Sociohistórica, nº 31, 1er. Semestre de 2013. ISSN 1852-1606
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Centro de Investigaciones Socio Históricas

ARTICULOS / ARTICLES

Las tramas represivas: continuidades y discontinuidades en un estudio de caso. La Dirección General de Informaciones de la Provincia de Santa Fe, 1966-19911

Repressive frames: continuities and discontinuities in a case study. The Dirección General de Informaciones, province of Santa Fe, 1966-1991"

Gabriela Águila

CONICET - Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
gbaguila@gmail.com

Resumen
El artículo estudia un organismo de inteligencia que actuaba a escala provincial (la provincia de Santa Fe), que no era parte de la órbita policial o militar y que funcionó ininterrumpidamente entre 1966 y principios de los años 90. Se analizan sus objetivos y funciones, normativa, estructura y agentes, su actuación y sus prácticas, registrando las continuidades y los cambios que experimentó a lo largo de sus varias décadas de existencia. Pretende contribuir con un estudio de un caso particular al conocimiento de una de las zonas grises, tal vez la más opaca, del ejercicio de la represión en la Argentina: la referida a la actuación de los servicios de inteligencia.

Palabras clave: Organismos de inteligencia; Represión; Santa Fe.

Abstract
The article analyzes an intelligence agency acting provincial level (province of Santa Fe), which was not part of the police or military orbit and worked steadily between 1966 and the early 90s. It discusses its objectives and functions, rules, structure and agents, their actions and practices, recording the continuities and changes experienced over its decades of existence. It aims to contribute to a study of a particular case the knowledge of one of the gray areas, perhaps the most opaque, the exercise of repression in Argentina: the performance of the intelligence services.

Keywords: Intelligence agencies; Repression; Santa Fe.


Los análisis sobre la represión ejecutada en la Argentina en los años 70 han recorrido tópicos diversos. Uno de los más enfatizados refiere a la distinción entre la violencia estatal implementada durante la dictadura y la registrada en los años anteriores, relevando los cambios sustantivos que implicaron el recurso sistemático de la desaparición de personas y la dinámica concentracionaria. La preocupación por analizar y explicar la represión en el período 1976/1983 -y en ese contexto, a los centros clandestinos de detención y sus víctimas- ha restado atención a la ejercida previamente2 tanto como al funcionamiento de otros dispositivos represivos. Sin embargo, esto ha comenzado a modificarse en los últimos tiempos, con una complejización de los análisis sobre la represión en dictadura y un creciente interés por el estudio de la violencia desplegada en el período que la antecedió.

Si bien es conocido el hecho de que algunas modalidades que exhibió la represión en el contexto dictatorial se habían ensayado antes, los estudios más recientes sobre esta problemática han puesto en discusión la idea de ruptura o excepcionalidad que el golpe de estado representa, señalando en particular dos aspectos que resultan significativos.

En primer lugar, respecto de las continuidades existentes entre la represión pre y post-golpe. Aunque es posible rastrear algunos análisis tempranos que las detectaron, más recientemente se ha enfatizado la idea de que la represión implementada a partir del golpe de Estado debe ser inscripta en un continuum de prácticas, discursos y normativas preexistentes. Sin negar la profundización e incluso las novedades que presentó la represión ejecutada desde marzo de 1976, estos trabajos han mostrado la necesidad y conveniencia de articular esas ideas, discursos y prácticas desplegadas con virulencia desde el momento del golpe con lo sucedido en los años precedentes (D’Antonio & Eidelman, 2010; Franco, 2011).

En segundo lugar, y en directa relación con ello, en lo referido a las periodizaciones. El señalamiento de las continuidades y la idea de que el golpe no representaría un punto de inflexión fundamental en el terreno de las prácticas represivas resitúa el momento en que se definen y despliegan el nuevo marco ideológico-discursivo, la normativa y la tecnología represiva, a la vez que ubica el problema en una temporalidad más extensa.3

Quizás sea en el caso de los servicios de inteligencia –tanto como en el de las cárceles (Garaño, 2007; D’Antonio, 2011; D’Antonio & Eidelman, 2010)- donde las “tesis continuistas” se corroboran con mayor claridad, ya que estas agencias estatales existían desde mucho antes del golpe de Estado de 1976. El registro de esas continuidades y, con ello, el establecimiento de genealogías respecto de la vigilancia, el control y la dinámica de la persecución política realizada por el Estado o sus organismos de inteligencia a lo largo de varios décadas y regímenes políticos ha sido postulada certeramente para analizar el caso más conocido: el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) (Funes, 2004, 2006, 2007; Jasckek & Funes, 2005; Kahan, 2007, 2009, 2008).

Los servicios de inteligencia que existieron (y existen) en la Argentina surgieron en distintas coyunturas en la segunda mitad del siglo XX y tuvieron funciones diversas, así como actuaban en ámbitos estatales y geográficos distintos (nacionales, provinciales, policiales, militares, civiles, etc.). Estos incluían a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), las direcciones o servicios de informaciones de las distintas policías provinciales (en general conocidas con el nombre de Departamento 2 ó D-2), los servicios de inteligencia de las tres armas (Ejército, Aeronáutica, Marina) o de la Policía Federal, además de otras agencias que se localizaban en algunas provincias (como sucedía, por ejemplo, con las delegaciones provinciales de SIDE o la Dirección General de Informaciones de la Provincia de Santa Fe, el organismo que estudiaremos aquí).

Pero aunque referían a distintas dependencias y jurisdicciones, durante gran parte de su historia estuvieron vinculados o actuaron coordinadamente, en el marco de la denominada “comunidad informativa” a escala nacional, provincial, regional o local (en algunas grandes ciudades), cuyo objetivo era la circulación e intercambio de información entre los diversos organismos.

Su existencia, como ya se mencionó, se extendió a lo largo de varias décadas y regímenes, surcando contextos democráticos y dictatoriales. Como ha postulado Patricia Funes, “la lógica de la persecución, la espía y el registro responde menos a la dinámica democracia-dictadura que a la promulgación-derogación de leyes represivas” (Funes, 2007: 136). En consonancia, Germán Soprano ha apuntado sobre las agencias estatales:

... es de uso corriente que los estudios sobre la historia del Estado en la Argentina construyan sus periodizaciones de acuerdo a las continuidades y rupturas establecidas en torno de los resultados electorales y golpes de Estado (...) desconociendo especificidad a las temporalidades y trayectorias de las agencias y funcionarios... (Soprano, 2010: 113).

Esta perspectiva, que apunta a reconocer temporalidades de más largo plazo y la existencia de continuidades en el accionar de dichos organismos, requiere ser complementada con otra que atienda a las diversas coyunturas, registrando y analizando las rupturas, las discontinuidades, las modificaciones de lo existente. Es factible suponer que las funciones y prácticas de los servicios de inteligencia pueden haberse modificado, reformulado o complejizado en contextos de ascenso de la movilización social y política o en época de dictaduras o fuertemente represivas. Sin embargo, y como ha sostenido Emmanuel Kahan, “los trabajos de análisis sobre la función de los servicios de inteligencia de los que se sirvieron las autoridades estatales y, sobre todo, los regímenes represivos, resultan escasos” (Kahan, 2007: 5).

Digamos, en tal sentido, que se sabe bastante poco de la historia y la actuación de los organismos de inteligencia en el país. Los datos y la documentación de la que se dispone son escasos y limitados por el carácter secreto que estas agencias y sus misiones tenían. Sin embargo, el hecho de formar parte del ámbito burocrático estatal (y con ello, la existencia de registros diversos, leyes, normativas, etc.), así como la localización de algunos de estos archivos (como en el caso de la DIPBA, cuyo acervo fue puesto a resguardo de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires), han posibilitado la realización de estudios sobre la problemática (muy contados, por cierto). Sin embargo, estos trabajos se han centrado sobre todo en las características de tales acervos y/o en los sujetos/víctimas de la persecución, más que en el funcionamiento de esas agencias (Kahan, 2007).

Y esto último es lo que este artículo pretende: analizar un organismo de inteligencia, sus objetivos y fines (o misiones y funciones), su normativa, estructura y agentes, su actuación y sus prácticas, registrando las continuidades y los cambios que experimentó a lo largo de sus varias décadas de existencia. Un organismo que actuaba a escala provincial (la provincia de Santa Fe) y que dependía del Gobernador, que como tal no era parte de la órbita policial o militar (aunque se articuló con ella en diversos momentos) y que funcionó ininterrumpidamente entre 1966 y principios de los años 90.

Un organismo que aún no ha sido estudiado, para lo cual acudiremos en primer lugar a su archivo4 y a la documentación que allí localizamos sobre esa agencia, así como a otro tipo de fuentes que incluyen sobre todo la normativa nacional y provincial y documentación producida por otros organismos.

Nuestra pretensión es contribuir con un estudio de un caso particular al conocimiento de una de las zonas grises, tal vez la más opaca, del ejercicio de la represión en la Argentina: la referida a la actuación de los servicios de inteligencia.

De lo general a lo particular: la Dirección General de Informaciones de la provincia de Santa Fe

I. Los años iniciales (1966-1971)

La Dirección General de Informaciones (a partir de aquí DGI) fue creada algunos meses después del golpe de estado de 1966 por el interventor militar a cargo de la gobernación de la Provincia de Santa, Contralmirante Eladio Modesto Vázquez5, visto “la necesidad de sistematizar la información necesaria para la tarea de gobierno”.6 Al frente del nuevo organismo que dependería directamente del Gobernador, fue colocado un militar retirado, el capitán del ejército Rondello Barbaresi.

