1. Introducción

En el presente escrito, analizamos la construcción y el abordaje estatal de los problemas sociales y habitacionales durante el desarrollismo¹, recuperando su relación con los lineamientos de las agencias desarrollistas, la metodología de desarrollo y organización de la comunidad, y la producción de estatalidad² en términos de institucionalización de áreas de intervención mediante la creación y reconfiguración de agencias y organismos especializados en Argentina y Santiago del Estero.

En primer lugar, identificamos las principales agencias desarrollistas y su influencia en la renovación de las modalidades de intervención estatal, a partir de la instalación de la metodología del desarrollo y organización de la comunidad. Advertimos que la metodología y el discurso desarrollista, ubicaron a la comunidad como sujeto de intervención (Aquín, 2013), y postularon a la desintegración social, la falta de organización y participación como las causas de los problemas sociales y habitacionales (Grassi, 1989). En segundo lugar, el texto recupera la producción de estatalidad en términos de institucionalización del abordaje estatal de los problemas sociales y habitacionales en la Argentina desarrollista (Campana, 2011; Balista, 1963a; Osuna, 2017), lo que implicó la (re)estructuración operativa del estado nacional y provincial en función de un proceso de problematización, renovación y tecnificación (Devés, 2003; Dvoskin, 2017; Oszlak y O’Donnell, 1995).

Durante la segunda mitad del 60, por un lado, identificamos la incorporación de procesos de clasificación (Bourdieu, 2015), delimitación y jerarquización (Olejarczyk y Jauri, 2013) de las poblaciones destinatarias de las políticas públicas como parte de un proceso de renovación y racionalización de las modalidades de intervención del estado provincial. Por otro lado, advertimos que el gobierno provincial de Carlos Uriondo (1967-1970), acompañado de una delegación de sacerdotes, inició un proceso de reconfiguración de operatividad del estado provincial, un reacomodamiento institucional y un recambio de las autoridades de los organismos del estado provincial que desembocaría en la centralización de las políticas de vivienda, salud y asistencia en un nuevo organismo especializado.

De este modo, mediante la Ley Provincial 3.474, nace el Ministerio de Bienestar Social (MBS) de la provincia el 6 de junio de 1968. La Ley le adjudicó al ministerio la función de formular y proponer al Poder Ejecutivo provincial, políticas públicas vinculadas a la salud, la vivienda y la asistencia social. Además, la Ley dispone la creación de tres dependencias en la órbita del ministerio: la Secretaría de Salud Pública (SeSaP), la Secretaría de Promoción y Asistencia Comunitaria (SePAC) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Rápidamente, las modalidades de intervención del ministerio incorporaron la metodología del desarrollo y centralizaron sus abordajes en la participación organizada, la promoción comunitaria, los procesos de supervisión y evaluación de organismos públicos y la educación social. Seguido, el escrito profundiza en torno a las acciones del IPVU, puesto que la política de vivienda provincial representa aún un área de vacancia y exploración en los estudios sociales locales y una acción de estado persistente que fue ocupando un lugar central en distintos gobiernos y coyunturas provinciales (Torres, 2023a y b). Las intervenciones del IPVU se basaron en la construcción y adjudicación de viviendas, procesos de educación y promoción social y comunitaria para el acceso a la vivienda estatal, y la alterización /moralización de la vivienda rancho y sus habitantes en contraposición a la oferta de viviendas “modernas” y “decorosas” construidas por el estado. Finalmente, realizamos una recapitulación que nos permite destacar las principales conclusiones del escrito.

El trabajo de campo que sustenta el presente escrito se basa, en primer lugar, en el análisis documental de los archivos de prensa escrita de los diarios “La Hora” (1968) y “El Liberal” (1968) de Santiago del Estero entre julio y diciembre de 1968³. En segundo lugar, en entrevistas semiestructuradas⁴ realizadas a informantes académicamente calificados que estuvieron vinculados con agentes y procesos estatales de construcción y abordaje de problemas sociales y habitacionales durante los años 60 y 70, y también, a agentes estatales que se desempeñaron en: el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de Santiago del Estero (DdA) durante 1966 y 1967, en la SePAC y el IPVU del MBS entre 1968 y 1970. Por último, recuperamos las siguientes leyes y decretos: Ley Nacional 14.439, Ley Nacional 16.956, Decreto Nacional 6.122, Ley Provincial 3.474 y Ley Provincial 3.137.

2. La influencia de los principios y la metodología del desarrollismo en las modalidades estatales de intervención, construcción y abordaje de los problemas sociales y habitacionales

Durante la década del 50, el paradigma del desarrollo se instaló en el escenario político latinoamericano e influenció el accionar gubernamental de los Estados de la región (Granero, Barreda y Bercovich 2019; Devés, 2003). La aparición e instalación del paradigma del desarrollo estuvo íntimamente relacionada con el impacto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el orden de las estrategias norteamericanas de expansión hegemónica mundial y el despliegue de agencias desarrollistas, entre las que se destacan la Comisión Económica Para Latinoamérica (CEPAL), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras (Manrique, 1982; Granero, Barreda y Bercovich 2019; Devés, 2003).

Durante la década del 60, el Departamento de Asuntos Sociales de la OEA creó la Sección de Servicio Social, organismo desde el que se influenció directamente sobre las metodologías de intervención estatal en Latinoamérica y, particularmente, en Argentina (Manrique, 1982). De esta manera, las principales premisas del desarrollismo y su metodología de intervención penetraron en diversas áreas de la vida política y académica, e influenciaron las modalidades de intervención a escala nacional y provincial. Mediante una intervención estatal activa, modernizante y moralizante las acciones de gobierno se direccionaron a superar el subdesarrollo o las causas de “atraso” de los países en vías de desarrollo. El desarrollismo se presentó como un campo de estudio y un proyecto político-económico modernizador, nuevo⁵ y atractivo. (Manrique, 1982; Devés, 2003).

En Argentina, el desarrollismo se expresó durante el periodo 1955-1976, en un contexto de democracias restringidas por la proscripción del Partido Justicialista entre 1955 y 1973 y dictaduras militares⁶ (Campana, 2011). Rápidamente, los gobiernos argentinos de este periodo se inscribieron bajo las directrices y principios de las agencias de desarrollo (Campana, 2011; Osuna, 2017). Las modalidades de intervención del estado se asentaron en la metodología del desarrollo y la organización de la comunidad, y pusieron el foco en la promoción social y en la participación de los destinatarios en la ejecución de políticas públicas (Manrique, 1982; Campana, 2011; Balista, 1963a). La comunidad, nuevo sujeto de intervención estatal (Aquín, 1996), fue entendida como un espacio común en el que transcurre la vida de pobladores que interaccionan entre ellos y comparten intereses y necesidades (Kisnerman, 1983).

