Introducción

Es innegable que la aparición del peronismo alteró el mapa de las fuerzas políticas predominantes hasta entonces en la política argentina. Para los conservadores, herederos del Partido Autonomista Nacional que había gobernado la Argentina durante el régimen oligárquico y reconvertidos en el Partido Demócrata Nacional que lideró las administraciones de la Concordancia entre 1932 y 1943, significó su eclipse definitivo como fuerza nacional. En tanto, para socialistas y comunistas abrió una larga historia que varió del rechazo abierto a diversas formas de aproximación. Por su parte, los radicales ocuparon el lugar de principales antagonistas al peronismo, pero indudablemente la imagen extendida de la Unión Cívica Radical (UCR) como un partido vinculado a las clases medias y más de tipo “liberal-republicano”, es heredera de transformaciones identitarias que se acentuaron fuertemente entre 1945 y 1955.

A pesar del apoyo generalizado entre los partidos antiperonistas al golpe militar de septiembre de 1955 que dio comienzo a la “Revolución Libertadora”, el período que duró esta experiencia en el poder estuvo atravesado por rupturas al interior de la mayoría de dichas fuerzas. De este modo, el posicionamiento frente al gobierno provisional y, especialmente, al modo de abordar el legado peronista derivaron en fracturas que afectaron a radicales (1957), socialistas (1958), conservadores (1958) y también al comunismo y a otros sectores de la izquierda a través de sucesivas escisiones en los años ´60.

El propósito de este trabajo es volver sobre el proceso de división al interior de la Unión Cívica Radical (UCR) entre el inicio de la Revolución Libertadora en septiembre de 1955 y la consumación de aquella ruptura en marzo de 1957. Existen diversos motivos para esta periodización del trabajo de archivo: en primer lugar, se procuró reconstruir el debate público en los momentos iniciales del gobierno provisional, cuando su relativa fortaleza entre la opinión pública antiperonista alentó un profundo debate respecto a la construcción de un pretendido orden posperonista. Este período se corresponde con lo que Cavarozzi (1984) ha identificado como la “etapa ofensiva” de la Revolución Libertadora¹.

Por otro lado, durante el mes de marzo de 1957 ocurrieron tres episodios significativos: se concretó efectivamente la ruptura de la UCR entre la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP); finalizó sus sesiones la Junta Consultiva Nacional (JCN), cuya trayectoria como órgano de deliberación y consulta representaba un ámbito de camaradería y solidaridad entre las fuerzas políticas adherentes a la Revolución Libertadora; y, por último, el 31 de marzo, el presidente Pedro Aramburu comunicó el cronograma electoral que comprendía las fechas definitivas de las elecciones constituyentes, en julio de 1957, y presidenciales, en febrero de 1958, a pesar de las presiones e internas militares que más de una vez sembraron interrogantes respecto a la viabilidad de dicho cronograma.

A medida que el desgaste del proceso político y las dificultades del ambicioso proyecto oficial de desperonización se hicieron visibles, el horizonte de reapertura electoral también contribuyó a la erosión del consenso antiperonista. Al interior de la UCR, la conflictiva relación entre intransigentes y unionistas heredada de la década peronista se reconfiguró alrededor de la figura de Arturo Frondizi, presidente del comité nacional del partido y tempranamente designado por su sector como candidato presidencial en noviembre de 1956.

Desde entonces, a la oposición interna al frondizismo, que encarnaban los llamados sectores unionistas y sabattinistas, se sumaría la de los radicales intransigentes con base en la provincia de Buenos Aires referenciados en la figura de Ricardo Balbín. En líneas generales, los tres grupos coincidieron en una defensa encendida de la Revolución Libertadora y en un discurso antiperonista beligerante, que los acercó al resto de los llamados “partidos democráticos” que adherían al gobierno provisional. En tanto, la línea política de Frondizi y de sus seguidores se caracterizó por una progresiva diferenciación del campo “revolucionario” y, particularmente, por un discurso público que apuntaría cada vez más a interpelar al electorado peronista.

La conducta del frondizismo, considerada como desleal con los principios de la Revolución Libertadora por el grueso del antiperonismo y de sus rivales al interior de la UCR, se objetaría principalmente en torno a la centralidad de los conceptos de totalitarismo y de demagogia. Aquellas categorías, reservadas generalmente en el lenguaje de dichos grupos a la experiencia peronista, apuntaban ahora a subrayar la presunta continuidad entre el pasado reciente y la operación frondizista destinada a quebrar la solidaridad fraterna del autoproclamado espectro “revolucionario” o “democrático”. De este modo, la fractura del radicalismo operaría como un elemento determinante en el quiebre del consenso antiperonista posterior a 1955.

La interna radical bajo el peronismo (1946-1955)

Al iniciar la Revolución Libertadora, el radicalismo era un partido virtualmente fracturado. A pesar de haber encarnado la principal fuerza de oposición al peronismo, la división interna entre los radicales intransigentes y los unionistas no había hecho más que profundizarse a lo largo de aquella década.

Desde 1945, el Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR) se había conformado como una corriente interna basada en una fuerte reivindicación de la tradición yrigoyenista y opuesta a la vieja dirección partidaria, sin un liderazgo claro desde la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942. Contrarios a la formación de la Unión Democrática en las elecciones de 1946, la victoria de Perón propició su avance dentro del partido al responsabilizar a la conducción “unionista” por el fracaso electoral. La intransigencia argumentaba que, en su idilio democrático y antifascista con otros sectores de la oposición, los unionistas habían traicionado los principios radicales y permitido que aquellas consignas históricas fueran apropiadas por el peronismo.

El MIR finalmente accedería a la conducción del partido a inicios de 1948² y de este modo quedaría planteada la paradoja de que la principal expresión de la oposición compartiera un registro de muchas similitudes, no sólo las programáticas reflejadas en la Declaración de Avellaneda, sino también de discurso político, con el peronismo gobernante³.

No obstante, la dinámica del antagonismo con el peronismo dificultaría las pretensiones programáticas de la nueva dirigencia radical. A pesar de que el “bloque de los 44” diputados liderado por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi presentó diversos proyectos legislativos que recogían su voluntad de rivalizar con las credenciales nacionales y populares del gobierno, el ejercicio opositor volcó progresivamente a los radicales hacia un discurso orientado a la denuncia del creciente autoritarismo gubernamental, que prolongó el tono general de la campaña electoral de 1945. Recién en los últimos años de Perón en el gobierno, aquel énfasis doctrinario del MIR encontró mayores posibilidades para estocar al peronismo por sus concesiones en materia económica.