Sin embargo, la designación del capitán Barbaresi se había producido bastante antes del golpe de estado, en el contexto del gobierno radical. En abril de 1964, y por decreto Nº 03245 se lo nombraba Subjefe de dirección con funciones de “Oficial de Información e Inteligencia de la Gobernación y Delegado al Servicio de Información del Ejército”, bajo dependencia directa del Gobernador y del Ministro de Gobierno, Justicia y Culto.7

El gobierno militar instalado en junio de 1966 no sólo mantuvo al capitán Barbaresi en esas funciones, sino que las proyectó y amplió con la creación de un organismo gubernamental, jerarquizando las tareas realizadas hasta el momento.8

El decreto de creación estipulaba que la DGI tendría como misión “proporcionar al gobierno de la provincia informaciones necesarias para la mejor conducción de los asuntos de Estado e intercambiar informaciones con la Secretaría de Informaciones del Estado (...) asegurando las comunicaciones y el secreto”. A la vez, su principal función sería

centralizar todas las informaciones que se obtengan y/o reciban, a efectos de su clasificación, evaluación y empleo, a fin de que constituyan medios de indudable valor no solamente para la gestión local, sino también en el plano general de la Nación, para lo cual ha de organizarse escrupulosamente el intercambio de informes con los Organismos nacionales especializados (Secretaría de Informes del Estado) y similares de las diferentes provincias.9

Con todo, la DGI fue a lo largo de toda su existencia una agencia estatal que actuaba a escala provincial, si bien autónoma respecto de otras instituciones estatales que tenían sus propios servicios de información o de inteligencia y realizaban tareas similares en el mismo espacio, como el Ejército o la policía. Aunque las vinculaciones fueron diversas y efectivas y no estuvieron exentas de tensiones, ya desde los años iniciales de funcionamiento del organismo.

Con la sola excepción de un empleado asignado a la delegación de la DGI en Rosario (denominada luego Órgano Adelantado zona sur), el resto del personal y las instalaciones se localizaron en la ciudad de Santa Fe. Y mientras la delegación Rosario funcionó en la Jefatura de Policía de esa ciudad, las oficinas de la DGI estuvieron ubicadas desde 1966 y hasta 1973 en la sede de la ex Legislatura provincial; luego de las elecciones de ese año, se trasladaron a la Casa de Gobierno.10

El personal que revistó en la DGI estuvo constituido desde sus inicios y mayoritariamente por un grupo de militares retirados del ejército que se sumaron al capitán Barbaresi: los suboficiales mayores (RE) Gabriel Ramón Caldentey, Héctor Oscar Fernández y Roberto Cristiani (delegado a la oficina de la DGI en Rosario hasta principios de los ‘80), con los cargos de Jefes de Dirección y el suboficial mayor (RE) Eliseo Pablo Zucchini, quien se desempeñaría durante varios años como Subdirector del organismo.11 Casi todos ellos superaban los 40 años y ninguno tenía formación específica en inteligencia (tal como se desprende de sus fichas y/o legajos personales), aunque algunos de ellos acreditaban experiencia en el área.12

También formaron parte de la DGI empleados civiles, algunos con continuidad a lo largo de toda la existencia del organismo como Hugo Rogelio Barberis y Rita Rojas, así como adscriptos provenientes de otras reparticiones o contratados.13

Si el lenguaje aséptico del decreto de creación de la DGI no trasuntaba nada respecto de los sujetos de la espía, control y persecución (no hay allí referencias a la seguridad nacional, a enemigos reales o potenciales o fraseología anticomunista), el organismo se abocó desde sus inicios a “colaborar en la represión del comunismo”. Valga como ejemplo la nota fechada en mayo de 1967, en la que el capitán Barbaresi solicitaba al Comandante del IIº Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, cumpliendo órdenes de la SIDE, la “nómina de personas que (...) dado sus antecedentes, se tenga la certeza que sustentan la ideología comunista y se desempeñen en la administración pública”, con la especificación de sus datos de identidad, repartición nacional o provincial en que se desempeñaban, domicilio y síntesis de sus antecedentes.14

Para 1969 y en el contexto de modificación de la estructura del estado provincial, la definición de sus funciones se desplegó y se hizo explícita.15 La DGI se mantenía bajo la dependencia directa del gobernador y su misión seguía siendo la de proporcionar al mismo “las informaciones necesarias que coadyuven a una mejor conducción de los asuntos del estado”, pero sus funciones se definieron, encuadrándose en un conjunto de leyes que penalizaban o reprimían la actividad política. Dichas funciones incluían:

02.- Reunir información sobre la aplicación del decreto-ley 6666/57, que determina que no podrán ingresar a la Administración Pública, las personas con actuación contraria a los principios de la libertad y la democracia.
03.- Recopilar antecedentes y pruebas, sobre personas cuya actuación esté encuadrada dentro de la ley 17.401 (Calificación Ideológica).16

Si la tarea prioritaria de la DGI era la reunión de información, esta debería articularse con la realización de tareas de inteligencia, tal como se especificaba en la normativa de 1969: “reunir, en el ámbito provincial, la información en forma permanente o a requerimiento especial del señor Gobernador, analizando y evaluando esta información a efectos de realizar la tarea de inteligencia, que permita proporcionar un preciso cuadro de la situación y elevar las conclusiones a las instancias que se le ordenen”17.

A ello se le agregaba la misión de enlace e intercambio de información con “organismos nacionales especializados” y en particular con la SIDE, en tanto la DGI era una de sus delegaciones provinciales (el llamado S.I. SANTA FE, o Servicio de Informaciones de la Provincia de Santa Fe) y su director se desempeñaba como delegado provincial ante esa secretaría del estado nacional.18

La DGI –y su director- mostraban así una doble actuación (vinculada con la recopilación de información y las tareas de inteligencia, por un lado, y el enlace y circulación de la misma, por otro) y una doble dependencia: del gobernador de la provincia y de la SIDE19, superposición de funciones y jurisdicciones que no pareció ser conflictiva y que seguramente fortaleció el poder del director de la agencia y jefe del S.I. Santa Fe.

Lentamente entre 1966 y 1970, de acuerdo a lo que el fondo documental revela, la DGI comenzó a realizar tareas relacionadas con la reunión de información y el archivo de los datos, donde destaca una función fundamental a lo largo de su existencia: la averiguación de antecedentes de personas, en particular de empleados públicos provinciales o aspirantes a serlo.

Junto con ello, los agentes de la DGI se ocuparon de realizar la “explotación” de los medios de prensa20, la elaboración de legajos sobre diversas cuestiones, entidades o personas que actuaban en la provincia, el intercambio de información con otros organismos de inteligencia (SIDE y delegaciones provinciales, Servicio de Inteligencia del Ejército, Servicios de informaciones de la policía provincial) y la recopilación de partes de información e informes de inteligencia producidos por la policía provincial.21 Cada una de estas tareas seguía un trámite específico que incluía el ingreso de la información, el fichaje o la clasificación, la remisión de los datos solicitados, el archivo.

II. La Central de Inteligencia de la Provincia (1971-76)

Hacia mediados de 1971 se inició una nueva etapa del organismo. El 27 de mayo el General Guillermo Sánchez Almeyra -interventor militar designado al frente de la gobernación-22 creó la Central de Inteligencia de la Provincia (a partir de aquí, CIP) vista “la necesidad de realizar una labor de inteligencia a nivel provincial”23, refrendada en el decreto de nombramiento del director de la CIP donde se enuncia que “la necesidad de la labor de Inteligencia a nivel provincial resulta de primordial importancia y urgencia”.24 Como el organismo precedente, la CIP dependería de la Gobernación de la Provincia y se estipulaba como su misión “Realizar la inteligencia requerida a nivel del Poder Ejecutivo Provincial, y cooperar en el control y supervisión del desenvolvimiento gubernamental a dicho nivel”.

Si resulta visible la articulación entre la creación de la DGI y la coyuntura del golpe de estado de 1966, los cambios en el organismo en este nuevo contexto requieren alguna puntualización. Para esa época la provincia de Santa Fe se había convertido en uno de los espacios a escala nacional donde la conflictividad social y política se había hecho más visible. Rosario había sido escenario en dos momentos de 1969 de procesos de movilizaciones urbanas masivas (en mayo y septiembre, en los llamados “Rosariazos”), así como en el cordón industrial que la circundaba se registraban diversas experiencias de luchas y organización obrera. Mientras tanto, el norte de la provincia también se encontraba agitado por la acción de las Ligas Agrarias. Adicionalmente, las organizaciones político-militares desplegaron en esos años iniciales una intensa actividad en la ciudad, en particular el PRT-ERP (Viano, 2000).

Se ha señalado además que este fue un momento de profundización del accionar represivo, visible en un conjunto de acciones llevadas adelante por parte del estado y plasmada en la normativa y el incremento de las prácticas represivas.25 La prioridad otorgada por el gobierno provincial a las tareas de inteligencia debe ser entendida en este particular contexto, tanto como la diferenciación de funciones con el organismo gubernamental preexistente.

