Introducción

El 25 de abril de 1979 el Ministro de Economía José Martínez de Hoz felicitaba por carta al presidente de la Corporación del Comercio y de la Industria de Bahía Blanca, Heriberto Di Meglio. Tras cumplirse 60 años de existencia de la entidad, el ministro celebraba el “empuje y la solidez de la empresa privada” y sostenía que el crecimiento industrial de la ciudad unido a su importancia como zona agropecuaria determinaba su contribución fundamental para “el progreso nacional”. En el anuario institucional publicado en la ocasión de dicho aniversario, los empresarios bahienses admitían encontrarse a la espera del “mañana industrial” y confiados del futuro desarrollo que vendría de la mano de la instalación de la Petroquímica Bahía Blanca; y de las fuerzas militares en el poder que ya habían “librado de peligros” la región. Esas palabras, dejaban en evidencia la conformidad y adhesión de la corporación empresaria bahiense hacia el gobierno militar de 1976-1983. También quedaba claro el posicionamiento empresarial respecto a la llamada “lucha antisubversiva”; en evidente sintonía con las impresiones de los principales sectores empresariales a nivel nacional. ¹

En los últimos años se fue avanzado en estudios que atendieron al análisis del complejo del entramado cívico-militar durante la última dictadura. Algunos de ellos profundizaron sobre las relaciones de complicidad entre fuerzas represivas y sectores civiles y civiles-empresarios. ²

Otros reconstruyeron diversos patrones de comportamientos que permitieron el análisis de la responsabilidad empresarial desentramando el disciplinamiento laboral vinculado al terrorismo de Estado; a través de las instancias de militarización fabril (antes y durante la dictadura) y del ejercicio de prácticas empresariales represivas sobre trabajadores en referencia a casos emblemáticos en distintas partes del país. Se han podido reconstruir los casos de empresas que entregaron listas e información de sus trabajadores y delegados a los militares; que permitieron las acciones de inteligencia en planta; hasta casos más directos de cuadros empresariales que presenciaron las detenciones, secuestros y torturas de trabajadores o que habilitaron la realización de operativos militares en predios fabriles y permitieron la instalación de centros clandestinos de detención dentro de las empresas, entregaron vehículos, o requirieron el control militarizado de la producción, entre otros (AEyT de FLACSO, CELS, PVJ y SDH, 2015).

En este artículo, nos proponemos pensar esta problemática desde las lógicas territoriales, estudiando el nivel de lo local como vía para desentramar procesos complejos que deben ser atendidos contemplando los efectos de la descentralización y de la heterogeneidad regional/zonal. Hasta el momento en términos locales se ha escrito respecto al caso de la empresa del diario La Nueva Provincia (en adelante LNP) y su vinculación con las fuerzas militares (Llull, 2005; Montero, 2007; Cernadas y Orbe, 2013; Loretti, 2013; Zapata, 2014b; Orbe; 2016). Y más específicamente, en referencia al caso de los asesinatos, en dictadura, de dos gremialistas y obreros gráficos que habían protagonizado medidas de fuerza por reivindicaciones laborales entre 1973 y 1976 dentro del medio de comunicación hegemónico de Bahía Blanca (Zapata, 2008, 2014a).

Desde esta investigación en curso, nos adentraremos en las relaciones de los diversos sectores empresariales locales con el poder militar en la época. Realizaremos un primer avance en la reconstrucción histórica de un conjunto de prácticas, discursos, representaciones y agendas manifiestas del poder fáctico local en un amplio arco temporal desde el cual pensar la territorialidad, los cambios estructurales y del patrón de acumulación en clave regional. Así como su relación con la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional y la construcción de un enemigo interno desde dos momentos dictatoriales, 1966-1973 y 1976-1983.

Vamos a abordar el papel de las elites empresariales y sus aspiraciones modernizadoras para la ciudad de Bahía Blanca, enmarcadas dentro del proyecto desarrollista de la llamada “Revolución Argentina”. Dichas aspiraciones fueron defendidas en reiteradas oportunidades y comunicadas masivamente al conjunto de la sociedad por los medios de comunicación de la época, que también operaron como parte de esa elite. Por ello, nos centraremos en el estudio de las iniciativas económico-productivas en agenda entre los años 60 y 70, así como en las diversas prácticas del empresariado vinculadas a ellas y a la llamada “lucha antisubversiva”.

Como planteo inicial, encontramos que el comportamiento en alianza de la corporación empresarial con el poder militar dictatorial estuvo ligado a los propósitos de consumar diversas formas de disciplinamiento social y laboral, pero también vías de legitimación social entre sectores más amplios de la comunidad bahiense.

1- Los actores empresariales

La Corporación del Comercio y de la Industria de Bahía Blanca ³ (en adelante CCI) se constituyó como tal hacia principios del siglo XX. En 1919, y como producto de una huelga de empleados de comercios en la galería Peuser, un conjunto de dueños de locales y comerciantes se nuclearon por primera vez. La asociación fue bautizada originariamente como Liga de Defensa Comercial y en primera instancia se abocó a generar las condiciones aduaneras e impositivas que beneficiaran al sector.

Hacia mitad del siglo XX la CCI fue presidida por diversos empresarios locales. Asumieron ese rol entre las décadas del 60 y del 80: Ramón Arestizábal entre 1962 y 1970; Carlos Sosa entre 1970 y 1974; Armando Fenizi entre 1974 y 1976. A partir de marzo de 1976 (y hasta 1988) presidió la corporación el empresario Heriberto Di Meglio –del ámbito portuario–, y el directorio estuvo conformado por: Amleto Zanconi como presidente honorario, José Bombara como vicepresidente y el resto de la comisión directiva compuesta por Armando De la Mano, Jorge Ruano, Héctor Ramírez, Lorenzo Moreno, Héctor Kohen, Rufino Hernández, Jorge Aerts, Jesús Diez, Mario Lepski, Daniel Herro, Alfredo Zibechi, José Alvarado, Roberto Menchini, Juan Amodeo, Orlando Cobos y Manuel González. ⁴

