Dosier
Proyecto de desarrollo en un territorio hidrosocial. La Corporación del Río Dulce: procesos despojo y desigualdades en la década de 1960
Resumen: La Corporación del Río Dulce (CRD) fue un proyecto impulsado por Santiago del Estero en la década de los 60 y se convirtió en ley provincial. Obtuvo financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con apoyo desde nación. Sus objetivos buscaban el crecimiento económico de desarrollo agrario e industrial en el área de influencia del Río Dulce, acceso a nuevas tecnologías, industrialización de la producción local y creación de colonias agrícolas. Nos preguntamos qué incidencia tuvo el contexto local, nacional e internacional para llevar a cabo este plan. Nos interesa retomar el proceso de creación de la CRD desde diferentes dimensiones y perspectivas de la ecología política del agua que permitan dar cuenta sobre las ideas de desarrollo de la época, las desigualdades y los despojos en la transformación de este territorio hidrosocial. Se realizó revisión bibliográfica y de archivo de documentos oficiales de la provincia. El trabajo da cuenta de las ideas de desarrollo que primaron en la génesis del proyecto, el rol de los actores, como los técnicos de la CRD y las obras que se ejecutaron, y en contraste, la situación de los pobladores objeto del proceso de reubicación de los nuevos territorios destinados para ellos.
Palabras clave: Corporación del Rio Dulce, Territorio Hidrosocial, Justicia Hídrica, Agua, Desarrollo.
Development Project in a hydrosocial territory, La Corporación del Río Dulce: Dispossession processes and inequalities in the 1960s
Abstract: The Río Dulce Corporation (CRD) was a project promoted by Santiago del Estero in the 1960s and became provincial law. It obtained international financing from the Inter-American Development Bank (IDB), with support from the nation. Its objectives sought economic growth of agrarian and industrial development in influence area of the Río Dulce, access to new technologies, industrialization of local production and creation of agricultural colonies. We wonder what impact the local, national and international context had on carrying out this plan. We are interested in resuming the process of creating the CDR from different dimensions and perspectives of the political ecology of water that allow us to account for the development ideas of the time, the inequalities and dispossession in the transformation of this hydrosocial territory. A bibliographic and archival review of official documents of the province was carried out. The work gives an account of the development ideas that prevailed in the genesis of the project, the role of the actors, such as the CRD technicians and the works that were executed, and in contrast, the situation of the residents, object of the relocation process of the new territories destined for them.
Keywords: Río Dulce Corporation, Hydrosocial Territory, Water Justice, Water, Development.
Introducción
En este trabajo se estudia sobre La Corporación del Río Dulce, fue una iniciativa que surgió como un programa integral para la provincia de Santiago del Estero en la década de los 60. Entre sus principales objetivos buscaba fomentar el crecimiento económico provincial por medio de la ampliación del sistema de regadío en el área de influencia del río Dulce. También incluía la colonización de tierras mediante la expansión de colonias productivas y el desarrollo agrario y tecnológico de la provincia. Su planificación contemplaba el desarrollo industrial como inversión necesaria para el procesamiento de los productos agrarios producidos. Fue programa que tuvo un largo proceso de planificación, adquirió carácter de ley provincial (Ley provincial N°3.363) y se crearon organismos estatales para asegurar su funcionamiento.
El programa se impulsó en el marco de diferentes acontecimientos en el ámbito internacional que impulsaban el avance del progreso y el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Una de las iniciativas fue la Alianza para el Progreso que promovía ayuda económica, política y social desde Estados Unidos para América Latina. Luego de una reunión de cancilleres latinoamericanos realizada en Punta del Este en 1961, se definió que la ayuda económica sería externa y a través de los organismos financieros internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial, además de algunos aportes privados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo, mediante políticas de mediano y largo plazo (Tenti, 2017).
El contexto socioeconómico de la provincia registraba marcadas situaciones de vulnerabilidad. La gran escasez hídrica y la creciente pobreza causaron hambruna y emigración de numerosos pobladores hacia Buenos Aires en busca de trabajo y mejores condiciones de vida como consecuencia de la gran sequía de 1937 (Tasso, 2011). Algunos estudios técnicos se enfocaron en posibles soluciones para el problema del agua en la provincia. Se publicó el libro “Los regadíos en Santiago del Estero” (Michaud, 1942), con una serie de propuestas que fueron antecedente para la planificación de las obras de la Corporación del Río Dulce. La participación de Santiago del Estero en los dos congresos de Planificación Integrales del Noroeste Argentino (PINOA), fueron clave, allí se debatieron muchas ideas sobre desarrollo local mediante el incremento de las zonas de riego en pos de un mayor crecimiento productivo agropecuario para la provincia. Estas iniciativas de desarrollo local se dieron en un escenario de posibilidades en la esfera nacional e internacional, donde se propiciaba la posibilidad de alinearse a los requisitos que se exigían para el financiamiento del BID.