Precisamente los modos de enfrentar al gobierno peronista profundizarían las divisiones internas con los unionistas. Aquellas se visibilizaron claramente después de la reelección de Perón en 1951, que además de consolidar una mayoría estable de apoyo al oficialismo de alrededor de dos tercios del electorado, revalidó también al radicalismo como el único partido opositor relevante en las urnas. La mejora del desempeño radical evidenció una tendencia hacia la concentración del voto opositor en la UCR a expensas del resto de las fuerzas menores. En ese sentido, como dice García Sebastiani (2005), a partir de las elecciones de 1951, la UCR se convirtió en el partido de los antiperonistas.

Sin embargo, mientras el radicalismo se consolidaba como principal fuerza opositora, su mapa interno de poder sufría modificaciones. La novedad que introdujo este período fue la división de la intransigencia entre el ascendente grupo bonaerense y el núcleo cordobés que respondía al ex gobernador Amadeo Sabattini. Esto condujo al segundo grupo a un acercamiento al sector unionista (a partir de 1950 relanzado como Núcleo Unidad Radical), cuya premisa básica era la unidad de toda la oposición al peronismo y el abandono de la participación electoral para desconocer la legalidad gubernamental. También el sabattinismo había iniciado un viraje hacia el abstencionismo: tras la reforma constitucional de 1949 declaró que se había abierto una etapa de subversión institucional y empezó a proclamar una abstención revolucionaria en consonancia con la tradición yrigoyenista. En ese sentido, como afirma Tcach (2006), el bloque abstencionista rechazó la fórmula Balbín-Frondizi para las elecciones de 1951 e inició su acercamiento a la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

A partir de 1952, el abandono de toda participación en el ámbito institucional se volvió un fuerte reclamo por parte de muchos antiperonistas para enfrentar a un gobierno que consideraban una dictadura carente de legitimidad democrática. Al interior de la UCR, unionistas y sabattinistas reclamaron que el partido renunciara a todos sus cargos electivos a nivel nacional y provincial. Sin embargo, la dirección intransigente, renuente a resignar la visibilidad política que otorgaba el debate parlamentario, enmarcó su posición en lo que llamó la “línea combatiente”, que reivindicaba la continuidad de la práctica opositora en el ámbito institucional y, a la vez, una fuerte defensa del carácter programático del radicalismo.

A inicios de 1954, la intransigencia impulsó a Frondizi para la presidencia del comité nacional. Su designación se llevó a cabo en una tumultuosa jornada donde los delegados unionistas y sabattinistas se retiraron de la convención partidaria y desconocieron el resultado de la votación, aludiendo a presuntas irregularidades en el mecanismo de elección de delegados. Otra consecuencia de aquella votación fue la ruptura formal del MIR, dado que el sabattinismo anunció a los pocos días el lanzamiento del Movimiento de Intransigencia Nacional (MIN).

La ascendente estela de Frondizi resultó atractiva para jóvenes y sectores de la intelectualidad progresista que se acercaron a la UCR. La publicación de Petróleo y política dio al líder intransigente un perfil más cercano a la izquierda antiimperialista, que sus rivales internos rechazaron como extraño a la tradición radical. Aquel sería el lugar ideológico desde el que Frondizi libró la disputa partidaria que culminó en la ruptura de 1957, previo al giro desarrollista que incipientemente -bajo la creciente influencia de Rogelio Frigerio y la revista Qué- se empezaría a manifestar en algunas declaraciones esporádicas del presidente del comité nacional⁴.

Envuelto en una crisis interna, el radicalismo contempló la caída del gobierno que tanto había combatido detrás del protagonismo que a lo largo de 1955 adquirieron católicos y militares rebeldes. Aquello no le impidió aclamar el advenimiento de la Revolución Libertadora, que celebró de forma entusiasta junto al resto del arco antiperonista. Sin embargo, para entonces la principal fuerza opositora se hallaba virtualmente fracturada: desde mayo de 1955 el bloque parlamentario se había dividido entre uno avalado por el comité nacional, presidido por Oscar Alende, y otro unionista liderado por Mauricio Yadarola. En ese contexto, el radicalismo postergó una vez más su brecha interna para hacer frente al nuevo escenario político.

Los reacomodamientos internos frente a la Revolución Libertadora

Un consenso básico de las fuerzas políticas antiperonistas fue la naturaleza democrática del proceso político iniciado el 16 de septiembre de 1955. Como corolario de una trayectoria de radicalización opositora a lo largo de la década peronista, los autoproclamados “partidos democráticos” adoptaron una narrativa relativamente común frente al inicio de una nueva etapa⁵. Todos ellos saludaron el papel desempeñado por los militares sublevados contra Perón, a quien responsabilizaron por haber consumado un régimen totalitario que no dejó a sus opositores otra alternativa más que el levantamiento armado. Según una analogía antiperonista muy difundida, como en la Batalla de Caseros de un siglo atrás, los rebeldes se levantaban contra una dictadura para restablecer una república. Aquel era para sus adherentes el sentido reparador de la Revolución Libertadora, amparada por el derecho de rebelión a la tiranía e inscripta en la defensa de la tradición liberal argentina y la línea fundante Mayo-Caseros⁶.

En ese contexto, el radicalismo no fue indiferente al entusiasmo antiperonista y emitió un comunicado donde reivindicó el alzamiento militar como “último recurso” de un pueblo privado de su libertad, además de responsabilizar al régimen depuesto por el derramamiento de sangre de las jornadas previas (La Nación (LN), 23-9-55). Desde esta perspectiva, los partidos políticos recordarían una y otra vez a las Fuerzas Armadas que el gobierno emanado de las jornadas de septiembre debía ser concebido como una gesta conjunta de militares y civiles y no como una obra puramente castrense.

