Sociohistórica, nº 36, 2do. Semestre de 2015. ISSN 1852-1606
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Investigaciones Socio Históricas

ARTÍCULOS / ARTICLES

 

Avances en el estudio de la relación entre sindicalismo y kirchnerismo

 

Clara Marticorena

Centro de Estudios de Investigaciones Laborales (CEIL-CONICET)
Universidad de Buenos Aires
Universidad Nacional de General Sarmiento
claramarticorena@gmail.com
Argentina

 

Cita sugerida: Marticorena, C. (2015). Avances en el estudio de la relación entre sindicalismo y kirchnerismo. Sociohistorica, (36). Recuperado de: http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SH2015n36a04

 

Resumen
Luego de la crisis económica, social y política que marcó el fin de la convertibilidad en Argentina, las políticas desplegadas por el gobierno de N. Kirchner contribuyeron a la relegitimación del sistema político a partir de la construcción de un proyecto político hegemónico, articulando una alianza con los sindicatos, particularmente con sectores que habían resistido las políticas neoliberales en los años ’90. Esta alianza entró en crisis hacia fines del año 2010, crisis que se expresó abiertamente en 2012. En este trabajo nos proponemos reconstruir las características generales de la relación entre sindicalismo y kirchnerismo sobre la base del análisis de la política laboral y sus cambios hacia el movimiento obrero y los trabajadores.

Palabras clave: Trabajadores; Sindicatos; Kirchnerismo; Política laboral.

 

A contribution to the study of the relationship between unionism and kirchnerism

 

Abstract
After the economic, social and political crisis of convertibility in Argentina, policies deployed by N. Kirchner's government contributed to re-legitimite political system from the construction of a hegemonic political project, in alliance with unions, particularly with sectors that had resisted neoliberal policies in the '90s. This alliance has gone into crisis by the end of 2010, and openly expressed in 2012. In this paper we aim to rebuilt the general features of the relation between kirchnerismo and unionism from the analysis of labour policy and changes to the workers movement and labour forces.

Key words: Workers; Unions; Kirchnerism; Labour policy.

 

1. Introducción1

En el año 2012 diversos hechos plantearon cambios en el movimiento sindical y en la dinámica entre sindicatos y gobierno en relación con los años precedentes. En primer término, se produjo una fractura de la Confederación General del Trabajo (CGT) que, a diferencia del año 2008, estuvo caracterizada por el fin del liderazgo mayoritario del sector referenciado en H. Moyano en relación al quiebre de su relación con el gobierno de Cristina Fernández. También se rompió el carácter prácticamente invicto de los gobiernos kirchneristas a las huelgas generales con la huelga general del 20 de noviembre de 2012. De hecho, entre 2003 y 2012 la CGT no convocó ninguna huelga general. En ese período hubo tan sólo una huelga general convocada por la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), en repudio del asesinado del maestro Carlos Fuentealba por la policía neuquina en 2006, a la cual la CGT adhirió únicamente por 1 hora.

Por su parte, en 2012 el gobierno sancionó una reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo que sintetizó un reclamo central de las cámaras empresarias, e introdujo una modificación del régimen de asignaciones familiares que implicó una reducción del monto de las prestaciones para un amplio grupo de trabajadores. El incremento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias fue congelado, postergándose a enero de 2013 con un significativo retraso. Por último, en las paritarias de 2013 el Estado intentó sostener más firmemente que otros años una pauta salarial y, lo que fue en cierto modo una novedad, que se celebraran por un plazo mayor al año, situación inédita durante el período de gran dinamismo de la negociación colectiva que se inicia en los años 2003 - 2004.

Lejos de analizar estos cambios como producto exclusivo de una disputa política dentro del peronismo, o circunscribirlo a un conflicto personal de H. Moyano con el gobierno, aquí sostenemos que los cambios observados en la relación del gobierno de C. Fernández con el sindicalismo, en particular con la CGT, expresan una redefinición de la relación entre kirchnerismo y movimiento obrero, sobre la base de cambios en la relación entre kirchnerismo y clase trabajadora. Nuestra tesis principal es que estos realineamientos se relacionan con un cambio en la política laboral del kirchnerismo. Esta modificación se encuentra signada por la limitación de la política de concesiones parciales desplegadas desde 2003 como parte del proceso de recomposición de la dominación cuya crisis se expresó claramente en el año 2001.

Para avanzar en el análisis propuesto, nuestro trabajo se propuso reconstruir los aspectos principales de la relación entre sindicatos y gobiernos kirchneristas a partir de 2003 con el fin de indagar y analizar qué expresan los cambios operados en el año 2012 respecto de la dinámica precedente. En particular, nos detendremos en la relación del gobierno con la CGT por su relevancia tanto en la organización sindical de la clase trabajadora, nucleando los principales sindicatos industriales y de servicios, como también por su tradición política ligada al peronismo. Realizaremos, de todos modos, diversas menciones con respecto a la CTA, aunque no de un modo exhaustivo.

En la reconstrucción de la relación sindicatos-gobierno analizamos una serie de dimensiones clave: la política laboral (legislación laboral, política salarial y de empleo), las características de la negociación colectiva y del conflicto laboral.

A partir del análisis realizado presentamos una primera periodización que consideramos útil y adecuada para el estudio propuesto. Definimos un primer período de conformación de una alianza entre gobierno y sindicatos peronistas (2003-2007), otro período de integración de la CGT al gobierno (2008-2010) y un último período, marcado por la ruptura de la alianza forjada anteriormente y la ruptura de la CGT, que se despliega a partir de 2011 hasta la actualidad (Junio de 2014).

2. 2003-2007: Conformación y articulación de una alianza entre kirchnerismo y cúpula sindical cegetista

Luego de la profunda crisis de dominación y acumulación que terminó con la convertibilidad en Argentina, y con ella, con la dinámica de la lucha de clases consolidada durante el menemismo, los gobiernos de E. Duhalde y de N. Kirchner tuvieron un rol central en la recomposición de la economía y del sistema político en crisis.

En el año 2002, la devaluación y posterior caída del salario real operó como condición de posibilidad de la recuperación de la acumulación. Si bien el ascenso en los niveles de conflictividad social hacia el fin del año 2001 se mantuvo en los primeros meses de 2002, pronto fue disminuyendo por diversos motivos, tanto relativos a las debilidades de la propia movilización y organización de los sectores activos, como al accionar estatal. En este punto, cabe señalar, por un lado, ciertas políticas de contención social, como el Plan Jefas y Jefes de Hogar, la política laboral, como la disposición de la doble indemnización por despido, y la política salarial de aumentos no remunerativos2; por otro lado, la represión de las movilizaciones, que alcanzó su máxima expresión con la Masacre de Avellaneda el 26 de Junio de 2002, cuando la policía bonaerense –en el marco de un gran operativo conjunto de las fuerzas represivas y de seguridad: Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la SIDE- asesinó a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos militantes de organizaciones populares. Esta masacre, de hecho, constituyó un punto de inflexión, cerrando el ciclo de ascenso de la lucha de clases iniciado a fines del año 2001. Asimismo, en virtud del frustrado ocultamiento de los responsables de los asesinatos y de las condiciones en que se produjeron, fue también determinante para el fin del gobierno de transición de E. Duhalde.

De este modo, las políticas sociales y la represión, junto con la posterior recuperación económica y su impacto favorable sobre el empleo, desactivaron la dinámica de la lucha de clases configurada previamente, fundamentalmente, su carácter disruptivo, por fuera de los partidos políticos tradicionales y, en gran medida, de las estructuras sindicales. De acuerdo con Cotarelo (2005) ya en 2002 el movimiento obrero sindicalizado agrupado en las dos CGTs3 disminuyó notablemente su participación en las protestas. La CGT oficial –dirigida por R. Daer- formó parte del gobierno de Duhalde, con uno de sus dirigentes en el Ministerio de Trabajo (Alfredo Atanasof), mientras que la CGT Disidente –liderada por H. Moyano-, sin integrarse, manifestó su apoyo inicial al gobierno, aunque pasó a la oposición luego de un acuerdo con el FMI4.