El término territorio hidrosocial ha surgido de debates propios de la geografía y la antropología y ha tenido una amplia recepción en el campo interdisciplinario de la ecología política del agua (Castro, 2022). Abordar la historia de la creación de la CRD como tal, nos permite estudiar desde la justicia hídrica (Boelens et al, 2011), trabajar más allá de los aspectos técnicos y descubrir dimensiones más ocultas en las cuestiones del agua. Los conflictos por el agua no giran solamente alrededor de ella y los recursos económicos, también son luchas alrededor de reglas, autoridad y discursos. Mientras que el abordaje de los territorios hidrosociales (Damonte y Lynch, 2016; Martín y Larsimont, 2016) permite dar cuenta de las dimensiones político-institucional, económica y social. Se podrá realizar un primer acercamiento sobre el tema desde estas perspectivas, para desentramar las cuestiones en torno a la Corporación del Río Dulce, dar cuenta de las ideas de desarrollo que primaron en la provincia en los 60 y contrastar las desigualdades consecuentes del proyecto.
El presente trabajo busca analizar el proceso de creación de La Corporación del Río Dulce, en el marco de proyectos de desarrollo históricos en la provincia. Se hizo una revisión bibliográfica de tesis de grado y posgrado, artículos y ponencias que dan pistas para profundizar sobre la historia de la Corporación del Río Dulce. Se realizó un trabajo de archivo sobre documentos oficiales como el Programa para el estudio del desarrollo integral del Río Dulce y su zona de influencia (1964), el cual contiene también el texto del proyecto de la Ley 3.363 (1966); y los tomos del Proyecto del Río Dulce, informe preliminar para el Banco Interamericano de Desarrollo (1965), estudios a cargo de la Comisión Río Dulce.
Antecedentes, historia política y planificación
Contexto provincial y la gran sequía
Santiago del Estero se caracteriza por grandes extensiones de llanura y una baja densidad de lluvias en algunas zonas y una gran escasez de agua en otras áreas. Ello condiciona la situación del agua en su amplio territorio (Tenti, 2017). Los ríos principales de la provincia son el Dulce y el Salado, ambos muy caudalosos y atraviesan el territorio con orientación noroeste – sudeste. Sin embargo, ambos tienen carácter endorreico, lo cual podría haber sido una de las principales variables históricas que afectaron a la provincia en términos de aprovechamiento (Sezella, 2015).
El auge de la explotación maderera permitió que los capitales extranjeros ingresaran a la provincia e instalaran las vías férreas en zonas inhóspitas y sin agua. La llegada del ferrocarril trajo la promesa de progreso local (Dargoltz, 2003). Se asentaron poblaciones artificiales a la vera del ferrocarril, alejadas de los ríos y se abastecían del agua que transportaban los trenes. La fragilidad de estas poblaciones se puso en evidencia con el comienzo de un largo período de gran escasez de agua en la década de los 30 que se extendió hasta 1960, un grave problema hídrico para Santiago del Estero. Como consecuencia de este fenómeno se produjo una gran emigración a Buenos Aires. El Censo Nacional de Población de 1960 demostró que el volumen total de la población de Santiago del Estero había descendido un 12% respecto a 1947. La sequía también afectó al transporte, ya que dependía en su gran mayoría de animales que morían de sed. Otro problema a causa de la sequía fue el transporte de agua a través del ferrocarril, pues se generaban “asaltos” a los trenes y daba lugar a batallas campales de los pobladores por el acceso al agua (Tasso, 2011).
Como consecuencia de este largo período, surgieron estudios como el que realizó Michaud (1942) donde sostenía que “la sequía planteó por un lado la insuficiencia de obras de regadío y, por otro lado, la falta de una administración federal de la cuenca”. En base a ese estudio, se delineó un plan de regulación de las aguas del Dulce para dar solución a los problemas crónicos de escasez de agua (Tasso, 2011). El mencionado trabajo consiste en una propuesta de ampliación de la zona de riego y el área de influencia de la cuenca del Río Dulce, el cual dio la base para la planificación de los programas para el desarrollo de esa zona y más adelante para el proyecto de la CRD.