La participación orgánica de las fuerzas políticas en la Revolución Libertadora fue reflejada en la conformación de la JCN, un órgano de deliberación y consulta compuesto por veinte representantes de los partidos que adherían al gobierno provisional. Creada por decreto-ley el 27 de octubre de 1955 al mando del vicepresidente Isaac Rojas, la Junta no distinguió antecedentes y fijó un sistema de representación igualitaria de cuatro integrantes por sector: la UCR, el Partido Socialista, el Partido Demócrata, el Partido Demócrata Progresista y diversos representantes católicos. En tanto, de acuerdo a su inspiración “antitotalitaria”, fueron excluidos del organismo el peronismo y el Partido Comunista (Pizzorno, 2023).

La representación radical en la JCN también procuró representar a las tres corrientes fundamentales que integraban el partido hacia fines de 1955: Oscar Alende y Oscar López Serrot asumieron por la intransigencia; Miguel Ángel Zavala Ortiz por el unionismo y Octavio Gauna por el sabattinismo.

Hacia fines de octubre, estos tres sectores consensuaron una declaración de adhesión “al móvil de la Revolución Libertadora y a sus altos propósitos de reparar la vida argentina en sus fases éticas, políticas y sociales” (LN, 30/10/55). Sin embargo, a pesar de que el partido se mostraba unido en el acompañamiento al gobierno provisional y en la integración de la JCN, las disputas internas no tardaron en reactivarse en virtud de las posibilidades que proveía el nuevo escenario político.

El exitoso desenlace del golpe septembrino había avalado la apuesta conspirativa de unionistas y sabattinistas, que no perdieron oportunidad de reivindicar públicamente una estrategia que no había podido difundirse como tal en épocas de vigilancia peronista. Al hacerlo tampoco olvidaron la posición eminentemente institucional que había conservado la dirigencia partidaria. De este modo, el sabattinismo proclamó que frente a la actitud de “juego limpio al peronismo” propiciada por el comité nacional, había promovido una política de “abstención activa” como “camino propicio y abierto para la acción revolucionaria”, conducta que también reconoció para el sector unionista (LN, 17-10-55).

Al igual que en el resto de los partidos antiperonistas, desde mediados de 1955, militantes y dirigentes radicales de la UCR habían formado parte de los llamados comandos civiles que prestaron su colaboración en hechos armados, generalmente bajo el mando de algún oficial militar, y que en las jornadas de septiembre llegaron a desempeñar un papel protagónico en los enfrentamientos de la capital de Córdoba. Esta participación armada, realizada a título individual y no orgánico, se había desactivado en buena medida después de la asunción de Eduardo Lonardi.

Sin embargo, los comandos sobrevivientes pronto se articularían como fuerza de choque de oposición a la política sindical del nuevo gobierno, en general junto a oficiales de la Marina y a representantes del autoproclamado “sindicalismo democrático”⁷. Para entonces, el grueso de la opinión pública antiperonista ya mostraba su impaciencia frente a ciertos gestos de prudencia ensayados por el gobierno de Lonardi con los elementos sobrevivientes de la experiencia peronista, entre ellos la relación colaborativa que el ministro de Trabajo, el nacionalista Luis Cerruti Costa, mantenía con la Confederación General del Trabajo (CGT) y los sindicatos. Para la mayoría del antiperonismo, la política de conciliación simbolizada en el lema “ni vencedores ni vencidos” representaba una peligrosa desviación de los principios de la Revolución Libertadora.

A inicios de noviembre, un acto conjunto de unionistas y sabattinistas en el Luna Park demostró la adhesión entusiasta de dichos sectores a la Revolución Libertadora, aunque también hubo lugar para las advertencias dirigidas al gobierno provisional. El dirigente obrero Arturo Huertas, integrante de los comandos civiles sindicales, llamó la atención sobre “algunos hombres interferidos en el movimiento revolucionario” que tendían a ratificar “a los mismos elementos aventureros del repudiado régimen depuesto” (LN, 8-11-55).

El 13 de noviembre, la interna militar precipitó la salida de Lonardi y su reemplazo por el general Aramburu. El operativo contó con el apoyo de la JCN, que celebró “el fracaso del intento nacionalista y totalitario que se proponía desnaturalizar los fines democráticos de la Revolución Libertadora” (LN, 15-11-55). En líneas generales, el campo antiperonista cerró filas detrás del apoyo a Aramburu y de la condena a la vacilación lonardista. Bajo la nueva presidencia se ordenaría la disolución del Partido Peronista, la intervención de la CGT y cobraría protagonismo la Comisión Nacional de Investigaciones, encargada de estudiar las presuntas irregularidades cometidas durante el peronismo⁸.

Por su parte, el recambio presidencial también renovaría las disputas dentro de la UCR. Aunque Frondizi se había manifestado en contra de la disolución del Partido Peronista y la intervención de la CGT⁹, el comité nacional que lideraba no se diferenció del coro antiperonista a favor de la llegada de Aramburu y declaró su satisfacción por “la noticia de que la revolución continuará como expresión del sentimiento democrático de nuestro pueblo”. Sin embargo, el comité también pidió conocer cuanto antes el programa político del presidente entrante y recordó que era el pueblo a través del comicio “el único que puede decidir los destinos del país” (LN, 16-11-55).

Más fervorosas fueron las repercusiones entre los opositores al comité nacional, quienes creyeron ver en el nuevo gobierno provisional una oportunidad para su reclamo de reorganización partidaria. De este modo, al saludar la asunción de Aramburu, el unionismo reiteró su apoyo incondicional al proceso político en curso y prometió “luchar sin desmayo para que la Revolución llegue a las filas de la UCR” (LN, 16-11-55).

Desde la elección de Frondizi al frente del partido en 1954, unionistas y sabattinistas habían denunciado como “métodos de carácter totalitario” a su férrea política de intervención a los distritos díscolos donde pesaba alguna objeción sobre las autoridades constituidas. Aquellas críticas, encuadradas en los términos que el radicalismo unionista solía reservar para el peronismo gobernante, no eran fruto de la casualidad: otra de las acusaciones de los rivales internos del frondicismo aludía a su sospechoso parecido con el régimen político entonces vigente (Persello, 2007, p. 165).

Durante el verano de 1956 se reactivaron fuertemente las disputas internas a raíz de las sucesivas elecciones de autoridades partidarias celebradas en todo el país. En aquella seguidilla, el triunfo del MIR fue contundente en la mayoría de las provincias, con la excepción de Mendoza (unionista), Santiago del Estero y Córdoba (sabattinistas). Mientras tanto, en Capital Federal, Santa Fe y Entre Ríos existían comités unionistas paralelos a los oficiales que desconocían la intervención dictada por el comité nacional (Gallo 1983).