En un nuevo escenario político y con la necesidad de construir un proyecto hegemónico, el gobierno de N. Kirchner iniciado en 2003 desplegó una política laboral orientada a encauzar institucionalmente la conflictividad social que estalló en la crisis del 2001. Recordemos que N. Kirchner asumió la presidencia con un bajo porcentaje de votos (22,5%), sin posibilidades de legitimarse a través del ballotage después de la renuncia de C. Menem. En este marco, el nuevo gobierno buscó recomponer las condiciones de acumulación y dominación social incorporando, adecuando y moldeando ciertas demandas planteadas en las movilizaciones populares del 2001-2002, vinculadas al rechazo al pasado ajuste neoliberal5.

Fue clave, en este punto, la reunificación de la CGT en torno al referente de la CGT “Disidente”. Este proceso fue alentado por el gobierno, interesado en desplazar a los movimientos de trabajadores desocupados, y canalizar y encauzar las reivindicaciones salariales (Atzeni y Ghigliani, 2008; Fernández y Rodríguez, 2010). Si bien el nuevo gobierno contó con el apoyo de la CTA, es importante señalar la negativa que ha mantenido al reclamo de la personería gremial planteado por esta central desde su surgimiento. El kirchnerismo, más bien, buscó mantener uno de los pilares del sindicalismo peronista: el monopolio de la representación a través de sindicatos de actividad.

La reunificación de la central sindical se produjo en Julio de 2004 a través de un Secretariado General tripartito compuesto por Moyano, de la CGT disidente, y representantes de “los gordos”: J. Lingieri (Obras Sanitarias) y S. Rueda (Sanidad)6. Esta unidad “formal” entre “gordos” y “disidentes” chocó con el creciente liderazgo en los hechos de H. Moyano, y se manifestó en la disputa interna desatada a partir de la elección del Secretario General en Julio de 2005, terminando con el triunvirato.

Resulta importante señalar que la alianza forjada entre el gobierno y la cúpula sindical cegetista no se articuló en el vacío sino que se desarrolló en una lógica de concesiones y negociación, donde el Estado apuntaló a la central liderada por Moyano al tiempo que ésta garantizó la contención de la puja distributiva. Esta lógica de concesiones no sólo refiere a ciertas condiciones salariales y laborales, cuyas transformaciones no han dejado de estar atravesadas por diversos contrapuntos y se desarrollan sobre la base de la fragmentación de la clase obrera impuesta por la reestructuración capitalista neoliberal, uno de cuyos claros emergentes radica en la permanencia de altos niveles de empleo no registrado. También se construyó a partir del fortalecimiento de las condiciones organizacionales y de los recursos sindicales, principalmente los relacionados con el líder camionero7.

En cuanto a la política laboral, tendió a contener la profundización de las condiciones de flexibilidad y precarización, más que a revertirlas. En materia de política de empleo el nuevo gobierno mantuvo la doble indemnización por despido8 y con respecto a la política salarial continuó el otorgamiento de sumas no remunerativas pero a partir de julio del año 2003 fue fortaleciéndola a través de la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y la regulación del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el cual se encontraba en $200 desde el año 1993.

En materia de legislación laboral, es posible destacar la sanción de la Ley de Ordenamiento Laboral (Nº 25877) en el año 2004, que derogó la Ley de Empleo Estable (Nº 25250), un “emblema” de la flexibilización laboral. Esta modificación, aunque introdujo condiciones y límites a la utilización del período de prueba, mantuvo esta modalidad incorporada en el año 1995. Un aspecto relevante que cambió lo dispuesto en la ley anterior sobre derecho colectivo del trabajo fue la plena restitución del principio de ultraactividad y la nueva preeminencia otorgada a las negociaciones colectivas de ámbito mayor9. Estos dos aspectos fueron importantes en relación con la mayor centralidad y gravitación de la CGT en la regulación de las condiciones salariales y laborales, restituyendo dos factores de poder para la organización sindical.

Otra medida que cabe destacar fue la implementada por el decreto 1694/2006 que estableció regulaciones sobre las empresas de trabajo eventual, y cambios en la Ley de Contrato de Trabajo sobre la facultad del empleador de modificar las formas y modalidades del contrato de trabajo con mayores garantías en caso de despido (Ley 26088/2006). A su vez, en el año 2007, mediante la Ley Nº 26.341, se estableció el carácter remunerativo de los vales almuerzo, alimentarios y canasta de alimentos, aunque incorporados al básico de forma escalonada.

Los cambios en la regulación estatal de las relaciones laborales constituyeron una expresión del nuevo escenario político y económico abierto a partir de la crisis del 2001. Efectivamente, una serie de condiciones objetivas, como el alto crecimiento de la economía y del empleo a partir de fines del año 2002, y la reducción de la tasa de desempleo abierto (Tabla N° 1)10, sumadas a condiciones subjetivas, fundamentalmente el quiebre de la hegemonía neoliberal, habilitaron que la pronunciada caída del salario real operada luego del ajuste devaluatorio diera lugar a un aumento de la conflictividad laboral en los años 2004 y 2005, luego del descenso operado en el segundo semestre de 2002 y en 2003.

Tabla N° 1: Variación interanual del PBI, evolución de las tasas de empleo, desempleo, subempleo y del empleo no registrado en Argentina, 2001-2012
(Total de aglomerados)

Año

PBI (Tasa de variación interanual)

Tasa de Empleo

Tasa de Desocupación abierta

Tasa de Subempleo horario

Asalariados no registrado (%)

2001

-4,4

34,5

18,3

16,3

42,6

2002

-10,9

35,3

17,8

19,9

45,1

2003

8,8

39,1

14,5

16,3

49,2

2004

9,0

40,4

12,1

14,2

48,4

2005

9,2

41,3

10,1

11,9

46,6

2006

8,5

42,1

8,7

10,8

43,7

2007

8,7

42,1

7,5

9,1

40,3

2008

6,8

42,6

7,3

9,1

37,0

2009

0,9

42,4

8,4

10,3

36,2

2010

9,2

42,4

7,3

8,4

35,2

2011

8,9

43,0

6,7

8,5

34,3

2012

1,9

43,1

6,9

9,0

34,4

Fuentes: Tasas empleo, desempleo, subempleo y asalariados no registrados: 2001 y 2002 Ondas octubre – EPH Puntual; 2003-2012 IV trimestre- EPH Continua, INDEC. Variación PBI (a precios de 1993) en base a Dirección de Cuentas Nacionales, INDEC.

 

Resulta interesante la periodización y caracterización del conflicto laboral propuesta por Eskenazi (2011), quien ubica una oleada de conflictos salariales protagonizada por trabajadores sindicalizados que se extiende desde el 2004 hasta mediados de 2005. Una de las principales características de esta fase radica en que diversos conflictos fueron motorizados por sectores independientes de las dirigencias sindicales tradicionales, desbordándolas, como en el caso de los trabajadores telefónicos y los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires. Fue a partir de este escenario que distintos autores –aunque con matices entre ellos- comenzaron a plantear el surgimiento de experiencias de sindicalismo de base, antiburocrático y clasista (Cotarelo, 2007; Schneider, 2013; Varela, 2013). Fue clave para desactivar esta dinámica de conflicto inicial, la legitimación de las centrales sindicales, particularmente de la CGT, con la consolidación del liderazgo de Moyano, y el fortalecimiento de la institucionalización de las disputas salariales a través de los canales de negociación colectiva.

Siguiendo a Eskenazi, a partir de mediados de 2005, en un período que se extiende hasta 2007, el proceso de institucionalización del conflicto laboral, el refuerzo del liderazgo del sindicalismo tradicional y el desplazamiento de los sectores sindicales combativos, se expresó en cierto reflujo en los niveles de conflictividad y una contención salarial en torno a la pauta dispuesta por el gobierno. Efectivamente, una vez recuperado el nivel adquisitivo pre-devaluación por parte de los trabajadores registrados, podemos mencionar como parte de la política salarial del gobierno el establecimiento “de hecho” de pautas para orientar la negociación salarial y contener su impacto en los costos laborales, con el acuerdo de la cúpula sindical cegetista.