El proceso de planificación y creación se gestó durante el gobierno del radical Benjamín Zavalía. La prioridad con la que surgió fue el desarrollo de los pequeños y medianos productores, como una forma de dar soluciones para el acceso a las nuevas tecnologías que comenzaban incorporase al agro y también, para elevar la calidad de vida del campesinado, para frenar su exilio y contó con el apoyo de organismos financieros internacionales y de los gobiernos nacional y provincial. Incluyó la promoción industrial pensada para el establecimiento de industrias agropecuarias dentro del área de riego y la creación de un parque industrial en La Cuchilla, entre Forres y Fernández, cerca de la colonia El Simbolar (Sezella, 2015).
En lo relativo al gobierno provincial de esa época, Zavalía comenzó su gestión de gobernador en 1962 y se interesó por la obra del dique de Río Hondo que estaba en construcción. Durante su mandato impulsó la generación de estudios referidos a las obras y al aprovechamiento de las aguas en la zona de regadío que, según los cálculos generados permitirían incrementar de 150.000 a 170.000 has. En abril de 1964 se constituyó la Junta Mixta de Aprovechamiento del Dique Frontal, y en mayo de ese año se creó por decreto del Ejecutivo la Comisión del Río Dulce (CRD). Se firmó un acuerdo mediante un contrato firmado por el presidente de Agua y Energía de la nación (Conrado Storani) con una empresa estadounidense de energía para un crédito de 3.000.000 de dólares, contratada por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y la Agencia de Desarrollo Internacional para estudiar el aprovechamiento del río Dulce en dique de Río Hondo, dique Los Quiroga y el canal principal y la presa Jume Esquina.
Fue tal la magnitud que representaba este proyecto, que adquirió un orden prioritario dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con garantía de Nación para la obtención de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El sistema de riego del río Dulce consistía en canales que partían del río y regaban unas pocas hectáreas hacia fines del siglo XIX. La primera obra hídrica importante fue el dique Los Quiroga, comenzó a funcionar en 1963 al igual que la central hidroeléctrica para provisión de energía eléctrica y su función era nivelar y derivar. Mientras tanto, estaba en construcción el dique de Río Hondo cerca de la ciudad de Termas de Río Hondo, las funciones que se proyectaban eran regulación y atenuación de caudales con destino a riego de 1180 km2, provisión de agua potable, producción de energía hidroeléctrica y fomento turístico. En paralelo a su pronta inauguración, se proyectaba también la construcción del dique Figueroa, que permitiría incrementar el riego de 15000 ha (Machado, 2013).
El objetivo principal de crear La Corporación del Río Dulce (CDR) se fundamentaba en “…promover el desarrollo agrario e industrial del área de influencia del río dulce y asegurar un proceso de expansión de su patrimonio, para lograr una sostenida y armónica elevación del bienestar de la comunidad” (art. 1, Ley provincial 3.363). La premisa era ampliar el área de riego en la zona de influencia del río Dulce y la creación de colonias para la producción agropecuaria. Si bien el punto principal era el desarrollo agrario, en paralelo y de modo complementario, también se incorporó el desarrollo industrial como derivado de los productos agrarios. El programa también contemplaba la creación de instituciones para garantizar el alcance de los objetivos y el funcionamiento de la CRD como organismo.
Los devenires políticos
El proyecto atravesó diversos cambios tanto en términos políticos como económicos y su funcionamiento se vio enfrentado a la coyuntura política nacional y a las condiciones impuestas desde la economía internacional. En primer lugar, se pasó de gobiernos democráticos a gobiernos militares, intervenciones provinciales y desvíos de los fondos acordados durante la planificación. En 1966, durante el golpe militar y bajo la Presidencia de Onganía, asumió Jorge Nallar como gobernador por un corto período de 1966 a 1967. Continuó con el apoyo a la radicación de industrias y el impulso de la CRD, pues concretó la firma de un convenio con el BID para un préstamo de 10.200.000 dólares para planes de aprovechamiento integral. Luego, entre 1967 a 1970, continuó en el gobierno Carlos Uriondo, en este período se inauguró el dique de Río Hondo y se obtuvo un nuevo financiamiento del BID para la construcción de 4 canales que expandirían el riego de 70.000 ha y la posterior ampliación de 48.000 ha más. También se materializó la central hidroeléctrica al pie del dique y la construcción de una planta transformadora de alta tensión para llevar energía eléctrica hacia la capital provincial.