Al cabo de las elecciones distritales, Frondizi obtuvo su reelección al frente del comité nacional en marzo de 1956. Al dirigirse a la masa de afiliados, el titular del partido declaró que de ninguna manera el radicalismo se inspiraba “en un propósito de revancha contra los que combatimos hasta ayer” y dijo que no era posible “volver al 4 de junio de 1943” (LN, 11-3-56). Dicho mensaje se sumó a otros discursos anteriores que también podían leerse en la vocación de acercarse al electorado peronista, por ejemplo, al manifestar su preferencia por una organización gremial que mantuviera el esquema de un solo sindicato por cada rama de la producción y una única central obrera (LN, 19-12-55).

A pesar de que Frondizi reiteró su apoyo a la Revolución Libertadora, fue Balbín, la otra figura estelar de la intransigencia, quien en el mismo acto de celebración se mostró más enfático al asegurar que el radicalismo apoyaba al gobierno provisional “porque su ausencia debilitaría al mismo y, en cambio, favorecería a las fuerzas del mal”. En ese sentido, el referente bonaerense recordó que el partido no estaba para pedirle nada al gobierno sino para apoyarlo en su misión al servicio de la democracia, y alentó públicamente a Frondizi a que estrechara los vínculos con las dependencias oficiales: “Vaya a todos los despachos del gobierno y trate tranquilo todos los problemas” (LN, 11-3-56).

Los delegados unionistas no concurrieron a la convención que renovó el mandato de Frondizi al frente del partido. Su objeción apuntó a comparar los métodos del comité nacional con los del gobierno peronista y a recordar nuevamente la combativa oposición al peronismo de su sector frente a la presunta moderación de la conducción partidaria. En ese sentido, Zavala Ortíz, titular del Núcleo Unidad Radical, aseguró que el sector intransigente no representaba una verdadera mayoría del radicalismo, “y aun en el supuesto caso que lo fuera, si hemos luchado contra la tiranía de Perón, ¿por qué no íbamos a luchar contra la tiranía del comité nacional?” (LN, 6-3-56).

En el mismo acto, Silvano Santander, referente del unionismo entrerriano, afirmó que, bajo el peronismo, el partido había perdido una gran oportunidad de ser “el propulsor decisivo para la acción revolucionaria” por haberse extraviado en “devaneos electorales y pacifistas”. En un evidente repudio a los ensayos de acercamiento de Frondizi al electorado peronista, agregó que era fácil “usar el lenguaje sibilino y de adulación para tratar de aproximar mercados electorales, olvidándose de toda la tragedia del pueblo argentino”. Y se preguntó: “¿cómo se explica que se continúe hablando el mismo lenguaje de la demagogia? ¿Qué es eso del sindicato único?” (LN, 6-3-56)

A lo largo de 1956, la interna radical sería el escenario más gravitante de la progresiva erosión del consenso antiperonista articulado a favor de la Revolución Libertadora. Para referir al mismo vale la pena recordar que, en un ya clásico estudio sobre las fuerzas políticas durante la Revolución Libertadora, Spinelli (2005) divide a los partidos antiperonistas entre radicalizados, optimistas y tolerantes, principalmente en base a su posicionamiento frente a dos grandes problemas de la etapa: la cuestión peronista y el replanteo del orden político-institucional. Mientras que el primer grupo fue hegemonizado por grupos menores como socialistas y demócratas progresistas, las otras dos vertientes corresponden a las escisiones de la UCR: los optimistas es el nombre que reciben los radicales del pueblo y los tolerantes, junto a grupos más pequeños como comunistas y nacionalistas, son los radicales intransigentes.

El principal problema que surge con la ubicación de la UCR en el esquema de Spinelli es que el mismo remite a una ruptura partidaria fechada en marzo de 1957, dejando en evidencia las dificultades para abordar el período previo en que se concentra este trabajo. ¿Dónde ubicar a los radicales del pueblo antes de la ruptura de la UCR? Allí tenemos a los intransigentes balbinistas, de indudable simpatía con el proceso político en curso pero aún atados a los compromisos con sus entonces aliados del comité nacional -circunstancia que los privó de tener representación propia en la JCN-; a los sabattinistas, también férreos adherentes al gobierno provisional pero con un aire de familia intransigente que les daba un sello distintivo¹⁰; y finalmente a los unionistas, mucho más próximos en sus definiciones a los grupos que Spinelli identifica como radicalizados.

Frente a la cuestión central de la etapa, que era el posicionamiento frente al peronismo sobreviviente al derrocamiento de Perón, una línea transversal a todas las fuerzas políticas dividiría al consenso partidario no-peronista en dos campos. El primero apoyó decididamente el proyecto de desperonización que encarnó el gobierno de Aramburu y demandó ante todo un principio de solidaridad revolucionaria con el proceso responsable de liberar al país de lo que consideraban una dictadura totalitaria. En cambio, el segundo articuló progresivamente a los grupos disidentes que empezaron a tomar distancia de las medidas del gobierno provisional y a reclamar una “pacificación” frente al sesgo revanchista que adquirió el antiperonismo más virulento. Como se dijo, el escenario privilegiado de esa disputa creciente fue la UCR, de cuyas filas se descontaba que procedería el futuro presidente a la vuelta de las urnas.

Desde que quedó claro que Frondizi era el hombre elegido por la dirección partidaria para ser el candidato presidencial, los grupos disidentes del radicalismo, junto al resto de los partidos políticos que se sentían hermanados en el campo revolucionario profundizaron sus críticas a los métodos “totalitarios” y “demagógicos” que casi siempre tenían por destinatario al presidente del comité radical. También este tono se empezó a escuchar en los discursos de Aramburu y Rojas, que reiteradamente llamaron la atención sobre la amenaza para la democracia que suponía una prolongación de aquellos presuntos métodos y lenguaje identificados con el peronismo.

