El libro Memoria e identidad durante el kirchnerismo: la “reparación” de los legajos laborales de empleados estatales desaparecidos, de Cinthia Balé, es el resultado de su tesis de Maestría en Ciencia Política defendida en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín (IDAES-UNSAM). La autora integra el Núcleo de Investigaciones sobre Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente (IDAES) y actualmente es profesora en enseñanza media y superior en Filosofía de Universidad de Buenos Aires.

Este libro intenta abordar, a lo largo de sus cinco capítulos, algunas dimensiones del proceso de producción de políticas públicas de memoria que se desarrolló desde el Estado nacional durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015). Su interrogación se inscribe en un contexto donde se reabrieron las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y en el que hubo un acercamiento del movimiento de derechos humanos al gobierno nacional. En ese escenario, este libro reconoce cómo diferentes agencias del Estado empezaron a intervenir cada vez más activamente en la construcción de una memoria de la represión por medio de una serie de políticas públicas, e interroga la producción de una nueva narrativa en torno a la generación de los años setenta y a la reivindicación de los/as trabajadores/as estatales desaparecidos/as.

En ese sentido, el objetivo del libro consiste en analizarla conformación e institucionalización de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, surgida en la Secretaria de Obras Públicas a principios de 2007, que tuvo como finalidad reparar los legajos de los/as trabajadores/as estatales desaparecidos/as o asesinados/as por el terrorismo de Estado argentino. Desde este punto de partida, el libro cobra importancia también a la luz de un horizonte más general sobre el análisis de las políticas de memoria que nos permita pensar la relación conflictiva que existe entre gobierno y Estado en torno a la memoria del pasado reciente.

La metodología cualitativa empleada consta de entrevistas orales, de relevamiento de prensa y de diferentes documentos oficiales elaborados por la misma Comisión estudiada, entre otras fuentes que enriquecen su análisis.

Como señala Balé en el primer capítulo, el objetivo de la Comisión fue reconstruir la “historia de vida” del trabajador/a desaparecido/a, reponiendo a su vez su lugar de trabajo y la información que pudiera obtenerse sobre su militancia y las circunstancias de su secuestro o asesinato. Asimismo, entre 2008 y 2012 (previo a la salida del Decreto N.°1199) la Comisión desarrolló una serie de actividades que se centraron en continuar con el relevamiento y la documentación de las víctimas del terrorismo de Estado, y en la promoción y difusión de la temática en el interior de la Administración Pública Nacional (APN). En marzo de 2010, la Comisión recuperó y digitalizó ciento cincuenta y cinco legajos de trabajadores/as del ex-Ministerio de Obras Públicas. Por otro lado, constituyó una base de datos que permitiera unificar la información disponible de cada uno/a de los/as trabajadores/as identificados/as, posibilitando de esta manera corregir algunos datos que figuraban de manera errónea en los registros del Fondo Documental de la Secretaría de Derechos Humanos e incluir otros nuevos. También incluyó la reparación de legajos de soldados de las Fuerzas Armadas que fueron secuestrados durante la conscripción y fueron declarados “desertores” por la dictadura militar. Esta importante política de legajos llevada a cabo constituyó una prueba documental del proceder de la reparación tanto en su faz legal como clandestina. En el libro se describen y examinan detenidamente los mecanismos de persecución y vigilancia que los diversos organismos estatales tuvieron sobre los/as trabajadores/as desaparecidos/as, dando cuenta de una lógica de procedimientos rutinario dentro de la burocracia estatal.

En el segundo capítulo la autora entiende la variedad de las actividades desarrolladas por la Comisión con ciertas características, en términos de Jelin (2002), de “emprendimientos de memoria”. Por medio de esta categoría analítica, Balé observa que dicha noción en el contexto de la Comisión en el interior del Estado plantea ciertas reservas, ya que la descripción de “emprendedores de memoria” se refiere a acciones más afines a la lógica del movimiento social antes que a la gestión pública. El modo de gestionar sus tareas y proyectos la diferencia de un “emprendimiento de memoria” llevado adelante por la sociedad civil, y asimismo se establece en un marco legal no sólo para ordenar la acción de los agentes y/o funcionarios, sino también para enmarcar esas acciones en una determinada interpretación del pasado (como por ejemplo el Acuerdo de Colaboración y el Decreto N.°1199). Es por eso que para poder comprender el sentido de las prácticas de memoria llevadas a cabo por la Comisión, esboza la existencia de un proceso de “institucionalización parcial”, en donde coexisten a medio camino un “emprendimiento de memoria” sostenido por individuos particulares movilizados y una política pública sancionada en una normativa de vigencia nacional.

A su vez, la autora afirma que existieron determinadas condiciones que posibilitaron el crecimiento de la Comisión desde un emprendimiento de memoria a una política de memoria sostenida por el Estado Nacional. Para ella, esto fue posible por medio de lo que llama y desarrolla como una “triple clave identitaria” en la composición de la Comisión; el carácter “militante” que los miembros de la Comisión dieron a sus tareas; y la inscripción de la Comisión en el marco del conjunto de transformaciones impulsadas por el kirchnerismo en los modos de recordar el pasado reciente.