Esto no significó un descenso abrupto de los conflictos sino más bien una recuperación de su liderazgo por parte del sindicalismo tradicional. A su vez, puso de manifiesto dos aspectos articulados: la vinculación del conflicto y la negociación colectiva; y cierta “autonomía” relativa de los sindicatos respecto del Estado en el desarrollo de su función reivindicativa. En esta fase, la intervención estatal planteó una política de tolerancia (e incluso aliento) de los conflictos protagonizados por los sindicatos afines a las dirigencias de la CGT y CTA, desplegando una política de aislamiento, judicialización y criminalización hacia los sectores combativos (Eskenazi, 2011; Longo, 2012).

En este marco, los mecanismos de negociación colectiva adquirieron impulso como modo de regulación de la disputa salarial, signada por la pérdida de poder adquisitivo tras la devaluación y la dinámica inflacionaria posterior (Tabla Nº 2). Ello explica que la mayor proporción de las negociaciones sean acuerdos de contenido principalmente salarial, proporción que se incrementa aún más a partir del año 2008, cuando se acelera el ritmo inflacionario.

Tabla Nº 2: Negociación colectiva en Argentina (2002-2012)

Año

Cantidad Negociaciones colectivas

CCT (%)

Acuerdos (%)

2002

208

41,9

58,1

2003

406

32,7

67,3

2004

348

25,3

74,7

2005

568

18,4

81,6

2006

930

15,0

85,0

2007

1027

14,4

85,6

2008

1231

8,3

91,7

2009

1331

6,4

93,6

2010

2038

6,5

93,5

2011

1864

5,7

94,3

2012

1744

3,7

96,3

Fuentes: Datos elaborados en base a información del MTESS y MECON.

El dinamismo y periodicidad de la negociación colectiva fortaleció a las cúpulas sindicales que participan de la misma y, a su vez, generó un impulso a la organización sindical en los lugares de trabajo, procesos que, como mencionamos anteriormente, no necesariamente se desarrollaron en torno a la misma orientación y estrategia sindical.

Ahora bien, también es preciso señalar, como hemos hecho en otros trabajos, que no alcanza con evaluar la evolución del empleo y de la cantidad de negociaciones colectivas celebradas a lo largo de estos años para afirmar que durante la última década se produjo una reversión de las condiciones de trabajo impuestas en los años ’90 (Marticorena, 2010). Efectivamente, la estructura de la clase trabajadora en la última década ha estado caracterizada por una reducción más que significativa de la tasa de desempleo abierto pero también por la permanencia de una parte importante de los asalariados que no se encuentran registrados en la seguridad social -que alcanzaban al 33.2% de los asalariados en el cuarto trimestre de 2013, según el INDEC- con salarios sustancialmente inferiores a los de los trabajadores registrados, y cuyas condiciones de trabajo se caracterizan por altos niveles de precariedad (inestabilidad laboral, ausencia de cobertura social, extensas jornadas laborales, entre otras). Es preciso considerar que la difusión de la tercerización y de formas de contratación inestables, han permanecido como modalidad instalada a partir de los años ’90.

Estas condiciones han operado como fuertes contrapesos a la reversión de las condiciones impuestas por la ofensiva neoliberal en los lugares de trabajo en términos de organización del trabajo y de la jornada laboral, al tiempo que se han expresado en las condiciones asumidas por la lucha económica. Al respecto, la negociación salarial en estos años, si bien se ha expresado en un aumento del salario básico de convenio, lo ha hecho inicialmente sobre la base de la absorción de sumas y adicionales percibidos anteriormente por los trabajadores registrados. Más tarde, la disputa distributiva ha permitido la recomposición de los niveles adquisitivos previos a la devaluación a esta porción de los trabajadores, manteniendo un claro retraso el salario real de los trabajadores no registrados.

Efectivamente, los salarios del conjunto de los trabajadores (registrados y no registrados) se sitúan en torno a los niveles del período de la convertibilidad, permaneciendo claramente retrasados en términos históricos (Grigera y Eskenazi, 2013; Marticorena, 2013 y 2014). Cabe apuntar, a su vez, que los aumentos obtenidos en paritarias por los trabajadores registrados muestran una significativa precariedad en tanto se componen de sumas extraordinarias, fijas, no remunerativas, aumentos remunerativos en cuotas, etc. En este sentido, la capacidad de movilización y articulación sindical en el período estuvo atravesada y limitada por la persistente fragmentación de la clase obrera. Fragmentación que no se encuentra determinada por altos niveles de desempleo, como en los años ’90, sino por altos niveles de empleo no registrado, la permanencia de la tercerización laboral y de modalidades de contrato de trabajo eventual, entre otras formas de flexibilidad contractual.

3. 2008-2010: Integración de la CGT “Oficial” al gobierno

En el marco de la desaceleración de la economía que tuvo lugar en el año 2008, en un contexto de crisis mundial, se abrió una disputa política al interior del bloque dominante que se puso de manifiesto en el enfrentamiento entre la burguesía agropecuaria y el gobierno nacional cuando éste intentó aplicar un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de productos agrícolas. El conflicto entre dicha fracción de la burguesía y el gobierno llevó a una crisis política en la cual el kirchnerismo apeló a la constitución de una base social activa a través de actos y movilizaciones, proceso a lo largo del cual se fortaleció la alianza con sectores de la CGT y de la CTA.

En el marco del conflicto por las retenciones móviles, se produjo la primera ruptura de la CGT, entre la CGT “Oficial” dirigida por Moyano, y la CGT “Azul y Blanca”, liderada por el gastronómico L. Barrionuevo, que expresaba a un sector de los “gordos”. Esta ruptura no disminuyó, sino que más bien fortaleció el liderazgo del camionero y su vínculo con el kirchnerismo. Nos referimos en este período a una integración de la CGT oficial al gobierno no sólo por la centralidad asumida como base social del kirchnerismo sino por la incorporación de Hugo Moyano a la estructura partidaria del Justicialismo de la provincia de Buenos Aires11.

También en la CTA el conflicto en torno a las retenciones “dividió aguas”, manifestándose diferencias entre el sector liderado por H. Yasky (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina - CTERA) y P. Micheli (Asociación de Trabajadores del Estado - ATE), en tanto los primeros apoyaron decididamente al gobierno mientras los segundos compartieron la posición de la Federación Agraria Argentina (FAA) y, con ella, la de las patronales agropecuarias nucleadas en la “Mesa de Enlace”. Estas diferencias cristalizaron en las elecciones del año 2010, que terminaron con la división de la central.

Este período estuvo signado por la crisis política del kirchnerismo (reflejado en los resultados de las elecciones legislativas del 2009) pero en un marco en el cual el gobierno logró recuperar la iniciativa política y recomponerse como proyecto hegemónico. Las principales medidas que contribuyeron a fortalecer una base social activa de apoyo al proyecto gubernamental marcando un mayor distanciamiento con las políticas neoliberales noventistas fueron la estatización de los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, en términos más estrictamente políticos, el debate en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la Ley de Matrimonio Igualitario. Claro que la posibilidad de salir de la crisis política estuvo también signada por la recuperación económica tras el impacto de la crisis mundial en 2009.

Con la recuperación económica, en 2010 se reavivó el conflicto salarial, expresándose en las negociaciones paritarias, caracterizadas, por un lado, por el fortalecimiento de experiencias sindicales de base y, por otro, por la consolidación de la integración de la dirigencia sindical burocrática al gobierno. Al incrementarse el ritmo inflacionario, distintos gremios lograron sobrepasar el porcentaje propuesto por el gobierno en las negociaciones paritarias (Ver Tabla Nº 3), poniendo de manifiesto un aspecto interesante de la relación entre CGT y kirchnerismo (que no es novedosa si analizamos la relación entre peronismo y sindicalismo peronista), vinculada con la autonomía de la confederación respecto del partido. Efectivamente, la CGT mantuvo con el kirchnerismo su agenda propia en materia de reivindicaciones laborales.

En este período se sancionaron distintas leyes laborales con una perspectiva más “garantista”. En el año 2008, por Ley 26.428, se introdujo una pequeña modificación en el Art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sobre aplicación de la norma más favorable al trabajador, y se promulgó la Ley 26.390 sobre trabajo infantil y adolescente. A su vez, se modificó el sistema de pasantías educativas (Ley 26.427), que introdujo algunos límites a las condiciones vigentes con anterioridad.