La desperonización en clave antitotalitaria

Un conjunto de investigaciones recientes (Galván y Osuna, 2018; Vicente y López Cantera, 2022) ha abordado el impacto del contexto internacional en los debates de la Revolución Libertadora, destacando la influencia de la clave antitotalitaria en las coordenadas ideológicas de la Guerra Fría. En efecto, si la impronta de la causa antifascista animó el espíritu aliadófilo de la Unión Democrática en 1946 y permitió la inclusión del comunismo en sus filas, el antiperonismo posterior a 1955 se mostrará cohesionado frente a la amenaza “totalitaria” que podían representar tanto peronistas como comunistas, excluidos por igual de la JCN.

Como indica Traverso (2001), el período que transcurre entre la inmediata posguerra y 1960 es “la edad de oro de la idea de totalitarismo”. Bajo la Guerra Fría, este concepto abandonaría sus implicancias antifascistas originales y se orientaría netamente a un perfil anticomunista. En ese sentido, salvo algunas destacadas excepciones, la causa antitotalitaria se volvió esencialmente un arma de propaganda identificada con la política exterior estadounidense y bajo el monopolio casi exclusivo de la cultura liberal-conservadora.

En este marco, como afirma Vicente (2022), la clave antitotalitaria operó en el mundo intelectual del campo liberal-conservador como una forma de unificar las posturas antifascistas de la décadas del ´30 y ´40 con el posterior anticomunismo que ganó centralidad en la posguerra. Esas posiciones conformaron un antitotalitarismo, agrega el autor, compuesto por diversos rostros unificados bajo la lectura de que frente a la democracia liberal se alzaban no sólo órdenes políticos antidemocráticos, sino en que la propia democracia anidaban gérmenes totalitarios.

Para la Revolución Libertadora, la clave antitotalitaria permitía fundamentar la política de desperonización y sostener el presunto carácter democrático del gobierno provisional. Tras la salida de Lonardi, el lema “ni vencedores ni vencidos” dio paso a la consigna “suprimir todos los vestigios de totalitarismo”, presente en las directivas básicas que publicó el gobierno de Aramburu en diciembre de 1955 y que sintetizaba las aspiraciones de la campaña de desperonización.

En ese sentido, el discurso oficial apeló a la tradición liberal histórica para presentar a la experiencia peronista como un extravío tanto de la línea fundante de la nacionalidad que conectaba la gesta de la independencia y la batalla de Caseros, como de su inserción en el modo de vida de la “civilización occidental”. Esta última definición, además, fijaba una clara posición en el orden internacional de posguerra.

Las fuerzas políticas asumieron de modo relativamente homogéneo la caracterización inicial que articulaba la política de desperonización con la causa democrática de la Revolución Libertadora. Aquello suponía el desmantelamiento de la “máquina totalitaria” heredada del régimen peronista; una empresa cuyo alcance y plazos distaban de estar precisados con claridad. Allí se vislumbraba un interrogante crucial para los “partidos democráticos”: ¿cuándo se consideraría finalizada la misión del gobierno provisional y estarían dadas las condiciones para convocar a una nueva elección?

A pesar de haber saludado por igual la llegada de Aramburu, al interior de la UCR se perfilaban concepciones muy diferentes de los plazos oportunos para la normalización institucional. Mientras que el comité nacional no perdía oportunidad de reclamar al gobierno provisional un “plan político” que contemplara un cronograma de reapertura electoral, los grupos disidentes se mostraban mucho más pacientes y comprensivos con el ambicioso proyecto desperonizador. Ya a fines de febrero de 1956, Zavala Ortíz se quejaba de “la sospechosa urgencia de sectores que están reclamando fijación inmediata para la fecha de elecciones” (LN, 27-2-56).

En ese contexto, el concepto de totalitarismo aplicó inicialmente al régimen peronista y “desmontar la máquina totalitaria” no significaba otra cosa que un eufemismo para profundizar la política de desperonización. Sin embargo, a medida que empezó a agrietarse el consenso de las fuerzas antiperonistas -en particular al interior del radicalismo- el mote de “totalitario” se convertiría en un blanco móvil que podía caber a diferentes sectores políticos, incluso provenientes del campo “democrático”.

De este modo, el totalitarismo como reverso de la democracia era una amenaza que no comprendía únicamente al peronismo o al comunismo, sino a diversas ideologías que podían presentarse bajo otros rótulos como nacionalistas o católicos. Un claro destinatario de estas críticas fue el breve gobierno de Lonardi, al que los sectores más radicalizados del antiperonismo cuestionaban por no haber ido más a fondo en la desperonización del país.

Diría Zavala Ortíz en la JCN:

Si nosotros estuviéramos frente a una guerra, definido militarmente el peligro, podríamos decir “ni vencedores ni vencidos”. Pero frente a una revolución con conciencia de vida absolutamente distinta, con orientaciones irreconciliables, aunque nos queme las entrañas, aunque nos duela efectivamente en lo más hondo de nuestro ser -porque quisiéramos ver a la familia argentina reconstruida rápidamente en el país de la tranquilidad y en la convivencia- no podemos decir eso. El totalitarismo no convivirá con la democracia, de la misma manera que el lobo no podrá convivir con la oveja, mientras sea oveja (JCN, 9-12-55, p. 92).

Además del carácter democrático, la cruzada desperonizadora apeló al sentido revolucionario del proceso político en curso. Una y otra vez los grupos adherentes remarcaron que la Revolución Libertadora era significativamente diferente a las dos anteriores interrupciones del orden constitucional, en 1930 y 1943, cuyos objetivos se habrían limitado a un cambio del elenco gobernante. En cambio, en palabras de Zavala Ortíz, el proceso vigente se basaba en “una transformación completa en el orden político, en el orden moral, en los ideales, en la conducta; es decir, estamos asistiendo a una verdadera revolución, no a un golpe de Estado ni a un cambio de equipo gobernante” (JCN, 6-12-55, p. 91).

La finalidad esencial de la Revolución Libertadora, según sus promotores, era el desmantelamiento de los resabios totalitarios y la construcción de un nuevo orden democrático, que se miraba en el espejo del proceso europeo de desnazificación de posguerra. A la manera de una pretendida transición democrática, la frontera con el pasado considerado totalitario devino una cuestión innegociable para los grupos más entusiastas del “campo revolucionario”. Aquellos sectores, donde netamente se inscribía el radicalismo unionista, podían incluso pedirle al gobierno provisional que no se autolimitara en su margen de acción política. Así lo consideró Zavala Ortíz frente a la consulta de Aramburu a la JCN respecto a qué tipo estatuto jurídico debía regir para la Revolución Libertadora:

Resulta realmente paradójico que un gobierno revolucionario esté buscando una Constitución, que es tanto como hacerse su harakiri, porque precisamente la Constitución significa una regulación jurídica, legalista, constitucional de sus actos (…)

Todo cuanto necesite hacer la revolución para cumplir sus fines es jurídico (JCN, 22-11-55, p. 47).