En el tercer capítulo examina cómo la reparación de los legajos implicó la interrupción de esa “normalidad burocrática” al reponer la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos, y a su vez restituyó el poder simbólico de la ley representada por el Estado.

Junto a ello, el libro explora otras prácticas de memoria de la Comisión, como fue el contacto que entablaron los familiares de desaparecidos/as o asesinados/as que se desempeñaban en el ex-Ministerio de Obras Públicas de la Nación (MOP), y en el APN, quienes a su vez permitieron ampliar la cantidad de integrantes de la Comisión y aportaron nuevos datos. Otra vía por la cual la Comisión pudo obtener y recoger decenas de testimonios de personas que se desempeñaron como trabajadores/as del Estado entre 1976 y 1983, fue por medio de la Campaña “Contanos tu verdad”, que se lanzó en 2011.

La promulgación del decreto N.°1199, en julio de 2012, permitió la consolidación del equipo de trabajo de la Comisión, situando al Estado como el principal actor en la producción de memorias.

En diciembre de 2013 realizaron el primer acto homenaje en la empresa estatal de Aerolíneas Argentinas, en donde se entregaron los legajos reparados, teniendo como objeto principal la conmemoración del “trabajador estatal desaparecido” (figura considerada como “víctima” del terrorismo de Estado) y la entrega de dichos legajos a sus familiares. Esta práctica se reiteró en diferentes organismos estatales.

Sin embargo, como señala la autora en el cuarto capítulo, la presentación de los “trabajadores desaparecidos” se realiza a partir de un conjunto de datos básicos de tipo demográfico (género, edad, estado civil) y socio ocupacional (empleo, estudios alcanzados). En consecuencia, el trabajo de recuperación de la memoria subraya los datos vinculados a la materialidad del crimen y a su desaparición (fecha y lugar del secuestro, o centro clandestino de detención donde los/as trabajadores/as fueron vistos por última vez), omitiendo otras formas de violencia perpetradas por el Estado en su faz legal, y otros perfiles de los/as trabajadores/as como la pertenencia a grupos políticos vinculados a la izquierda radicalizada.

El quinto capítulo pone de manifiesto las tensiones que subyacen a la práctica de memoria propuesta por la Comisión (y al régimen de memoria en el que se inserta) por medio de las “memoria subterráneas” o “disonantes”, es decir, memorias que permanecen en parte silenciadas y que refieren a la trama de denominada “complicidad civil” en el interior del Estado represivo, como son el caso de las cesantías, los exilios, los proyectos que llevaban adelante las agendas de investigación, el conjunto de medidas represivas adoptadas por las agencias estatales en su faz legal, y la militancia revolucionaria o guerrillera de muchos/as trabajadores/as. De esta manera, se afirma el lugar del Estado en la gestión del pasado reciente y en su papel activo en la institucionalización de la memoria.

La misma clasificación de “víctima del terrorismo de Estado” se tensiona con la relación con la lucha armada que pudiera haber tenido el/la trabajador/a estatal, presentando ciertos límites a las prácticas de memoria propuestas por la Comisión. Una de estas tensiones se evidencia ante los casos de trabajadores que habrían estado vinculados a hechos de violencia política y que fueron identificados como “caídos en combate” por las fuerzas de seguridad.

Es posible comprender la omisión del carácter militante o la vinculación con los proyectos revolucionarios que los/as trabajadores/as tenían, debido a que la reivindicación de los/as trabajadores/as propuesta por la Comisión se mantuvo en los límites de la interpretación sancionada por la Conadep, en la cual los/as desaparecidos/as fueron representados/as únicamente como víctimas conforme a una clasificación socioprofesional, omitiendo los compromisos políticos y su opción por la lucha armada.

Otro punto de importancia al cual arriba la autora está en relación con el reconocimiento de los distintos niveles de responsabilidad compartida que tuvieron los civiles en el accionar represivo, hecho eludido por las prácticas de memoria de la Comisión. Las mismas centraron su mirada principalmente en el actor militar, y luego sobre las grandes corporaciones (eclesiástica y empresarial o financiera), pero sin visibilizar las actitudes y comportamientos cotidianos de quienes convivían o formaban parte de los circuitos represivos, es decir, ocluyeron otro tipo de violencias que fueron ejercidas por diferentes agencias estatales en utilización de sus funciones legales o burócratas durante la dictadura.

En definitiva, el trabajo de investigación que Cinthia Balé despliega en el presente libro resulta innovador para el campo de estudios de la historia reciente. Su principal aporte consiste en develar las tensiones que supone el involucramiento del Estado en la formulación de políticas de memoria y en la producción de marcos sociales de interpretación del pasado.

Referencias

Jelin, Elizabeth (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.