En el año 2009, signado por la crisis económica, la intervención estatal en el ámbito laboral se orientó a contener el aumento de la tasa de desempleo, sosteniendo cierto nivel de actividad económica. De todos modos, en materia de empleo, el gobierno descartó aumentar las indemnizaciones en caso de despido, como reclamaban los gremios, optando por subsidiar a las empresas a cambio del compromiso de no despedir trabajadores, abonando parte de los salarios a través del Programa de Recuperación Productiva (REPRO). En cuanto a las modificaciones operadas en la legislación laboral se orientaron a la regulación de ciertas condiciones de empleo frente a las condiciones “a la baja” que suelen multiplicarse en momentos de crisis12.

Recuperado el crecimiento económico y reavivado el conflicto distributivo, se sancionaron diversas leyes laborales. Hubo dos modificaciones de importancia, como la derogación del artículo 141 de la Ley 24.013 sobre salario mínimo (Ley 26.598/2010) que disponía que “El salario mínimo, vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional”, y la modificación de la Ley de Jornada de trabajo reduciendo el alcance de la excepción al pago de horas extra a “directores y gerentes” (Ley 26.597).

De este modo, mientras la legislación laboral y las disposiciones implementadas hasta el año 2007 fueron más limitadas y se refirieron fundamentalmente a las condiciones salariales o de contratación, pasada la crisis económica 2008-2009, cobraron impulso por la acción de la clase trabajadora algunas medidas que modificaron ciertas condiciones en el uso o consumo productivo de la fuerza de trabajo por el capital, imponiendo límites a la disponibilidad patronal. En este marco, se alzaron las voces del empresariado manifestando su alerta frente a un aparente aumento del poder sindical, discurso que se vio exacerbado por la presentación del proyecto de ley sobre el Régimen de Participación Laboral en las Ganancias de las Empresas” impulsado por H. Recalde y otros legisladores kirchneristas. El proyecto en cuestión comprendía la posibilidad de fiscalización y control de los informes y balances empresarios por parte de las organizaciones sindicales, aspecto que suscitó una importante oposición patronal13.

El proyecto, inicialmente alentado “desde arriba” por el propio N. Kirchner, fue desactivado por C. Fernández de Kirchner a fines de 2010, planteando que el ámbito de dicha discusión debía darse en paritarias, condicionándola a la productividad y los niveles de rentabilidad de cada sector y anticipando, así, la etapa de la “sintonía fina”. De este modo, el gobierno marcaba los límites de la limitada redistribución del ingreso14 y del aval a las organizaciones sindicales frente a los empresarios.

Los hechos ocurridos en el mes de octubre de 2010 fueron claves para marcar el comienzo del fin de la alianza forjada entre la CGT oficial y el gobierno. En el acto en conmemoración del 17 de octubre de 1945, realizado en el Estadio River Plate por parte de la CGT oficial, quedó planteada una disputa entre H. Moyano y C. Fernández de Kirchner, cuando el primero reclamó que un trabajador llegara a la Casa Rosada. El intercambio que tuvo lugar con la respuesta de la presidenta, quien afirmó que ella era una trabajadora, sólo cobró importancia un tiempo después, cuando la muerte de N. Kirchner, el 27 de octubre de 2010, significó también la desaparición del principal articulador de la alianza entre CGT y gobierno.

Entre aquel acto en conmemoración del día de la lealtad y la muerte de N. Kirchner, el 20 de Octubre de 2010, se produjo el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de una patota liderada por dirigentes de la Unión Ferroviaria (UF), gremio afín al gobierno hasta el momento, cuando trabajadores tercerizados y activistas reclamaban su efectivización. El asesinato de Mariano Ferreyra desnudó las prácticas de la burocracia sindical, particularmente, en el caso de Pedraza, de dirigentes que se han convertido en empresarios aprovechando los procesos de privatización de empresas de servicios públicos en los años ’90, y fueron beneficiados posteriormente por las políticas estatales15. El asesinato de Mariano Ferreyra puso de manifiesto la impunidad con la que actuó la dirigencia sindical y puso bajo sospecha a funcionarios del gobierno. De todos modos, el alcance de la justicia se limitó a determinar las responsabilidades de sindicalistas y policías involucrados, sin avanzar en la articulación con la estructura del Estado. Si bien la condena a un dirigente sindical fue considerada en diversos sentidos histórica, las penas resultaron insuficientes, como lo evaluaron los querellantes, que reclamaban cadena perpetua para el líder de la UF16.

4. Gobierno, política laboral y movimiento obrero en tiempos de “Sintonía fina”

Durante el año 2011, la relación entre CGT y gobierno transcurrió como una disputa más bien solapada que se expresó cada vez más abiertamente con la definición de las listas del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales, el avance de la “juventud” de La Cámpora y el desplazamiento de la “pata” sindical. Las condiciones de esta reconfiguración de las alianzas políticas por parte del gobierno de C. Fernández se articularon con cambios en la dinámica económica.

En su discurso de cierre de la 17° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el 22 de noviembre de 2011, la presidenta planteó el comienzo de una nueva etapa en la política económica: la etapa de la “sintonía fina”, signada por el impulso al aumento de la productividad y de la inversión. En este discurso, desplegó la lógica arbitral adoptada por el gobierno en diversas oportunidades, con críticas a empresarios y trabajadores, y desestimó la ley de participación de los trabajadores en las ganancias, planteando que su discusión debía desplegarse en el ámbito de las negociaciones colectivas. Asimismo, tuvo un discurso crítico hacia el conflicto laboral, terminando con la tolerancia (e impulso en algunos casos) que hasta el momento había mantenido el kirchnerismo con respecto a los conflictos protagonizados por sindicatos peronistas, diferenciando “conflictos laborales” de “conflictos sindicales”. Semanas después de este discurso, el 15 de diciembre de 2011, H. Moyano anunciaba su renuncia a los cargos en el PJ Bonaerense.

En el año 2012 estas tensiones se pusieron abiertamente de manifiesto. El movimiento obrero organizado presentó una sucesión de realineamientos y rupturas, marcando el cierre de una etapa en su alianza con el gobierno. Si bien ya se había producido una ruptura de la CGT en 2008, con la conformación de la CGT Azul y Blanca, dicha fractura no logró disputar la dirección de la confederación. La ruptura de 2012 tuvo sin dudas una relevancia mayor y particular, ya que manifestó la crisis del liderazgo que había unificado tras de sí al conjunto del sindicalismo peronista o bien, luego del 2008, a su mayor parte.

Ahora bien, la ruptura de la CGT parece poner de manifiesto distintas tácticas de una misma estrategia sindical. La crisis del liderazgo de Moyano se produce sin que haya surgido otro liderazgo fuerte, capaz de reemplazarlo como representante del conjunto del movimiento obrero. Si analizamos el proceso previo a la fractura de la CGT en 2012 podemos observar que no existía un claro liderazgo de la posteriormente denominada CGT “Balcarce” y que tampoco luego de la ruptura esta central logró “cerrar filas” a su interior en torno a una completa adhesión a la política laboral del gobierno de C. Fernández.

En los meses anteriores a la elección del secretario general de la CGT en Julio de 2012, fue quedando claro que Moyano no contaba con el apoyo suficiente para ser reelecto y la fractura de la confederación parecía un final anunciado. Lo que no estuvo claro sino hasta avanzado este proceso fue quién era el candidato del sector “leal” al gobierno. Diversos dirigentes se disputaban entonces ese lugar17 y las posiciones de Caló no eran completamente acríticas respecto de la política gubernamental. Tampoco queda claro que la CGT “Balcarce” le haya dado un “cheque en blanco” al gobierno, al menos inicialmente, observable en el descontento entre sus filas con respecto al denominado impuesto a las “ganancias” y las asignaciones familiares. Los pronunciamientos públicos sobre la huelga general del 20 de noviembre de 2012 constituyeron un ejemplo de ello18.

Desde nuestra perspectiva, este proceso expresa las dificultades del sindicalismo peronista para (re)posicionarse con respecto a los límites de la política laboral del kirchnerismo. Efectivamente, en este período se adoptaron diversas medidas que marcan una redefinición en la política del gobierno hacia el movimiento obrero y los trabajadores. Nos referimos particularmente a la política salarial, las medidas con respecto a las asignaciones familiares, al denominado impuesto a las “ganancias” y la sanción de la nueva ley de riesgos del trabajo. Sin embargo, como también señalaremos en los próximos apartados, el gobierno no ha podido implementar completamente sus propias redefiniciones en materia de política laboral, lo cual constituye una expresión de la recuperada (aunque limitada) capacidad de presión y movilización de los trabajadores en estos años.

