierda al Museo de la Memoria haya reunido un puñado de activistas mientras Blumberg, sin aparato de poder alguno, convocaba a cien mil ciudadanos, tendría que hacer reflexionar al Gobierno”, sostenía.

Como lo afirma La Nación en uno de sus editoriales (24/04/04), es la violencia de “hoy” la que le preocupa a “la ciudadanía independiente” de la cual Blumberg es el “vocero”, y que “no es de izquierda ni de derecha”, aquella que “se congrega sin consignas ideológicas ni políticas, sin símbolos partidarios, movida sólo por la firme voluntad de exigirle al Estado que cumpla con eficiencia sus funciones esenciales”. La nota “La verdadera voz de la mayoría silenciosa” (La Nación, 02/04/04), de Bartolomé de Vedia, opera de un modo análogo. En este caso se trata de la mayoría silenciosa de ciudadanos-víctimas cuya preocupación

no pasa probablemente por la discusión sobre la forma en que se dirimió la violencia política en las trágicas pero ya lejanas décadas del 60 y del 70, que tienen bien ganado un lugar en la historia, sino por el “aquí y ahora”, por lo que nos está pasando a los argentinos en este preciso momento. Y dentro de ese “aquí y ahora”, la obsesión excluyente tiene que ver con la pavorosa inseguridad reinante (…). La marcha de ayer es la primera, en muchos años, que no tiene aptitud para dividir a nadie, que no puede generar disidentes ni opositores.

En definitiva, lo que está en juego –concluye la nota– es la defensa de “la vida concreta, visceral, no transfigurada en prenda política ni en disputa histórica o institucional”.

Conclusiones

Como hemos podido situar, desde su emergencia durante los saqueos de 1989 y su posterior despliegue durante la década de los noventa, la matriz discursiva de la “inseguridad” significó la reconversión de elementos de los discursos sobre la violencia consustanciales a la legitimación del golpe de Estado y las políticas represivas del último gobierno de facto, a través de su traducción en una retórica también bélica de “la violencia delictual” y de la “inseguridad ciudadana”. La violencia entendida nuevamente como “flagelo” era problematizada esta vez a partir del diagnóstico de una “fractura de la comunidad nacional” entre incluidos y excluidos, que se modulaba a través de las oposiciones entre propietarios y desposeídos, saqueados y saqueadores, vecinos y depredadores, víctimas y victimarios, y, finalmente, entre ciudadanos y delincuentes.

Nuevamente, confluían en la construcción de una otredad negativa toda una serie de metáforas biológicas, organizadas en torno a la idea de una sociedad enferma al borde de la disolución, dividida entre una “parte sana”, la “sociedad civilizada”, que es atacada por una parte enferma, representada por ese “sector pauperizado y amenazante”, animalizado en términos de “depredadores” y de donde “brota” el “delito” como una “epidemia generalizada”. Según esta perspectiva esa otredad requiere ser reprimida a modo de un “cáncer” que debe ser “eliminado”, lo cual asemeja la acción punitiva del Estado a un intervención quirúrgica de imprescindible urgencia para salvar la vida de la Nación16 y hace de ella la reacción natural de “autodefensa” de la sociedad y, por lo tanto, ajena a toda ideología política17.

El modo en que esa construcción se condensaba en la categoría de la “delincuencia” estaba de algún modo preparada por la forma en que la figura del “delincuente subversivo” construida en el discurso procesista había articulado lo político y lo criminal (policial) en la definición del enemigo18. La delincuencia es “una nueva modalidad en el campo de la subversión” que conforme a la lógica del desarrollo de los modos de gobierno de la cuestión social en el neoliberalismo, poco a poco se iría despolitizando para conservar únicamente el elemento criminal pero articulándolo con lo social (la exclusión).

Por su parte, el modo en que en la “Cruzada Blumberg” los discursos sobre la “inseguridad” se desplegaron estratégicamente como reacción frente a la política de derechos humanos impulsada por el kirchnerismo puso en evidencia de modo paradigmático algo que de todos modos ya había formado parte de la matriz discursiva en cuestión desde sus momentos de emergencia. Se trata de la forma en que, en momentos de recuperación de la memoria del terrorismo de Estado, y más aún cuando esta es introducida en el campo de las políticas de Estado, los discursos sobre la “inseguridad” operaban tácticamente en contra de ese movimiento produciendo un intento de resignificación de los derechos humanos en el contexto de un objetivo estratégico contrario. Una maniobra que recuerda a la infame campaña “Los argentinos somos derechos y humanos”.