Desde mediados de los años 60 resulta posible rastrear las demandas de la CCI en búsqueda de un lugar de privilegio en el marco de las políticas nacionales de planificación industrial para el desarrollo sectorial y territorial, que avanzaron desde la creación de organismos como el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). Este organismo participó activamente en el diseño de grandes obras como la Central Hidroeléctrica El Chocón-Cerros Colorados e importantes obras ferroviales (Jáuregui, 2014; Bandieri y Blanco, 2012). Ante la inminencia de proyectos tan ambiciosos para la región del Comahue la corporación bahiense no tardó en manifestar su descontento frente a la exclusión de Bahía Blanca del mismo. Los empresarios llegaron a expresar sus quejas al entonces presidente Arturo Illia y a los representantes de las cámaras de diputados y senadores, sosteniendo que la Bahía Blanca “moderna, pujante, renovadora” de la que se sentían parte nunca se había arrogado pretensiones centralistas en relación al resto de la zona (LNP, 17/03/1966). Frente a la prioridad que finalmente le fue otorgada en el proyecto a la región Norpatagónica, los argumentos de la entidad retomaron un imaginario construido y sostenido por décadas en la región: la representación de la “Bahía Blanca puerta-puerto” del sur del país (López Pascual, 2017). Y con posición de destaque frente al resto de la región. ⁵

El diario LNP, propiedad de la familia Julio-Massot, anclaba los orígenes de su propia historia decimonónica en aquel imaginario de asimetría y privilegios. Desde el primer editorial del diario se advertía: “venimos a constituirnos en heraldos de la cruzada redentora que ha de sacudir del letargo en que yacen postradas estas regiones” (LNP, 1/08/1898). Enrique Julio, el fundador del diario, ambicionaba tempranamente una ciudad como capital de una nueva provincia delimitada por partidos del sur de Buenos Aires y extendida a lo largo de los ríos Negro y Colorado.

Durante las décadas que abarca este estudio, las empresas mediáticas de la familia Julio-Massot, ⁶ no solo cumplieron un rol central en la divulgación del discurso de una Bahía Blanca hambrienta y merecedora de “progreso industrial”, sino que también vehiculizaron el imaginario de una ciudad pujante, producto de la “iniciativa privada” que –en lo posible– debía mantenerse independiente y crítica de aquellos gobiernos que no la potenciaran como tal.

En términos generales, el rol de este medio fue marcar el rumbo, incidir entre el poder empresarial local siendo, a la vez, una parte muy importante del mismo. De esa forma ejerció un poder del orden de lo fáctico ⁷ que operó territorialmente sobre diversos actores sociales, por momentos alentando iniciativas empresariales, o repudiando acciones ineficaces y letargos en la toma de decisiones y/o gestiones de funcionarios políticos o del propio sector militar. Por otra parte, no solo operó en la construcción mediática de la figura de un “enemigo interno” sino que fomentó la lucha en su contra. Este medio no solo fue vehículo de la idea de una ciudad industrial en potencia, también fue instituyente de sentidos, la construyó como tal desde sus páginas, y legitimó la articulación represiva que permitiría sentar las condiciones de posibilidad para su consolidación.

Desde estas premisas, entendemos relevante el hecho de estudiar el sector empresarial nucleado en la CCI, junto al multimedio local dado sus evidentes alianzas en determinadas agendas comunes, discursos mancomunados respecto a la “lucha antisubversiva”, e intereses de poner fin a procesos de conflictividad laboral que se suscitaron por estos años en los espacios productivos de la ciudad.

2- El proyecto industrializador en la agenda empresaria: “El humo que aún no llegó a estas llanuras.” ⁸

Entre los años 60 y 70 una de las principales aspiraciones de las elites empresariales bahienses fue lograr la industrialización regional y el consiguiente desarrollo de un nuevo perfil económico que resultara superador de la actividad comercial preponderante.

El proyecto de “despegue” y progreso productivo industrial se fue forjando desde gestiones políticas concretas y en el marco del diseño de planificación nacional del onganiato; pero también fue acuñado en el plano de lo imaginado como deseo del “mañana industrial”, muy presente entre los sectores empresarios de la zona en diversos debates públicos, dentro de la arena política municipal, y desde las diversas plataformas mediáticas locales.

En octubre de 1966 se dieron las primeras conversaciones entre el intendente Luis Esandi y el Secretario de Obras Públicas, Roberto Laur, para elaborar el “Plan de Desarrollo para Bahía Blanca”. El estudio fue publicado por la municipalidad recién en 1971, y reconstruyó la situación estructural de la ciudad en términos sociodemográficos, de desarrollo infraestructural, en materia de comunicaciones, de las instituciones, focos productivos zonales, etc.

A mediados de 1968, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, General Francisco Imaz, declaró a Bahía Blanca como “Polo de crecimiento provincial número uno”. La noción de polos de desarrollo perseguía la lógica de descentralizar la actividad económica y generar obras y planes para el desarrollo en distintos puntos del país elegidos estratégicamente. Se buscaba desarrollar zonas rezagadas, atrayendo inversiones privadas a partir de la coordinación del gobierno nacional, el provincial y la gestión municipal. Es decir, una “integración geográfica y socio económica y desde las grandes obras de infraestructura, distribuidas en regiones donde se irían desarrollando complejos industriales-agrarios” (Villegas, 1969, p. 218). Desde la gobernación de Imaz se promovió un “plan comunitarista” para los municipios, con políticas de asesoramiento a los distintos jefes de las comunas y municipios. La noción de “comunitarismo” tenía sus raíces en la “mixtura entre el corporativismo de cuño católico y el desarrollismo” (Gomes, 2011). ⁹

Ciertas características hacían de Bahía Blanca una ciudad estratégica: su salida portuaria, la posibilidad de fluidas comunicaciones con estaciones ferroviarias y los recursos energéticos adecuados. No obstante, se iniciaron una serie de reformas con miras a lograr un mayor crecimiento de la actividad portuaria, desde dragado de canales, hasta la construcción de elevadores, ampliación de muelles, construcción de galpones, silos y pavimentación. Se impulsó el crecimiento industrial a partir de la mayor tecnificación e inversión en desarrollo de infraestructura, la ampliación de redes de telecomunicaciones e instalación de establecimientos bancarios, entre otros.