Tal como se consignaba en el decreto de creación de la CIP, la DGI “realiza tareas relacionadas con el acopio y archivo de datos”. A diferencia de ello, “la labor de inteligencia requiere una correcta evaluación con fines de predicción y prospectiva, en base a un mesurado y crítico proceso de análisis y síntesis del material informativo”, por lo que “debe realizarse a un nivel jerárquico adecuado a la importancia de las funciones a concretar”.26

La especialización del nuevo organismo estatal y la jerarquización de la función de hacer inteligencia se reflejaron además en la designación del nuevo director de la CIP, el Comandante Principal (RE) de Gendarmería Enrique Carlos Adarraga. El oficial se había desempeñado hasta el momento como Jefe de la Guardia Rural “Los Pumas” (localizada en el norte de la provincia) y era, tal como se resalta en el decreto, un “funcionario especialista en la materia con título de “Oficial de Inteligencia”. Asimismo, se lo facultaba para proponer la contratación de personal “cuando el existente en la Administración Pública no reuniera las condiciones de especialización requerida”.27

Este énfasis en la formación y especialización en inteligencia modificó el funcionamiento de la agencia estatal, tanto en lo referido al personal como en las tareas realizadas. A partir de ese momento, el organismo se abocó en forma sistemática no sólo a recopilar información sino a confeccionar partes de inteligencia e informes especiales sobre un conjunto de hechos, personas y organismos que actuaban en el territorio de la provincia. Así, los gremios de la zona norte del Gran Rosario, las Ligas Agrarias, el Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, los partidos políticos o los docentes, así como diversos conflictos, entidades y personas fueron objeto de espía y reunión de información.28

Se operó así un proceso de especialización (o de “profesionalización”) en las tareas de inteligencia que no había sido tan visible en los años iniciales y que influyó sobre el funcionamiento del organismo –en esa coyuntura y en los años siguientes-, y sobre su personal, en tanto algunos realizaron cursos de inteligencia en el Ejército o la SIDE.29 Si bien no contamos con datos ciertos sobre quiénes se ocupaban de las distintas tareas, es claro que no todos hacían inteligencia: una nómina del personal de la DGI-CIP (ca. 1971-72) indicaba que se dedicaban a ello Zucchini30, Cristiani (Órgano Adelantado en Rosario) y Fernández, mientras que el resto se ocupaba de “informaciones”, “teletipo”, “archivo” o “escribiente”.

A nivel organizativo también se verificaron cambios importantes. En el decreto de creación se estableció que la CIP estaría integrada por la Jefatura de Inteligencia (a cargo de la dirección administrativa y técnica de la CIP) y la Dirección General de Informaciones (unidad administrativa de la CIP).31 Ello generó movimientos de personal: a la cabeza se ubicaron los nuevos funcionarios, ajenos al organismo preexistente (el director Cte. Principal Adarraga y el Tte. Coronel Jorge Santos Lares), que desplazaron y/o subordinaron a quienes trabajaban en la DGI y a su director.32 Sin embargo, el personal de la CIP estaba nutrido en su mayoría por los antiguos empleados de la DGI (además de su director), a los que se sumaron contratados y adscriptos provenientes de otras reparticiones, que elevaron en forma significativa el número de empleados del organismo.33

Las elecciones de 197334 y el recambio político resultante35 también afectaron a la CIP-DGI. En primer lugar, un día antes de la asunción del nuevo gobierno renunció el director de la CIP, Cte. Principal Adarraga, quien volvió a su puesto al frente de la Guardia Rural “Los Pumas”. En su lugar fue designado Oscar Modesto Genolet, un policía retirado de 75 años, que se mantuvo en funciones durante todo el período constitucional.36 Ello mantuvo la subordinación de la DGI y sus funcionarios a la CIP y a un director vinculado con la nueva gestión política provincial, a lo que se agregó una exposición pública breve, pero infrecuente en toda su historia.

La DGI había funcionado desde su creación en la sede de la Legislatura provincial, espacio que siguió ocupando durante toda la dictadura en tanto el edificio había perdido sus funciones específicas.37 En la coyuntura abierta por las elecciones y el cambio de gobierno de 1973 se denunció la falta de un conjunto de bienes y muebles, definido como un “saqueo” del edificio y su patrimonio, que fue atribuido en forma directa al capitán Barbaresi. La denuncia fue realizada en conferencia de prensa por el vicegobernador Eduardo Cuello, y se reflejó en algunos medios locales.38

Por otro lado se debatió, lo mismo que a escala nacional, el destino de los servicios de inteligencia y de informaciones y de su documentación. Luego de marzo de 1973 ingresaron en la Cámara de Diputados de la provincia dos proyectos presentados por el diputado del FREJULI Danilo Kilibarda, que reclamaban “la disolución de los servicios de inteligencia y de informaciones” y la “destrucción de los legajos, sumarios y prontuarios confeccionados por actos políticos, gremiales o estudiantiles o determinados por la militancia ideológica de personas, sectores o agrupaciones o que califiquen ideológicamente a personas, sectores o agrupaciones por su militancia popular”.39

Pero ni el archivo se destruyó ni fueron disueltos los servicios de inteligencia e informaciones de la provincia, que continuaron en funciones durante todo el gobierno constitucional, si bien la recolección de información siguió a un ritmo menor.

Ello no implica que la CIP-DGI haya dejado de vigilar o producir informes de inteligencia. Para 1974 confeccionaba un “Panorama situacional de informaciones del ámbito provincial, en lo gremial, político, educacional universitario, subversivo, extremismo, terrorismo. Material informativo, de propaganda, y de acción psicológica que ha circulado”, con un prolijo detalle de organizaciones, hechos y conflictos acaecidos en la provincia, acompañado por panfletos y volantes de agrupaciones diversas.40

Finalmente, para esta “segunda etapa” de la CIP-DGI hubo movimientos de agentes de la repartición. Varios de quienes habían revistado como adscriptos fueron dados de baja luego de las elecciones de marzo41, mientras que el personal restante (perteneciente en su mayoría a la DGI) fue desdoblado y repartido entre los dos organismos.42

Será la dictadura instalada en marzo de 1976 la que modifique nuevamente el funcionamiento de la agencia estatal. Si bien la CIP no fue formalmente disuelta, de hecho dejó de existir luego de la renuncia de su director Oscar Modesto Genolet inmediatamente después del golpe de estado.43

III. La DGI durante la dictadura de 1976/83

Unos días después de la instalación del nuevo gobierno, el capitán Barbaresi presentó varios memorándums al interventor militar, en los que realizaba una evaluación de algunos organismos dependientes del Poder Ejecutivo y de la situación de la CIP-DGI durante el interregno democrático. Dejemos que hable por sí mismo.

En un informe “estrictamente secreto y confidencial” señalaba que durante el período 1973-76 se había producido la transformación de algunos organismos que estaban en la órbita del Poder Ejecutivo provincial en “íntegramente políticos”, al desempeñar funciones “netamente políticas”, que estaban “contaminados políticamente” y/o sospechados de “infiltración montonera”, a resultas de lo cual debían realizarse “chequeos” y ser “estudiados a fondo por motivos ideológicos, morales”. En el caso particular de la CIP se sostenía:

A partir del 25 de mayo de 1973 se transformó en el centro político, y con personal político, sin conocer su misión específica.
Manejaba, con la Secretaría Privada (...) Fondos Reservados, una elevada suma de dinero (...).44

La crítica iba dirigida en particular hacia el anterior director de la CIP, Oscar M. Genolet, a quien se responsabilizaba además de las limitaciones y carencias impuestas a la DGI: no haber provisto papel para las teletipos, no haber contado con un ordenanza para tareas de limpieza o empleados para mantener actualizado el archivo, falta de locales y muebles adecuados, así como de elementos de información. Y agregaba: “debido a los inconvenientes indicados más arriba, solo funcionó y en forma precaria, la Delegación Provincial acreditada ante S.I.D.E., realizándose solo tareas menores”.45

En consonancia con ello, el capitán Barbaresi informaba “Por la desorganización apuntados, actualmente se encuentra todo el personal (...) abocado a la tarea de reorganización y reordenamiento integral, económico-administrativo” y elevaba además la siguiente propuesta respecto del organismo:

Volver a ser Dirección General de Informaciones, y cumplir únicamente los objetivos enunciados por el señor Gobernador, y como función esencial, es la de centralizar todas las informaciones que se tengan y/o reciban, a efectos de su clasificación, evaluación, empleo, constituyendo un medio de indudable valor para la gestión de señor Gobernador, sus Ministros, y Secretario General. Como así el intercambio de informes con los Organismos Nacionales, especialmente Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE).

Efectuar una prolija valorización de los hombres que actuaron últimamente, por su falta y manifiesta lealtad al organismo y seguridad del Estado, al querer transformar en un organismo político y de dudosa actuación (informe confidencial, con documentación- D.G.Inf.).46

Como se ha dicho, la dictadura iniciada en 1976 inauguró una nueva fase de la agencia estatal: la desaparición de hecho de la CIP constituyó a la DGI como el único organismo de inteligencia dependiente del ejecutivo provincial. Ello parece indicar que, finalmente, el organismo y su principal funcionario habían logrado afirmar su autonomía, recuperar el papel que la DGI había ostentado en sus años iniciales y abocarse a las funciones y misiones asignadas.