Desde sus inicios el proyecto tuvo fuertes resistencias desde los sectores opositores al radicalismo, uno de ellos fue el representante del partido Social Demócrata Cristiano Carlos Jensen Viano, en su rol de diputado provincial. Para él la CRD se transformaría en un “organismo burocrático más” del Estado. Sin embargo, unos años más tarde en el marco del proceso de cambios políticos, fue designado presidente de la Corporación y en su discurso sobre las políticas de desarrollo manifestaba: “nosotros entendemos que la antítesis subdesarrollo y desarrollo son los dos polos de un proceso de cambio. La necesidad de un cambio social-cultural, con sus variados matices y principalmente el cambio de mentalidad que conduzca a un real desarrollo. También entendemos que desarrollo es promoción humana. Es el paso de una fase menos humana a otra más humana, con el menor costo social y financiero posible, en el menor tiempo posible y sin perder de vista la solidaridad que debe existir entre los hombres y las comunidades"1 (Tenti, 2017). Con su renovado repertorio daba cuenta de cómo se alinearían los objetivos de la CRD al gobierno militar de ese entonces.
La Corporación del Río Dulce, un proyecto de ley
La Corporación del Río Dulce fue sancionada como Ley N°3.363 el 10 de marzo de 1966. Esta ley constituía a la CRD como una entidad autárquica y con personería jurídica. Determinaba que las relaciones con el Poder Ejecutivo se canalizaran a través del Ministerio de Economía. Su jurisdicción tenía incumbencia en todo lo relativo al área de influencia del río Dulce. En el cuerpo del texto también definía claramente sus deberes y atribuciones como organismo.
Esta normativa brindaba el marco para llevar adelante los estudios necesarios para la formulación de planes de corto y largo plazo. Se adjudicaba la administración de las tierras de su patrimonio y las que les fueran conferidas para colonizar, constituir reservas, seleccionar y asentar a los productores y dar organización a la vida económica y social de las colonias. Tenía la capacidad de orientar la política crediticia y promover créditos planificados, integrales y supervisados, siempre que estuvieran sujetos a los fines del organismo. También tenía competencia para proponer al Poder Ejecutivo la expropiación de inmuebles necesarios para la “racionalización de la explotaciones”.
Entre sus atribuciones, podía proponer y formalizar convenios tanto con organismos de gobierno de escala nacional, provincial o interprovincial y también municipales. Celebrar convenios con personas de existencia visible o jurídica, o instituciones en general, sean privadas o públicas. Con respecto al agua, podían promover el uso y la conservación de aguas subterráneas. Tenía la autoridad para garantizar y prestar servicios sanitarios asistenciales y recreativos a la población del área de influencia del río Dulce. Se adjudicaba la capacidad para crear condiciones aceptables de trabajo de los colonos y sus familias, mediante la implantación de sistemas de seguridad social para la protección, promoción y reparación de la salud.
En lo relativo a su funcionamiento, se constituyó como un ente autárquico y su dirección estaba a cargo de un directorio integrado por un presidente y tres directores designados por la legislatura: un representante del Banco de la Provincia y dos representantes de los productores. El presidente de la CRD debía acreditar capacidad técnica profesional compatible con los fines de su creación y los miembros del Directorio propuestos por el Poder Ejecutivo y por el Banco de la Provincia debían ser personas de reconocida idoneidad2. Los representantes de los productores se designaban mediante elección directa entre los productores con derecho a riego, según decreto del Poder Ejecutivo. Además, como parte de las exigencias del BID, los responsables de cada subproyecto debían estar integrados por expertos de nivel internacional.
Riego y productividad como elementos clave
La profunda crisis hídrica de los 30 fue un hecho que provocó que el regadío se convirtiera en un actor clave y generador de relaciones jerárquicas en términos de poder, político, familiar, de trabajo y ambiental en lo que más tarde se constituyó como zona de riego (Pereyra, 2020). Los estudios realizados en la década del 40 sostenían que el agua era el elemento determinante del valor de las tierras en Santiago del Estero, por ello el mayor rendimiento del agua debía ser la base para el desarrollo de la agricultura (Michaud, 1942). Se estableció así que ampliar el sistema de riego para fomentar la agricultura sería la vía para el desarrollo de la provincia.