Este impulso implicó por un lado que se gestaran numerosos planes para la pavimentación de calles y para la construcción de viviendas en la ciudad. Planes que fueron financiados, en su mayoría, por el gobierno provincial. A fines de agosto de 1968 se anunciaba la entrega de viviendas desde el Instituto Provincial de la Vivienda. También por sistema Asistencia Técnica, Esfuerzo Propio, Ayuda Mutua (ATEPAM) se le entregaron a la ciudad unas 100 viviendas; se promocionó la construcción de unas 274 más por medio del Banco de la Provincia, y de otras 495 financiadas a partir del Plan Federal, el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y del Instituto de la Vivienda que aportaba el 30 % del total de la inversión. ¹⁰

Las aspiraciones de crecimiento industrial para la ciudad les demandaron a los gobiernos de la “Revolución Argentina” –entre otras cuestiones– la resolución de la problemática del abastecimiento de agua. Las obras en este sentido no se hicieron esperar y empezó a programarse la construcción del acueducto y Dique en Paso de las Piedras como principal foco de contención del río Sauce Grande. Estos proyectos y medidas, vistos en contextos de licitaciones entre 1967 y 1974, podemos enmarcarlos en lo que Ana Castellani señalaba como el tipo de obra pública que comprendían desde las obras grandes como puentes, diques, represas; arreglos de calles y caminos con pavimentaciones o repavimentaciones; la construcción de viviendas a partir de los planes de Banco Hipotecario Nacional y la remodelación y/o creación de escuelas y centros universitarios y que conformó parte de “una decisión estratégica tomada a nivel nacional para incrementar la realización de obras públicas de distinto tipo, dando claras señales a los agentes económicos privados de la preocupación gubernamental por mejorar las condiciones de reproducción del capital” (Castellani, 2009, p. 64). En efecto, y como señala la autora, algunas reparticiones estatales, como la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Banco Hipotecario Nacional (BHN) para el caso de Bahía Blanca, cumplieron un rol fundamental a tal fin.

Sin embargo, uno de los hitos más significativos respecto a los proyectos locales de crecimiento y desarrollo podemos rastrearlo desde finales de 1967, cuando la empresa norteamericana Dow Chemical presentó ante el Ministerio de Economía un proyecto para la radicación de una planta petroquímica en la zona. En ella se proyectaba la producción de etileno, cloro, soda cáustica y otros derivados. Su edificación se haría en inmediaciones de la zona portuaria de Ingeniero White. A partir de aquí, el proyecto de la instauración de la petroquímica fue considerado –desde el poder político local, y desde la corporación empresaria– como un factor indispensable para dar un salto cualitativo y transformar a la ciudad en polo de desarrollo a partir de “la existencia de una industria básica que actuaría como factor multiplicador que desate el proceso de crecimiento.” ¹¹

Este proyecto también se enmarcaba en un ciclo de reconversión industrial a partir del cual se intentó desarrollar sectores específicos como el de la industria petroquímica, química y celulosa. ¹² Aunque por otro lado –y en paralelo– se estaba produciendo una crisis en el sector de la industria metalúrgica en la ciudad, que implicó numerosos cierres de establecimientos y fábricas locales junto a despidos a sus trabajadores (Zapata, 2015). Más allá de lo anterior, la CCI llevó la voz cantante en conversaciones y reuniones con el gobernador de la provincia para el impulso industrial de la región. La prensa local también se hizo eco y amplificó todo lo referido al proyecto. En un editorial de LNP del 14 de julio de 1968 se festejaban los efectos locales que tendrían las leyes de promoción industrial y se resaltaba lo auspicioso del “esfuerzo privado” que convertiría finalmente a Bahía Blanca en una “auténtica ciudad industrial”:

Bahía Blanca resultaría en tal caso particularmente beneficiada ya que su ubicación como Polo de Desarrollo dentro de los planes de la provincia de Buenos Aires la sitúa en posición ampliamente favorable para recibir el estimable aporte de corrientes de radicación a producirse en el futuro. Obras de agua corriente, energía eléctrica, portuarias, viales y de otro tipo están en distinto estado de preparación o ejecución. Todo esto se vincula directamente con el crecimiento industrial de la ciudad aspiración que viene de años pero que hasta el momento no se ha materializado en la magnitud ansiada. (…) Un esfuerzo privado, como es la proyectada construcción de un gigantesco complejo petroquímico en nuestra zona portuaria, significaría, de concretarse la autorización oficial que se ha pedido, el primer paso en firme para convertir a Bahía Blanca en auténtica ciudad industrial. (LNP, 14/07/1968)

No caben dudas que la obra de la petroquímica representó la principal promesa de progreso a finales de los 60 para Bahía Blanca. Sin embargo, la empresa Dow se terminó retirando del proyecto y Fabricaciones Militares pasó a tener el control del mismo con posterioridad. Durante el tercer gobierno peronista se abrieron los respectivos procesos de licitación, que terminaron por designar la ingeniería básica de la planta en una empresa alemana llamada Linde; y para la construcción e ingeniería de detalle ganó la licitación la estadounidense Mc Kee, que se asoció con Techint y llevó a la construcción definitiva de la planta. La constructora llegó a invertir en Bahía Blanca más de 35 millones de pesos moneda nacional –según relataba el diario LNP–. A partir de allí, los bahienses vieron crecer poco a poco la obra que se comenzó a edificar en junio de 1973. Para el mes de febrero de 1974 ya trabajaban en la zona portuaria a razón de 400 obreros de la construcción, número que fue creciendo mes a mes. La contratista había prometido hacia fines de ese año emplear a 1000 trabajadores más.