En este sentido, durante los años de la postconvertibilidad la CGT recupera un rol de disputa en el plano económico-corporativo, en particular una recobrada centralidad de la lucha por las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo. Cabe apuntar, al respecto, que la consolidación de tendencias sindicales opuestas a la dirección de los gremios en distintas ramas y empresas industriales y de servicios, constituye un elemento de relevancia para comprender la posición adoptada por sectores de la burocracia sindical en torno al reclamo laboral. Efectivamente, la presión que ejercen con su organización y movilización sectores ligados al sindicalismo de base y de izquierda, ha puesto en alerta a las dirigencias tradicionales, que se han visto presionadas para aggiornar su práctica gremial apelando a reuniones de delegados, asambleas y otras formas más democráticas de organizar la actividad interna de los gremios con el propósito de evitar el apoyo de los trabajadores a sectores combativos.

Fue en este nuevo escenario, marcado por la política gubernamental y la división de las centrales sindicales, que, tras 10 años de gobiernos kirchneristas, la CGT “Azopardo”, junto con la CTA “Micheli”, convocó a una huelga general por 24hs. el 20 de noviembre de 2012. Entre sus principales consignas se encontraba el reclamo por el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las “ganancias” y la universalización de asignaciones familiares. Esta huelga contó con la adhesión de diversos sectores sindicales. Las organizaciones gremiales de izquierda apoyaron la convocatoria con sus propias banderas y consignas destacándose por la realización de acciones directas como los cortes de ruta y piquetes.

Veamos concretamente los cambios operados en materia de política laboral para comprender a qué nos referimos al mencionar un cambio en la orientación gubernamental.

4.1. Negociación y pauta salarial

En 2012, en el marco de la “sintonía fina”, el gobierno planteó la participación de funcionarios de la cartera de economía, específicamente del área de competitividad, en las discusiones paritarias, vinculando los aumentos de salario nominal a los márgenes de rentabilidad sectoriales. Sin embargo, esta política no parece haber tenido un alcance significativo, salvo en algunos sectores, como en las negociaciones del sector eléctrico, lo cual no significa que haya quedado sin efecto. El intento gubernamental por orientar una pauta salarial del 18% para 2012 fracasó, aunque los porcentajes negociados fueron, en general, menores a los acordados en 2011 (Tabla Nº 3).

Tabla Nº 3: Porcentajes acordados en paritarias seleccionadas en Argentina (2006-2012)


Porcentaje acumulado en el último tramo de aumento

Año

UOM

UOCRA

Comercio

Enseñanza

Estatales Nacionales

Alimentación

2006

19,0%

19,0%

19,0%

40,0%

19,0%

19,0%

2007

19,1%

16,5%

23,0%

23,8%

16,5%

16,5%

2008

28,1%

19,5%

20,0%

19,2%

19,5%

20,0%

2009

18,0%

15,5%

$ 300

15,5%

15,5%

22,0%

2010

26,5%

27,1%

27,0%

23,4%

21,0%

35,2%

2011

26,5%

24,0%

30,0%

22,3%

24,0%

33,5%

2012

23,0%

24,0%

24,0%

19,7%

21,0%

27,5%

UOM: Unión Obrera Metalúrgica. UOCRA: Unión Obrera de la Construcción de la Rep. Argentina.
Fuente: Elaboración propia en base a MTESS y ODS-CTA.

Como figura en el título de la Tabla Nº 3, los porcentajes considerados son los que corresponden al último tramo de aumento acordado en paritarias. Sin embargo, dado que los incrementos se pactan en cuotas o etapas e incluyen distintos adicionales (en algunos casos remunerativos, en otros no), el porcentaje de aumento anunciado suele corresponder al último tramo del período acordado, resultando sensiblemente menor si consideramos el aumento promedio en el plazo del acuerdo. En la siguiente tabla (N° 4) detallamos para sectores seleccionados los acuerdos porcentuales negociados y el porcentaje real de aumento del salario básico entre 2010 y 2012.

Tabla N° 4: Aumentos salariales negociados en gremios seleccionados (2010-2012)

Año

UOM (Metalúrgicos)

FTIA (Alimentación)

UOCRA (Construcción)

FAECYS (Comercio)

Aumento

Promedio aumento

Aumento

Promedio aumento

Aumento

Promedio aumento

Aumento

Promedio aumento

2010

26,5% en dos etapas de aumento acumulativo (15% en abril y 10% en julio)

23,6%

29,6% de mayo a agosto; 32,7% de septiembre a marzo; 35,2% en abril

31,8%

27,1% (Último tramo). 11% a partir de mayo, 7% desde agosto sobre salario de julio, 7% desde diciembre hasta abril sobre el salario de noviembre

20,3%

27% en tres etapas de aumentos acumulativos: 15% a partir de mayo, 7% a partir de septiembre; 5% de diciembre a abril

22,9%

2011

26,4% en dos etapas de aumento acumulativo (15% en abril y 10% en julio)

23,6%

4 meses 20%, 4 meses 29,5%, 4 meses 33,5

27,6%

24% en tres etapas: 12% a partir de abril, 6% a partir de agosto sobre el sueldo de julio, 6% a partir de noviembre sobre el sueldo de octubre

19,4%

30% en tres etapas: 15% a partir de mayo, 8% a partir de septiembre, 7% de diciembre a abril. (Incremento no acumulativo)

23,3%

2012

23% (Una sola etapa)

23,0%

Aumento en 3 etapas: 18% de mayo a julio, 26% de agosto a diciembre, 27,5% de enero a abril

24,5%

24% (Una sola etapa)

24,0%

24% en dos etapas: 15% a partir de mayo y 9% de noviembre a abril. (Incremento no acumulativo)

19,5%

Fuente: Elaboración propia en base a acuerdos de actividad de sectores seleccionados: UOM. Acuerdos de actividad: 566/2010; 610/2011; 576/2012; FTIA. Acuerdos de actividad: 815/2010; 870/2011; 920/2012; UOCRA. Acuerdos de actividad: 704/2010; 506/2011, 749/2012; FAECYS. Acuerdos de actividad: 872/2010; 871/2011; 640/2012.

A partir de la información presentada es posible observar que los aumentos salariales promedio pactados en las actividades seleccionadas tendieron a situarse en el nivel de la inflación o incluso por debajo de ella si consideramos mediciones alternativas a la del INDEC (Tabla N° 5) 19.

Tabla Nº 5: Evolución de distintos índices de precios al consumidor en Argentina (2006-2012)

Año

IPC 7 provincias (Base enero de 2005=100)

IPC 9 Provincias (Base enero de 2006=100)

IPC "Congreso"

IPC INDEC

2006

9,7%

s/d

s/d

10,9%

2007

18,5%

18,4%

s/d

8,8%

2008

26,4%

27,0%

s/d

8,6%

2009

15,0%

14,6%

s/d

6,3%

2010

22,4%

23,1%

s/d

10,4%

2011

24,9%

23,4%

22,8%

9,8%

2012

s/d

23,6%

25,6%

10,8%

Fuente: Elaboración propia en base INDEC, CIFRA-CTA y CEPED en base a CIFRA-CTA.

En 2013, la propuesta de pauta inicial del gobierno (en torno al 20%) fue superada, como tendió a suceder a partir de 2010, ubicándose cerca del 24% acordado por los gremios oficialistas, pero hay que sumar dos novedades. Por un lado, el impulso gubernamental a negociaciones que superen el plazo de 12 meses20, en un contexto en el cual diversos gremios reclamaban la reapertura de paritarias antes del año. Por otro lado, el uso por parte del Ministerio de Trabajo de su facultad de homologación de convenios y acuerdos21, planteando unilateralmente la no validez de negociaciones pactadas entre sindicatos y empresarios (como en el caso de los bancarios22). El gobierno reafirmó en 2013, también, el cierre unilateral y por decreto de la paritaria nacional docente, como había ocurrido en 201223.