Desde esta metodología, la construcción de los problemas sociales en objetos de intervención (Aquín, 1996) se basó en la identificación de las “causas de atraso” en el seno mismo de las comunidades (Manrique, 1982; Grassi, 1989). Según la perspectiva desarrollista, los principales obstáculos para los procesos de desarrollo se encontraban en las “estructuras arcaicas” de las comunidades, en sus “tradicionales” modos de vida, en su resistencia al cambio y al “modernismo” (Grassi, 1989, p. 109) y en la desintegración y la falta de participación de sus individuos y grupos (Campana, 2011). En efecto, las modalidades de intervención estatal se centraron en la organización comunitaria y en la generación de aptitudes sociales con vocación de cambios desde un perfil tecnocrático (Campana, 2011).

Durante la década del 50 y el 60, las agencias desarrollistas lograron introducir política, ideológica y económicamente el pensamiento del desarrollo en las agendas políticas de Latinoamérica, y puntualmente, en las acciones del gobierno de facto de Onganía (1966-1970). Esto último, entre otros aspectos, se manifestó en la institucionalización, financiación y legislación de la intervención estatal sobre los problemas sociales y habitacionales (Campana, 2011; Balista, 1963a; Osuna, 2017). Esto implicó la (re)estructuración operativa del estado nacional y provincial, a partir de un proceso de problematización, renovación, modernización y creación de organismos públicos especializados (Devés, 2003; Dvoskin, 2017; Oszlak y O’Donnell, 1995).

En la Argentina desarrollista, la institucionalización de la intervención estatal sobre los problemas sociales y habitacionales se expresó en la emergencia del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública en 1958 (Ley Nacional 14.439, 1958), la reestructuración de la Dirección Nacional de Asistencia Social en 1960 (Campana, 2011), y en la creación de un sistema financiero para la construcción de viviendas en 1961 (Decreto Nacional 6.122 (1961). Este sistema estuvo integrado por el Fondo Federal de la Vivienda (recaudación y captación de recursos económicos públicos), la Administración Federal de Vivienda (organismo de control), el Consejo Federal de la Vivienda (organismo asesor), y la Caja Federal de Ahorro y Préstamo para la vivienda (canalización de fondos provenientes de agencias desarrollistas de crédito) (Balista, 1963a). Sin embargo, recién con la creación del Ministerio de Bienestar Social de la Nación en 1966 (Ley Nacional 16.956, 1966), las modalidades de intervención estatal se ubicaron bajo el concepto de bienestar social.

La instalación del concepto de bienestar social estuvo relacionada con el despliegue argumentativo de acciones discursivas y no discursivas de “desperonización” de la política pública por parte del gobierno de Onganía (Osuna, 2017), y con la influencia que la Doctrina Social de la Iglesia tuvo sobre este gobierno (Giorgi y Mallimaci, 2012). En parte, el concepto de bienestar social reemplazó al de justicia social, entendida por el gobierno como una categoría de contenido clasista y causante de rivalidades entre los miembros de la sociedad (Osuna, 2017). El gobierno promovió el discurso bienestarista y comunitarista en instancias nacionales de intercambio y formación de agentes estatales, entre las que destacamos a los Encuentros Nacionales de Bienestar Social (ENBS), puesto que, entre los participantes del 1er ENBS (1966) identificamos a miembros del Departamento de Arquitectura (DdA) del Ministerio de Obras Públicas de Santiago del Estero. Estos encuentros buscaron formar a los agentes estatales en el paradigma del desarrollo y su metodología de intervención, en virtud de dotar a las políticas públicas de eficiencia y racionalidad tecnocrática y designar organismos para ejecutarlas (CP con agente del DdA 14-10- 24).

3. El abordaje de los problemas socio habitacionales en la provincia: Reordenamiento estatal y procesos de clasificación de las poblaciones destinatarias de políticas públicas durante el gobierno de Carlos Uriondo (1967-1970)

Durante fines de Siglo XIX y principios de Siglo XX en Santiago del Estero, el abordaje de los problemas sociales vinculados a la salud, la asistencia social y la provisión de asilo, se sostuvo a partir del trabajo descentralizado de diversas formas organizativas y configuraciones institucionales –públicas y privadas– de “atención” y “respuesta” a diversos problemas sociales (Cademartori y Pereyra, 2023, p. 6). Con formas organizativas y configuraciones institucionales nos referimos a sociedades de socorros mutuos, asociaciones mutuales por oficio o nacionalidad, clubes sociales y deportivos, asociaciones culturales, organizaciones de consumo colectivo, colectividades religiosas, colectividades de inmigrantes, hospitales de inmigrantes, bibliotecas populares, sociedades de fomento, sociedades de profesionales y organismos públicos municipales. Las características, grado de incidencia, alcance geográfico, amplitud de tareas y requisitos para la participación de estas formas organizativas fueron diversos (Cademartori y Pereyra, 2023).⁷

Puntualmente, la cuestión habitacional despertó tempranamente la preocupación de intelectuales (Di Lullo y Garay, 1969; Beranger, 1965; Olmos, 1942) y de los gobiernos provinciales. Desde su nacimiento hasta 1968, el organismo encargado de la construcción y adjudicación de viviendas públicas fue el DdA del Ministerio de Obras Públicas (LH y EL, 1968). El departamento, construyó tres barrios obreros y el hogar escuela Eva Perón en el marco de la política habitacional y asistencial del peronismo provincial de Mitelbach (1946-1948) y Juárez (1949-1952) (Vezzosi, 2014). Posteriormente, durante el gobierno de Benjamín Zavalia (1963-1966) se proclamó la Ley Nro. 3.137 para la construcción de viviendas, y el gobierno formalizó convenios con la Caja Nacional de Ahorro Postal, a partir de los cuales se impulsó la creación de viviendas y la pavimentación urbana (Lascano, 1992).

Luego de la caída del gobierno de Zavalia (1963-1966), a causa del golpe de estado de 1966 liderado por Onganía, Santiago del Estero transitó sucesivas intervenciones federales que implicaron cuatro autodenominadas gobernaciones, la de Escalante (jun1966-jun1966), Nallar (1966-1967), Uriondo (1967-1970) y Jensen Viano (1970-1973). En enero de 1967, el gobierno nacional designó a Carlos Uriondo⁸ como gobernador de la provincia, el cual se mantuvo en el cargo hasta la caída del gobierno de Onganía en julio de 1970.