En el marco de la CRD se plantearon líneas directrices o programas de acción principales que consistían en riego y drenaje; colonización y rehabilitación de tierras; industrialización; educación; salud; organización de los productores; asistencia social y técnica; estudio de mercados y apoyo en comercialización; créditos a corto, mediano y largo plazo. También se promocionó el desarrollo productivo, para lo cual se estableció la extensión de las áreas de riego que debían realizarse y la colonización de territorios. Estas acciones prometían desarrollar económicamente a la provincia y generar trabajo para los pobladores locales (Machado, 2013). Los objetivos seguían las directrices propuestas por la alianza para el progreso, que era “responder a la necesidad del desarrollo de la producción agropecuaria, en el programa para el desarrollo”.
En síntesis, el proyecto como propuesta consistía en tres puntos clave: 1- crear un ente específico para prestar asistencia técnica para la organización de los productores, realizar mejoras productivas, dar apoyo a la comercialización y posibilitar el acceso al financiamiento BID para un fondo como mecanismo de garantía y acceso al crédito bancario en condiciones para los pequeños productores; 2- promover la organización de los pequeños productores en grupos de cooperativas; 3- poner a prueba tecnologías y su adaptación para mitigar los problemas vinculados a la degradación de los suelos por salinidad (Ibáñez, 2019).
La colonización y algunas repercusiones
El plan para colonizar
Las simplificaciones sociales y estatales por medio de mapas abreviados no muestran de manera fiel la verdadera actividad de la sociedad que simbolizan, es una lógica que representa el fracaso de los grandes sistemas utópicos de la ingeniería social (Scott, 2022) del siglo XX. Entre los elementos más representativos del fracaso de la ingeniería social emprendida desde el Estado, podemos mencionar al ordenamiento administrativo de la naturaleza y la sociedad, en términos de ciudadanía y la previsión de bienestar social, al igual que el sostén de una política para acorralar minorías indeseables. Otro aspecto importante del aporte de Scott es la ideología de alto modernismo, ello es la confianza en el avance científico y técnico, el aumento de la producción, la creciente satisfacción de necesidades humanas, el dominio de la naturaleza y el diseño racional de un orden social, siempre proporcional al entendimiento científico de las leyes naturales.
El plan para la colonización de tierras para el desarrollo económico se detalla en el apartado de planeamiento agrario en el documento del Estudio de desarrollo integral del Río Dulce y su zona de influencia (1964) y también en los tomos II al VII del Proyecto del Río Dulce, informe preliminar para el BID (1965). Lo cierto es que el plan colonizador se enfrentó a lo que ellos determinaron como un gran obstáculo, la existencia de numerosos minifundios en la zona de riego, en su mayoría explotados directamente por sus propietarios y algunos otros en arrendamiento. Para una completa reestructuración habilitaron nuevas áreas en tierras fiscales aún no explotadas para el establecimiento de las colonias, cuyos lotes serían adjudicados con prioridad a los minifundistas de la zona de riego y, una vez establecidos, entregarían sus minifundios al ente colonizador para la eliminación paulatina de los mismos. El plan también contemplaba que, una vez cumplida la cuota de aspirantes de la zona, se abriría la convocatoria a pobladores de cualquier otro punto de la provincia. Pues el objetivo era “realizar la colonización con santiagueños para detener el éxodo y proveer las condiciones necesarias para el arraigo definitivo de la familia rural santiagueña”.
El proyecto resolvió la creación de tres colonias –Pinto, Isca Yaku y Tinco– y, además, una villa –Villa Río Hondo–. Colonia Tinco y Villa Río Hondo se situarían sobre las tierras altas en cada uno de los márgenes del Río Dulce, a una corta distancia de la ciudad de Las Termas (Dpto. Río Hondo). Entre las consideraciones económicas, se tenía previsto aprovechar las condiciones existentes del suelo, la presencia de aguas subterráneas aptas y el fácil acceso a los mercados regionales por su ubicación, para estimular la producción y el afincamiento efectivo de los pobladores. Se hizo un estudio de los agrupamientos existentes en las tierras altas de lo que sería el futuro embalse y la capacidad para ser comunidad receptora de las familias desplazadas. Los factores que también se contemplaban en el estudio, además de las cuestiones técnicas y de accesos a agua, mercados y transporte, era en términos de necesidades asistenciales, educacionales y recreativos.