Así, en esta operación, la defensa de “los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad” se construía como la verdadera preocupación de la mayoría de la sociedad, un problema que atañe de modo urgente, evidente y apolítico al presente, frente a los intereses “sectarios” de una minoría que busca, de modo instrumental y manipulativo, “traer al presente” algo que debe quedar en el pasado para sustentar un espurio proyecto político que así como ayer apoyó la “violencia subversiva” hoy defiende “los derechos humanos de los delincuentes”.

En ese sentido, los discursos en cuestión hicieron de la memoria del pasado reciente un foco de disputa, proponiendo maneras específicas de gestionar el recuerdo de ese pasado que buscaron, por un lado, establecer cierto tipo de continuidades entre ese pasado y el presente que habilitaron y legitimaron la recuperación, reconversión y reintroducción en la vida pública democrática de ciertas formas de problematización de la violencia consustanciales con las prácticas represivas, inclusive mediante la reapropiación de discursos que habían surgido como formas de resistencia a las mismas poniéndolas al servicio de objetivos estratégicos directamente opuestos; y, por otro, tratando de imponer rupturas entre ese pasado y el presente que buscaron determinar aquello que debería quedar relegado, mostrando de qué manera esa intervención sobre la memoria es una política del olvido, en el sentido de constituirse como un obstáculo a la rememoración y una instancia de clausura de la memoria del terrorismo de Estado.

 

Notas

1 Las conclusiones aquí volcadas son el resultado de una investigación de mayor envergadura que llevó adelante una indagación histórico-crítica respecto del modo en que en la Argentina postdictatorial ha sido problematizada la “victimización” en los términos de una experiencia social vinculada con la “justicia” y con la “seguridad”, y que involucro, entre otras cosas, la realización de una genealogía del modo en que en la historia reciente se construyó a la "inseguridad” como problema público-político. La misma se desarrolló principalmente en el marco del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y gracias a las becas de doctorado (I y II) y postdoctoral otorgadas por el CONICET. Sus resultados in extenso se encuentran en Cerruti, 2015.

2 La bibliografía es ya prácticamente inabarcable, no obstante lo cual cabe destacar los siguientes trabajos: Elbert, 2007; Galvani et al., 2010; Gayol & Kessler, 2002; Kessler, 2009; Martini & Pereyra, 2009; Míguez & Isla, 2010; Pegoraro, 2000; Sozzo, 2008.

3 Una excepción, que debe ser destacada ya que los desarrollo de nuestra investigación se encuentran en sintonía, lo constituye el trabajo “Nacidos en la ESMA (2004)”, de Alejandro Kaufman, en donde se presenta una reflexión crítica respecto de la emergencia del caso Blumberg que contempla una mirada genealógica del problema y que considera específicamente su relación con la memoria del terrorismo de Estado en la coyuntura de la que es emergente (Kaufman, 2012). Por otro lado, como veremos, por el tipo de operación que estos discursos producen en el campo de la memoria del pasado reciente argentino deben ponerse en relación con otro tipo de políticas de la memoria que plantean la clausura o relativización del recuerdo del terrorismo de Estado, como por ejemplo cierto tipo de memorias militares (al respecto, Salvi, 2012).

4 Así, por situar solo un ejemplo, en ocasión de los debates despertados por el caso Blumberg –sobre los que nos detendremos en el apartado correspondiente– Estela de Carlotto se manifestaba respecto de “la gente que no quiere que se hable [del pasado], quiere que se olvide y que la memoria no exista” (La Nación, 19/08/04).