En enero de 1967, la salida de Nallar y la asunción de Uriondo implicaron el reacomodamiento de las instituciones públicas de la provincia. En consecuencia, algunas instituciones detuvieron su accionar y removieron sus autoridades, entre ellas el DdA. Para ese entonces, dicho organismo estaba a punto de adjudicar 150 viviendas en el barrio Jorge Newbery, y aún no había culminado obras de construcción de viviendas en las localidades de Brea Pozo y Mansupa y en los barrios Alberdi (monoblocks), Tala Pozo (actual Almirante Brown), Colón y las Cejas de la Ciudad de Santiago del Estero. Las viviendas de Brea Pozo y Mansupa estaban destinadas a la reubicación de las 238 familias que fueron desalojadas en 1965 para la construcción del dique frontal, un proyecto de la Corporación del Rio Dulce (Tenti, 2017).

En virtud de la participación de agentes del DdA en el ENBS (1966), las adjudicaciones del barrio Jorge Newbery ya estaban programadas y planificadas a partir de un enfoque tecnocrático que reproducía el discurso modernizante del desarrollo, e implementaría procesos de clasificación (Bourdieu, 2015), delimitación y jerarquización de la población destinataria (Olejarczyk y Jauri, 2013) asociados al fortalecimiento de la familia tradicional y a la evaluación de la situación socio habitacional de los destinatarios (CP con agente del DdA, 14-10-24). Los procesos de clasificación y jerarquización de los potenciales adjudicatarios se basaba en un sistema de méritos y puntaje, que se obtenía mediante la evaluación de las posibles familias adjudicatarias, su conformación intrafamiliar (cantidad de integrantes, sexo y edad), sus ingresos y su situación habitacional (tipo de vivienda y cantidad de cuartos). La composición intrafamiliar resultó relevante, ya que el discurso desarrollista pregonó la promoción de la familia (Ley Nacional 16.956, 1966) (Campana, 2011; Pereyra y Quevedo, 2020), y que las prominentes influencias de diversas expresiones del catolicismo (Ciudad Católica, los Cursillos de Cristiandad y el Ateneo de la República)⁹ sobre el gobierno nacional incidieron en la producción de la familia tradicional como sujeto destinatario de políticas públicas (Giorgi y Mallimaci, 2012; Yujnovsky, 1984) y “blanco privilegiado de acción” del estado (Scott, 1996, p. 35).

Del gobierno de Uriondo (1967-1970) destacamos dos aspectos centrales para las aspiraciones desarrollistas de la época y, particularmente, de este escrito. Por un lado, centralizó las políticas de asistencia, vivienda y salud mediante la creación de un nuevo organismo especializado y la institucionalización de áreas de intervención, lo que redefinió las modalidades de intervención de acuerdo a los principios del paradigma y la metodología del desarrollo. Y por otro lado, potenció la obra pública, posibilitando (entre otras cuestiones¹⁰) la construcción y adjudicación de miles de viviendas públicas en distintas ciudades y localidades de la provincia (Castiglione, 2010)

Las empresas locales de construcción no lograban abastecer la alta demanda de la obra pública provincial, por lo que, empresas foráneas se encargaron de la provisión de recursos y materiales de construcción. En consecuencia, el gobierno provincial posibilitó la otorgación de créditos por parte de la empresa de maquinarias de construcción “Caterpillar” (Castiglione, 2010). Los créditos, que contaron con la garantía del estado provincial, estuvieron destinados al fomento de la formación de empresas constructoras y la capitalización de las empresas locales ya existentes, a través de la provisión de equipos y maquinarias de construcción (Castiglione, 2010)¹¹. De este modo, el gobierno configuró un sistema en torno a la obra pública que posibilitó obras de envergadura durante los años desarrollistas, entre las que destacamos la construcción y adjudicación de miles de viviendas públicas (Castiglione, 2010). Este proceso, llevó a la generación de intereses y relaciones políticas y burocráticas propias e internas al Estado (contratistas del Estado Nacional y Provincial) (Oszlak y O´Donnell, 1995). Cada coyuntura política determina la correlación de fuerzas, los intereses y los agentes que participan en la construcción de la vivienda pública, los cuales generalmente se componen por el estado (sus organismos, agentes y procedimientos), el mercado (contratistas, capital comercial, capital financiero y capital productivo), los destinatarios o adjudicatarios, y en determinados casos, propietario(s) de los terrenos, y los organismos intermedios o mixtos (sindicatos, gremios, cooperativas) (Yujnovsky, 1984; Balista, 1963a).

De esta manera comenzaba el gobierno de Uriondo, con el potenciamiento de la obra pública, la construcción de viviendas, la incorporación de procesos de clasificación en la puesta en acto de la política pública, y un reordenamiento institucional y operativo del estado provincial que implicó el surgimiento de un nuevo organismo centralizador de políticas públicas provinciales.

4. La emergencia del Ministerio de Bienestar Social (SeSaP, SePAC e IPVU): creación e institucionalización de áreas de intervención, metodologías de abordaje y modalidades de intervención

A finales de los 60, el gobierno nacional de Onganía descentralizó la ejecución de las políticas de bienestar social con el objetivo de promover la creación de mecanismos sociales de funcionamiento comunitario que pudieran suplir las funciones de los desgastados partidos políticos (Giorgi y Mallimaci, 2012), y relegar al estado un rol de supletoriedad y asistencia técnica. De este modo, las políticas de bienestar social se desarrollaron bajo un sistema de centralización normativa/descentralización ejecutiva (Campana, 2011).

La provincia transitó los años 60 con una serie de apuestas provinciales y directivas nacionales hacia el desarrollo, que se expresaron en la creación de organismos estatales para la ejecución de políticas de desarrollo y bienestar social. Durante esos años, era frecuente la llegada a la provincia de autoridades y becarios de la ONU y de la OEA que participaban de visitas y formaciones en los organismos públicos responsables de dichas políticas (LH, 1968). El gobierno de Uriondo, con el involucramiento de una delegación de sacerdotes, inició un proceso de reconfiguración de las instituciones públicas de la provincia y un recambio de sus responsables, directivos y secretarios. De esta delegación se destacaron Abbé Pierre, fundador de Emaús Internacional¹², y José Balista, un sacerdote jesuita que había fundado Emaús Buenos Aires¹³ (CP con agente del DdA, 14-10-24; CP con informante calificado, 26-6-24).

El carácter activo y expansivo del estado burocrático-autoritario nacional y provincial (Oszlak y O´Donnell, 1995) fortaleció un proceso de operatividad, localización y estructuración estatal y generó importantes transformaciones en sus modalidades de intervención sobre lo social (Dimarco, 2022). En esta línea, el 6 de junio de 1968, el gobernador Carlos Uriondo (1966-1970), sancionó y promulgó la Ley 3474. Dicha Ley, estableció la creación del MBS y le adjudicó la función de formular y proponer al Poder Ejecutivo provincial, políticas públicas vinculadas a la salud, la vivienda y la asistencia de la “comunidad”, a las que llamaremos en adelante, políticas de bienestar social. Además, la Ley dispuso la creación de la SeSaP, la SePAC y el IPVU bajo la órbita del MBS.