Durante los años de obra, se suscitaron a nivel local algunos debates en torno a qué tipo de industria se estaba por priorizar con este proyecto. Los medios de los Massot participaron de la contienda como un actor singularmente implicado en el tema, al punto de enfrentarse pública y violentamente con varios concejales del FREJULI. En sus editoriales, el diario se oponía rotundamente a lo que entendía eran las pretensiones de ciertos representantes del Concejo Deliberante local que pretendían de la petroquímica, una empresa cien por ciento estatal. El medio denostaba con vehemencia la posibilidad de que la promesa industrial quedara totalmente bajo la órbita pública. En un editorial de mediados de 1973 se afirmaba en la idea de la ineficiencia del Estado que, a juicio del medio, constituía “el más desastroso administrador de que se tenga noticias”. (LNP, 10/06/1973) ¹³

Cabe señalar que también encontramos entre los empresarios voces disímiles respecto a ciertos temas. Por ejemplo, algunos representantes de la CCI veían con agrado una posible intervención estatal para alentar el “despegue industrial”. Este fue el caso de Armando Fenizi (presidente de la CCI hacia 1974) quien se manifestaba optimista respecto al desarrollo de la rama de la construcción, industrial específica a la cual representaba. ¹⁴

La primera etapa de construcción de la Petroquímica Bahía Blanca finalizó en junio de 1977. En septiembre de ese mismo año se inició la segunda etapa con su culminación y consiguiente puesta en marcha recién durante 1981. Lejos de aquel proyecto originario presentado desde la Dow, el polo petroquímico finalmente quedó conformado como empresa mixta de capitales públicos y privados. ¹⁵ El 51% de las acciones de PBB quedó en manos de Fabricaciones Militares; YPF y Gas del Estado y el paquete accionario que restaba fue dividido entre empresas como Ipako, Indupa, CIDASA, Isaura, Electroclor e Iton &Cía. Argentina.

3-Prácticas del empresariado bahiense durante la última dictadura militar

A mediados de los 70, y luego de la aplicación de medidas de “shock” que significaron cambios dramáticos y profundos en la economía nacional a partir del “Rodrigazo”, emergieron con fuerza las posiciones empresariales de cuño liberal organizadas en torno a las fuertes críticas hacia el modelo de desarrollo industrial de las décadas anteriores. Ciertos sectores del empresariado argentino se reunieron en la antesala al golpe de Estado de 1976 en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresariales (APEGE). Desde allí se presentaron fuertes críticas a la política económica del gobierno peronista, denostando el esquema económico-social considerado “netamente colectivista y estatizante” y por ende una “antesala inexorable del comunismo”. (LNP, 16/02/1976) La APEGE disputó la representación empresarial a la Confederación General Económica (CGE) que conducía José Ber Gerbard y que había estado filiada al peronismo luego de mayo de 1973.

En este contexto, los miembros de la CCI bahiense decidieron la desafiliación de la CGE, y comenzaron a discutir su afiliación hacia APEGE, tomando como referencia las decisiones de filiales regionales como las de Pigué, Puán y Coronel Suarez que ya habían hecho lo propio. (LNP, 7/2/1976)

Así como la CCI encontró en los medios de los Massot vectores de amplificación de sus propuestas, voces y agendas, como sostiene Vicente Muleiro (2011), la APEGE tuvo en el diario La Nación de los Mitre a su vocero más potente. Señalaba el autor:

La arremetida de la APEGE fue intensa, durísima y pública. Batió todo el territorio nacional. En Bahía Blanca se inflaron las voces de Aguado, Peña y Cornide; en Rosario propaló su amargura el azucarero Zorreguieta; por Córdoba chilló Sabaté. Las figuras más retóricas eran reiteradas y sonaban como tambores de guerra: ´disolución nacional´; ´camino al marxismo; ´falta de autoridad´; ´violación de la propiedad privada´; ´estatismo´; ´privilegios irritantes.´ (Muleiro, 2011, p. 131)

En clara coherencia con el ánimo contrario al tercer gobierno peronista, el empresariado local cuestionó fuertemente las cargas impositivas municipales. ¹⁶ La CCI consideraba que luego de analizar el Cálculo de Recursos y Presupuesto Generales de Gastos, les resultaba imposible el cumplimiento debido a que “agotaba su la capacidad retributiva”. Se evidenciaba un cambio de rumbo desde ciertas demandas empresariales vinculadas más abiertamente al ideario liberal. Luego de establecer reclamos empresariales que iban a contramano de las políticas económicas del gobierno peronista, el 16 de febrero de 1976 finalmente se realizó el paro patronal que incluyó un lock out de fuerte acatamiento.

En una reunión de la CCI durante los primeros días de febrero se concretó la “desafiliación total” de la corporación de los organismos provinciales y nacionales de la CGE. Y se comenzó a discutir la posibilidad de adherir como corporación a la APEGE, ya que en los ánimos de los empresarios bahienses estaba la adhesión frente al paro convocado para el lunes 16. ¹⁷

La portada de LNP del día después a la medida de fuerza fue ocupada por una foto del centro comercial de Bahía Blanca completamente vacío. Desde el titular “Con apoyo masivo se concretó el paro. Elocuente exteriorización en Bahía Blanca” el diario del 17 de febrero comunicaba que la adhesión local al paro convocado por APEGE había logrado un alto nivel de acatamiento.