5 Bajo el título “La herencia del discurso autoritario de la dictadura y el actual debate sobre la (in)seguridad”, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti organizó en marzo de 2011 una mesa de debate que contó con la participación de Nilda Garré (en ese entonces ministra de Seguridad de la Nación), Eugenio Zaffaroni (Ministro de la Corte Suprema de Justicia), León Arslanián (presidente del Tribunal del Juicio a las Juntas Militares), Eduardo Luis Duhalde (en ese momento secretario de Derechos Humanos de la Nación) y Eduardo Jozami (como director del CCMHCONTI). Gabriel Kessler también se ha encontrado con esta problemática en el curso de sus estudios sobre el sentimiento de inseguridad en la Argentina contemporánea, localizando un tipo de relatos en los que se vincula al delito con la “subversion”. Sin embargo, el problema es tratado meramente como una “posición extrema” al interior de los discursos que evidencian la mayor preocupación por la seguridad (Kessler, 2009, p. 69 y ss.).

6 Tomamos aquí la definición de “políticas de la memoria” de Rabotnikof, quien las considera como “las formas de gestionar o de lidiar con el pasado”, así como “las narrativas más generales, que proponen marcos institucionales (y están implícitas en ellos), que construyen temporalidades diferentes y de ese modo contribuyen a marcar continuidades y rupturas”, y respecto de las cuales aclara, “no son sólo las políticas de Estado, aunque estas tengan mayor capacidad de brindar marcos colectivos para la sociedad en su conjunto, sino también aquellas que los diferentes actores despliegan en el espacio público (Rabotnikof, 2007, p. 261).

7 Una reconstrucción detallada de la emergencia y de las transformaciones de los discursos sobre la “inseguridad” en la Argentina posdictatorial, y de los modos en que llegó a ocupar un lugar preponderante en la esfera público-político, se encuentra en Cerruti, 2015. En el presente trabajo, dadas las limitaciones del caso, nos detendremos exclusivamente en los aspectos de dicha genealogía vinculados con los objetivos planteados.

8 En términos de Alberto Bonnet, el montaje de un nuevo consenso se fundaría sobre un nuevo proceso de violencia ya no armada y represiva (como había sucedido durante la dictadura militar) sino dineraria (a través de los procesos inflacionarios) que modificaría las relaciones de fuerza y sentaría los cimientos para la constitución de la hegemonía neoconservadora menemista y legitimaría un masivo plan de reforma neoliberal del Estado que retomaba y profundizaba el camino de transformación iniciado por el último Gobierno de facto (Bonnet, 2007, pp. 101-102).

9 Específicamente nos referimos a las notas publicadas en los dos diarios de circulación nacional de mayor tirada, Clarín y La Nación, referidas a los acontecimientos en cuestión.

10 Ya en ese momento, Olivera y Tiscornia llamaban la atención sobre esta modalidad bélica de construcción del problema del delito en este contexto (Olivera & Tiscornia, 1990).

11 No se puede dejar de mencionar la influencia que a comienzos de ese mismo año tuvieron los sucesos vinculados con la toma del cuartel militar de La Tablada en la revitalización del ideario de la Seguridad Nacional y la lucha antisubversiva, lo cual merece un estudio en profundidad. Sin embargo, en el caso del presente trabajo, la mirada se ha enfocado en acontecimientos que no participaron de las lógicas de la violencia política, como los saqueos de 1989, y en el modo en que allí se reconvirtieron elementos de aquel ideario en las formas de representación de los nuevos modos de conflictividad social.

12 Como afirma Kessler este momento constituye un punto de “punto de inflexión” al respecto pues anticipa “la imbricación entre inseguridad y cuestión social” (Kessler, 2009, p. 76).

13 Tal fue el rol de la seguridad en esas elecciones que constituyó incluso la ocasión para lo que sería luego calificado como un “realineamiento de la derecha nacionalista” con la figura de Aldo Rico, elegido como intendente de San Miguel, y su “partido militar”, el MODÍN, a la cabeza. Su éxito –que fue atribuido a su capacidad para atraer a los sectores medios en una campaña basada en el discurso de la seguridad y la “mano dura”, y donde no faltó la descalificación de los organismos de Derechos Humanos y la puesta en cuestión de los desaparecidos–, fue más llamativo por cuanto en su alineación con el PJ revirtió en esa localidad la tendencia del voto que en el resto del Conurbano se había volcado a la Alianza, por sobre la cual sacó mas de 10 puntos.