Ciertamente, la construcción y el abordaje de los problemas sociales y habitacionales de la provincia inició con una notable fragmentación de la cuestión social en torno a la producción de tres áreas de intervención: vivienda, salud y asistencia. La Ley estableció los principales lineamientos (ver figura 1) de las dependencias y ubico a la comunidad en el centro de las modalidades de intervención, a la vez que, resaltó el rol de control, supervisión y asesoramiento técnico del estado (Ley provincial 3474, 1968). En esta línea, profesionales de las Ciencias Sociales formados en desarrollo, promoción y participación comunitaria, y agentes estatales que participaron del 1er ENBS (1966) fueron incorporados en los equipos de trabajo de las distintas dependencias del MBS.

Figura 1

Ministerio de Bienestar Social provincial según la Ley provincial 3474

Fuente: Elaboración propia con información extraída del trabajo documental sobre archivos de prensa escrita de los diarios LH (1968) y EL (1968).

En diciembre de 1968 se celebró en Santiago del Estero el 2do ENBS¹⁴, el cual se centró en el intercambio de propuestas y planes de construcción y abordaje de problemas sociales y habitacionales entre agentes de organismos públicos de distintas provincias argentinas. Este 2do ENBS (1968), puso el acento en la delimitación de áreas de intervención y la designación/creación de instituciones públicas a cargo de la ejecución de las políticas de bienestar social. Puntualmente, agentes del MBS provincial proyectaron su abordaje e intervenciones a partir del Plan de Supervisión provincial (PSP), el Plan provincial de Salud Pública para 1969 y la construcción y adjudicación de viviendas en distintas ciudades y localidades de la Provincia (LH, 1968). De esta manera, las secretarias del MBS proyectaron sus intervenciones y las centraron en la supervisión de instituciones públicas, en la promoción comunitaria, la participación organizada de los destinatarios de las políticas de bienestar social y el fortalecimiento de organizaciones intermedias.

En el marco del PSP se realizaron procesos de supervisión y evaluación institucional de organismos públicos (sobre todo de salud) de toda la provincia. La supervisión, en tanto acción educativa y administrativa, se orientó a introducir estudios pilotos, proyectos experimentales de investigación e intervención y asesoramiento de grupos o establecimientos (Bustos, 2023). De las supervisiones, resultaron informes que relevaron las principales insuficiencias institucionales. En efecto, ambas secretarias proveyeron a las distintas instituciones supervisadas insumos e infraestructura, entre las cuales destacamos al Hospital de Nueva Esperanza, el Hospital de Tintina y el Hospital Independencia de la Ciudad Capital.¹⁵

El PSP fue una de las primeras elaboraciones del MBS y, por tanto, una primera construcción de áreas de intervención específicas en base a los procesos de supervisión, los cuales tenían en cuenta los recursos materiales y humanos disponibles, el presupuesto institucional, las condiciones y características del área de intervención (sobre todo en términos de necesidad de asistencia y vivienda), el tiempo que demande la delimitación y construcción del área y, en consecuencia, las intervenciones sobre la misma (LH y EL, 1968).

La construcción de áreas de intervención implicó un proceso de zonificación de la provincia bajo tres criterios: (1) extensión territorial, (2) dispersión de los establecimientos e instituciones abocadas al abordaje de problemas sociales, y (3) las condiciones de los caminos de acceso a los diferentes destinos provinciales. El resultado fue la delimitación de cinco (5) áreas de intervención en la provincia; la primera (1ra), integrada por los departamentos Capital, Banda, Robles, Sarmiento, Río Hondo, Silípica y Loreto (tomó una semana supervisarla y delimitarla); la segunda (2da), Choya y Guasayán (tomó 8 días supervisarla y delimitarla); la tercera (3ra), Pellegrini, Giménez y Figueroa (tomó 11 días supervisarla y delimitarla); la cuarta (4ta), Atamisqui, Quebracho, Ojo de Agua, Mitre, Rivadavia, Taboada, Aguirre, Belgrano, Avellaneda, San Martín y Salavina (tomó 29 días supervisarla y delimitarla); Y la quinta (5ta), Juan Felipe Ibarra, Moreno, Alberdi y Copo (tomó 18 días supervisarla y delimitarla) (LH y EL, 1968) (ver figura 2).

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Figura 2

Áreas de intervención del Ministerio de Bienestar Social de la provincia

Fuente: Elaboración conjunta con Personal de Apoyo (CPA) del INDES con información extraída del trabajo documental sobre archivos de prensa escrita de LH (1968) y EL (1968).

La construcción de campos de acción estatal guarda una estrecha relación con la necesidad de conocer y dar forma a la vida social y económica de un capitalismo periférico y dependiente (Oszlak y O´Donnell, 1995). De este modo, el abordaje del MBS brindaba la posibilidad de producir, en el espacio local, intervenciones que identifiquen los principales territorios, sus comunidades, jerarquías, límites sociales y desigualdades en el acceso a derechos sociales, bienes y servicios públicos. La expansión y el fortalecimiento del estado burocrático-autoritario, en su expresión provincial, permitió la producción de un campo de acción, injerencia, control, ordenamiento, regulación y administración de problemas y ámbitos sociales diferentes y desiguales.

Observamos una fuerte articulación entre la SeSaP y la SePAC y acciones asistenciales en materia de salud basadas en la relación pobreza-vicio y pobreza-enfermedad¹⁶. A propósito de la articulación de las secretarias podemos destacar las supervisiones y evaluaciones de instituciones públicas (organización, departamentalización y delimitación de áreas de cobertura) y la provisión de servicios asistenciales y atención primaria de la salud a las familias y comunidades de la provincia (LH, 1968).

Puntualmente la SePAC, estuvo integrada por la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Dirección de la Familia y centró su trabajo en la promoción y la asistencia social (ver figura 3). Las intervenciones y abordajes centrados en la asistencia social se remitían a la protección de la población más vulnerable de la provincia, principalmente niños, adolescentes y ancianos (CP con agente de la SePAC, 14-10-24). Las acciones vinculadas a la promoción social, se focalizaron en la estimulación a los pobladores de una comunidad a “tomar conciencia” de sus problemas comunes, a conocer sus recursos y a potenciar sus aptitudes y capacidades de resolución de los mismos (Kisnerman, 1983, p. 33). Como parte de sus acciones de promoción comunitaria, la SePAC llevó adelante en Suncho Corral, Frías y la Ciudad Capital las “Jornadas para el desarrollo de la comunidad”. Las cuales estuvieron centradas en la formación de dirigentes comunitarios que lideren procesos de organización, identificación de necesidades, gestión y resolución de problemáticas colectivas, familiares e individuales de reproducción ocial y cotidiana (Aquín, 2013). La secretaria promovió y fortaleció las organizaciones vecinales, puntualmente, articuló acciones con la comisión vecinal del barrio Cáceres de la Ciudad Capital¹⁷.