De este modo, Zavala Ortíz salió al cruce de las precauciones que planteó el consejero demócrata progresista Horacio Thedy frente a la posibilidad de que el gobierno provisional derogara por decreto la Constitución de 1949. Para el consejero radical, la naturaleza revolucionaria del gobierno provisional justificaba que aquel no limitara su margen de acción como si fuera uno ordinario. Por el contrario, los límites al poder revolucionario eran un contrasentido, un verdadero suicidio que obstaculizaba los objetivos del régimen. En el mismo sentido se posicionaría el titular del unionismo porteño, Jorge Perkins, quien afirmó: “Por definición, una revolución es la ruptura del orden constitucional. Hablar de constituciones o leyes vigentes, frente a una revolución triunfante, es pecar de una ingenuidad excesiva” (LN, 8-1-56).

Revolución, democracia y totalitarismo aparecen de este modo como los significantes centrales del “campo revolucionario”. Su relación parece en principio transparente: la revolución se había hecho contra el totalitarismo para restablecer la democracia. Sin embargo, no tardarían en aparecer los dilemas aparejados a la introducción de un nuevo orden político basado en la proscripción del peronismo. ¿Cómo conciliar las presuntas credenciales democráticas del nuevo régimen con la proscripción a la fuerza política mayoritaria al menos hasta 1955? ¿Qué hacer con las bases peronistas después del derrocamiento de Perón? ¿Era válido aspirar a persuadirlas bajo un nuevo proyecto político? ¿En qué medida dicha interpelación podía ser “democrática” y no “totalitaria”?

El antiperonismo contra la “demagogia” frondizista

El levantamiento frustrado del 9 de junio de 1956 encabezado por el general Juan José Vallé, que derivó en la sanción de la ley marcial y en el fusilamiento de veintisiete de sus participantes militares y civiles, algunos bajo juicio sumarísimo y otros de forma clandestina, implicó una conmoción pública que también aceleró el cronograma de apertura electoral. Un mes después, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Aramburu afirmó que los comicios serían convocados a fines de 1957. Sin embargo, en octubre, el presidente anunció desde Tucumán que previamente se realizarían elecciones para conformar una Asamblea Constituyente encargada de modificar la vigente carta magna de 1853, tras la proclama de abril de 1956 que derogó la reforma constitucional de 1949.

A partir de la segunda mitad de 1956, el horizonte de competencia electoral abrió una progresiva fisura en el consenso antiperonista que impactaría no sólo en la división del radicalismo, sino también al interior del sector intransigente. Allí, desde el inicio de la Revolución Libertadora, podían percibirse los matices crecientes entre la actitud cauta y negociadora de Frondizi, aunque paulatinamente más opositora, y la de Balbín, cuyo apoyo incondicional al gobierno provisional se asemejaba al que profesaban los grupos opuestos al comité nacional.

En noviembre de 1956, la convención radical reunida en Tucumán aprobó con mayoría del sector frondizista la fórmula Frondizi-Alejandro Gómez para las futuras elecciones presidenciales aún sin fecha confirmada. Este episodio detonó la crisis con el sector balbinista, que se negó a acompañar la postulación de Frondizi y reclamó acudir al voto directo de los afiliados para resolver las candidaturas. La negativa del comité nacional a revisar la decisión confirmó la ruptura y, a partir de entonces, el balbinismo, cuyo bastión era la provincia de Buenos Aires, aceleró la negociación con los grupos unionistas y sabattinistas para desconocer la candidatura de Frondizi¹¹.

Desde los meses anteriores, la oposición interna al comité nacional y el resto de los “partidos democráticos” habían elevado sus críticas a las formas “totalitarias” y “demagógicas” de ciertos sectores políticos, cuyo principal destinatario era el frondizismo. Del mismo modo, en la JCN, los consejeros Alende y López Serrot empezaron a diferenciarse cada vez más del resto de sus colegas, que les reprochaban su falta de solidaridad con los principios de la Revolución Libertadora. En ese sentido, el demócrata progresista Julio Noble se quejó de quienes “[hacían] peronismo sin saberlo” y se lamentó por la “permanencia de la dictadura en la vida argentina, manifestada en la acción, en la actitud, en la mentalidad, en el lenguaje de algunas de sus víctimas y adversarios” (JCN, 24-4-56, p. 665).

Más allá de las críticas crecientes a la política económica del gobierno provisional, lo que más fastidiaba a los grupos del “campo revolucionario” era la prédica conciliatoria de Frondizi con el electorado peronista. A medida que se distanciaba de la gestión oficial, el presidente del comité nacional empezó a manifestarse a favor de una “pacificación de los espíritus” y reiteradamente pidió la libertad de todos los “presos políticos”, sobre quienes no pesara la condena por ningún delito. De este modo, en el acto por el Día del Trabajo, afirmó: “La causa de la libertad nunca puede ser aliada de la persecución, y no ha de perseguirse a los que llevan sobre sí la única culpa de haber creído en una esperanza. Para ellos, no el látigo en la mano, sino la palabra dirigida a sus conciencias” (LN, 2-5-56).

Aquella apelación a los peronistas era vista por los grupos antiperonistas más radicalizados como una conducta desleal de Frondizi hacia los aliados “democráticos”, posibilitada además gracias a la proscripción al peronismo sostenida por el gobierno provisional. En ese sentido, en otro de los cruces al interior de la JCN, el socialista Américo Ghioldi llamó “partidarios de la revolución minimizada” a quienes se beneficiaban del derrocamiento del peronismo y de su proscripción para estar “en condiciones de disputar la presunta mayoría, con el título de mayoría” (JCN, 31-10-56, p. 975).