14 La misma incluyó tres masivas manifestaciones públicas, la primera de las cuales reunió a alrededor de 150 mil personas en la Plaza de Mayo, y un petitorio apoyado, según sus promotores, por tres millones de firmas (Elbert, 2007).

15 “Tenemos que ocuparnos de los derechos humanos de los vivos para enterrar el pasado y poder dedicarnos las veinticuatro horas del día al presente y al futuro” había afirmado en aquella ocasión. Página 12, 12/10/89.

16 La metáfora quirúrgica utilizada durante la Dictadura para definir el sentido de la represión como “una acción quirúrgica para extirpar el omnipotente cáncer de la subversión” y de esa manera autorepresentarse como el “eficaz cirujano que extirpe el mal en todos los sectores y estratos sociales” (citado en Feierstein, 2008, p. 12) se resignifica aquí en los términos del “combate contra la inseguridad”. La misma metáfora había sido también utilizada por Carlos Menem para referirse a su drástica reforma neoliberal del Estado. En sus palabras: “dí el diagnóstico de una Argentina en terapia intensiva, a punto de la disolución, que precisaba un cirugía mayor sin anestesia. Me preguntaron qué significaba esto y expliqué que simplemente era reformular el Estado, traspolar las libertades políticas al campo de la economía y procurar, fundamentalmente, el equilibrio fiscal”, citado en Armony & Kessler, 2004, p. 105.

17 El mismo Videla se refería a que el “uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, sumió a los habitantes de la Nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante” al asumir la presidencia, el 30 de marzo de 1976 (La Nación, 31/03/1976). Pocos días antes del golpe de Estado, La Nación condensaba los elementos en cuestión cuando se refería a “la ausencia de una voluntad decidida a reprimir el aberrante mal que nos ataca, a suprimir de raíz la enfermedad de la violencia que nos destruye con implacable saña. La indiferencia, la insensibilidad y la desaprensión se han unido, pues a los designios de los asesinos de la izquierda y de la derecha” (20/3/76).

18 Al respecto, Feierstein, 2007, p. 316 y ss. Para una indagación de las formas de construcción del enemigo en el periodo de gestación del golpe de Estado, véase especialmente Franco, 2012.

 

Bibliografía

Armony, V., & Kessler, G. (2004). Imágenes de una sociedad en crisis. Cuestión social, pobreza y desempleo. In M. Novaro & V. Palermo (Eds.), La historia reciente. Buenos Aires: Edhasa.

Bonnet, A. (2007). La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001. Buenos Aires: Prometeo.

CENM. (1998). La Seguridad Pública. Buenos Aires: Centro de Estudios Nueva Mayoría.

Cerruti, P. (2015). Genealogía del victimismo. Violencia y subjetividad en la Argentina posdictatorial. Bernal: UNQ.

Elbert, C. A. (2007). Inseguridad, víctimas y victimarios. Argentina 2001/2007. Buenos Aires: BdeF.

Feierstein, D. (2007). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Buenos Aries: FCE.

Feierstein, D. (2008). El caracter genocida del Proceso de Reorganización Nacional. Páginas, 1(1).

Foucault, M. (2008). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets.

Franco, M. (2012). Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976. Buenos Aires: FCE.

Galvani, M., Mouzo, K., Ortiz Maldonado, N., Rangugni, V., Recepter, C., Ríos, A. L., et al. (2010). A la Inseguridad la hacemos entre todos. Prácticas mediáticas, académicas y policiales. Buenos Aires: Hekht Libros.

Gayol, S., & Kessler, G. (Eds.). (2002). Violencias, delitos y justicias: una aproximación histórica. Buenos Aires: Manantial.

Guagnini, L. (2005). Blumberg. En el nombre del hijo. Buenos Aires: Sudamericana.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa: racionalidad de la acción y racionalización social. Madrid: Taurus.

Habermas, J. (2001). Factibilidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta.

Huyssen, A. (2002). En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. México: FCE.

Iñigo Carrera, N., Cotarelo, M. C., Gómez, E., & Kindgard, F. (1995). La revuelta argentina 1989-1990. Buenos Aires: PIMSA.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo XXI.