Figura 3

Organigrama de la SePAC

Fuente: Elaboración propia con información extraída de la CP con agente de la SePAC el 14-10-24

Por su parte, el IPVU construyó y adjudicó cientos de viviendas durante sus primeros años, en articulación con el DdA culminó obras en la Ciudad Capital, en Brea Pozo y Mansupa. Además, desarrolló intervenciones centradas en la educación y la promoción social de aptitudes comunitarias vinculadas al acceso a la vivienda pública, y el remplazo de “viviendas rancho” por “viviendas modernas”. No obstante, profundizaremos sobre las acciones e intervenciones de esta dependencia en el próximo acápite.

Promover las aptitudes y actitudes de la comunidad era parte fundamental de las nuevas modalidades de intervención estatal (Manrique, 1982; Kisnerman, 1983), ya que el pensamiento desarrollista vinculó a los problemas sociales con procesos de desintegración, desinterés, falta de participación y prácticas paternalistas en la puesta en acto de las políticas públicas (Grassi, 1989). Esta perspectiva, reprodujo y legitimó –incluso desde el discurso académico de las Ciencias Sociales– la idea de que el desarrollo no era posible por la “mentalidad de los pobres”, sus “pautas tradicionales” de vida y sus resistencias al “cambio” y al “modernismo” (Grassi, 1989, p. 112). De tal modo que, impulsar y promover la organización de asociaciones intermedias y/o de base comunitaria bajo la asistencia técnica y la provisión de recursos estatales, era un imperativo de la política social del gobierno provincial y nacional (Giorgi y Mallimaci, 2012).

En síntesis, el proceso de institucionalización del ministerio estuvo acompañado de la organización de la administración estatal para la atención de la población provincial, lo que permitió la producción de dispositivos de abordaje asistencial de la salud y la vivienda. Las ideas desarrollistas en torno a la racionalidad tecnocrática y a la modernización de las prácticas de estatalidad impregnaron en las nuevas modalidades y tecnologías de intervención, y en la configuración de instrumentos, criterios y procesos de clasificación de la población destinataria de políticas de bienestar social, (re)produciendo instrumentos de construcción de la realidad social (Bourdieu, 1997). Ciertamente, las políticas estatales son una toma de posición (Oszlak y O´Donnell, 1995; Shore, 2010) respecto a la construcción de los problemas sociales/objetos de intervención (Aquin, 1996), a la ampliación/obturación de acceso a derechos sociales y bienes públicos, a la legitimidad de la demanda y la producción de un demandante/sujeto de intervención. Estas prácticas de estatalidad reproducen inevitablemente una lógica excluyente sobre los sujetos –individuales y colectivos– que no reúnen las características para integrar el “target” de una política pública en cuestión (Verón, 2011; Fonseca y Cardarello, 2005; Olejarczyk, 2021, Sabogal, 2016).

4.1. El IPVU y su articulación con el DdA: construcción y adjudicación de viviendas, alterización/moralización de la vivienda rancho, educación y promoción social

El IPVU fue el único organismo del MBS de carácter autárquico (Ley Provincial 3474, 1968), y si bien articuló acciones con la SePAC para resocializar a las familias adjudicatarias de viviendas en sus nuevos barrios (fortalecer lazos y valores comunitarios entre familias con historias, recorridos y pertenencia social diversas), su funcionamiento no fue interdependiente de las otras secretarias del MBS y estuvo más bien vinculado con el DdA, ya que este último era el organismo encargado de la construcción y adjudicación de viviendas antes de la emergencia del ministerio (ver figura 4).

Figura 4

El IPVU y el DdA, una articulación interministerial

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de los archivos de LH (1968) y EL (1968), y CP con agente del IPVU el 30-5-24 y agente del DdA el 14- 10-24.

El 19 de Noviembre de 1968 asume como primer presidente del Instituto de Vivienda el mencionado sacerdote jesuita José Dante Balista (LH, 1968), quién fuere el fundador de Emaús Buenos Aires, e investigador del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Sus investigaciones se centraban en la temática habitacional¹⁸ y se posicionaban desde el enfoque desarrollista¹⁹ (Balista, 1967).

En el acto de asunción de Balista, el Ministro de Bienestar Social de la provincia, Dr. López Díaz, remarcó la trayectoria del sacerdote y la importancia de contar con él al frente del IPVU. Por su parte, Balista reflexionó en torno al déficit habitacional en la provincia y a la importancia de “proyectar y determinar una política de vivienda y no solo hacer casas” (LH, 1968). Balista consideraba que la construcción masiva de viviendas públicas debía estar acompañada del diagnóstico de la situación habitacional provincial, el conocimiento de los problemas y sus proyecciones, la programación de inversiones y la coordinación de acciones planificadas en un mediano y largo plazo (Balista, 1968).

En cuanto a la situación habitacional, los resultados del Censo Nacional de 1960 indicaron que la provincia de Santiago del Estero contaba con 477.156 habitantes, 96.534 viviendas y 230.656 cuartos. Sin embargo, intelectuales de los años 50 y 60 estimaban que los números que arrojó el censo (1960) eran engañosos debido a que se incluyó a las “viviendas rancho” (Beranger, 1965), y estas no constituían unidades habitacionales que reunieran las condiciones mínimas de habitabilidad (Beranger, 1965; Di Lullo y Garay, 1969).

“Los ranchos –que tanto abundan– (…) están muy lejos de dar una idea de las verdaderas condiciones de la vivienda imperantes en la provincia (…) las condiciones insalubres, el primitivismo llevado al extremo, la rusticidad y la falta absoluta de higiene” son cuestiones constitutivas de los ranchos y por ello “salta a la vista la imperiosa necesidad de que sean reemplazadas por viviendas que reúnan las condiciones, aunque sea mínimas, a las que pueda aspirar el hombre” (Beranger, 1965, p. 527).