Luego del 24 de marzo de 1976, las fábricas, establecimientos y zonas productivas fueron espacios de especial atención y militarización en todo el país. Desde el comunicado n.°4 de la Junta Militar se le comunicó a la población que “todas las fuentes de producción y lugares de trabajo, estatales y privadas a partir de la fecha serán considerados objetivos de interés militar”.(LNP, 25/03/1976) En lo específico, a nivel local, se buscó disciplinar al sector obrero y sindical no solo desde grandes operativos represivos con detenciones de dirigentes sindicales y obreros, también con el comunicado n.°7 del Comando de la Subzona 51 se convocó a los secretarios generales de los gremios a una reunión en el V Cuerpo de Ejército para el 26 de marzo. El objeto de la misma fue el disciplinamiento tras anunciar las clausuras de los locales gremiales y el cese de sus actividades. ¹⁸

Por otra parte luego de asumir, el intendente de facto Víctor Puente recibió a una delegación de la CCI encabezada por su titular Heriberto Di Meglio y los señores José Bombara y Armando De la Mano, vicepresidente primero y segundo del ente empresario respectivamente. En esa reunión los empresarios ofrecieron los servicios de la Corporación “para colaborar con la tarea comunal” ante el nuevo contexto político que se abría.(LNP, 5/5/1976)

El 13 de diciembre de ese mismo año llegó a la Base Aeronaval Comandante Espora Jorge Rafael Videla. Fue recibido por el Comandante de Operaciones Navales, Luis María Mendía y su agenda del viaje incluía una recorrida por el predio de la Petroquímica Bahía Blanca que para entonces seguía en edificación. Al respecto, se le comunicó a Videla que la obra estaría consumada en un 90% hacia finales de ese año. ¹⁹

En este marco, Di Meglio fue recibido por el presidente de facto y en la reunión solicitó apoyo oficial para un pronto inicio de actividades productivas en la Petroquímica. Di Meglio también entregó un extenso escrito en el que especificaba ciertas demandas referidas a lograr un mayor despliegue del puerto local. ²⁰ Además, en aquel pliego solicitaba la construcción del tramo de entrada a la ciudad del nuevo acceso de la ruta 3 Norte y del paso a alto nivel para el paraje El Guanaco; el apoyo al proyecto de radicación del complejo siderúrgico SIDINSA en la ciudad; el logro de un mayor potencial eléctrico para la ciudad; la instalación de 6000 nuevas líneas telefónicas urbanas y de larga distancia y la ampliación del Hospital Interzonal Dr. José Penna. Finalmente, la CCI solicitó ser consultada en el momento en que se discutiera una nueva ley de asociaciones profesionales.(LNP, 14/12/1976) Estos fueron los ejes en agenda que pidieron los representantes de la CCI local al presidente de facto durante esta oportunidad en la que pisó suelo bahiense. Con independencia de los cambios de época en materia económica, y lejos de considerarlo como un residual del pasado desarrollismo, la puesta en funcionamiento de la Petroquímica continuó siendo bandera y demanda firme del sector empresarial local. En consecuencia, si bien las respuestas de Videla a la CCI en primera instancia fueron ambiguas, a principios de septiembre de 1977 quedó sancionada la ley 21.635 por la cual se declaró “de interés nacional la instalación, puesta en marcha y explotación del Complejo Petroquímico Bahía Blanca.” ²¹

Con respecto a las relaciones entre los actores empresarios durante la última dictadura, encontramos múltiples indicios de vínculos aceitados entre las empresas de medios locales y el resto del empresariado congregado en la CCI, además de un diálogo constante de legitimación mutua. ²²

En esa sintonía, podemos mencionar que durante todo mayo de 1979 (mes de su 60 aniversario) la CCI publicó dentro del diario anuncios publicitarios propios, institucionales que forjaban una imagen de empresariado “solidario y benefactor”. En un aviso que ocupaba casi una página, se anunciaban los logros de la corporación:

Convenios con ENTEL y Siemens-Equitel (10.000 teléfonos), Contribución a la Salud Pública (Hospitales, IREL, etc…), Contribuciones a la cultura y educación, Instalaciones deportivas en el Oasis Argentino, Cobertura social: Acuerdos con APS (Asociación personal superior), Soberanía nacional: 300 banderas entregadas a Gendarmería, Compromiso con los problemas de la ciudad y su desarrollo, Adquisición de un predio para futura exposición comercial e industrial. (LNP, 4/5/1979)

En otra nota, el diario saludaba a la CCI por el evento aniversario, subrayaba que entre las acciones de la entidad se encontraba “la ejecución de diversos planes de ampliación del servicio telefónico de Bahía Blanca, Ingeniero White y General Cerri”. A la vez que se replicaba en dicha nota el mismo discurso publicitario y de propaganda que páginas atrás la misma CCI había decidido publicar –en casi una página central de la superficie redaccional del medio­–. Desde esta lógica el diario promocionaba la imagen de la CCI que otorgaba teléfonos y contribuía en la sociedad desde diversos frentes de acción.

El 24 de noviembre de 1981 finalmente se habilitaron las tres primeras plantas del polo petroquímico. El diario local anunciaba: “Bahía Blanca dio ayer uno de los pasos fundamentales de su historia, el de la incorporación a la era industrial”.(LNP, 24/11/1981) Con un gran acto en las instalaciones de la planta –que fue transmitido por Canal 9 Telenueva, y luego replicado por los otros medios de los Massot– se mostraba la magnitud del hito histórico que había sido por años la promesa de transformación de la estructura económica y productiva de la ciudad y su zona. El evento contó con la presencia de alrededor de 700 personas. Se anunció que se inauguraban las plantas de etileno y polietileno que producirían 200.000 toneladas de etileno y hasta 190.000 toneladas anuales de polietileno. Con una gran foto de evidente estética industrial el diario LNP titulaba: “Nace la era industrial bahiense”. Las instalaciones recibieron las bendiciones del arzobispo Jorge Mayer, y reunieron a los principales actores de poder cívico y militar de la ciudad. Estuvieron presentes: el intendente Víctor Puente, comandantes de V Cuerpo de Ejército, altos mandos de la Base Naval Puerto Belgrano, funcionarios judiciales y de organismos policiales y de seguridad, una delegación de la CCI, ministros de obras y servicios públicos de la Nación, el presidente de YPF, el general Carlos Guillermo Suarez Masson, el director de Fabricaciones Militares General Eduardo Crespi, el embajador de Estados Unidos Harry W. Shlaudeman, los presidentes de Petroquímica Bahía Blanca, Ipako y Polisur, el presidente de la UIA y el ministro de economía José Martínez de Hoz. Por su parte el presidente Roberto Viola se había excusado por no poder asistir y en su lugar asistió el ministro del Interior, el general Horacio T. Liendo.