Kaufman, A. (2012). La pregunta por lo acontecido: ensayos de anamnesis en el presente argentino. Buenos Aires: La Cebra.

Kessler, G. (2009). El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Buenos Aires: Siglo XXI.

LaCapra, D. (2005). Escribir la historia, escribir el trauma. Buenos Aires: Nueva Visión.

Laclau, E., & Mouffe, C. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Madrid: Siglo XXI.

Lorenc Valcarce, F. (2005). La sociología de los problemas públicos. Una perspectiva crítica para el estudio de las relaciones entre la sociedad y la política. Nómadas(12).

Loseke, D., & Best, J. (Eds.). (2003). Social Problems: Constructionist Readings. New York: Aldine De Gruyter.

Martini, S., & Pereyra, M. (Eds.). (2009). La irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación política. Buenos Aires: Biblios.

Míguez, D., & Isla, A. (2010). Entre la inseguridad y el temor. Instantáneas de la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós.

Minujin, A. (Ed.). (1996). Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo. Buenos Aires: UNICEF/Losada.

Minujin, A., & Kessler, G. (1995). La nueva pobreza en la Argentina. Buenos Aires: Planeta.

Neild, R. (2004). De la Seguridad Nacional a la Seguridad Ciudadana. La sociedad civil y la evolución del debate sobre el orden público. Gloobal hoy (3/4).

Neufeld, M. R., & Cravino, M. C. (2007). Entre la hiperinflación y la devaluación: 'saqueos' y ollas populares del Gran Buenos aires (1989-2001). In M. C. Cravino (Ed.), Resistiendo en los barrios. Acción colectiva y movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Novaro, M. (2009). Argentina en el fin de siglo. Democracia, mercado y nación (1983-2001). Buenos Aires: Paidós.

Olivera, A., & Tiscornia, S. (1990). La construcción social de las imágenes de guerra Cuadernos del CELS 1. Buenos Aires.

Pegoraro, J. (2000). Violencia delictiva, inseguridad ciudadana. La construcción social de la inseguridad ciudadana. Nueva Sociedad(167).

Rabotnikof, N. (2007). Memoria y política a treinta años del golpe. In C. Lida, H. Crespo & P. Yankelevich (Eds.), Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. Buenos Aires: FCE.

Rapoport, M. (2003). Historia económica, política y social de la Argentina. Buenos Aires: Macchi.

Ricoeur, P. (2008). La historia, la memoria, el olvido. Buenos Aires: FCE.

Salvi, V. (2012). De vencedores a víctimas. Memorias militares sobre el pasado reciente en la Argentina. Buenos Aires: Biblos.

Sigal, S., & Kessler, G. (1997). La hiperinflación en Argentina: comportamientos y representaciones sociales. In D. Canton & J. Jorrat (Eds.), La investigación social hoy. Buenos Aires: IIGG, Oficina de Publicaciones del CBC, UBA.

Sozzo, M. (2008). Inseguridad, prevención y policía: FLACSO Ecuador.

Todorov, T. (2000). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós.

Traverso, E. (2011). El pasado, instrucciones de uso. Buenos Aires: Prometeo.

 

Esta obra está bajo licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.




Copyright (c) 2015 Pedro Cerruti

Sociohistórica (ISSN 1852-1606) - www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar

Centro de Investigaciones Socio Históricas
IdIHCS - CONICET

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata
Calle 51 e/ 124 y 125  |  (1925) Ensenada  |  Buenos Aires  |  Argentina
Correo-e sociohistorica@fahce.unlp.edu.ar

Creative Commons 4.0 Internacional (Atribución-NoComercial-CompartirIgual) a menos que se indique lo contrario

Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Universidad Nacional de La Plata

Calle 51 e/ 124 y 125 | (1925) Ensenada | Buenos Aires | Argentina
Teléfonos: +54 221 4230127/4236673 Interno 1268
Correo-e publicaciones@fahce.unlp.edu.ar

Equipo de desarrollo del portal Revistas de la FaHCE

Hecho con OJS Open Journal system

Propietario: FaHCE. UNLP
Registro Propiedad Intelectual en trámite