4.2. Asignaciones familiares e impuesto a las “ganancias”: un juego de pinzas

Cabe detenernos ahora en dos aspectos clave que con la aceleración del ritmo inflacionario asumieron cada vez mayor importancia para los trabajadores: las escalas y topes para la percepción de asignaciones familiares y el mínimo no imponible del denominado impuesto a las “ganancias” aplicado a los trabajadores en relación de dependencia.

Con respecto a las asignaciones familiares, desde 2008 el retraso en la actualización de los topes salariales nominales a partir de los cuales los trabajadores perciben este beneficio y las escalas salariales y sus montos respectivos ha implicado que una cantidad creciente deje de percibirlo. De acuerdo con CIFRA (2012a) los perceptores se redujeron entre 2008 y 2011 un 17,6% pese a incrementarse el empleo asalariado registrado en un 7,8%. Al mismo tiempo, cada vez son menos los trabajadores cubiertos que perciben las asignaciones de mayor monto, dado que disminuye a medida que aumenta el salario nominal. A este punto cabe agregar que este beneficio no recuperó el carácter universal que tenía hasta el año 1996, constituyendo una reivindicación planteada por el conjunto del arco sindical.

En el año 2012 el gobierno sancionó una reforma en el Régimen de Asignaciones Familiares (Decretos 1667/2012 y 1668/2012) a partir de la cual se considera la totalidad de los ingresos del grupo familiar para la percepción de las asignaciones y la definición del monto a percibir, estableciendo un monto máximo por grupo familiar (que en 2012 fue de $14000 y fue incrementado en 2013 y 201424). La modificación dispuso que si uno de los integrantes percibe un ingreso superior a determinado monto ($7.000 en 2012), aún cuando no se alcance el tope máximo como grupo familiar, quedan excluidos del cobro de asignaciones familiares (Art. 2, Decreto 1668/2012). El nuevo régimen incluyó a un sector de trabajadores que no percibía anteriormente ni la asignación familiar, por tener salarios brutos superiores al tope, ni podían descontar cargas familiares del denominado impuesto a las “ganancias” (4° categoría) por encontrarse por debajo del mínimo no imponible. Sin embargo, al considerar los ingresos por grupo familiar, reforzó la concentración de los trabajadores que cobran asignaciones familiares en los tramos de menor asignación, significando una reducción en los montos percibidos.

Con respecto al denominado impuesto a las “ganancias”25, desde 2006 se tomaron disposiciones de aumento del mínimo no imponible (Ver Tabla Nº 6). Sin embargo, a partir del año 2008 también se produjo una significativa desactualización en la evolución de dicho valor, dado que evolucionó por detrás de los salarios nominales de los trabajadores registrados y de la inflación (CIFRA, 2012a). La desactualización de las escalas salariales que delimitan los distintos montos a tributar tiene como resultado, en este contexto, que cada vez menos trabajadores ingresen en la categoría más baja, que es la que menor carga tiene.

De acuerdo con el análisis de CIFRA, el retraso en la actualización del mínimo no imponible respecto de los salarios nominales tuvo dos consecuencias principales: por un lado, que los trabajadores que ya tributaban este impuesto cada vez pagaran mayores montos; por otro lado, que trabajadores antes no alcanzados por el impuesto, hayan tenido que empezar a pagarlo. En el año 2007 el 8,6% de los asalariados registrados pagaba impuesto a las “ganancias”, ascendiendo al 17% en 2011. En suma, la desactualización del mínimo no imponible ha significado un aumento en la cantidad de aportantes y en el monto que tributan.

A diferencia de lo ocurrido entre 2006 y 2011 (con la excepción del 2009), en 2012 no hubo aumento del mínimo no imponible pese al reclamo del conjunto de las centrales sindicales, tanto opositoras como afines al gobierno. El gobierno dispuso que el medio aguinaldo a cobrar a fin de año quedara excluido del impuesto pero recién se modificó un 20% el mínimo no imponible en enero de 2013, quedando retrasado respecto de los porcentajes negociados en las paritarias de 2012. Si bien a fines de 2013 el gobierno implementó un nuevo aumento, la devaluación de principios de 2014 y los aumentos inflacionarios desactualizaron nuevamente dicho valor.

Tabla Nº 6: Variación del tope máximo para asignaciones familiares y del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias – 4° categoría. Argentina (2006-2012)

Año

Asignaciones familiares

Impuesto a las ganancias - 4° categoría. Variación del Mínimo no imponible

Variación Topes Asignaciones Tramo 3

Soltero sin hijos

Casado con dos hijos

2006

0,0%

30,8%

43,2%

2007

53,8%

51,1%

54,9%

2008

20,0%

20,0%

21,3%

2009

0,0%

0,0%

0,0%

2010

0,0%

19,3%

19,5%

2011

8,3%

20,7%

20,5%

2012

15,4%

0,0%

0,0%

Fuente: CIFRA-CTA

4.3. “Tachame la doble”: la nueva ley de riesgos del trabajo

En el año 2012 se sancionó el “Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” (Ley 26.773), propuesto por el oficialismo para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557), sancionada en 1995 y puesta en vigencia en 1996.

La ley 24.557 consolidó la reforma flexibilizadora en materia de riesgos del trabajo que había comenzado con la sanción de la Ley de Accidentes de Trabajo (24028) en 1991. Entre sus principales contenidos, la ley sancionada en 1995 disponía a) la obligación de los empleadores de contratar un seguro para los trabajadores a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART); b) un listado de enfermedades profesionales cubiertas; c) limitó la posibilidad de demandar a los empleadores por la vía civil, restringiéndola a casos de ‘dolo’ (con intención de daño), y d) reemplazó la reparación mediante indemnizaciones únicas por un sistema de prestaciones periódicas, en cuotas.

Esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2004 (Caso Aquino) abriendo la instancia civil, y de este modo la “doble vía” o “cúmulo”. Esto significa que el trabajador podía acceder a la indemnización de la ART y luego demandar a su empleador en la Justicia Laboral, en caso de considerar insuficiente la reparación. Esta situación dio lugar a crecientes presiones de las cámaras y corporaciones patronales argumentando el incremento del costo laboral. Sin embargo, hasta 2012, pese a los constantes reclamos empresarios, el gobierno no había modificado estas condiciones.

Pese a que la nueva ley establece un incremento de los montos de las indemnizaciones por accidente, dispone un mecanismo de actualización, definió que deben ser abonadas en un solo pago y dispuso un límite temporal para que la perciba el trabajador/ su familia; mantuvo una de las disposiciones principales de la reforma de 1991, que es la existencia de un listado de enfermedades laborales reconocidas como tales, y eliminó la “doble vía” o “cúmulo”, estableciendo un sistema excluyente por el cual el trabajador que reciba la indemnización por la ART no puede demandar a su empleador en la Justicia laboral (Art. 4), eje central del reclamo empresario luego de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo sancionada en 1995.

5. Reflexiones finales

El trabajo realizado nos permitió ubicar distintos momentos en la relación entre gobiernos kirchneristas y movimiento obrero, fundamentalmente hemos analizado su relación con la CGT. Fue posible delimitar, así, un primer momento signado por la conformación de una alianza entre CGT y gobierno kirchnerista, un segundo momento caracterizado por lo que planteamos como la integración de la CGT al gobierno, y un tercer momento marcado por la ruptura de dicha alianza,

la cual comenzó a entrar en crisis hacia fines del año 2010 y se expresó en la ruptura de la central sindical en 2012.

En este trabajo observamos que dicha ruptura estuvo atravesada por un cambio en la política del gobierno no sólo hacia los sindicatos y sus dirigentes sino también hacia la clase trabajadora. Desde nuestra perspectiva, la redefinición de la relación entre gobierno y sindicatos peronistas se encuentra atravesada por los límites de la política distributiva y de concesiones que, aunque débil, desplegó el kirchnerismo a partir del año 2003. Como mostramos en el artículo, ello se expresó en la política respecto de las paritarias, la legislación laboral, de las asignaciones familiares y del denominado impuesto a las “ganancias” aplicado a los trabajadores en relación de dependencia.

Consideramos que es por ello que desde la ruptura de la CGT en 2012 hay una situación de posible realineamiento permanente entre las filas sindicales. Lo que diferencia a oficialistas y opositores no parece basarse tanto en la posición frente al impuesto a las ganancias o las asignaciones familiares sino más bien en el enfrentamiento abierto o la adhesión más o menos “crítica” al gobierno.