Se determinaron áreas homogéneas de población, un radio de eficacia de las escuelas primarias, fijada en 1,5 o 3 km y para los servicios de asistencia médica, educación secundaria y de crédito agrario se fijó según la relación con la estructura social y económica del momento estudiado. Todo ello permitió la localización de las nuevas colonias: se asignó Brea Pozo (Departamento Río Hondo) para el establecimiento de la Nueva Villa Río Hondo (hacia la margen derecha), dado que sus pobladores serían desplazados de su territorio original por el avance del agua por la construcción del embalse Río Hondo y el de Mansupa (hacia la margen izquierda), para la Colonia Tinco. Por otro lado, la Colonia Isca Yaku también incluía la reubicación de la población, sin embargo, esta fue una prueba piloto porque no funcionó y sus pobladores abandonaron la colonia (Vega, 2023).
Se proyectó una capacidad de 120 familias por cada colonia para una mejor administración y distribución de servicios. Para determinar la superficie territorial necesaria se tuvieron en cuenta los recursos naturales, las posibilidades técnicas y el tipo de producción que el mercado regional pudiera absorber. La vivienda familiar se establecía en solares del centro comunal. La composición de la vivienda se planificó a partir del estudio que realizaron sobre las condiciones de vida de los campesinos del lugar. Cada vivienda constaba de 2 dormitorios, baño, cocina y un patio con techo, para constituir un verdadero espacio de múltiples usos en la vida campesina. Sin embargo, los materiales utilizados fueron de un estilo premoldeado que se fabricó in situ, pues tenían la urgencia de trasladar a los pobladores que serían reubicados. Las nuevas colonias eran administradas por los mismos campesinos a través de cooperativas y, por otro lado, la promoción y algunos servicios estarían a cargo del gobierno provincial.
El desarrollo de las colonias se planificó en 3 etapas, en la primera el campesino aprendería nuevas técnicas para aplicar en su solar, aunque en el mismo plan se menciona que la idea era que siguieran concurriendo a la zafra tucumana y que la acción del gobierno en las colonias sería a través del aspecto docente. La segunda etapa consistía en el inicio de la actividad productiva y la comercialización con vistas al bienestar familiar, sin necesidad de migraciones estacionales, de modo que el campesino se adiestraría en el manejo de los intereses de la comunidad, elegirían a sus propios administradores, abandonarían los hábitos tradicionales y asumirían nuevas responsabilidades, para lo cual el gobierno se comprometía a encaminar los problemas de la producción.
Finalmente, la tercera y última etapa consistía en la adquisición de un perfil propio y el dominio de sus intereses. Los organismos estatales pasarían a ser asesores en el marco de la administración pública. Todas esas condiciones para las colonias tenían de trasfondo la promesa de que el Estado les proveería la titularidad de esas tierras fiscales. Es importante mencionar que el interés provincial con la expansión de las colonias también pretendía la eliminación de los intermediarios en el mercado local, como por ejemplo la Industria Láctea Santiagueña (ILSA) que compraba a los pequeños productores a precio muy bajo y revendía con sobreprecios. Por este motivo, los tambos preferían vender su materia prima a la COTAM de Tucumán.
El apoyo para la incorporación de tecnologías necesarias para la producción en las nuevas colonias consistía en que el Estado adquiría maquinaria costosa y, a través del INTA, las ponía a disposición de los productores para su arrendamiento o préstamos mediante comodato. Cabe destacar que estas políticas de adquisición de tierras que proyectaba la corporación y las facilidades para la producción que promovía la CRD, repercutió en la sociedad rural y otros sectores opositores locales, quienes levantaron la voz y denominaron esas políticas como la “sovietización” del agro por el otorgamiento de tierras fiscales (Vega, 2023).