El censo (1960) advirtió a la vivienda rancho o “vivienda popular” como una realidad imperante en el interior de la provincia, y el discurso académico resaltó que este tipo de vivienda estaba acompañada de condiciones de hacinamiento, “prácticas primitivas” y problemas “morales” ligados a la promiscuidad de sus habitantes (Di Lullo y Garay, 1969; Beranger, 1965; Pereyra y Quevedo, 2020). Para el proyecto modernizante del desarrollismo fue, claramente, una causa de “atraso” y “subdesarrollo” (Manrique, 1982), por lo tanto, el despliegue inicial de la política de vivienda del IPVU se centró en el reemplazo de las viviendas rancho por “viviendas modernas” construidas por el estado. Puntualmente, viviendas del barrio Colón fueron destinadas a familias que ya habitaban la zona en viviendas rancho (CP con agente del IPVU, 30-5-24).

De este modo, mediante una intervención estatal activa y modernizante sobre la situación de “atraso”, se pretendía un tránsito hacia el desarrollo (Grassi, 1989; Manrique, 1982). Mientras el gobierno nacional de Onganía llevaba adelante un proceso de erradicación de villas en el área metropolitana de Buenos Aires (Olejarczyk, 2021; Raggio, 1994), en Santiago del Estero se inició un proceso de erradicación de la vivienda rancho. En ambos casos, las modalidades de intervención estuvieron notablemente atravesadas por los resultados del censo de 1960, por el discurso académico (Di Lullo y Garay, 1969; Beranger, 1965) y desarrollista –que a la vez reprodujo elementos del discurso médico-higienista (Devés, 2003; Campana, 2011; Pereyra y Quevedo, 2020)– y por la aspiración de un cambio deseado y deseable que permita transitar desde el subdesarrollo al desarrollo (Kisnerman, 1983).

El rancho era considerado un espacio habitacional que elevaba las posibilidades de morbilidad, mortalidad y enfermedades epidemiales o contagiosas, y sus habitantes una población “indeseada” y “antihigiénica” (Pereyra y Quevedo, 2020). De este modo, la vivienda rancho estuvo asociada a procesos de alterización articulados con un discurso moralizante/alterizante ejercido desde el estado y las Ciencias Sociales (Pereyra y Quevedo, 2020). El discurso desarrollista impugnó al rancho como un tipo de “vivienda primitiva”, en contraposición con la “vivienda moderna” y “decorosa” construida por el estado, la cual a su vez, impulsó a la familia tradicional como construcción moral deseable (Torres, 2023a y b; Pereyra y Quevedo, 2020) a través de procesos de clasificación y jerarquización de la población destinataria. De este modo, los criterios estatales de inclusión/exclusión y la construcción de un sujeto destinatario giró paulatinamente desde los trabajadores registrados como “blancos privilegiados de acción” (Scott, 1996, p. 35; Yujnovsky, 1984; Cremaschi, 2016) hacia una singular valoración de la familia tradicional con vínculos conyugales para el acceso a la vivienda pública (Torres, 2023a y b) ²⁰.

La impugnación sobre la vivienda rancho –que reunía aspectos de salubridad y de moralidad– legitimó intervenciones estatales disciplinantes, y deslegitimó modos de vida y hábitat. A la vez, esos sectores fueron “beneficiados” con una “vivienda moderna” (Pereyra y Quevedo, 2020), es decir, las intervenciones del IPVU ampliaron el acceso a un bien público material y simbólico fundamental para la reproducción social, familiar y cotidiana (González, Nucci, Soldevila, Ortolani y Crosetto, 1999; Aquín, 2013), contribuyendo activamente a la configuración de un discurso y un pensamiento social y moral (Durkheim, 2007) sobre los habitantes de las viviendas rancho.

En sus primeros años, el IPVU se dedicó a la terminación de las obras de construcción de barrios y viviendas públicas que habían sido iniciadas por el DdA, incluso con la participación de este último. En consecuencia, entre 1968 y 1969, el IPVU terminó la construcción de viviendas en varios barrios de la Ciudad de Santiago del Estero, de Mansupa y Brea Pozo (ver tabla 1 y figura 5).

Tabla 1

presupuestos de barrios y viviendas terminadas por el IPVU entre 1968 y 1969

Fuente: Elaboración propia con información extraída del trabajo documental sobre archivos de prensa escrita de los diarios LH (1968) y EL (1968).

En la figura 5 localizamos la Ciudad de Santiago del Estero y las localidades de Mansupa y Brea Pozo. En las tres, el IPVU construyó y adjudicó viviendas.

Figura 5

Ciudad de Santiago del Estero, Mansupa y Brea Pozo

Fuente: Elaboración conjunta con Personal de Apoyo (CPA) del INDES con archivos de prensa de LH (1968) y EL (1968).

Finalmente, durante julio de 1968, el IPVU adjudicó las 150 “viviendas modernas” del barrio Jorge Newbery que no alcanzó a adjudicar el DdA debido al cambio de gobierno en 1967. Dichas viviendas se financiaron mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Hipotecario Nacional, el Plan de Alianza Para el Progreso y fondos del Poder Ejecutivo provincial (LH y EL, 1968). Para Balista (1963a) era importante pero insuficiente el sistema financiero, legislativo e institucional en torno a la construcción de viviendas públicas en Argentina, por lo que estimaba a la inversión privada y la participación de los destinatarios y de organizaciones intermedias como factores indispensables para la puesta en acto de una política habitacional.

En la provincia de Santiago del Estero, la acción crediticia para la construcción de viviendas públicas estuvo a cargo del Banco Hipotecario Nacional, la Dirección de Préstamos Personales y con Garantía Real y el Banco de la Provincia de Santiago del Estero (Beranger, 1965). El Banco Hipotecario Nacional fue el principal financiador de las obras en la provincia y por lo tanto, actor ineludible para consensuar los nuevos y modernos criterios de inclusión/exclusión de la política de vivienda (CP con agente del DdA, 14-10-24; CP con agente del IPVU, 30-5-24). El Banco Hipotecario centró su acción en la Ciudad Capital, La Banda, Frías, Añatuya y Las Termas (Beranger, 1965), actualmente, entre estas ciudades y el resto de la provincia existen brechas de desarrollo en términos de acceso a recursos y bienes materiales y simbólicos, públicos y privados, que contribuyen a la desigual distribución geográfica y sectorial de la población (Berthomieu, Ehrhart, y Hernández-Bielma, 2005). Si bien, la centralidad que tomó la política de vivienda en estas ciudades no fue la única causa de las brechas de desarrollo, las desigualdades entre las ciudades y localidades de la provincia responden a las diferencias en el acceso a “recursos de todo tipo, tanto simbólicos como materiales y existenciales de carácter estructural que configura una sociedad y que tienen que ver con su protección, conservación, reproducción y desarrollo” (Paolasso y Longhi, 2019, p. 4).