Las autoridades nombradas para la planta fueron el general Joaquín de Las Heras, el director de Fabricaciones Militares, el general Eduardo Crespi, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la nación general Diego Urricorriet y el gerente general de PBB, ingeniero Alberto Luna. La inauguración pretendió mostrar un ejemplo de “armonía entre capitales e intereses estatales y privados”.(LNP, 25/11/1981) En esta oportunidad Heriberto Di Meglio declaraba a la prensa: “como lo hemos señalado en otras oportunidades nuestra institución luchó durante muchos años por la concreción de este complejo, por lo cual me siento satisfecho y orgulloso.”(LNP, 25/11/1981) Al día siguiente y desde una nota con discurso –casi en tono épico– desde el diario se afirmaba: “ayer Bahía Blanca comenzó a hacer realidad el sueño de convertirse en ciudad industrial. (…) Esta puede ser la década de la transformación bahiense.”(LNP, 25/11/1981)

3. a- El multimedio Massot y la construcción del “enemigo interno”

La llamada “lucha antisubversiva” ocupó un espacio sustantivo dentro la agenda empresarial en clave de disciplinamiento a la clase trabajadora local desde mediados de los años 70. En particular encontramos que desde el diario LNP se articuló la defensa del proyecto de “desarrollo industrial” para la ciudad con la construcción de la figura del “enemigo subversivo” en las páginas del medio.

Si bien se ha estudiado bastante el rol central que tuvo el multimedio Massot en la construcción de un “enemigo interno”, cabe agregar que el diario filió discursivamente a los trabajadores del sector de la construcción –que resultaban centrales en la materialización de las obras industriales del momento– con actores de un supuesto elevado grado de “peligrosidad” para la concreción del “mañana industrial” tan anhelado. En algunas notas de septiembre de 1976 tituladas “Radiografía de la subversión en Bahía Blanca” ²³ daban cuenta de este argumento. En ellas, el diario proponía a los lectores un análisis minucioso de lo que consideraba era el “enemigo subversivo” local. Sostenía que el enemigo “estaba en cualquier parte” y la sociedad bahiense debía poder reconocerlo y a ese propósito abonarían dichas notas de LNP.

El diario ponía en relación lo que consideraba era el potencial de desarrollo e industrialización que había a nivel local, con una inminente necesidad de librar la “lucha antisubversiva” para proteger esas condiciones de potencialidad industrial las cuales supuestamente abrirían los apetitos subversivos dispuestos a “generar el caos”. Todos los principales ámbitos productivos donde la ciudad se estaba potenciando a partir del proyecto de desarrollo económico regional resultaban “amenazados”. El movimiento portuario, los planes de petroquímica y siderúrgica y hasta la posibilidad de una futura usina atómica, en todos esos proyectos se abrigaba la amenaza de

convertir a la ciudad en una usina central generadora de violencia y terror que intenta extender sus influencias a todo el sur del país. El puerto, la universidad, las fábricas y el ritmo de vida son visibles. La subversión ideológica trabaja subterráneamente y por eso la mayoría de la gente no la ve o no se convence de su peligro potencial. (LNP, 28/09/1976)

LNP se preguntaba cuáles serían las perspectivas que tendría la “subversión” en la ciudad. Y en sus respuestas delimitaban los “campos de acción subversiva” ligados con la planta petroquímica, el puerto y en general con las obras industriales que eran proyectos vigentes por estos años.Aquel “enemigo subversivo” también estaba en relación con la “delincuencia ideológica” presente en el ámbito universitario local:

Cuando el activismo estudiantil fuese sólido y maduro es probable que la petroquímica ya estuviese en marcha y la siderúrgica ofreciera zonas de conflicto como para generar los microclimas que caracterizan a ciertos sectores de Córdoba, Rosario o el Gran Buenos Aires. (LNP, 28/09/1976)

Para ser más específicos, LNP temía a las formas de organización que se pudieran gestar no en cualquier sector obrero, sino concretamente entre los obreros de la construcción. ²⁴ En ellos encontraba un alto nivel de peligrosidad entendiendo que en sus manos residía la posibilidad (o no) de la construcción del polo industrial tan esperado.

3. b- El empresariado vinculado al entramado represivo: las prácticas de delación y requerimientos a las fuerzas militares

En otro aspecto en el cual el multimedio de los Massot se comportó en alianza con las fuerzas militares fue desde la publicación de los números telefónicos para comunicarse con el V Cuerpo de Ejército con la finalidad de facilitar a distintos sectores de la sociedad bahiense los canales de “denuncia” respecto a cualquier tipo de “actividad subversiva” de la cual tuvieran conocimiento. En las páginas del diario desde pequeños recuadros se advertía al lector con la leyenda: “Colabore esté alerta. Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada llame al teléfono 31627. Comando V Cuerpo de Ejército.” (LNP, 24/03/1977)Otra variante del mismo anuncio podía ser: “31627 Contribuya usted a la lucha contra la subversión. Este número contribuirá al bienestar de su familia. Comando V Cuerpo de Ejército”. (LNP, 30/10/1977) El sentido de estas publicaciones siempre era el mismo: facilitar las vías de delación. Y conformar las bases de una sociedad que se patrullara a sí misma.

Si bien dichas publicaciones evidencian acciones concretas de los Massot a pedido de las fuerzas militares, hoy en día tenemos registros de testimonios de militares que han declarado haber sido testigos de distintas acciones de delación de empresarios a trabajadores, a los cuales se los denunciaba al Comando de Operaciones Tácticas del V Cuerpo con la finalidad de disciplinarlos. Si bien estos testimonios no individualizan nombres específicos de empresarios, el dato no por ello resulta un detalle menor. Por ejemplo, desde el testimonio del abogado Norberto Carlos Cevedio (que era conscripto en el V Cuerpo de Ejército durante la época de la dictadura y trabajaba dentro de la Asesoría Jurídica del Comando) durante el Juicio de la Verdad Bahía Blanca es posible conocer que empresarios locales solían acercarse al V Cuerpo para pedirle asesoría jurídica o realizar ciertos reclamos del orden de lo “civil y laboral”. En concreto Cevedio mencionaba pedidos de asesoramiento relacionados con empresarios que “tenían problemas con un obrero y que querían que… bueno se lo sacaran del medio”. ²⁵

Adel Vilas ²⁶ también proporcionó algunos datos que permiten reconstruir actitudes adoptadas por el sector respecto a la denuncia de “elementos subversivos”. En declaraciones judiciales, Vilas habló de las espontáneas presentaciones de empresarios locales que denunciaban personas “ante el temor de que sus hectáreas de trigo fueran quemadas por las amenazas que recibían.” ²⁷ También describió reuniones donde se produjo el intercambio de información entre sectores empresariales, del periodismo local y nacional, productores agrarios, y miembros de la Iglesia.