Un pueblo despojado y bajo las aguas
La inauguración del embalse de Río Hondo, implico el movimiento y reubicación de los pobladores de la antigua Villa Río Hondo, lo que se conoció como el éxodo de la Villa Río Hondo3Esta acción estaba contemplada en el plan de estudios preliminares para el BID, como hemos mencionado con anterioridad. Fue un proceso de mucha resistencia social, no a la obra en sí, pero sí a abandonar sus costumbres, sus hogares y sus modos de vida, lo cual podemos dar cuenta en el relato de un poblador4:
…Es un valor incalculable lo que ha hecho el gobierno en ese entonces, pero a nosotros nos ha perjudicado porque, no porque nos haya dañado realmente, pero sí nos ha dañado sentimentalmente, porque nosotros nos hemos criado ahí, hemos nacido y nos duele mucho… en aquellos años existía la Corporación del Río Dulce y ellos, un año antes, ya nos habían advertido que nosotros nos teníamos que ir, que era necesario hacerlo porque íbamos a quedar bajo las aguas…
Entre sus palabras cuenta algunas estrategias para quedarse y los motivos por los que no querían irse:
los viejitos que no se querían ir, con palas buscaban atajar el agua […] Y aquí viene la parte más triste, porque eso es algo que ha sido realmente triste para nosotros los riohondeños, porque, cuando ya quedábamos pocos… El cura cargó a la patrona del pueblo, la virgen del Pilar y vinimos en procesión para la nueva villa, abandonado todo… […] La gente no pensaba que esto era verdad, que era una realidad, entonces [cuando avanzó el agua]… comenzaron a sacar sus muertos del cementerio, cuando ya estaba a la altura de la rodilla el agua. Colaborábamos entre todos para sacar los cajones, los apilábamos en unos carros para llevar a la nueva villa. Fue muy triste porque veíamos cómo la gente no quería perder a sus seres queridos… muchos quedaron allá, porque algunos no pudieron traerlos… (Unseteve, 2017)
El despojo fue parte del costo que tuvieron que pagar los pobladores en pos de la planificación del estado para el desarrollo de las obras para el crecimiento económico provincial. Se constituyó en una zona que tuvo que adecuarse al destino que se les impuso y sacrificar sus historias de vida y los lazos afectivos bajo las aguas, por un lado y también abandonar su territorio, sus hogares y su cotidianeidad para habitar nuevas casas que la CRD les daba. Constituyendo así una verdadera zona de sacrificio (Merlinsky, 2013) en pos del desarrollo.
Una mirada crítica
Es importante observar ciertos números que la CRD se propuso a cumplir con metas generales en términos de territorio. Pretendía otorgar 1 millón de hectáreas para la creación de las colonias y 1 millón de hectáreas para la restauración de bosques degradados. Finalmente se hizo efectiva fue la entrega de 156 mil ha de tierras fiscales hasta 1962 y 600 mil ha más para la instalación de colonias hacia el final del mandato de Benjamín Zavalía (Vega, 2023). La movilización de toda la estructura que implicaba el proyecto, tanto a nivel provincial como nacional y el apoyo económico internacional por parte del BID, generó que la mirada desde diferentes arenas políticas se posara sobre cada uno de sus pasos. Por ello, luego de la inauguración del embalse de Termas de Río Hondo, se publicó una crítica nota en el boletín oficial de la CGT5 (1968).
La nota se titula “Santiago del Estero, la corporación de la plata dulce”. Allí se criticaba al financiamiento millonario que había recibido “la provincia más pobre del país” y el texto comienza haciendo una especie de predicción:
Como en toda obra de esta naturaleza, sus resultados pueden significar un enorme beneficio para la provincia y sus habitantes, los miles de campesinos que generación tras generación han afrontado la miseria y la sequía, o como en este caso, puede convertirse en un gigantesco despojo que lance a miles de familias a los caminos del hambre, para gloria y beneficio de la oligarquía…
El énfasis estaba puesto en las tierras abandonadas y degradadas luego de la fiebre de los obrajes que había tenido Santiago del Estero. También refiere al poco valor de las tierras y a los jugosos sueldos que el BID pagaba a sus técnicos para “disfrazar los procesos violentos de desalojos bajo el nombre de reubicación”. En el momento de la publicación (1968), ya se habían reubicado cerca de 3000 familias en las nuevas colonias Villa de Río Hondo y Colonia Tinco. La nota detalla que cuando el agua subió de nivel e impidió el ingreso de los pobladores, el gobierno realizó pagos de 20.000 pesos como compensación para sus pobladores.