La desigualdad en el acceso a la vivienda, en tanto bien material y simbólico fundamental para la reproducción social, familiar y cotidiana (González, Nucci, Soldevila, Ortolani y Crosetto 1999; Aquín, 2013; Torres, 2023a y b) es, en parte, resultado de un proceso de sedimentación de prácticas y decisiones de gobierno que contribuyeron activamente a reproducir y consolidar las desigualdades persistentes en la provincia. Sin embargo, por despliegue, masividad y persistencia, la política de vivienda provincial constituyó en una acción de estado central (Torres, 2023a y b), que si bien reprodujo y reproduce la lógica inevitablemente excluyente de los procesos de clasificación (Fonseca y Cardarello, 2005), permitió el acceso a la vivienda a miles de familias santiagueñas.

Las acciones del IPVU, al igual que las otras áreas del MBS, se caracterizaron por incorporar elementos de la metodología del desarrollo y organización de la comunidad en sus intervenciones. Durante fines del 60 y comienzos de los 70, según agentes del instituto, la oferta de viviendas del IPVU era superior a la demanda de las mismas. En consecuencia, el Área Social del IPVU tuvo por tarea la promoción de la oferta de viviendas del instituto e incentivar la demanda mediante la participación y organización de la comunidad (CP con agente del IPVU, 30-5-24).

Agentes y profesionales del área identificaron familias con necesidades habitacionales o que habitaban en viviendas rancho y les ofrecían la posibilidad de adquirir una vivienda moderna construida por el IPVU. Para lo que fue necesario educar a los potenciales adjudicatarios en el aprendizaje del procedimiento mediante el cual se obtenía una vivienda pública, dado que ese saber hacer aún no existía en la sociedad santiagueña. Esto consistía en enseñar cómo se llevaba a cabo la elaboración de una ficha de inscripción para solicitar una vivienda del instituto, y en el asesoramiento sobre cómo obtener las documentaciones y los requisitos institucionales para la inscripción. En los casos en los que la ficha de inscripción de las familias aspirantes se encontraba lista, los profesionales del área realizaban visitas domiciliarias para corroborar la cumplimentación de los requisitos de inscripción e indagar la situación familiar, social, económica y habitacional de los potenciales adjudicatarios. De este modo, el IPVU desarrolló procesos de clasificación, delimitación y jerarquización de su población destinataria y evaluó la posibilidad de adjudicar viviendas a través de entrevistas, diagnósticos e informes sociales. Ciertamente, estos procesos de clasificación deslegitimaron modos de vida y hábitat, a la vez que, las prácticas de educación social ampliaron el acceso al derecho y bien público que es una vivienda.

Las intervenciones del IPVU también desplegaron programas de ayuda mutua para la construcción de barrios y viviendas, estos se basaron en el aporte estatal de materiales y herramientas de construcción y la participación de los destinatarios y de organizaciones intermedias (sindicatos, gremios, cooperativas empresas y organismos mixtos) en las obras de construcción (Balista, 1963, p. 98). En Santiago del Estero identificamos tres ejemplos de este tipo de construcción de viviendas y barrios durante los finales de la década del 60 (LH, 1968; CP con agente del DdA, 14-10-24). El primero, remite a la construcción de viviendas en el barrio Ciudad del Niño, con la participación de la sociedad “Los Amigos de la Educación”. El segundo, la construcción de 200 viviendas por parte del “Centro de Empleados de Comercio”. Y tercero, la culminación del barrio Tala Pozo, puesto que la construcción de las veredas y los cordones cunetas del barrio fue realizada mediante programas de ayuda mutua. El discurso del desarrollo consideraba que las organizaciones intermedias podrían gestionar y gerenciar el bienestar social, por lo que, relegaron al estado a una función subsidiaria, supletoria, de asistencia técnica y control (Giorgi y Mallimaci, 2012).

Mediante la participación organizada, la educación social y la promoción de aptitudes y actitudes de la comunidad, los agentes y profesionales del área Social del IPVU buscaron dotar a los pobladores santiagueños de las herramientas y la información para identificar sus necesidades habitacionales y superar las situaciones de “atraso” y “subdesarrollo” (Beranger, 1965) expresadas en sus condiciones socio habitacionales.

El recorrido nos muestra que las acciones del IPVU estaban vinculadas, no solo a la construcción y adjudicación masiva de viviendas públicas, sino también a la educación social, la promoción social y la organización y participación comunitaria. Es decir, sus modalidades de intervención incorporaron elementos de la metodología de desarrollo y organización de la comunidad, y procesos de clasificación, delimitación y jerarquización de la población destinataria que produjeron discursos y prácticas alterizantes/moralizantes sobre los habitantes de las viviendas rancho y pregonaron el modelo familiar tradicional (Pereyra y Quevedo, 2020; Torres, 2023a y b).

5. Recapitulación y conclusiones

Este acápite ofrece una recapitulación del texto que nos permite vislumbrar las principales conclusiones del mismo, a la vez que, formularnos preguntas que no pudieron ser respuestas en este artículo, y que podrían representar líneas de investigación tentativas en el área temática en cuestión.

El recorrido nos permitió identificar la influencia de las agencias desarrollistas en la implementación de la metodología del desarrollo y la organización de la comunidad en las renovadas modalidades de intervención estatal en Argentina y Santiago del Estero durante los años desarrollistas (Manrique, 1982; Campana, 2011; Dvoskin, 2017). La influencia del paradigma desarrollista se expresó, entre otras aristas, en la institucionalización, legislación y financiación del abordaje estatal (provincial y nacional) de los problemas sociales y habitacionales, lo que configuró los principales lineamientos de las políticas de bienestar social que, rápidamente, ubicaron a la comunidad como sujeto de intervención (Aquín, 1996) y promovieron la promoción comunitaria, el fortalecimiento de organizaciones intermedias, la ayuda mutua en la construcción de viviendas y la participación organizada de los destinatarios de las políticas de bienestar social (Campana, 2011; Giorgi y Mallimaci, 2012; Manrique, 1982). En ese sentido, el estado santiagueño no es la excepción a la regla, las decisiones políticas en torno a las modalidades de intervención estatal estuvieron abiertamente en adhesión al proyecto desarrollista. Vale decir que, el proyecto desarrollista en Argentina se expresó durante democracias restringidas y dictaduras militares (Campana, 2011). Es decir, el gobierno provincial de Uriondo fue designado arbitrariamente por Onganía en 1966, por tanto, se sometió a las directivas del gobierno nacional y replicó los procesos de creación de organismos especializados e institucionalización de la acción estatal, el involucramiento del catolicismo y la centralización de diversas áreas de las políticas públicas bajo el concepto de bienestar social.