El reposicionamiento de las dirigencias sindicales frente a los cambios en la política laboral, está condicionado no sólo en función de intereses políticos de los dirigentes gremiales ni de la reproducción de sus organizaciones sindicales sino también por la presión de los trabajadores que representan y por el avance (aunque dispar) de sectores sindicales independientes y de izquierda que disputan la organización desde las bases obreras.

Estas condiciones explican, asimismo, las dificultades que ha encontrado el gobierno en implementar completamente su política laboral, fundamentalmente, en lo que atañe a las negociaciones salariales. Ello se relaciona con la dinámica inflacionaria y la política gubernamental con respecto al impuesto a las ganancias aplicado a los trabajadores en relación de dependencia. En este sentido, tensionada entre el descontento por abajo y la adhesión al gobierno, la CGT oficialista, dirigida por A. Caló no ha logrado oficiar, como lo había hecho con mejores resultados su antecesor, como garante de la contención de la puja distributiva.

De todos modos, todo indica que más allá de la reunificación o división a nivel de las cúpulas sindicales, ambas centrales sindicales se encuentran condicionadas por la tensión entre bases y dirigencia sindical observable en distintos sectores a lo largo de la última década.

 

6. Notas

1 Una primera versión de este trabajo fue presentada en el XXIX Congreso ALAS, en el mes de octubre de 2013 en Santiago de Chile. Agradezco los comentarios realizados a este artículo por el evaluador anónimo.

2 Para mayores detalles puede consultarse Marticorena (2013, 2014).

3 Durante los años ’90 se produjeron distintos reposicionamientos sindicales frente al avance de la reestructuración capitalista de orientación neoliberal. Uno de los más significativos fue la conformación de la CTA (en 1992 se conforma el Congreso de Trabajadores Argentinos, luego Central de Trabajadores Argentinos), con sindicatos y seccionales que rompieron con la CGT, pero también hubo movimientos dentro de la tradicional central obrera. En el año 1994 se conformó el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) como una corriente interna de la CGT cuyos gremios fuertes eran Camioneros y Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderados por H. Moyano y J.M. Palacios respectivamente. El MTA no manifestó la intención de romper con la CGT aunque actuó, de acuerdo con Piva (2009), frecuentemente con autonomía respecto de su dirección. Desde la convocatoria a la huelga general de 1994, el MTA impulsó junto con la CTA paros y movilizaciones que se intensificaron hacia el final de la década del ’90, articulando medidas de lucha con organizaciones de trabajadores desocupados. Durante el gobierno de la Alianza, en marzo de 2000, el MTA conformó la denominada CGT “Disidente” dirigida por H. Moyano, incluyendo gremios que anteriormente estaban encolumnaron en la CGT oficial liderada por R. Daer, como SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y UOM (Unión Obrera Metalúrgica). Sobre los posicionamientos sindicales en los ’90 puede consultarse también Gómez (2009) y específicamente sobre la CGT “Disidente”, Merino (2012).

4 Según Cotarelo (2005: 200) “…desde el comienzo de la presidencia de Duhalde, la mayor parte del movimiento obrero organizado estableció una tregua en su lucha, que se asentaría en algunas mejoras económicas inmediatas para los trabajadores asalariados, así como también en su alineamiento en torno a un discurso que promovía el fomento de la “producción” y el “trabajo” en contra de la “patria financiera”.”

5 Entre ellas es posible mencionar las políticas con respecto a los derechos humanos y la política social y laboral, así como también, en cuanto a la impugnación a la “clase” política, los cambios introducidos en la composición de la Corte Suprema de Justicia.

6 Como señala Schneider (2013: 102), el sector de los “gordos”, que venía ejerciendo el liderazgo de la central desde los años ’90 estaba integrado por los sindicatos de comercio, petróleo, alimentación, energía, salud, entre otros; mientras que el sector de la CGT rebelde reunía a camioneros, transporte automotor urbano, judiciales, peones de taxi, bancarios, canillitas, etc.

7 El gremio de camioneros se vio beneficiado, por ejemplo, a través de la política activa del Ministerio de Trabajo con respecto a las disputas por encuadramiento de trabajadores, favoreciendo la ampliación de las actividades comprendidas por dicho gremio, como en el caso de trabajadores de logística. Ver Varela (2012).

8 Luego fue reducida hasta eliminarse por el descenso de la tasa de desempleo abierto por debajo del 10% de la población económicamente activa. Sobre la política laboral véase Marticorena (2013 y 2014).

9 La Ley 25250 habilitaba que convenios de ámbito menor prevalecieran sobre convenios de mayor ámbito (Arts. 24 y 25). A su vez, disponía un mecanismo de re-negocación de convenios colectivos ultraactivos de las rondas negociales de 1975 y 1988 (Marticorena, 2013 y 2014).

10 La evolución del empleo y desempleo que puede observarse en la tabla N° 1 evidencia elevadas tasas de elasticidad empleo-producto, principalmente en los comienzos de la postconvertibilidad, donde tanto la industria manufacturera como la construcción mostraron un gran dinamismo. Al mismo tiempo se explica por una tasa de actividad que se ha mantenido relativamente estable desde 2003.

11 Moyano se integró a la estructura partidaria de la mano de N. Kirchner como vicepresidente del partido justicialista bonaerense en el año 2009 y, dado el alejamiento de A. Balestrini por problemas de salud, asumió la presidencia el 24 de agosto de 2010.

12 En este sentido, se introdujo una modificación a la LCT sobre el principio de irrenunciabilidad incluyendo como irrenunciables las condiciones pactadas en los contratos individuales de trabajo (Ley 26574/2009) y sobre el contrato de trabajo a tiempo parcial se incorporaron restricciones en caso de violación de la jornada estipulada para este tipo de contratos (menor a las 2/3 partes de la jornada habitual) y su remuneración en estos casos, así como la determinación, mediante convenio colectivo, del porcentaje máximo de trabajadores factibles de ser contratados bajo esta modalidad (Ley 26474/2009).

13 Puede consultarse al respecto el artículo de Wyczykier y Anigstein (2013).

14 Según datos provistos por CIFRA, mientras en 2002 la participación de la masa salarial en el valor agregado bruto se ubicaba en el 31.4%, en 2010 representaba el 39.5%. Este porcentaje aún no alcanza el nivel de 1993, cuando se ubicaba en 42.8%.

15 Existen distintos debates sobre el sentido y significado del concepto “burocracia sindical” (un buen panorama está planteado en el dossier de la Revista Nuevo Topo, AAVV, 2010). Entre las conceptualizaciones podemos ubicar dos posiciones extremas, por un lado, las que analizan a la “burocracia sindical” como una “capa” autonomizada del resto de la clase obrera que sólo persigue intereses propios y, por otro lado, las que la conciben como expresión de una forma de conciencia de la clase obrera. Entre estas posiciones opuestas se pueden ubicar también distintos matices. Aquí tendemos a pensar que las organizaciones gremiales están atravesadas por una lógica organizacional, vinculada a la reproducción, ampliación, supervivencia de los sindicatos como organización/ institución, y por una lógica económico-corporativa referida al rol del sindicato en la defensa de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. En este sentido, consideramos poco acertado suponer que la dirigencia sindical busque reproducirse como tal independientemente de las condiciones que pueda conquistar para los trabajadores que “representa”, más aún en un momento de crecimiento económico y reducción del desempleo. Sin embargo, como señalan Ghigliani, Grigera y Schneider (2012), el problema del sindicalismo empresario no se reduce a las discusiones en torno a la burocratización de las organizaciones sindicales. Tampoco es abordada como estrategia de “supervivencia organizativa” ni como expansión de un sindicalismo de negocios (business unionism) Según los autores, una característica central y cualitativamente distintiva del sindicalismo empresario radica en su constitución como personificación del capital, en función de la cual el enriquecimiento de las estructuras sindicales queda desvinculada de las necesidades de los afiliados a partir de la aceptación plena por parte de los sindicatos de la lógica de la acumulación de capital (p. 152).