Su testimonio nos brinda un indicio de las prácticas de los sectores empresarios y los manejos privados entre civiles y militares para disciplinar a la clase trabajadora. Además, podemos marcar como singularidad que la delación a trabajadores no fue el único tipo de estrategia empleada. Por el contrario, se desprende del relato de Vilas que algunos empresarios llegaron a visitar el Comando para gestionar expresamente la libertad del dirigente de la UOM bahiense, Abertano Quiroga –histórico referente gremial ubicado dentro de la ortodoxia peronista de la UOM local–. Esto respondió a las urgencias de los empresarios metalúrgicos por aplacar las medidas de fuerza de las bases de trabajadores. Al quedar apresado Quiroga, los empresarios metalúrgicos ya no tenían interlocutor sindical con quien negociar el cese de las acciones. En aras de un mayor nivel de productividad y disciplina en las plantas metalúrgicas de la ciudad, los empresarios le advirtieron a Vilas que observaban una disminución de la producción al tener que gestionar la actividad con los trabajadores directamente, según lo que describía Vilas respecto al diálogo con dichos empresarios. ²⁸ Tras estos pedidos, el Ejército terminó liberando al dirigente. La voz empresarial resultó en este caso escuchada y atendida por las fuerzas militares, incluso ante pedidos que iban en dirección contraria a las medidas represivas ya adoptadas.

Estos no fueron los únicos registros de la asidua comunicación del empresariado local con los altos mandos militares de ambas fuerzas de la zona (Ejército y Armada). Por ejemplo, encontramos registros hacia 1979 –año de varias movilizaciones obreras a nivel nacional, incluida la primer huelga general a la dictadura en el mes de abril– de diversos diálogos entre la CCI, la Cámara de la Industria metalúrgica y el Comandando de Operaciones Navales desde los cuales los empresarios manifestaban sus quejas respecto de la dirigencia sindical del sector, y también respecto a políticas económicas que ampliaron las posibilidades de importación de productos metalúrgicos que consideraban “indiscriminada”, ya que afectaba su propia actividad productiva. También los empresarios en este contexto se quejaron por las medidas de quites de colaboración en distintos establecimientos metalúrgicos de la zona. ²⁹ La situación del sector continuó agravándose en el marco de mayor desempleo y cierres de metalúrgicas locales.

3. c- Las alianzas del empresariado y las FFAA en tareas de “Acción cívica”

En otra dirección, si analizamos las prácticas empresariales en términos de intervención pública, podemos señalar que tanto la CCI como los medios de los Massot asumieron acciones conjuntas y en alianza con las fuerzas militares en lo que llamaron los “Operativos solidaridad”, desarrollados a lo largo de todo el período de la última dictadura militar.

Estos operativos conformaron tareas de “Acción cívica” ³⁰ del V Cuerpo de Ejército desde las cuales se ligaron con actores civiles específicos. Las actividades de “Acción cívica” estaban en órbita con lo establecido por la normativa castrense e implicaron tanto a actores civiles como militares. ³¹ Estos operativos fueron presentados desde los medios de prensa como eventos que perseguían el “beneficio social” y se definían en términos del ejercicio público de actos de “solidaridad”. Su ejecución era por espasmos, en términos de la rapidez y visibilidad de los resultados alcanzados que, como señala Divinzenso (2016), buscaron legitimar a las fuerzas y generar una visión positiva del quehacer militar entre la población, población que las fuerzas debían “cuidar” pero también controlar. Las tareas de “Acción cívica” deben ser entendidas también en su funcionalidad con la llamada “lucha antisubversiva”.

El primer “Operativo Solidaridad” en la ciudad comenzó el 13 de septiembre de 1977, y se extendió hasta el día 23 de septiembre del mismo año. Tanto el Comando V Cuerpo de Ejército como el Comando de Operaciones Navales participaron en el montaje del enorme operativo que tuvo lugar en el Barrio Noroeste de la ciudad, una zona considerada por las fuerzas como “marginada”. Durante 10 días consecutivos, y bajo el lema de “sin voluntad no hay solidaridad, sin solidaridad no hay convivencia”, las fuerzas se dedicaron a “mejorar cuestiones del orden médico-asistencial” (vacunación masiva de niños del barrio) y a fortalecer aspectos infraestructurales (instalaciones de energía eléctrica, nivelación y rellenado de calles, marcación de veredas, y construcción de una plazoleta). Se anunciaron tareas de colocación de telefonía en la Sociedad de Fomento del barrio, colocación de grifos comunitarios, reacondicionamiento del servicio público de electricidad, mantenimiento de líneas y redes de todos los servicios públicos y tramitación de documentación legal a extranjeros. En estas acciones trabajaron soldados y marinos, con la colaboración de funcionarios de ENTEL, Ministerio de Obras y Servicios Públicos, DEBA, Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, Viabilidad Nacional y Provincial, Municipal, Dirección de Migraciones y Zona Sanitaria I.