Para 1979, el capitán Barbaresi especificaba que las misiones que cumplía la DGI eran las siguientes:

a) Actividad en el ámbito provincial: Tiene la responsabilidad de reunir información de manera permanente, y a requerimiento del Poder Ejecutivo Provincial. Además, analiza y evacua esta información para producir la tarea de inteligencia que permite elevar un cuadro práctico de la situación al Sr. Gobernador y difundir las conclusiones a las instancias que se ordene. Otra actividad consiste en realizar controles y fiscalización de tareas a requerimiento de los distintos Ministerios o Secretarías Provinciales, como así también encarar tareas específicas.
Por imperio del Decreto Ley Provincial N° 3.630/77, esta Dirección Gral. debe producir informes previos a todo nombramiento por ingreso, contratación o promoción de agentes de la administración pública santafesina.47
b) Actividad de enlace: Se mantiene en constante comunicación con los distintos Departamentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (S.I.D.E.); y también consolidando enlaces con los Organismos similares de las distintas Provincias Argentinas; las comunicaciones personales y cualquier otro medio que favorezca la acción.
En cumplimiento del referido Decreto Ley N° 3.630/77, hace que se deba contar con los informes de los Organismos de Inteligencia Nacional y del orden provincial que correspondan; por ende, se mantiene ese vínculo, se recepciona la información y se realiza la tarea de inteligencia respectiva.
c) Actividad coordinada: la Dirección Gral. de Informaciones de la Provincia integra la Comunidad Informativa de Santa Fe, constituida por los distintos Organismos de Inteligencia de la jurisdicción; se trata de una Institución zonal que encara trabajos propios en conjunto, y que sirve a manera de tribunal de casación para determinados casos de antecedentes de personas.48

Pero incluso suponiendo que Barbaresi sobredimensionara la eficacia del organismo que dirigía, lo cierto es que la aplicación del decreto Nº 3630/77 (si bien habían existido normas previas similares como el decreto-ley Nº 6666 de 1957) tuvo un efecto importante sobre las actividades de la DGI.49 Hacia 1979 sostenía que “para cumplimentar solamente el referido Decreto Ley Nº 3.630/77 contestamos más de mil (1000) pedidos de información al mes”.50 Pero, por otro lado, el decreto le otorgaba al organismo una competencia específica, refrendada en una norma: vigilar y controlar a los empleados estatales y a quienes quisieran ingresar en la administración pública provincial.

La DGI no dejó de realizar otro tipo de tareas vinculadas con la vigilancia y el control, cuyos márgenes se ampliaron al incorporar la legislación dictada por el gobierno militar no sólo en lo referido a los empleados públicos o aspirantes a serlo, sino más en general sobre la población de la provincia, en tanto se ocupaba de “Recopilar antecedentes y pruebas sobre personas cuya actuación esté encuadrada dentro de la Ley 17401 (calificación ideológica) y Leyes 21260 (Seguridad) y 21274 (Prescindibilidad)”.51

Seguramente el nuevo contexto tanto como la experiencia adquirida en la época de la CIP, concurren a explicar la preeminencia que la realización de tareas de inteligencia adquirió en los años de la dictadura. A partir de 1977 (y al menos hasta 1981) la DGI confeccionó informes sobre los medios de prensa de la provincia, panoramas semanales de la jurisdicción, partes diarios organizados por “factores” (político, psico-social, económico) y “componentes” (actividad política, gobierno, religión, población, gremial, empresario, laboral) e informes más nutridos sobre hechos de significación política a escala nacional (tal como sucedió a fines de 1978 con el conflicto del Beagle). En general, estos informes estaban dirigidos al Ministro de Gobierno y los firmaba Barbaresi o Luis Raúl Nicolini, la nueva incorporación del organismo hacia 1976, quien se desempeñaría por un tiempo como subdirector de la DGI.52

Pero de dónde se obtenía la información con la que contaba la DGI para realizar estos informes? Provenía de la “explotación” de la prensa y de los que denominaban “organismos cooperantes”, es decir, otros servicios de informaciones en particular de la policía provincial. En tal sentido, parece cierto que el organismo tenía dificultades para conseguir información por sus propias fuentes.

Esto parece refrendado por una nota dirigida al gobernador en 1977, en la que la DGI solicitaba que se hicieran gestiones para que la policía siguiera confeccionando un memorándum diario que “registraba las informaciones de más gravitación en el ámbito provincial, en sus distintos factores: gremial, político, educacional, socio-económico, siniestros y toda otra información de interés para las distintas áreas gubernamentales”, y que había dejado de confeccionarse en abril de 1976 “reemplazándoselo por el informe de inteligencia diario, cuya información se centra en el factor subversivo, al que las fuerzas de seguridad –como es lógico y prioritario- volcaron todo su celo y esfuerzo, al logro de su erradicación. Alcanzado ya, este patriótico objetivo, esta dirección sugiere se contemple la posibilidad de reimplantar dicho sistema informativo”.

Los fundamentos de tal pedido incluían que el Departamento de Informaciones de la Policía disponía de mayor cantidad de personal, medios de movilidad e información, experiencia (“Los integrantes de la repartición mencionada, con motivo de la lucha antisubversiva, guiados por oficiales de inteligencia de las FF.AA., han adquirido idoneidad y gran experiencia en las tareas informativas”). Los partes policiales eran un insumo muy utilizado por la DGI para elaborar informes de antecedentes o partes de inteligencia, en tanto la información “es veraz y oportuna, evitando demoras en confirmación”, “es conocida con anticipación a los medios masivos de comunicación”, “Suple en gran medida a los diarios y periódicos, editados en las distintas localidades de la provincia, cuya recepción no es oportuna, como así onerosa su adquisición y expedición”, “el fichaje de las personas que menciona es de importancia, como fuente en la reunión de antecedentes”, “evita gastos de personal y medios para una misma tarea permitiendo realizar una adecuada y acertada apreciación disponiendo de base para tareas posteriores”.53

Esto demostraba la centralidad que tenía la circulación de información entre los distintos servicios de inteligencia, en tanto el cumplimiento eficaz de las principales funciones de la DGI dependía de la recolección de datos que se obtenía por estas diversas fuentes. El archivo se convertía así, en palabras de Barbaresi, “en el cerebro de toda organización, máximo en actividad de inteligencia, donde una información registrada hace años, siempre tiene vigencia, o relación actualizada”.54

Como se ha dicho, desde sus inicios una de las funciones principales de la DGI era el enlace y la coordinación con otros organismos de inteligencia. Ello incluía no solamente el intercambio fluido de información, sino también integrarse a la llamada “comunidad informativa” de la zona norte de la provincia (COMINSAFE) y a la de la zona vinculada a la ciudad de Rosario (COMINSARIO). Esta diferenciación zonal hacía que los miembros de la comunidad informativa variasen según su ubicación geográfica: así, el COMINSAFE incluía el área militar de Reconquista y la Unidad Regional I de Policía, el Destacamento de Inteligencia 122 y la DGI, todos con sede en la ciudad capital; mientras que el COMINSARIO incluía el Servicio de Informaciones de la URII, el Departamento Inteligencia Militar 121 de Rosario y/o la delegación local de la Secretaría de Inteligencia del Estado (DGI). A su vez, las delegaciones locales de la Policía Federal, de Gendarmería o de Prefectura Naval también formaban parte de ambas instancias.55

Con todo, esta integración no implicó una completa subordinación: la DGI mantuvo su autonomía respecto de otros organismos, su dependencia directa del gobernador y sus funciones. La idea de la completa subsunción de las agencias represivas estatales a las Fuerzas Armadas o a las autoridades militares parece puesta en cuestión cuando emergen las tensiones, tal como se verificó en un caso que analizaremos: el contenido en el “Informe Especial de Inteligencia. Caso S.”, realizado por la DGI en 1979.56 Dejemos que hable su redactor:

Todo comenzó con un informe de inteligencia que el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe elevó al Sr. Ministro de Educación y Cultura de la Provincia, el 31 de julio de 1978, conteniendo antecedentes desfavorables sobre trece educadores que estaban ejerciendo en la Provincia de Santa Fe (...) Uno de los nombrados era A.E.S., que era sindicado por el Dest Icia M 122 como: “tercermundista”, como uno de los principales de los dirigentes del SUTEN (Sindicato Unido Trabajadores del Norte), adherido a CTERA; y que el causante en 1978 fue “contactado por elementos marxistas para reorganizar el SUTEN”.

Entonces el Ministro de Educación pidió a la DGI que investigara estos antecedentes, para lo cual el organismo “recabó informes sobre el causante de toda la Comunidad Informativa de Santa Fe y de SIDE”. Los antecedentes fueron confirmados, y además se estableció que S. era “lector” del P.R.T. y que en 1956 había sido vicepresidente de la “colateral comunista” Acción Democrática Latinoamericana: “la calidad de marxista comunista, encubierto o no, de S. queda apuntada claramente”. Por todo ello se le decretó la cesantía en octubre de 197857; así, la resolución del trámite no sería muy distinta de la de otros casos similares.

Sin embargo, al poco tiempo, el Jefe de la Base Aérea Reconquista Comodoro Echavarría Martínez intercedió por S. ante el Gobernador y el jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Rolón, aduciendo amistad con aquel. A esto se sumó otro interesado en el “caso”, el entonces Jefe de la Policía Federal Argentina, General Ojeda, emparentado con la esposa de S. (quien tenía un “poder inmenso” en el norte de la provincia, en tanto era miembro de una “familia dueña de las principales industrias de Reconquista y de grandes extensiones de campo”). Ello determinó una nueva reunión de la comunidad informativa y el inicio de una “nueva investigación”, que culminó en la redacción de un nuevo informe por parte del coronel Rolón, “altamente elogioso para S.”, donde se omitían o negaban los datos aportados por la DGI y SIDE:

Tan solo nos preguntamos: ¿con qué autoridad y con qué pruebas se dice eso? Nada de lo que se dijo o se demostró en la reunión segunda de la Comunidad Informativa permite destruir, aunque sea poner en duda, lo afirmado (....) Por ellos [el informe de la DGI y los informes de SIDE] S. es “criptocomunista”, “tercermundista”, “lector” del P.R.T. y otras cosas más.