16 “Si Pedraza no quería, esto no pasaba”, Página/12, 18 de Junio de 2013; “Un hecho inédito”, Página/12, 20 de abril de 2013.

17 Ya en 2011 empieza a plantearse el problema de la sucesión en la CGT y además de Caló (UOM) suenan los nombres de Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodríguez (Unión Personal Civil de la Nación) y Ricardo Pignanelli, del SMATA (automotriz). Fundamentalmente, era fuerte la idea de un candidato sindical proveniente de un sector industrial para ocupar el cargo de Secretario General.

18 Ver “Qué dice la CGT oficialista del paro de Moyano y Micheli”, Diario La Nación, 19/11/2012.

19 Un dato llamativo que, de algún modo, confirma los cuestionamientos al índice de precios calculado por el INDEC hasta el año 2014 (cuando se publica el nuevo IPC) es que en un reciente informe del MTESS (2014), utilizan mediciones alternativas para calcular la evolución de los salarios reales.

20 Por ejemplo, celebraron negociaciones por 18 meses los gremios de Aguas y saneamiento, Luz y Fuerza, SUTERH (trabajadores de edificios y propiedad horizontal), llegando a un 23% en 12 meses y pactando para los primeros meses de 2014 tan sólo un 7%. En el caso de los docentes universitarios, el acuerdo paritario se extendió por 16 meses.

21 De acuerdo con la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, Nº 14250.

22 “El acuerdo bancario quedó en pausa”, Diario Página/12, 22/01/2013.

23 “El gobierno fijó la suba docente sin acuerdo”, Diario La Nación, 16/02/2013.

24 Decretos 614/2013, 1282/2013, 779/2014.

25 En el cobro del impuesto a las ganancias se diferencian 4 categorías de “rentas”. La cuarta categoría refiere a las provenientes del “Trabajo personal”, aplicándose a trabajadores en relación de dependencia o cuentapropistas que superen determinado ingreso anual. Una crítica central a este impuesto radica en que considera como “ganancia” al salario de un trabajador.

 

7. Bibliografía

AAVV (2010). Hacia un debate sobre la burocracia sindical. Nuevo Topo (N° 7), Buenos Aires: Prometeo.

Antón, G., Cresto, J., Rebón, J. y Salgado, R. (2010). Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina. En OSAL (Observatorio Social de América Latina), Año XI (N° 28), pp. 95-116. Recuperado de http://www.clacso.org.ar/institucional/1h3.php?idioma=&pageNum_rs_libros=1

Atzeni, M. y Ghigliani, P. (2008). Nature and limits of trade unions’ mobilisations in contemporary Argentina. Labour Again Publications, International Institute of Social History. Recuperado de http://www.iisg.nl/labouragain/documents/atzeni-ghigliani.pdf

Bonnet, A. (2008). La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001. Buenos Aires: Prometeo.

CIFRA (2012a). Información sobre asignaciones familiares e impuesto a las ganancias. Cómo afectan a los trabajadores. Documento de Trabajo N° 12, CIFRA-CTA. Recuperado de http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=57

CIFRA (2012b). El incremento del monto de la Asignación Universal por Hijo y las modificaciones en el Régimen de Asignaciones Familiares. CIFRA-CTA. Recuperado de http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=65

Cotarelo, M. C. (Septiembre, 2007). Movimiento sindical en Argentina 2004-2007: ¿Anarquía sindical? Ponencia presentada en las XI Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia, Universidad Nacional de Tucumán, S. M. de Tucumán, Argentina.

Cotarelo, M. C. (2005). Aproximación al análisis de los sujetos emergentes en la crisis de 2001-2002 en Argentina. Documentos y Comunicaciones, Año IX (N° 9), PIMSA.

Eskenazi, M. E., (Septiembre, 2011). Acumulación de capital y conflictividad laboral en argentina 2002-2009: Ejercicio de periodización e hipótesis de trabajo. Ponencia presentada en el XXVIII Congreso ALAS, Recife, Brasil.

Etchemendy, S. y Collier, R., (2007). Down but not out: union resurgence and segmented neocorporatism in Argentina (2003-2007). Politics & Society, Vol. 35 (Nº 3), pp. 363-401.

Fernández, A. y Rodríguez, T. (2010). Las centrales sindicales en la Argentina y Brasil. Proyección política y desafíos actuales. En Fernández, A. y Senen González, C. (Comp.) Estado, instituciones laborales y acción sindical en países del MERCOSUR frente al contexto de la crisis mundial (pp. 15-52). Buenos Aires: Prometeo.

Gómez, M. (2009). Un modelo de análisis para entender las transformaciones del sindicalismo durante los ’90 en la Argentina. Conflicto Social (N° 2), pp. 98-135. Recuperado de http://www.webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/02/006_gomez.pdf

Ghigliani, P., Grigera, J. y Schneider, A. (2012). Sindicalismo empresarial: problemas, conceptualización y economía política del sindicato. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Año 17 (Nº 27), pp. 141-164. Recuperado de ttp://relet.iesp.uerj.br/Relet_27/Cap%C3%ADtulo%2006%20-%20Sindicalismo%20Empresarial%20RELET%2027%20-%20SE.pdf

Grigera, J. y Eskenazi, M. (2013). Apuntes sobre la acumulación de capital durante la posconvertibilidad. En Grigera J. (Comp.) La Argentina después de la convertibilidad (2002-2011) (pp. 165-193). Buenos Aires: Imago Mundi.

Longo, J. (Abril, 2012). Conflictos laborales en la postconvertibilidad: una aproximación a partir de fuentes periodísticas. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines. Recuperado de http://www.ungs.edu.ar/ms_ici/wp-content/uploads/2012/11/gt2_mesa-2_Longo.pdf

Marticorena, C. (2014). Trabajo y negociación colectiva. Los trabajadores industriales, de los noventa a la posconvertibilidad, Buenos Aires: Imago Mundi.

Marticorena, C. (2013). Relaciones laborales y condiciones de trabajo en la industria manufacturera durante la postconvertibilidad en Argentina. En Grigera J. (Comp.) La Argentina después de la convertibilidad (2002-2011) (pp. 135-162), Buenos Aires: Imago Mundi.

Marticorena, C. (2010). Contenidos de la negociación colectiva durante la década de 1990 y la posconvertibilidad en actividades seleccionadas de la industria manufacturera. Estudios del Trabajo (N° 39/40), pp. 59-87.

Merino, G. (2012). El Movimiento Obrero Organizado, la crisis de 2001 y el gobierno de Duhalde. El caso de la CGT disidente. Sociohistórica, Cuadernos del CISH (N° 30), pp. 87-119. Recuperado de http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SHn30a05/pdf

MTESS (2014). Seguimiento de la evolución de precios y salarios 2014. Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Argentina. Recuperado de http://www.trabajo.gov.ar/downloads/destacados/140123_precios-y-salario.pdf

Piva, A. (2009). Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. En Bonnet, A. y A. Piva (Comp.) Argentina en Pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad (pp. 19-70). Buenos Aires: Ediciones Continente.

Schneider, A. (2013). Protesta laboral y protesta obrera durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). En Grigera J. (Comp.) La Argentina después de la convertibilidad (2002-2011) (pp..97-113). Buenos Aires: Imago Mundi.

Senen González, C. y Haidar, J. (2010). Revitalización sindical en perspectiva comparada. Un aporte al análisis sectorial en Argentina. En Fernández, A. y Senen González, C. (Comp.), Estado, instituciones laborales y acción sindical en países del MERCOSUR frente al contexto de la crisis mundial (pp. 231-261). Buenos Aires: Prometeo.

Varela, P. (Noviembre, 2012). “Vertebrado de dos columnas. Las relaciones entre sindicatos y peronismo en la post-convertibilidad”. Ponencia presentada en las 3ras. Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos. Mendoza, Argentina.

Varela, P. (2013). El sindicalismo de base en la Argentina postdevaluación. Hipótesis sobre sus alcances y potencialidades. En Grigera J. (Comp.) La Argentina después de la convertibilidad (2002-2011) (pp. 115-133). Buenos Aires: Imago Mundi.

Wyczykier, G. y Anigstein, C. (2013). La distribución del excedente. El proyecto de participación en las ganancias empresarias impulsado por la CGT en 2010. Realidad Económica (Nº 280), pp.104-129.

 

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