En estos operativos participaron numerosas asociaciones empresariales. Entre ellas encontramos: la CCI, la Asociación de cooperativas argentinas, la Compañía YPF, Compañías Shell, Isaura y Fundación Esso, Empresa Furfuro y Jauge, Cámara de la Construcción; Banco Cooperativo Agrario, de Galicia y Buenos Aires, de Italia y Río de la Plata, de Londres y América del Sud, de Río Negro y Neuquén, Español del Río de la Plata, Francés del Río de la Plata, Granadero Argentino, Holandés Unido, Banco del Sud, Nacional de Desarrollo, Popular de Rosario, Regional Sureño y City Bank. Junto a estos también participaron la Cámara Regional de Compañías Financieras y el Club de Leones Palihue.

LNP jugó un papel central a favor de las tareas de “Acción cívica” de las fuerzas, ya que amplificó el alcance y la visibilización de los hechos desde una detallada y extensa cobertura de las mismas. La misma consistió en la presencia constante de los periodistas del diario durante las distintas actividades. En todo momento los traslados de los cronistas corrieron por cuenta del Ejército, que puso a disposición los vehículos para la movilización por todo el perímetro. (LNP, 14/09/1977) En contrapartida, el diario, publicó la imagen de un Ejército servicial y en una clara actitud de cuidado y protección de los sectores más vulnerables de la población.

El “Operativo Solidaridad II” se realizó los primeros días de mayo de 1979 y se desarrolló en Villa Libre, otra barriada humilde de la ciudad. Al igual que en el anterior caso, se trató de un operativo del V Cuerpo de Ejército financiado a partir de la colaboración de la CCI, junto a otras entidades empresarias del ámbito local y privado. ³² Junto a la donación de aparatos de teléfono hacia distintas entidades –desde la justificación de acrecentar las posibilidades de comunicación en la ciudad– estos operativos colocaban a las fuerzas y a los sectores empresarios participantes en un lugar benefactor desde la concreción de tareas que por lógica correspondían a la órbita de la política municipal pública.

Como parte de actividades por el “año internacional del niño” y bajo las actividades de dicho operativo solidaridad, se anunciaba que los niños de Villa Libre recibirían funciones diarias cinematográficas y reparto de bebidas gaseosas, festivales con la banda militar y otros entretenimientos recreativos. También un camión hospital del V Cuerpo llevaría médicos y enfermeras del Hospital Militar Bahía Blanca de la Municipalidad y la Provincia.

El segundo operativo solidaridad fue entendido y presentado por los medios de los Massot como una “movilización cívico-militar”. La articulación entre empresarios, fuerzas militares y prensa amiga quedaba en evidencia cuando el mismo diario publicitaba que dentro de una camioneta del Ejército, los periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los medios de los Massot habían hecho una recorrida por la zona registrando los distintos momentos del operativo en cuestión, y de esa manera “fueron comprobados los primeros trabajos que se habían iniciado en el Hospital Penna, el Neuropsiquiatrico y Materno Infantil, con limpieza de yuyales, reconstrucción de paredes, muros y arreglos generales, tanto en el interior, como exterior de los mismos.” (LNP, 8/5/1979)

El último de estos operativos tuvo lugar hacia finales de noviembre de 1981. Se desarrolló en el Barrió Luján y además del Ejército también actuó la fuerza policial. En una lógica similar a los anteriores operativos, se vieron tareas de desmalezamiento de veredas y baldíos, trabajos de personal de DOSBA, de la oficina de Migraciones y la Unidad Regional de Policía para tratar asuntos de control de documentación de población extranjera, de sus residencias, asesoramiento sobre instalaciones de Gas del Estado, reparaciones de las mismas, instalaciones de luz, limpiezas de veredas y cordón cuneta, atención en clínica médica en diversas áreas. Al igual que los anteriores, el “Operativo Solidaridad III” se prolongó durante varios días.

A manera de cierre

El objetivo de este artículo fue, en términos generales, presentar algunos ejes de análisis para pensar las relaciones entre elites empresariales y gobiernos dictatoriales a partir de reconstruir ciertas prácticas, discursos y proyectos en agenda que caracterizaron los años 60 y 70 a nivel local. Explorar ciertos procesos históricos atendiendo a diferentes escalas permite complejizar lecturas y pensar los objetos de estudios desde desplazamientos del orden de lo geográfico y lo analítico. El hecho de problematizar lo local/lo regional/lo nacional pensando cada nivel desde sus propias lógicas de sentido también permite tensar/matizar/dinamizar explicaciones generalizadoras o posiciones historiográficas ya consagradas.

En particular, encontramos que el sector empresarial que analizamos no solo bregó a través de los años por la concreción de los proyectos de industrialización zonal en auge durante el onganiato, sino que también actuó buscando un lugar de privilegio en ellos, sosteniendo agendas propias, locales y específicas ante la dictadura de 1976-1983. En una lógica similar a lo que se dio en otros puntos del país, el empresariado bahiense participó corporativamente de acciones desestabilizadoras ligadas a APEGE y, luego de consumado el golpe de Estado de 1976, procuraron valerse del contexto represivo en pos de disciplinar al sector trabajador.

El proyecto industrializador para la ciudad logró concretarse finalmente durante la última dictadura militar tras la apertura de la Petroquímica, la misma se inauguró en el marco de un contexto adverso para la industrialización, aunque de intenso disciplinamiento social en general, y mayormente evidente entre la clase trabajadora.

Los medios locales jugaron activamente en la arena política local, ostentando capacidad de acción, en diálogo/interlocución tanto con poderes legítimamente constituidos, como con los que distaban de ello, gobiernos de facto y amplios sectores de la población que consumían cotidianamente sus discursos. Asimismo, los medios de la familia Massot se hicieron eco de las aspiraciones empresariales locales –y de la CCI en particular– funcionando en alianza frente a temas de agenda conjunta, como la concreción del anhelado “mañana industrial” o la eliminación del “enemigo subversivo”. Los sectores empresariales locales también mantuvieron diálogos y prácticas en conjunto con las fuerzas militares tendientes a la búsqueda de legitimidad propia y consenso social. Las tareas de “acción cívica” desarrolladas por el Ejército fueron una muestra de esto, y resultaron instancias públicas de alianza con el empresariado local que otorgó financiamiento a las mismas.

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Notas