Creemos que el Sr. Gobernador tiene en los citados informes de SIDE, valederos e incontrastables elementos para avalar la decisión adoptada por medio del decreto (...) que determinó la cesantía de S.

Este informe permite vislumbrar varias cuestiones: qué sucedía cuando un empleado público provincial tenía “antecedentes desfavorables” (desde la averiguación de dichos antecedentes y los trámites sucesivos hasta la resolución del caso con la cesantía), el funcionamiento de los servicios de inteligencia y el rol de la comunidad informativa, la relación entre estos organismos y el Ejecutivo provincial. Pero asimismo da cuenta de otras articulaciones, en particular del funcionamiento de redes sociales y políticas atravesadas por relaciones de parentesco y de influencia de los poderes locales sobre las autoridades políticas y militares de la región, que se explican solamente a escala local.

Por fin, también muestra que si la DGI y su director debieron subordinarse a las autoridades militares (en este caso al coronel Rolón, sindicado muchas veces como “quien daba las órdenes”), dicha subordinación se verificó no sin tensiones. El informe del “caso S.” registra la afirmación de autonomía del organismo y de su principal funcionario -incluso a costa de enfrentarse con las principales autoridades militares del norte de la provincia- en un trámite que considera de su estricta competencia y en el marco de un proceso en el que se pone en cuestión su eficacia e idoneidad.

Hay otra cuestión que se refiere a la actividad del organismo durante los años de la dictadura que queremos relevar: los constantes reclamos de su director por la mayor asignación de cargos y presupuesto. El 24 de octubre de 1978 el Capitán Barbaresi envió una nota al Subsecretario general de la Gobernación (y por su intermedio al Ministro de Hacienda y Economía) solicitando cargos y presupuesto para el ejercicio 1979. Luego de listar las funciones que cumplía la DGI agregaba: “Lo expresado –a grandes rasgos- es lo suficiente elocuente para inferir que esta enorme tarea es imposible continuar haciéndola con un personal total (incluido el de Rosario y el suscripto) de catorce (14) personas”.58 Un año después, el 20 de noviembre de 1979, remitió otra nota al Subsecretario de la Gobernación, donde daba cuenta no sólo de la ausencia de respuestas (“muchos de los bienes que se pretenden adquirir ya fueron solicitados en años anteriores, y siempre se nos prometió: `para el próximo ejercicio´, y nunca se cumplió”) sino de las mayores dificultades por las que atravesaba el organismo: “es imposible seguir realizándola [dicha tarea] con un personal de doce agentes (incluyendo al de Rosario y al suscripto); con medios técnicos rudimentarios y con un ínfimo presupuesto”.59

La comparación con los servicios de inteligencia de otros lugares del mundo y el énfasis en la necesidad de contar con presupuesto suficiente y personal calificado se completaba con una clara enunciación de los “enemigos”:

No es necesario recordar que aún estamos en plena guerra contra la subversión; que tenemos empeñada una batalla “contra los corruptos y subversivos” que se encuentran enquistados en la administración pública provincial y municipal, más aquellos bandoleros que pretenden ingresar; a quienes debemos erradicar definitivamente. Por ello resulta altamente peligroso no proporcionar, al único Organismo de Inteligencia de la Provincia que es esta Dirección Gral. de Informaciones, de los recursos humanos y materiales en grado suficiente para cumplir con su honrosa y sacrificada misión.

Sin embargo, por qué el “único organismo de inteligencia de la provincia” no tenía la cantidad de recursos que reclamaba un servicio de inteligencia moderno e, incluso, se redujera su personal en un contexto todavía fuertemente represivo, permanece aún en el plano de la especulación.

Hacia 1980/81 y por disposición del gobierno provincial, se estableció un nuevo organigrama de estructura de distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo, entre ellos de la DGI. Allí se precisaron las funciones del organismo y las de sus distintas oficinas (Dirección general, Subdirección A1-Santa Fe, Reunión, Coordinación, B2-Rosario, Medios de enlace, Habilitación).60 Pero ni la estructura era nueva, ni sus misiones y funciones variaron sustancialmente respecto de las que se habían establecido en los años previos (y que, agreguemos, tampoco variarían en la década que siguió).

La elaboración del organigrama de estructura fue probablemente una de las últimas actividades de Barbaresi61, ya que en octubre de 1981 comenzó una licencia prolongada por enfermedad. Para principios de febrero de 1982 (y en el contexto de recambio de autoridades provinciales62), Barbaresi –de 57 años- fue dejado cesante por disposición del Gobernador, visto que la Junta Médica Especial dictaminó una “incapacidad TOTAL Y PERMANENTE para el desempeño de todo tipo de tarea remunerada (...) equivalente a la pérdida del 80% del total orgánico no susceptible de recuperación”.63

Su lugar fue ocupado en mayo de ese año por un civil, Danilo Néstor Oscar Genolet64, quien se desempeñó como director general del organismo hasta la desaparición del mismo.

IV. El final de la DGI o morir de “muerte natural”

El final de la dictadura y el recambio constitucional acaecido a finales de 198365 no significaron la desaparición del organismo, que siguió existiendo si bien con algunas modificaciones. La más importante probablemente fue la derogación, el 28 de diciembre de 1983, del Decreto Nº 3630/77. En sus considerandos se expresaba que el mismo era “un fiel exponente de la doctrina de la seguridad nacional” y que en tanto “es necesario adecuar la legislación al estilo de vida democrático que vive la República”, “se hace indispensable derogar toda norma de carácter represivo y discriminatorio”.66 Ello no significó que la DGI fuese suprimida, sino que lo que se derogaba era la norma que fijaba una de sus principales funciones.

Aunque para diciembre de 1985, su director Danilo Genolet informaba que “a partir del día 28 de diciembre del año 1983, cesó la actividad informativa que desarrollaba la Unidad de Organización, reduciéndose al cumplimiento de tareas administrativas y de mantenimiento”67, lo cierto es que la DGI siguió existiendo, al menos formalmente, con exactamente las mismas misiones y funciones que contemplaban la recopilación de antecedentes de personas -“cuya actuación esté encuadrada dentro de la Ley 17401 (calificación ideológica) y Leyes 21260 (Seguridad) y 21274 (Prescindibilidad)”-, la integración a la comunidad informativa, el intercambio de informaciones con la SIDE y organismos afines de otras provincias, etc., tal como lo prueba la estructura orgánico-funcional aprobada en 1990.68

Entre fines de 1983 y 1985 la DGI contaba con más de 20 agentes69, la mayor parte de los cuales fueron trasladados o reubicados como adscriptos en otras dependencias provinciales (Cámara de Diputados, Dirección de Comunicaciones, Delegación del gobierno en Rosario, etc.), si bien parte del personal asignado al organismo siguió en funciones. Sin embargo, para 1991 sólo quedaban tres agentes: su director Danilo Genolet y dos “históricos”, Zucchini y Barberis.70

En suma, la DGI no tuvo fecha de defunción ni fue disuelta, más bien se desintegró lentamente por la pérdida de funciones específicas y de personal.71 La reorganización ministerial de 1990 colocó el organismo bajo la órbita de la Secretaría General y Técnica de la Gobernación y allí permaneció lo que quedaba de él -su archivo-, hasta mediados de los años 90.72 Así, desapareció tan silenciosamente como había surgido y existido durante casi toda su historia.73

Algunas reflexiones sobre la problemática

A modo de cierre provisional, quiero retomar y sistematizar algunas cuestiones que atravesaron este estudio:

En primer lugar, la DGI era un organismo sin funciones represivas (a diferencia de otras agencias que incluyen tal función, como la policía o las Fuerzas Armadas) y, aunque se recuerde a algunos de sus miembros como “apretadores” o “pinchadores” de teléfonos, quienes revistaban allí –y hasta donde conocemos- no formaron parte ni de las “fuerzas legales” ni de los grupos operativos encargados de la represión en la provincia. Pero si la vigilancia, espía y control de personas y organizaciones pueden concebirse como una de las facetas del accionar represivo implementado por el Estado en esos años, la DGI formó parte activa de esa trama en tanto proveyó de información a quienes se ocuparon de perpetrar la persecución.

Por otra parte, el organismo que hemos analizado existió y actuó ininterrumpidamente a lo largo de dos décadas y media, entre dictaduras y democracias –y en un contexto crecientemente represivo, donde el Estado y sus agencias diseñaron y pusieron en acto normas, métodos y prácticas cada vez más brutales contra individuos y grupos-, sin prácticamente experimentar variaciones en la definición de sus funciones ni en la composición de sus funcionarios. ¿Cómo se explican estas continuidades?

La DGI era una agencia estatal, y como tal tuvo una lógica interna de accionar burocrático que impregnó toda su actuación. Ello se refleja en el hecho de que si bien sus misiones y funciones estuvieron caracterizadas por el secreto y la confidencialidad, hay registros variados de su accionar en tanto estaba incluida dentro de la órbita estatal y sus normativas y, adicionalmente, producía documentación y la guardaba en el archivo.