El artículo menciona también el caso de colonia Tinco, que no funcionó y fue rápidamente deshabitada porque sus pobladores prefirieron buscar trabajo en la zafra tucumana. Un dato muy importante de la nota es que en el sitio donde se estableció la nueva Villa Río Hondo, sus pobladores se quejaban por la dificultad de acceso al agua, pues se encontraba a más de 800 metros de profundidad. Otro de los reclamos que menciona es la carencia de obras disponibles para regadío en las nuevas tierras, al contrario de las tierras que les habían obligado a abandonar y que se situaban cerca del río.
Reflexiones finales
En el proceso de creación de la CRD se observa el predominio de una visión tecnocéntrica en las cuestiones de manejo y gestión del agua. De hecho, en el marco de la CRD se promovía la generación de una elite de técnicos especializados para realizar los estudios diagnósticos y planificación de las obras. Por otro lado, las áreas sociales, de educación y salud sólo tenían competencia en la asistencia y acompañamiento al proceso de adaptación a las diferentes etapas del proyecto. Como pudimos observar, la corporación tenía atribución de definir el destino de las poblaciones que debían ser reubicadas y cómo debían ser sus viviendas para conformar un orden social que asegurase su funcionamiento, a través de las decisiones técnicas.
Respecto de la dimensión político-institucional, podemos remarcar que la CRD tuvo un proceso atravesado por devenires político, cada uno puso sus intereses en juego para la gestión y el destino de los recursos financieros del proyecto. Es importante mencionar los cambios de gobiernos que se sucedieron entre democráticos y gobiernos militares, que fueron modificando intereses y prioridades en función de las ideas de desarrollo de cada nueva autoridad. La creación de diferentes organismos le dio cierta estabilidad para regular el nuevo sistema de riego y el manejo y distribución de las tierras desde el Estado. Este sistema le permitió un mayor control estatal.
La cuestión económica presentaba grandes ideas que proyectaban la infraestructura adecuada para mejorar la producción agrícola a través de la incorporación de nuevas tecnologías, gestionado desde las instituciones pertinentes de la corporación o asociadas a ella por convenios. También se crearon obras de gran envergadura gracias al financiamiento BID que trajo beneficios en términos de generación de electricidad, la regulación de caudales para controlar las inundaciones en épocas de lluvia y la derivación y distribución del agua a zonas alejadas del río para expandir su acceso para producción y consumo de las nuevas poblaciones. Otro aspecto que fomentó la corporación fue la creación de cooperativas de trabajo gestionada por los habitantes de las colonias. Sin embargo, el esfuerzo que hubo en crear un plan económico que respondiera a las ideas de desarrollo para la provincia y frenar el desarraigo, se contradecía con la contemplación de que los pobladores no abandonaran el trabajo en la zafra tucumana.
La cuestión social fue abordada desde la impronta del saber experto desde las ciencias duras. La planificación de la colonización se realizó a partir de estadísticas, proyecciones en mapas y diseño en planos. Las áreas sociales y humanas tuvieron un rol asistencialista y de acompañamiento en el proceso de adaptación en las colonias, también el fomento a las campañas de prevención y promoción de la salud. Como ya vimos, la injusticia hídrica que incluyó a los pobladores que fueron reubicados, fue un proceso que no tuvo en cuenta el desarraigo y el despojo que implicaba en términos simbólicos y de sentido para estos territorios hidrosociales.
Fuentes documentales
Comité Directivo de la Comisión del Río Dulce. 1964. “Programa para el estudio del desarrollo integral del Río Dulce y su zona de influencia. Convenio: Santiago del Estero y Consejo Federal de Inversiones”. Archivo de la Biblioteca 9 de Julio. Santiago del Estero, Argentina.
Comisión del Río Dulce. 1965. “Proyecto del Río Dulce, informe preliminar para el Banco Interamericano de Desarrollo”. Tomos hallados del III al IX. Archivo de la Biblioteca 9 de Julio. Santiago del Estero, Argentina
Referencias bibliográficas:
Boelens, R., Cremers, L., Zwarteveen, M. (2011). Justicia hídrica: acumulación, conflicto y acción social. (Serie Agua y sociedad: Sección justicia hídrica). Justicia Hídrica, IEP Instituto de Estudios Peruanos, Fondo Editorial PUCP.
Castro, J.E. (2022). Territorios hidrosociales en disputa. En J. A. Salgado-López (coord.), Política pública y agua. Justicia, derechos humanos y transparencia (pp. 25-33). Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Colección divulgar.
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Notas
Recepción: 01 octubre 2024
Aprobación: 15 febrero 2025
Publicación: 01 marzo 2025