En aquella coyuntura de 1956, el concepto de demagogia devino central para ilustrar las crecientes fisuras del consenso antiperonista. Desde la perspectiva oficial, la excitación irresponsable de las masas que se atribuía al frondizismo era considerada una técnica vil correspondiente a un período oprobioso dejado atrás. El propio Aramburu empezó a hablar seguido de los demagogos que se dirigían a la masas “mediante la técnica de hablar y prometer lo que ellas desean, por disparatada e imposible que sea la aspiración” (LN, 30-11-56). A la semana siguiente, una delegación de periodistas extranjeros preguntó a Frondizi a quién creía que se refería el presidente cuando hablaba de demagogos, pero el candidato radical consideró que era una pregunta que debía responder Aramburu (LN, 6-12-56).

Al interior del radicalismo, la impugnación a la estrategia frondizista no era novedosa. Ya en diciembre de 1955, Zavala Ortíz había cuestionado en el mismo sentido la que interpretaba era la línea política del comité nacional: “Anda detrás del peronismo: lo halaga, lo corteja. En vez de radicalizar a los peronistas, para recuperarlos para la democracia, peroniza a los radicales, para hundirlos en la demagogia” (LN, 2-12-55). Aquella denunciada falta de solidaridad con los principios de la Revolución Libertadora, progresivamente escindiría al frondizismo del “campo revolucionario” y lo acercaría a grupos indeseables para el nuevo orden político como peronistas, comunistas y nacionalistas, oportunamente catalogados como “totalitarios”.

A la oposición abierta a Frondizi, tras la convención de Tucumán se sumó la intransigencia balbinista, que si bien depositó en el método de selección de la candidatura el motivo formal de la ruptura, se hallaba más cerca de los grupos disidentes en la relación con el gobierno provisional y en la actitud frente al peronismo. Hacia fines de 1956, balbinistas, unionistas y sabattinistas impulsaron la creación de un comité nacional paralelo que desconoció a las autoridades vigentes del partido. Balbín se había quejado de quienes hacían campaña contra la Revolución Libertadora y aseguró que la quería “en sus aciertos y sus errores” (LN, 19-12-56). Por su parte, el nuevo agrupamiento radical anunció que tramitaría una nueva personería partidaria y condenó la formación de un “frente antipopular y antidemocrático” en contra de la Revolución que integraban “nacionalistas, frondizistas, comunistas y partidarios de la restauración de la tiranía” (LN, 20-12-56).

Las gestiones subterráneas para una tregua se mantuvieron hasta la sesión del comité nacional celebrada en Rosario a fines de enero de 1957, que ratificó el rumbo de la convención de Tucumán y finalmente selló la fractura partidaria. Allí se pronunció por primera vez de forma contundente el comité bonaerense del partido, bajo control balbinista, que denunció al sector frondizista como “un grupo notoriamente minoritario, aristocratizante y pretendidamente intelectual” cuya modalidad exhibía “una cabal identidad de tácticas y procedimientos con los puestos en juego por el fascismo, el nazismo y el comunismo” (LN, 31-1-57).

Por su parte, el grupo frondizista buscó ampararse en la tradición radical para denostar a quienes se encaminaban a la ruptura definitiva del partido. En un discurso radial de febrero de 1957, Frondizi por primera vez aludió abiertamente al conflicto interno. Se comparó con Yrigoyen, quien “fue calificado de personalista y demagogo”, y a quien también algunos de sus antiguos compañeros de lucha habían combatido encarnizadamente. También dijo que, de haber querido, pudo haber sido el candidato de todos los grupos antiperonistas y que para eso le hubiera bastado “apoyar incondicionalmente al gobierno y postergar el planteo de los postulados económicos y sociales del radicalismo”, además de “no pedir la amnistía ni criticar las medidas represivas y antidemocráticas de ciertos sectores revolucionarios”. Finalmente, frente al cisma radical, agregó:

El país comprenderá ahora por qué esta crisis es definitiva: somos dos cosas distintas. Hablamos dos idiomas, sentimos dos pasiones diferentes. Para ellos, lo que antes fue el gauchaje, la chusma, el aluvión zoológico, es hoy, con el mismo sentido despreciativo, la gleba electoral. Para nosotros fue, es y será siempre el pueblo argentino (LN, 10-2-57).

Al sellar la suerte de la fractura radical, Frondizi procuró conectar el sentido de su escisión política con la tradición yrigoyenista, cara al sentimiento de la intransigencia, pero también con las bases peronistas que identificaba como denigradas por el discurso radicalizado que había caracterizado a sus oponentes internos (no casualmente la expresión “aluvión zoológico” remitía a un célebre discurso del unionista Ernesto Sammartino en la Cámara de Diputados en 1947).

Después de la convención de Tucumán, el cisma radical también se trasladó a la JCN, donde Alende y López Serrot, al debatir la reforma electoral, denunciaron una cruzada “antirradical” por parte del resto de los partidos¹². No obstante, los consejeros frondizistas no limitaron el desacuerdo con sus colegas al sistema electoral. En su intervención, López Serrot inscribió la divergencia en un conflicto de larga data entre radicalismo y antirradicalismo. Se trataba de “dos grandes corrientes enfrentadas desde la Colonia”, una popular y otra antipopular, que en la actualidad retomaban su contienda (JCN, 6-11-56, p. 1023).

Como parte de una narrativa histórica que se remontaba a los orígenes de la Argentina, los consejeros frondizistas no sólo aprovecharon el debate electoral para situarse en un bando opuesto al de la mayoría “antirradical” de la Junta, sino que también se encargaron de incluir en dicho campo a las otras tendencias radicales con quienes compartían el reclamo por la lista incompleta. Así, López Serrot expresó que las fuerzas antirradicales solían disfrazarse de muchas maneras y que había “ciudadanos que se disfrazan de radicales para trabajar dentro de las filas populares del radicalismo, siendo antipopulares”(p. 1025). En el mismo sentido, agregó Alende:

La lucha antirradical no se hace con nombres, con estandartes o con rótulos propios por parte de los adversarios del radicalismo; se produce con nombres y rótulos radicales. Esto sucedió con Melo-Gallo, con Ortíz, con Justo; eso pretendió suceder con Tamborini-Mosca; y eso podrá suceder -y no nos alarmamos ni nos preocupa- en el presente y en el futuro de la vida argentina (p. 1070).