Pero más allá de ello, es esa lógica burocrática la que en gran parte explica que sus funciones, su estructura orgánica y sus funcionarios -considerando los cambios y las particularidades visibles en las distintas coyunturas y períodos por los que atraviesa (1966-71, 1971-73, 1973-76, 1976-83, 1983-91)- permanezcan casi intactos a lo largo de más de veinte años de existencia.

La razón de ser del organismo consistía en la definición y la persistencia en el tiempo de funciones específicas y competencias más o menos exclusivas. ¿Qué era si no lo que la diferenciaba de otros organismos de inteligencia que hacían estas tareas más eficientemente e incluso las combinaban con la función represiva, como la policía (que también dependía del Ejecutivo provincial) o el Ejército?

Por su parte, la continuidad de su elenco de funcionarios -empleados públicos que hicieron su carrera burocrática dentro de la administración pública provincial-, que sólo se altera con los cambios a la cabeza del organismo verificados en algunos períodos, también le otorga a esta agencia estatal parte de su especificidad y tal vez de su autonomía. No ha sido posible detectar cuántos de ellos se ocupaban de espiar y/o vigilar a sus “objetivos” en sus lugares de trabajo, estudio o reunión, pero todo parece indicar que la mayoría eran funcionarios “grises”, de escritorio, ocupados en tareas burocráticas y rutinarias (recopilar información, clasificarla, ficharla, archivarla, intercambiarla) cada una de ellas vinculadas a un tipo particular de trámite, si bien los perfiles de algunos (sobre todo de su director y subdirectores) les otorgan al organismo y sus prácticas ciertas particularidades que habría que seguir indagando.

Son justamente esas características las que afirman la autonomía de la DGI, en tanto se reconoce y actúa como un organismo con funciones específicas, jurisdicciones y dependencias que la definen y diferencian de otros organismos y fuerzas vinculados en las tramas represivas a escala provincial.

Y si bien eso no omite que la actuación, misiones y funciones de la DGI hayan sido por completo afines y funcionales a los objetivos e implementación del accionar represivo, es esa autonomía -o la pretensión de poseerla- la que explica que en ciertos contextos el organismo entre en conflicto o muestre tensiones con otras agencias estatales con las que mantiene relación e intercambio constante.

Usualmente, cuando se analiza el accionar represivo en el período abierto con el golpe de estado, se apunta a señalar la articulación existente entre los diversos ámbitos, organismos y fuerzas involucradas, concebidos y descriptos como engranajes más o menos indiferenciados de una misma maquinaria represiva organizada y dirigida por las Fuerzas Armadas. La actuación autónoma y diferenciada de los distintos dispositivos y fuerzas represivas preexistente habría sido eliminada por efecto de un proceso de “militarización”, subsunción o subordinación de aquellos a los objetivos y mandos militares, homogeneizando métodos y prácticas represivas.

Aún sin cuestionar de plano estas perspectivas, los contados estudios sobre algunos de esos ámbitos (las cárceles, e incluso el aparato judicial [Sarrabayrouse Oliveira, 2011] así como las indagaciones sobre el accionar represivo en ciertos espacios regionales o locales, dan indicios de la existencia de lógicas, prácticas y modos de actuación con características diferenciadas –e incluso con ciertos grados de autonomía así como de tensiones y conflictos entre las distintas fuerzas intervinientes (Águila, 2008 y 2013)-, cuyo análisis debería ser profundizado. En ese sentido, todavía está por hacerse una historia que pueda dar cuenta de las modalidades de acción de los distintos organismos y fuerzas represivas (policías, gendarmería, servicios de inteligencia, militares), que atienda tanto a esas especificidades como a las tramas que los articularon.

Sin demasiadas pretensiones, este artículo ha pretendido aportar en esa dirección.

Notas

1 Parte de las ideas que nutren este artículo surgieron en el contexto del trabajo de identificación, clasificación y descripción del Fondo Documental de la Dirección General de Informaciones de la Provincia de Santa Fe, localizado en el Archivo Provincial de la Memoria, en el que participé entre 2009 y 2011. Pero sin la ayuda inestimable y generosa de su archivera, quien me señaló algunos de los documentos más interesantes del organismo y me orientó en mis búsquedas, este estudio hubiera demandando muchísimo tiempo más. Agradezco los comentarios de Emmanuel Kahan a la versión preliminar de este texto, presentada en las VIº Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, agosto de 2012.

2 Mientras la violencia paraestatal del período 1973-76 ha invisibilizado los mecanismos y modalidades represivas “legales”, a la vez se conoce poco sobre aquella, atribuida casi exclusivamente a la acción de la Triple A. Para una perspectiva que matiza tales generalizaciones vid. Rodríguez Agüero, 2009.

3 Las perspectivas varían según se trate de atribuir los cambios al nuevo marco ideológico-normativo dentro de las Fuerzas Armadas que se instaló hacia fines de los años 50 y en los 60, conectándolo con la dictadura iniciada en 1966 (Mazzei, 2012 y 2002; Ranaletti & Pontoriero, 2010), o de aquellos que se centran en un análisis más coyuntural que releva la exacerbación de la conflictividad social y política en los primeros años 70 y la profundización de la escalada represiva implementada por agentes estatales y paraestatales en particular en el contexto del tercer peronismo (Franco, 2009 y 2012).

4 El fondo documental de la Dirección General de Informaciones (a partir de aquí Fondo DGI) fue localizado hacia mediados de los años 80 en dependencias del Ministerio de Gobierno provincial. En 1995 fue trasladado al Archivo Intermedio y allí permaneció hasta julio de 2009. En ese contexto y considerando su significación para aportar a los juicios por delitos de lesa humanidad que se estaban tramitando, el acervo se trasladó a su locación actual, la sede del Archivo Provincial de la Memoria.

5 Con el golpe de estado de junio de 1966 fue destituido el Gobernador Aldo Tessio y asumió por unos meses el General Eleodoro Sánchez Lahoz, quien reemplazado en agosto de ese año como interventor nacional por el Contralmirante Eladio Modesto Vázquez (hasta julio de 1970). En Rosario, la intendencia fue asumida por el Coronel Carlos María Aguilar, reemplazado a los pocos meses por el Dr. Luis Beltramo, mientras que en la capital provincial asumió como comisionado municipal el Coronel Miguel Realmonte. También se produjeron cambios en la jefatura del Comando del IIº Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, que quedó a cargo del General José Jaime Toscano.

6 Decreto N° 4056, 31/10/66, en Sistema de Información de Normativa (a partir de aquí SIN), Provincia de Santa Fe, en www.santafe.gob.ar.

7 Decreto Nº 3245, 21/4/64, SIN.

8 En nota del 6/9/66 Barbaresi informaba al Jefe del Departamento 4-Documentación que “por orden expresa del Señor Gobernador de la Provincia, el suscripto se encuentra abocado a la organización de un servicio de informaciones con el objeto de servir sus necesidades informativas con vistas a una mejor conducción gubernamental”, destacando la “amplia colaboración que recibe del Servicio de Seguridad del Ejército “Santa Fe”. El encargado de la instalación del nuevo servicio en la sede del palacio de la ex -Legislatura era el Suboficial mayor (RE) Eliseo Pablo Zucchini, mientras que a cargo de la organización de la oficina de la delegación en Rosario (que funcionaría en la sede de la Jefatura de Policía) estaba el Suboficial mayor (RE) Manuel Alberto Olivera. APMSF, Fondo DGI, Serie Administración, Caja 76.

9 Decreto N° 04056, 31/10/66, SIN. El decreto de creación de la DGI es muy similar en sus considerandos y formulación al decreto de creación de la SIDE, ocurrida diez años antes. Sin perder de vista la escala y ámbito de funcionamiento del organismo, en algún sentido la DGI reproducía en la provincia de Santa Fe lo que fue la SIDE a nivel nacional: un organismo sin funciones represivas, cuyo objetivo era recolectar información para proveerla a los niveles más altos del Ejecutivo y realizar actividad de enlace con otros organismos similares.

10 Esto le otorgó al organismo un carácter muchas veces más local que provincial, en tanto la DGI operaba fundamentalmente en el ámbito de la ciudad capital de la provincia.

11 El informe de antecedentes del Zucchini, solicitado por Barbaresi al Ejército, contenía una elogiosa evaluación de su desempeño en esa repartición e indicaba que poseía: “contracción al trabajo”, “capacidad informativa en las tareas específicas”, “elevada cultura general” y que estaba “muy vinculado a los círculos sociales, culturales y deportivos de Santa Fe”. APMSF, Fondo DGI, caja 406 b, legajo 8. El informe de antecedentes de Cristiani provisto por la Jefatura de Policía de Rosario consignaba: “Goza de un inmejorable concepto, siendo de conducta y moral intachable”. APMSF, Fondo DGI, caja 181, sobre de Caja 463, legajo 7.

12 Zucchini y Cristiani tenían el título de “auxiliar de informaciones” obtenido en su paso por el Ejército (APMSF, Fondo DGI, caja 447, legajo 7). Asimismo Cristiani contaba entre sus antecedentes, mientras aún era Suboficial del Ejército, el haber instalado en 1957 una Agencia de Informaciones y Vigilancia Particulares, denominada DIVIPAR cuyas oficinas se encontraban en la zona céntrica de Rosario. La actuación de dicha agencia fue autorizada por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia de Santa Fe. APMSF, Fondo DGI, caja 181, sobre de Caja 463, legajo 7.

13 APMSF, Fondo DGI, caja 447, legajo 7; caja 458, legajo 10.

14 APMSF, Fondo DGI, caja 403, legajo 3. La respuesta del Comando del IIº Cuerpo, casi dos meses después de la notificación mencionada, era indicativa de las tensiones que existían entre los organismos de inteligencia que se encontraban realizando funciones similares. Allí se explicitaba al capitán Barbaresi: “llevo a su conocimiento que los organismos de inteligencia (...) en la jurisdicción del Cpo Ej II, se encuentran abocados a la misma tarea (...) precisamente para satisfacer necesidades de la comunidad de Inteligencia Nacional. En razón de la índole y envergadura de dichos trabajos y del procedimiento empleado para su ejecución -de accederse a lo solicitado- se produciría una superposición de funciones de los mismos, afectando el objetivo perseguido. Por lo expuesto, estimo que, en este caso muy particular, no es necesaria la colaboración requerida”. En Ibídem.

15 Ley provincial Nº 6553, que establecía la necesidad de estructurar orgánicamente los distintos organismos del gobierno provincial, delimitando sus misiones y funciones y las relaciones entre ellos, así como su normativa legal, acción y competencia.

16 Decreto Nº 03280, 30/12/69, SIN.

17 Decreto Nº 03280, 30/12/69, SIN.

18 La DGI enumeraba como primera función: “01.- Integrar las delegaciones del interior, la Secretaría de Informaciones del Estado (S.I.D.E.) ajustando y coordinando sus funciones a directivas expresas de la misma, especialmente a lo atinente a la defensa nacional, desplegando una labor orgánica que tienda a preservar la seguridad de la información del estado”. En Ibídem.

La SIDE tenía sus propias delegaciones en algunas ciudades (Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Rosario, Tucumán), así como funcionarios acreditados en los gobiernos de las distintas provincias. Esa función la cumplían en general quienes dirigían los departamentos de Enlace o Informaciones: el director de Coordinación y Enlace (Jujuy, Formosa, San Juan, Santiago del Estero), el Jefe del Departamento Enlace Provincial (Santa Cruz), el Secretario de Informaciones y Personal (Buenos Aires), el Jefe de Seguridad e Información (La Pampa), el Jefe de Departamento Enlace Provincial (Santa Cruz), el Director del Servicio de Informaciones (Entre Ríos), el Director de Informaciones (Misiones) y el Director de la DGI (Santa Fe) o, en otros casos, el secretario general de Gobierno (San Luis, Río Negro, Tierra del Fuego). Parte Nº 4351, 11/07/72, Orden de Reunión SIDE: “Remito adjunto al Sr. Jefe, nómina actualizada de delegados Provinciales de SIDE y los acreditados por los Gob. de Pcias. ante esta Secretaría”, APMSF, Fondo DGI, caja 76.

19 El S.I. Santa Fe tenía su propia estructura orgánica, tal como se visualiza en “Esquema orgánico-funcional del S.I. Santa Fe”, ca. 1969. APMSF, Fondo DGI, caja 412 b, carpeta 36.

20 La función de la oficina era la “Explotación de los medios de comunicación (prensa oral, escrita y televisiva), clasificando las noticias y artículos periodísticos relacionados con los siguientes factores: político, gremial, socioeconómico, educacional, religioso y varios”. Ello dio lugar a una serie documental específica (“recortes periodísticos”), que se mantuvo con continuidad desde 1969 hasta 1984.

21 La utilidad de las tareas realizadas por la DGI quedó registrada en el contexto del llamado primer Rosariazo. A fines de mayo de 1969 se reunió el gabinete provincial presidido por el Gobernador para evaluar lo que estaba sucediendo. Uno de los participantes fue el capitán Barbaresi, encargado de informar sobre el estado de situación: allí repasó la inasistencia a los lugares de trabajo, la adhesión de los gremios, los lugares de concentración de la Marcha del Silencio. El Gobernador se ocupó entonces de anunciar las medidas a implementar, que incluyeron sanciones a los empleados públicos que faltaran a sus lugares de trabajo en ocasión de la huelga general, la represión de los grupos de revoltosos y la compra de elementos modernos para que la policía pudiera “combatir los disturbios callejeros”. Acta Nº 61, reunión del Gabinete provincial, 30/5/69, Centro Documental “Rubén Naranjo”, Museo de la Memoria de Rosario.

22 El General (RE) Sánchez Almeyra, quien fuera jefe del Estado Mayor del Ejército, fue nombrado en julio de 1970 Gobernador de Santa Fe durante el interregno de Levingston. En ese cargo se mantuvo hasta el recambio constitucional en 1973. También en 1970 asumió como comandante en jefe del II Cuerpo el General Juan Carlos Sánchez, uno de los considerados “duros” en la represión de los conflictos sociales y políticos.

23 Decreto N° 01172, 27/5/71, SIN.

24 Decreto Nº 01762, 27/7/71, SIN.

25 A la ley de defensa nacional Nº 16.970 de octubre de 1966, se sumaron en los años posteriores un conjunto de leyes represivas: ley 17.401/67 de represión del comunismo, ley 17.192/67 de creación del servicio civil de defensa, ley 17.649/67 de movilización militar de la población civil, ley 17.567/68 de reforma del Código Penal, ley 18.019/68 de censura y control de la información, ley 18.232/69 de creación de consejos de guerra especiales, ley 18.701/70 de pena de muerte por fusilamiento, ley 19.081/71 de represión del terrorismo y la subversión. Además, en 1971 fue creada la Cámara Federal en lo Penal, un fuero exclusivo para juzgar a la subversión (la “Cámara del Terror” o “Camarón”). Al respecto véase Franco, M., 2012: cap. 1, y D’Antonio, D. 2011: cap. II.

26 Decreto N° 01172, 27/7/71, SIN. Para los cambios de denominación en el caso de la DIPBA véase Funes, P. 2007: 138-140.

27 Decreto Nº 01762, 27/7/71, SIN.

28 Fondo DGI, Caja 475, legajos 1 y 2. Estos partes o informes especiales de inteligencia tienen en casi todos los casos la firma del Comandante Adarraga. Respecto del archivo, señalemos que durante la existencia de la CIP se verificó la organización de nuevas series o subseries documentales, en las que se detectan algunas especificidades propias del período CIP en relación con el total del fondo documental.

29 Tal el caso de Zucchini quien obtuvo en 1973 el título de “Especialista en Informaciones” otorgado por el Estado Mayor del Ejército. Por su parte, la SIDE ofrecía hacia 1971 cursos de inteligencia “para delegados provinciales” con las siguientes asignaturas: Seguridad Nacional, Técnica de Inteligencia, Contrainteligencia, Guerra Revolucionaria, Ideologías, Análisis de contenido, Informantes, Técnicas Operativas Combinadas, con la perspectiva de que el mismo “redundará en una mejor funcionalidad en los cargos de los S.I. provinciales y sus relaciones con esta SIDE”. SIDE, Parte Nº 2401, 31/5/71, en APMSF, Fondo DGI, caja 76.

30 Según la nómina referida, Zucchini concentraba las siguientes funciones “Redactor de informaciones - Inteligencia - Trámite - Personal”.

31 Decreto N° 01172, 27/05/71, SIN.

32 AMPSF, Fondo DGI, caja 67, Informes CIP 1973.

33 En 1972 el organismo tenía 14 integrantes y 8 adscriptos provenientes de otras reparticiones (Fondo DGI, caja 67, Informes CIP 1973; caja 447, legajo 7). Para 1975 contaba con 13 integrantes y 2 adscriptos, AMPSF, Fondo DGI, caja 110 y caja 76.

34 Una de las tareas de la CIP fue controlar los dos actos eleccionarios de marzo y septiembre de 1973. Para las elecciones de marzo, todavía en el contexto dictatorial, la CIP quedó a cargo de la “Central de Información Electoral”, para lo cual se reforzó el organismo con 50 oficinistas de distintas dependencias provinciales. Para las elecciones de septiembre, la CIP se ocupó de “reunir y procesar toda la información relacionada con el acto eleccionario, con el fin de satisfacer las necesidades informativas del Señor Ministro de Gobierno” actividad para la cual se destinaron 30 personas. Fondo DGI, caja 67.

35 Las elecciones de marzo de 1973 en la provincia de Santa Fe dieron el triunfo a la fórmula del FREJULI encabezada por un extrapartidario, Carlos Sylvestre Begnis (quien había sido gobernador de la provincia en la época frondicista) y Eduardo Cuello, un hombre vinculado a la UOM como vicegobernador.

36 Decreto Nº 00480, 17/7/73, SIN.

37 El control que ejercía Barbaresi sobre ese espacio se verificó en el hecho de que entre 1970 y 1971 la sala de la Legislatura era asiduamente solicitada al director de la DGI y prestada a diversas entidades locales para realizar actividades. AMPSF, Fondo DGI, caja 412 b.

38 “Las barbaridades del capitán Barbaresi”, semanario La Calle, 21/5/73, Santa Fe. AMPSF, Fondo DGI, caja 404 a, legajo “Director”.

39 AMPSF, Fondo DGI, caja 404 a. No sabemos a ciencia cierta qué pasó con estos proyectos, aunque es claro que no se les dio curso efectivo.

40 AMPSF, Fondo DGI, caja 475, legajo 13.

41 La salida de algunos de los empleados del organismo en 1973 fue “compensada” con el nombramiento de Tulio Ramón Pradolini como jefe de departamento 1º categoría (Decreto Nº 00481, 17/7/73. También decreto Nº 00479, 17/3/73 donde se gestiona un cargo desde gobernación con jerarquía de jefe de departamento en la CIP). Pradolini había revistado como adscripto desde la primera época de la CIP (AMPSF, Fondo DGI, caja 67, informes CIP 1973) y venía de la Dirección Provincial de Vialidad. Era además Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército y se lo sindicó como “miembro de los grupos de tareas de Santa Fe”. Ver http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/subnotas/22528-2660-2010-02-28.html

42 Para 1975, los integrantes de ambos organismos eran: en la CIP: Oscar Modesto Genolet, Eliseo Pablo Zucchini, Rafael Horacio Fiz, Miguel Lauto, Gabriel Ramón Caldentey, Hugo Barberis, Ramón Bonet; mientras que en la DGI revistaban: Rondello Barbaresi, Roberto Cristiani, Aurelio Diez, Rodolfo Degrave, Rita Rojas y Domingo Reynaudo, además de dos adscriptos.

43 Decreto Nº 0083, 29/3/76, SIN.

44 Memorándum D/SFe 245/76, 19/4/76, AMPSF, Fondo DGI, caja 125.

45 Memorándum D/SFe 242/76, 12/4/76, AMPSF, Fondo DGI, caja 125. En el memorándum 245/76 sostenía que la DGI había “sido desplazada, quedando reducida la D.G.Informaciones, en Delegación representante de la SIDE, por expreso pedido de esa Secretaría de Estado”.

46 Memorándum D/SFe 243/76, 12/4/76, AMPSF, Fondo DGI, caja 125.

47 En octubre de 1977 el Gobernador de la provincia, Contralmirante Desimoni, dictó el Decreto N° 3630. Allí se establece que “previo al nombramiento por ingreso o promoción de agentes [de la Administración Pública Provincial] (...) se deberá contar con informes de los organismos de seguridad de los Estados Nacional y Provincial, cuya gestión estará a cargo de la Dirección General de Informaciones” (Decreto N° 3630, 11/10/77). Pocos días más tarde se agregó “o de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas o de Seguridad” (Decreto N° 3641, 27/10/77), en AMPSF, Fondo DGI, caja 458, legajo 1.

48 AMPSF, Fondo DGI, caja 491, legajo 3, fs. 446/447.

49 Tanto como en su archivo, ya que aumentó significativamente el volumen de la documentación, a través de la reunión de información o de antecedentes de personas, iniciando la Dirección la elaboración de fichas personales de antecedentes, que se mantuvo hasta mediados de los años 80.

50 AMPSF, Fondo DGI, caja 491, legajo 3, fs. 446/447.

51 De hecho, esta es la única modificación introducida en las funciones de la DGI en estos años, tal como se registra en el decreto Nº 00952 de marzo de 1981. En sus considerandos se establece “Que la experiencia recogida por la Dirección General de Informaciones de la Provincia, aconseja la adaptación de su estructura a sus necesidades operativas y a las características muy particulares de sus funciones”. Decreto Nº 00952, 25/3/81, SIN.

52 Nicolini había sido secretario general de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe en el año 1976 y hasta 1981 revistó en la DGI. El archivo guarda un folio titulado “Algunas realizaciones del exsecretario general de la Municipalidad de Santa Fe, D. Luis Raul Nicolini (10/VI al 12/VII/76)”, aparentemente redactado por él mismo. Entre las “realizaciones” se cuentan: “Se chequeó a numeroso personal municipal (preferentemente de la Secretaría General) por intermedio de la Dirección de Inf de la Pcia, Side y Sie”, lo que muestra la recurrente práctica de vigilar a los empleados estatales de las distintas dependencias. El documento incluye además evaluaciones de carácter personal sobre integrantes de la gestión militar de la que fue parte en la municipalidad, con chismes y datos sobre la vida privada de esas personas, de las que no se salvaban ni el interventor militar y su familia (MSF Gestión del Cnl Coquet). Por otra parte, Nicolini solía incorporar a los informes o partes de inteligencia anotaciones manuscritas que le otorgan un sesgo particular a la documentación producida durante su paso por el organismo. Estos detalles permiten también distinguir a algunos funcionarios del resto, en un contexto donde predominan las tareas burocráticas. AMPSF, Fondo DGI, caja 435, legajo 1.

53 Nota dirigida al Sr. Gobernador (borrador), 4/6/77. AMPSF, Fondo DGI, caja 4, legajo 2. Todo parece indicar que este pedido tuvo algún efecto sobre la producción de informes de inteligencia policial. Para 1977 la DGI comenzó a recibir del jefe de la policía provincial informes periódicos (“panoramas”) elaborados con frecuencia quincenal o semanal, que eran enviados al organismo “de conformidad a lo acordado en la reunión de Comunidad Informativa”. AMPSF, Fondo DGI, caja 475, legajos 3, 4, 5.

54 Nota dirigida al Sr. Gobernador (borrador), 4/6/77, citada ut supra.

55 El fondo DGI guardó varias notas del Ejército dirigidas al director de la DGI invitando a la reunión de la Comunidad de Inteligencia o la Comunidad Informativa local, con el temario de la reunión y las fuerzas integrantes de la misma. AMPSF, Fondo DGI, COMINSAFE, Caja 11 (1).

56 AMPSF, Fondo DGI, caja 407 a, legajo 2. Omitiremos el nombre completo de la persona involucrada en el caso.

57 Según Decreto Nº 3623 del Gobernador de la provincia, 3/10/78, donde se incluye a S. junto con otros agentes cesanteados en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura. AMPSF, Fondo DGI, Caja 11.

58 AMPSF, Fondo DGI, caja 491, legajo 3, fs. 446/447.

59 AMPSF, Fondo DGI, caja 491, legajo 3, fs. 446/447.

60 Decreto Nº 03112, 17/9/80 y Decreto Nº 00952, 25/3/81, SIN.

61 Organigrama de estructura, borrador, AMPSF, Fondo DGI, caja 407, carpeta “Dir. Gral. de Informaciones”.

62 En enero, el gobierno militar en manos de Eduardo Viola designó por primera vez desde el golpe de estado a un civil al frente del Ejecutivo provincial, Roberto Casís, perteneciente a Línea Popular. Su designación provocó el disgusto del otro partido procesista provincial, el Partido Demócrata Progresista, que gobernaba la ciudad de Rosario. Las renuncias que se sucedieron en el Ejecutivo provincial quizás reflejen en parte esa situación conflictiva. No hemos podido corroborar que ello haya tenido alguna influencia en el alejamiento del otrora poderoso director de la DGI.

63 Decreto Nº 00049, 15/1/82, SIN. Barbaresi murió en la ciudad de Santa Fe en el año 2004.

64 Decreto Nº 01005, 30/4/82, SIN.

65 En la provincia de Santa Fe triunfó la fórmula justicialista encabezada por José María Vernet y Víctor F. Reviglio. Así, se inició un ciclo de 25 años de gobiernos peronistas en la provincia, que culminó en 2007 con el triunfo del socialismo.

66 Decreto N° 00101, 28/12/83, SIN. A partir de ese momento se solicitó a los agentes de la administración pública un certificado de buena conducta expedido por la Policía de la provincia, previo al nombramiento o promoción de los mismos.

67 Nota Nº 020, 2/12/85, que contiene formularios “Relevamiento de Puestos de Trabajo” de Genolet, Zucchini y Barberis, solicitados por la Gobernación. AMPSF, Fondo DGI, caja 71.

68 Decreto Nº 00496, 16/2/90, fs. 222/230, SIN.

69 Es interesante mencionar que entre 1984 y 1985 fueron designados en la DGI varios agentes por “vacantes” existentes en el área. Decretos Nº 03971 y Nº 03867, 22/10/84; decreto Nº 0535, 12/3/85, SIN.

70 En nota del 14/4/87 el subdirector del organismo Eliseo Zucchini informaba “que de los 21 agentes designados en la Unidad de Organización, solamente tres cumplen servicio efectivo en la misma, encontrándose el resto adscriptos en otros Ministerios y Reparticiones”. AMPSF, Fondo DGI, caja 71.

71 Mencionemos que en agosto de 1993 el entonces Gobernador Reutemann derogó el decreto de creación de la CIP, visto “la eliminación de prácticas de seguimiento ideológico de las actividades de los ciudadanos por parte de los organismos del Estado”. Decreto Nº 02028, 13/8/93, SIN. Esta disposición no incluyó a la DGI.

72 En 1995 se decretó el traslado del archivo de la DGI al Archivo General de la Provincia, ya que el organismo “ha desaparecido de la estructura del Poder Ejecutivo Provincial”. Decreto Nº 02547, 29/9/95, SIN.

73 Sin embargo, no fue silencioso lo referido al archivo. Hacia 1993 se produjo su “descubrimiento” por parte de la prensa, lo que llevó la discusión sobre los denominados “Archivos Ideológicos” a la Cámara de Diputados de la provincia. El diputado justicialista Rubén Dunda propuso en octubre de ese año un proyecto de ley para incinerar los documentos, lo que finalmente no se realizó. Un nuevo “descubrimiento” del archivo se produjo en 2009, con un significativo eco público y político debido en gran parte a una nueva coyuntura en materia de políticas estatales de derechos humanos y a la sustanciación de juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia, que motivaron el traslado del fondo documental al Archivo Provincial de la Memoria.

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