Durante la segunda mitad de la década del 60, las modalidades de intervención del estado provincial incorporaron procesos de clasificación (Bourdieu, 2015), delimitación y jerarquización (Olejarczyk y Jauri, 2013) de la población destinataria de las políticas públicas, que pregonaron la importancia de la familia tradicional, la “vivienda moderna”, la racionalidad tecnocrática y el mérito. En este sentido, las políticas fueron una toma de posición (Oszlak y O´Donnell, 1995; Shore, 2010) respecto a la legitimación/deslegitimación de los problemas sociales y los tipos de habitabilidad, y la ampliación/obturación de derechos. Luego de su asunción en enero del 67, el gobierno provincial de Carlos Uriondo (1967-1970) inició un proceso de reordenamiento del estado provincial, y un recambio de sus funcionarios y autoridades que reconfiguró la operatividad y localización del mismo. Como parte de este proceso, en 1968 la Ley 3.474 crea el MBS y sus tres dependencias, en este organismo se centralizaron las políticas de vivienda, salud y asistencia. En este reordenamiento estatal participó una delegación de sacerdotes entre los que se destacaron Abbé Pierre, fundador de Emaús Internacional, y José Balista, fundador de Emaús Buenos Aires y primer presidente del IPVU. En efecto nos preguntamos ¿Cómo fue el desembarco de Emaús en la provincia? ¿Qué implicó? ¿A qué agentes involucró? ¿Existió vínculo entre Emaús y las expresiones católicas que acompañaron al gobierno nacional de Ongania? ¿Cómo se financió, construyó y adjudicó el barrio Emaús de la Ciudad de Santiago del Estero? ¿Bajo qué criterios? ¿Hacia qué sectores estuvieron dirigidas las viviendas?

La fragmentación de la cuestión social en tres campos de intervención (vivienda, salud y asistencia) implicó una fuerte articulación entre la SeSaP y la SePAC para el abordaje de problemáticas que traspasan los limites disciplinares y burocrático-administrativos. Mediante la producción de áreas de intervención (ver figura 2) el ministerio extendió los servicios asistenciales, de salud y de vivienda en todo el territorio provincial, y fortaleció las instituciones de salud pública. A su vez, la producción de campos de acción permitió conocer, ordenar y administrar la vida social y económica en zonas geográficas diferentes y desiguales, a partir de intervenciones que identificaron los principales territorios, sus comunidades, jerarquías, límites sociales y desigualdades en el acceso a derechos sociales, bienes y servicios públicos.

La institucionalización de áreas, la profesionalización de organismos y la racionalización y tecnificación de la ejecución de las políticas del MBS permitieron la producción de dispositivos de intervención y procesos de clasificación que contribuyeron activamente a la reproducción de discursos moralizantes e instrumentos de construcción de la realidad social (Bourdieu, 1997) que se expresaron con claridad en la impugnación al rancho y su remplazo por viviendas “modernas”, “decorosas” y estatales, y en las intervenciones en materia de salud bajo la relación pobreza-enfermedad y pobreza-vicio.

Los procesos de educación, participación organizada y promoción comunitaria se constituyeron en principios característicos de la metodología desarrollista, y se vio reflejado en las formaciones de dirigentes comunitarios y el fortalecimiento de mecanismos y espacios comunitarios como los centros vecinales por parte de la SePAC. En ese sentido, la enseñanza de los métodos y procedimientos de solicitud de viviendas públicas, el acompañamiento durante el proceso de adjudicación, y los procesos de resocialización y organización de las familias adjudicatarias de viviendas del IPVU, fueron ejes centrales de la política de vivienda, y hoy representan una verdadera vacancia en los procesos de adjudicación. Cabe preguntarse entonces ¿Qué tipos de dispositivos de intervención se utilizaron para resocializar a las familias? ¿Qué efecto tuvo en la sociabilidad y seguridad de los barrios? ¿Evitó que los adjudicatarios, vendan, alquilen o abandonen sus viviendas? En esta línea, un punto a profundizar son los procesos de adjudicación y resocialización de las 238 familias reubicadas en las viviendas públicas construidas en Mansupa y Brea Pozo ¿Qué implicó el traslado de las poblaciones? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Qué problemas se presentaron? ¿Con qué dispositivos y recursos se contó?

En términos generales, las desigualdades entre las principales ciudades (Santiago del Estero, La Banda, Añatuya y Las Termas) y el resto de la provincia, en términos de acceso a “recursos de todo tipo, tanto simbólicos como materiales y existenciales de carácter estructural que configura una sociedad y que tienen que ver con su protección, conservación, reproducción y desarrollo” (Paolasso y Longhi, 2019, p. 4), constituye un problema de investigación y un problema político de una densidad inabarcable para este artículo. Sin embargo, nos interesa postular que, a pesar de que la desigualdad en el acceso a la vivienda es parte de un proceso de sedimentación de prácticas y decisiones de gobierno que contribuyeron activamente a reproducir y consolidar las desigualdades persistentes en la provincia; por despliegue y perennidad (Torres, 2023a y b), la política de vivienda provincial constituiría un factor determinante para la conservación del orden social. Puesto que, a pesar de que sus procesos de clasificación reproducen una lógica de inevitablemente excluyente (Fonseca y Cardarello, 2005), la política habitacional provincial constituye una acción de estado sostenida en el tiempo y singularmente masiva (Torres, 2023a y b).

En síntesis, durante los años desarrollistas, el MBS llevó adelante una intervención activa, modernizante y moralizante/alterizante sobre los problemas sociales y habitacionales que, según la perspectiva del desarrollismo, se encontraban en el seno mismo de la comunidad, en su desintegración, falta de participación y en sus modos “tradicionales” y “primitivos” de vida (Manrique, 1982; Campana, 2011; Grassi, 1989;Beranger, 1965; Di Lullo y Garay, 1969). En virtud del recorrido, postulamos que las acciones e intervenciones de la SeSaP, la SePAC y el IPVU tuvieron un alcance importante a escala provincial en términos de identificar, construir, ordenar, administrar y abordar los problemas sociales y habitacionales en distintas y desiguales zonas geográficas de la provincia. El ministerio expandió el acceso a la salud y la vivienda, y la asistencia social hacia diversos y desiguales ámbitos sociales de la provincia. El despliegue del MBS fue la expresión más acabada de la renovación de las modalidades de intervención del estado provincial bajo el concepto de bienestar social y la metodología del desarrollo y organización de la comunidad, a la vez que, forjó una base institucional y un curso de acción para el abordaje de los problemas sociales y habitacionales que, mediante prácticas de estatalidad influenciadas por las ideas desarrollistas de la época, reprodujeron concepciones y discursos moralizantes/alterizantes que aún hoy persisten.

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Notas

Recepción: 01 octubre 2024

Aprobación: 15 febrero 2025

Publicación: 01 marzo 2025

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