Anticipando una disputa que se profundizaría los meses siguientes, los consejeros frondizistas reivindicaban para sí la verdadera tradición radical, a la vez que designaban a sus adversarios internos como representantes “antirradicales” que anidaban dentro del partido. De alguna manera, el argumento respondía en espejo las crecientes denuncias de los sectores contrarios al comité nacional, que desde la asunción de Frondizi al frente del mismo, venían denunciando un giro doctrinario cada vez más pronunciado al marxismo o el filoperonismo que nada tenía que ver con las banderas históricas del partido.

En la JCN, Zavala Ortíz salió al cruce de la confabulación antirradical denunciada por sus correligionarios y señaló que esa construcción dicotómica pertenecía a otra clase de ideologías:

Todos los totalitarismos están predispuestos a ver solamente, en la vida social como en la vida humana, dos extremos; sin interpolaciones, sin intermedios, sin matices, sin coincidencias. Sistemáticamente solo ven, para su lado, la tesis; para el lado del adversario, la antítesis. Respectivamente, lo bueno y lo malo; lo justo y lo injusto; la patria y la antipatria; la verdad y la mentira (…)

No puedo silenciar esto porque sería una gravísima complicidad con un pensamiento que no es un pensamiento radical, sino que es una concepción totalitaria de la historia, que el radicalismo jamás tuvo (p. 1288).

De este modo, el referente unionista emparentaba el discurso polarizante del frondizismo con los “totalitarismos” que tendían a reproducir la lógica dicotómica, donde naturalmente también cabía la reciente experiencia peronista. Una caracterización similar sería formulada por Balbín luego del cisma intransigente, cuando el líder del radicalismo bonaerense expresó que “corrientes totalitarias” habían penetrado a la UCR y que, desde esa concepción, aspiraban a “convertirse en depositarios exclusivos y excluyentes de ideales patrióticos”, bajo lo cual “toda observación o crítica transforma en quienes la formulen en enemigos del país” (LN, 16-2-57).

En marzo de 1957 quedaría consumada la fractura del radicalismo con la constitución de la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, que unía al balbinismo, unionismo, sabattinismo y algunos grupos menores que orbitaban en sus filas. El 31 del mismo mes, Aramburu anunciaría finalmente el cronograma que establecía la fecha de elecciones constituyentes, el 27 de julio de 1957, y postergaba los comicios presidenciales para el 23 de febrero del año siguiente. A partir de entonces, el país entraría en una campaña electoral permanente que acentuaría el sentido de la división al interior de la UCR: mientras el grupo frondizista se pasó decididamente al campo opositor e intensificó su interpelación al electorado peronista, el radicalismo del pueblo se convirtió en poco menos que el partido oficial de la Revolución Libertadora, aportando funcionarios al gobierno provisional y promoviendo una encendida defensa de su obra.

Conclusiones

La UCR asistió al inicio de la Revolución Libertadora como un partido virtualmente quebrado al cabo de la década peronista. Aunque en septiembre de 1955 el partido dilató sus diferencias internas a la espera de las oportunidades que abría un nuevo tiempo político, aquellas no tardaron en reactivarse, en no menor medida por los resabios de aquella década que había posicionado al radicalismo como la principal fuerza opositora.

Los grupos unionistas y sabattinistas no perdieron oportunidad de reivindicar su apuesta conspirativa frente al régimen peronista, que diferenciaron de la estrategia eminentemente institucional ensayada por la dirigencia intransigente. De este modo, apuntaron a identificarse firmemente con el gobierno provisional y, en ese sentido, reclamaron reiteradamente que la Revolución también llegara a las filas radicales, anhelo que no se esforzaba por disimular la expectativa por algún decreto oficial que interviniera a los partidos políticos. Finalmente, el demorado estatuto dictado por el gobierno provisional en octubre de 1956 evitó interferir en la vida interna de los partidos.

Para estos grupos, al igual que para la mayoría de las fuerzas antiperonistas, la clave antitotalitaria ocupó un lugar central para fundamentar el proyecto de desperonización impulsado por el gobierno provisional. Desde esta perspectiva, el objetivo de la revolución era barrer todo vestigio de totalitarismo. Allí precisamente residía su naturaleza revolucionaria: en su misión impostergable de destruir los cimientos del régimen peronista y de reemprender un horizonte democrático.

En el marco de esa cruzada, la amenaza totalitaria operó como un rótulo flexible que podía caberle a diversos adversarios. Aunque el destinatario inicial y evidente fue el peronismo, el mote también podía caberle a los otrora seguidores del experimento lonardista, acusados de traicionar los ideales fundantes de la revolución. Pronto también el concepto aplicó a la estrategia de diferenciación del frondizismo frente a la Revolución Libertadora y a sus gestos de acercamiento al electorado peronista.

Frente a la erosión creciente del campo antiperonista, los grupos más entusiastas también apuntaron a la presunta demagogia de Frondizi. Aquella se caracterizaba como una adulación irresponsable de las masas y un discurso que levantaba la necesidad de la pacificación y el fin de la persecución a los peronistas. En la misma línea, la premura del comité nacional por fijar fecha de elecciones sin atender a la tarea de “esclarecimiento” popular que suponía la pretendida faceta pedagógica del proyecto desperonizador también fue considerada una deslealtad con los objetivos revolucionarios.

La revolución se había hecho para terminar con un régimen y no con una persona, advertían los opositores internos a Frondizi y el resto de sus adversarios, quienes veían en su estrategia política una prolongación de los métodos y del lenguaje peronista. Por otro lado, estos grupos advertían con razón que dicha operación se montaba sobre un golpe militar y una proscripción al peronismo que el frondizismo había avalado decididamente.

La fractura de la UCR consumada en marzo de 1957 aceleraría esta división en direcciones opuestas: el radicalismo del pueblo intensificaría su adhesión a la Revolución Libertadora, mientras que el frondizismo terminaría concretando un pacto con el peronismo que le posibilitó acceder al gobierno en las elecciones presidenciales de 1958. No obstante, el conflicto constitutivo de un orden basado en la proscripción del peronismo marcaría la inestabilidad crónica de los siguientes gobiernos constitucionales hasta por lo menos 1966.

Fuentes primarias

1. Diario de Sesiones de la Junta Consultiva Nacional, 1955-1957.

2. La Nación, 1955-1957.

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Notas

Recepción: 05 mayo 2024

Aprobación: 15 agosto 2024

Publicación: 01 marzo 2025

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional