El estudio del pasado dictatorial argentino es un campo de investigación de notable densidad dentro de las Ciencias Sociales. Desde el retorno a la democracia, los debates clásicos en torno al carácter del Estado burocrático-autoritario (O’Donnell, 1982 [2009]) y al papel de la clase obrera en el derrumbe del régimen militar (Delich, 1982; Pozzi, 1988) marcaron las primeras agendas del tema. Desde entonces, las discusiones estuvieron más centradas en la naturaleza del régimen cívico-militar, las lógicas represivas y las dinámicas de la violencia estatal.

A partir de la década de 1980, la investigación sobre la dictadura comenzó a iluminar dimensiones de la experiencia social que habían quedado relegados, permitiendo comprender con mayor precisión el funcionamiento del terrorismo de Estado y sus engranajes represivos (Duhalde, 1983). Con el paso del tiempo, una parte sustantiva de la producción historiográfica se orientó a reconstruir las trayectorias de las víctimas y a recuperar historias que la dictadura cívico-militar había intentado suprimir (Izaguirre et. al., 2009). La magnitud de la represión ejercida sobre los sectores populares impulsó a la sociedad argentina a seguir interrogándose sobre ese período, generando nuevas preguntas y renovando los marcos interpretativos del pasado reciente (Feld y Franco, 2015).

Al observar la producción reciente sobre la dictadura, puede afirmarse que la investigación ha alcanzado un grado notable de desarrollo: hoy disponemos de un conocimiento sólido acerca del funcionamiento del aparato represivo, de la identidad de las víctimas y de los objetivos políticos y económicos del régimen militar. Diversas autoras y autores han avanzado en el análisis de las modalidades que adoptaron los mecanismos represivos no solo en Buenos Aires, sino también en otras provincias y ciudades del país (Águila, 2023; Mereb, 2018). Otros estudios se han centrado en el examen del actor militar (Salvi, 2016) y han profundizado en la agencia de los cuadros castrenses en tanto ejecutores y productores de violencia estatal (Garaño, 2023). Asimismo, las preguntas sobre la colaboración civil (Verbitsky y Bohoslavsky, 2019), las formas de complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad (Basualdo, 2016) y el papel de las multinacionales en la represión de la clase obrera (Faren Robert, 2025) han permitido conocer dimensión menos visible de la maquinaria del terrorismo de Estado.

Al desplazar el foco exclusivo puesto en la represión y en las víctimas, la historiografía reciente ha prestado mayor atención a los vínculos entre la sociedad y el régimen. En este marco, los estudios sobre las llamadas actitudes sociales han cobrado protagonismo. Estas investigaciones han visibilizado diversas formas de vivir la dictadura por parte de distintos actores, lo que ha permitido avanzar hacia un conocimiento más complejo y matizado del período y menos asociado a visiones maniqueas del pasado dictatorial.

En esta línea, el trabajo de Daniel Lvovich (2006, 2009) ha sido fundamental para comprender que la legitimación de la dictadura no puede explicarse, únicamente, a través del terror de Estado, sino también por la existencia de consensos, apoyos y formas de aceptación pasiva arraigadas en tradiciones autoritarias de larga duración. Su análisis muestra cómo, en un contexto de crisis política y económica, amplios sectores sociales —en particular, las clases medias— interpretaron el golpe de 1976 como una respuesta a la demanda de orden y estabilidad. En esa línea, al analizar el nuevo prólogo de la reedición del “Nunca Más” del año 2006, Crenzel (2025) identificó que allí se presenta a un pueblo que, sin fisuras, enfrentó el terror dictatorial y la impunidad, ya que en ese contexto no era posible la mención y el abordaje de otras perspectivas sobre los regímenes dictatoriales más allá de la dimensión represiva (Feld y Franco, 2015).

Otra área historiográfica que avanzó de manera notable en los últimos quince años es la del mundo del trabajo (Lorenz, 2010; Dicósimo, 2008; Mónaco, 2021). Estos estudios han ampliado el foco de análisis más allá de los espacios sindicales tradicionales o de los grandes centros urbanos, incorporando un abanico mucho más diverso de experiencias laborales (Crenzel y Robertini, 2022).

Ciertamente, el trabajo historiográfico también se inscribe en un campo de disputa política. Como señala Enzo Traverso (2007), existen memorias oficiales, mantenidas por instituciones, incluso por los Estados y memorias subterráneas, ocultas o prohibidas. La visibilidad y el reconocimiento de una memoria dependen también de la fuerza de sus portadores, por tanto hay memorias “fuertes” y memorias “débiles”. Las revisiones de las narrativas históricas se gestan en el marco de luchas políticas y de los cambios en la sensibilidad de cada época, un proceso en el que la investigación historiográfica puede tener algún grado de incidencia.

Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), las luchas por la memoria se integraron a las “políticas de memoria del Estado”. Se observó un compromiso significativo con las demandas de “Memoria, Verdad y Justicia” que se evidenció en el diseño de públicas concretas, como la promulgación de leyes para juzgar a los responsables de violaciones a los Derechos Humanos y la creación de espacios de conmemoración. En este contexto, el peso de la memoria colectiva dominante quedó asociada fundamentalmente a la última dictadura militar. Podríamos decir que se profundizó el tratamiento del binomio “dictadura y democracia”, cuestión que se intensificó con el aumento de la presencia de los organismos de Derechos Humanos en la esfera pública y su vinculación con las políticas de Estado (Bisquert y Lvovich, 2008). Estas políticas impactaron en la legislación y definición de contenidos educativos, priorizando el abordaje de los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional e instauraron el terrorismo de Estado. La inclusión de temas vinculados con la memoria histórica en los currículos no fue ajena a las dinámicas sociales, las disputas memoriales ni los debates académicos: reflejó la apuesta por construir una narrativa nacional crítica del pasado reciente y por promover, en el ámbito escolar, reflexiones que fortalezcan una ciudadanía democrática y participativa (Billán y Gomes, 2024).

La llegada de Mauricio Macri a la presidencia (2015-2019) inauguró un nuevo clima político marcado por fuertes cuestionamientos a las políticas educativas y culturales implementadas en los años kirchneristas. El macrismo argumentó que ese conjunto de iniciativas no constituía políticas de Estado, sino dispositivos atravesados por un sesgo partidario —tildadas de "curro"—. En ese marco, Tecnópolis se convirtió en uno de los primeros objetivos: el predio dedicado a la ciencia y la cultura experimentó recortes presupuestarios, desactualización de sus exhibiciones y una significativa reducción de su actividad y arancelamiento. Este proceso de desfinanciamiento alcanzó también a organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e instituciones dedicadas a la preservación del patrimonio audiovisual, entre ellas el Archivo de Radio y Televisión Abierta.

A su vez, la deslegitimación de las políticas de Derechos Humanos se convirtió en uno de los ejes discursivos del macrismo. Al instalar la idea de que existía un “negocio” alrededor de los organismos de Derechos Humanos, se puso en duda su legitimidad que derivó en una inédita campaña de desacreditación. Este clima habilitó, en 2017, el fallo de la Corte Suprema que interpretó de manera flexible la aplicación del “2x1” para condenados por delitos de lesa humanidad. La reacción social fue inmediata: una movilización masiva y el repudio nacional e internacional obligaron a revertir el fallo, que había favorecido la reducción de penas y la excarcelación de genocidas, responsables de crímenes cometidos durante la dictadura.

Siguiendo a Jelin (2000), el espacio de la memoria es, ante todo, un espacio de lucha política. Los debates públicos en torno a la memoria forman parte de una disputa, donde narrativas contrapuestas compiten por legitimarse. Consigas como la “memoria contra el olvido” o “contra el silencio” esconde una oposición entre memorias rivales, cada una de ellas incorporando sus propios olvidos. Como afirma la autora, se trata de “memoria contra memoria” (Jelin, 2000). En ese sentido, durante los años del macrismo hemos visto la proliferación de ataques vandálicos a monumentos y murales vinculados al expresidente Néstor Kirchner y a figuras de la memoria de los desaparecidos. Estas expresiones, impulsadas por sectores de extrema derecha, se inscriben en dinámicas de violencia simbólica y física orientadas a deslegitimar al adversario político. Como señala Jelin (2002), la disputa por el pasado involucra actores —“emprendedores de la memoria”— que intervienen con intereses y estrategias cambiantes, impulsan reinterpretaciones conforme el contexto.

En 2023, la elección presidencial que llevó a Javier Milei y a Victoria Villarruel a la presidencia condensó un profundo malestar social que comenzó en 2016 y que se profundizó, especialmente, durante la pandemia por Covid-19. La persistencia de problemas estructurales —estancamiento económico, deterioro salarial, aumento de la pobreza (particularmente entre las infancias y la adolescencia), y la expansión de la informalidad laboral y urbana— erosionó la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para su abordaje eficiente.

Durante la pandemia, los grupos libertarios adquirieron una presencia destacada en redes sociales, difundiendo un discurso anti-Estado en rechazo a las políticas sanitarias y la legitimidad del Estado como agente de redistribución social. En este clima de creciente polarización –marcado por crisis del pacto social, el deterioro de las capacidades estatales, la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y la expansión de contenidos cargados de odio en redes– se inscribe el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en 2022, parte de un ciclo de hostigamiento político y judicial iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri.

En ese contexto, el ascenso de Milei, con un mensaje radicalizado y disruptivo, debe leerse como el resultado de un entramado de frustraciones e insatisfacciones acumuladas. La orientación política del nuevo gobierno —centrada en la reducción del Estado, la exaltación de la libertad individual y el desmantelamiento de políticas públicas— expresa la fragilidad del pacto democrático, que buena parte del llamado “campo progresista” consideraba ya consolidado. De manera paradójica, la asunción presidencial de Milei coincidió con el 40º aniversario de la recuperación democrática, un hito que volvió a poner en primer plano las tensiones y límites de la experiencia democrática argentina.

El 24 de marzo de 2024, el gobierno publicó un comunicado y video institucional sobre la denominada “memoria completa” (Casa Rosada de la República Argentina, 2024a, 2024b), que constituye una expresión abierta de negacionismo sobre lo ocurrido durante la última dictadura. Esa política de deslegitimación, agresión y confrontación con la comunidad científica, sumado a la reivindicación explícita de la represión de los años setenta (Confino, 2024), ha contribuido a reabrir debates que se consideraban saldados, obligándonos a volver revisitar discusiones en torno al terrorismo de Estado y, una vez más, sobre el número de los desaparecidos (Lvovich y Grinchpun, 2022; Crenzel, 2025).

En este marco, frente a la propagación de discursos negacionistas, la historiografía encuentra en el enfoque de las actitudes sociales una agenda de investigación especialmente disruptiva, ya que permite explorar aspectos de la experiencia cotidiana bajo la dictadura. Tradicionalmente, pensadas de manera binaria —apoyo o resistencia—, las actitudes sociales han comenzado a ser indagadas como un espectro más amplio y matizado. La investigación reciente ha mostrado que, entre esos polos, existen zonas intermedias más complejas: aceptación, distanciamiento, acomodación, e incluso formas híbridas que desafían definiciones rígidas (Burrin, 1988).

El presente dosier reúne una parte de los resultados del proyecto de investigación Plurianual “Aceptación, distanciamiento y acomodación en la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)” (2021-2025), dirigido por el Dr. Daniel Lvovich y financiado por el CONICET. En líneas generales, el proyecto buscó profundizar las indagaciones sobre las actitudes sociales durante la dictadura.

El proyecto descansó en la articulación de dos equipos de investigación: el área de Historia del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (dependiente del CONICET), con sede en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Esta articulación fue posible gracias a la contribución decisiva de la Dra. Olga Echeverría. Su iniciativa y capacidad para generar vínculos resultaron fundamentales para la formulación de la propuesta. Su profunda convicción en el valor del trabajo colectivo inspiró a los integrantes.¹ Aunque su inesperada partida ocurrió antes del inicio formal del proyecto, esta línea de investigación se sostiene en su legado intelectual, dedicado al estudio de las derechas argentinas, ineludible para comprender la emergencia de las nuevas derechas y de “fuerza libertaria” de este tiempo (Semán, 2023).

El punto de partida del proyecto fue complejizar las perspectivas binarias tradicionales centradas en el consenso y/o la oposición, para enfatizar en una escala conceptual más amplia para comprender mejor las actitudes sociales en contextos altamente represivos. El marco teórico y conceptual de las actitudes sociales se aplicó al estudio de instituciones, diversos colectivos y actores sociales, correspondientes a distintas geografías de la Argentina, y analizados en diferentes escalas. Se consideró, así, un amplio repertorio de las formas de aceptación, distanciamiento o acomodación social, en tanto actitudes que permiten comprender la complejidad de la sociedad bajo dictadura (Patto Sá Motta, 2016). Así, el polo de la aceptación, abarca conceptos como la resignación, el apoyo, acomodación y la adhesión, mientras que el distanciamiento incluye la desviación, la disidencia y la oposición (Burrin, 1988).

En las dictaduras del Cono Sur es relativamente sencillo identificar mayores niveles de consenso durante la fase inicial, cuando los regímenes buscan legitimarse, en paralelo al despliegue más intenso de la represión, aquello que Garretón (1985) denominó “la fase reactiva” de las dictaduras. En cambio, con el inicio de la crisis de la deuda y la llamada “década perdida”, se configuró un escenario de crisis de la dominación dictatorial, que “habilitó” la conformación de diversos actores colectivos y movimientos sociales que desplegaron un conjunto de acciones tanto de oposición explícita como estrategias de acomodación.

En ese sentido, la perspectiva de las actitudes sociales constituye un enfoque renovador que permite iluminar dimensiones menos exploradas sobre la variabilidad y heterogeneidad del comportamiento social, que resulta fundamental para explicar tanto el sostenimiento de los regímenes autoritarios como su declive, así como las condiciones que moldearon la transición democrática y el tipo de democracias que emergieron posteriormente en el subcontinente. Evidentemente, las actitudes sociales no son estáticas, obviamente, están sujetas a transformaciones temporales y pueden variar y coexistir diversas actitudes, incluso contradictorias, en un mismo individuo a lo largo del tiempo. Esta elasticidad, que incluye modalidades específicas de la acomodación y el oportunismo, constituye un nudo central para comprender la experiencia social bajo dictaduras y las múltiples subjetividades que allí se desplegaron.

En este dosier optamos por concentrarnos en las formas de oposición y resistencia, entendidas dentro de un repertorio más amplio de actitudes posibles. Se compone de cuatro artículos que abordan distintas experiencias y aportan miradas que permiten complejizar las interpretaciones tradicionales de la resistencia bajo la dictadura. El primero, escrito por Victoria Álvarez, analiza las dificultades estructurales para escuchar, nombrar y registrar las violencias sexuales ejercidas por el terrorismo de Estado contra mujeres detenidas en los centros clandestinos de detención. Aunque existieron denuncias tempranas —realizadas incluso durante la dictadura ante la Comisión Argentina por los Derechos Humanos en el exilio—, las sobrevivientes enfrentaron, en la práctica, un doble obstáculo: por un lado, el riesgo del contexto represivo, y por el otro, la incapacidad de militantes y organismos de derechos humanos para reconocer la especificidad de estas violencias.

La autora se interroga por las razones que llevaron a que estos testimonios tardaran casi cuatro décadas en ser visibilizados, pese a haber estado presentes en los relevamientos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y en el Juicio a las Juntas en 1985. Los contra la integridad sexual, si bien no quedaron amparados por las leyes de impunidad, solían ser minimizados o naturalizados como una forma más de tortura, sin atender a su dimensión específica de violencia de género. Esa invisibilización se prolongó durante años, hasta la reapertura de los juicios y el cambio en las sensibilidades de género que habilitaron nuevos marcos de escucha.

En parte, el silencio e invisibilización se explica por la centralidad que adquirió la denuncia por la desaparición forzada de personas, que relegó otras formas de violencia, especialmente las vinculadas a dimensiones sexuales y de género. Como señala la autora, la cuestión no radicaba sólo en la voluntad de las sobrevivientes de hablar, sino en dificultad estructural para comprender la especificidad de la violencia sexual. En ese sentido, el acto de denunciar –como una forma de resistencia–, pasa inadvertido debido a la inexistencia de marcos sociales de escucha, que permitan la recepción, procesar y nombrar el acto para que adquiera validación. Ciertamente, la autora plantea que son las condiciones sociales y culturales que hacen posible la emergencia del testimonio, siempre está anclado en las condiciones sociales que lo vuelven audible. En ese sentido, la posibilidad de emergencia de los testimonios no es individual, sino que es social y colectiva. Para Álvarez, los silencios del pasado no expresan una ausencia de discurso, sino el resultado de relaciones de poder que, en cada época, definieron qué voces podían ser oídas y legitimadas. De allí la importancia de atender a la dimensión colectiva de la enunciación y la escucha.

Desde mediados de los años noventa, el “boom de la memoria” y el crecimiento del movimiento de mujeres comenzaron a generarse otras condiciones que facilitaron la escucha de estos testimonios. La anulación de las leyes de impunidad en 2005 y la reapertura de los juicios permitió que muchas pudieran testimoniar y ser escuchadas.

Cabe señalarse que esos cambios del registro de la sensibilidad, deben situarse en el marco de las novedades que introdujo la jurisprudencia en los años noventa. La violencia sexual comenzó a ser tipificada y juzgada como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad, tal como el Tribunal Penal Internacional tipificó para para la ex Yugoslavia en 1993, seguidamente, en 1994, se estableció para Ruanda la consideración de la violación y las agresiones sexuales como actos de genocidio.

El trabajo de Paula Zubillaga aborda la génesis y la consolidación del Movimiento de Derechos Humanos en la Provincia de Buenos Aires, y desplaza la narrativa clásica centrada en la Capital Federal. El punto de partida de la autora es que, el territorio bonaerense es amplio, heterogéneo y complejo, una de las provincias más extensas, pobladas y políticamente más relevantes del país. Asimismo, concentró la mayor cantidad de centros clandestinos de detención y tortura durante la dictadura, así como el número más elevado de desapariciones forzadas.

Desde ahí, Zubillaga desarrolla un estudio comparativo sobre las experiencias de surgimiento y desarrollo del movimiento en tres ciudades: Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. Su contribución apunta a problematizar la heterogeneidad de estas experiencias fundacionales y subrayar, con énfasis, que ni la respuesta de resistencia ni la conformación de este actor colectivo, ni la acción decisiva y fundamental de las mujeres, pueden entenderse como resistencia “automática”, “lógica” o “instintiva”, ni explicarse mediante un supuesto “instinto” o “mandato” materno. Por el contrario, fueron el resultado de decisiones ético-políticas. La autora destaca cómo esta pluralidad de contextos locales, junto con factores como como el despliegue e intensidad de la represión ejercida, las redes y vínculos previos, la capacidad de movilizar recursos y las estrategias de expansión territorial, configuraron recorridos distintos de oposición a la dictadura. Estas diferencias influyeron en la construcción colectiva de demandas, así como en el repertorio de los lenguajes y estrategias públicas del movimiento. Zubillaga señala que ciertos factores específicos explican por qué en algunas ciudades –La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata– el movimiento emergió de manera temprana y con fuerza, mientras que en otras no.

El trabajo de César Mónaco se inscribe en el estudio del sindicalismo y la represión en el ámbito industrial durante la última dictadura militar (1976), con foco en el distrito de San Nicolás. El autor analiza el accionar represivo ejercido sobre los obreros metalúrgicos de la empresa estatal SOMISA, poniendo atención a las dinámicas de resistencia y oposición en torno a la burocracia sindical. Su trabajo se centra en la experiencia de la Agrupación gremial Felipe Vallese (vinculada a la Juventud Trabajadora Peronista y activa en la planta de SOMISA), cuya inserción fue limitada y de breve duración, cuestión que se explica no solo por la represión, sino por el peso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local. Su eficacia en el despliegue de iniciativas de provisión de servicios sociales resultó funcional a las demandas de buena parte de los trabajadores de San Nicolás, cuya cultura obrera era más “conservadora”, y eso dificultó la adhesión a una alternativa más radicalizada.

Mónaco incorpora el estudio del comportamiento de SOMISA ante la represión dirigida a sus trabajadores, para reconstruir la complejidad de la dinámica represiva que atravesó el ámbito industrial entre 1975 y 1976. Según su perspectiva, mientras la Agrupación Vallese fue desarticulada, la UOM sufrió ciertos mecanismos de disciplinamiento pero se consolidó durante ese período, pese a la represión ejercida por el régimen.

Por su parte, el trabajo de Daniel Dicósimo se centra en la resistencia de Montoneros durante el periodo 1973-1977, con énfasis en el papel de las emociones y la agentividad de los sujetos en el proceso de construcción de la identidad revolucionaria. Metodológicamente, el ensayo se construye a partir de un estudio de caso específico de la Unión de Estudiantes Secundarios de Tandil, priorizando la historia oral mediante entrevistas a exmilitantes, las cuales son complementadas por fuentes documentales como archivos policiales.

El autor analiza la resistencia en el seno de la organización a partir de la noción de “moral revolucionaria”, poniendo en primer plano las convicciones éticas y políticas que modelaron esas prácticas en un contexto de creciente represión. Este enfoque permite no solo permite reconstruir los hechos, sino también comprender el significado subjetivo y profundo que la militancia tuvo para esos jóvenes. Más allá de la “moral revolucionaria”, el aporte específico de Dicósimo radica en su análisis de la proletarización como táctica organizativa: mandar a los estudiantes a trabajar a las fábricas para “adquirir” esa moral. Su investigación sugiere que, en el caso de Tandil, más que la rigidez ideológica, la proletarización y la táctica de la organización, fueron lazos afectivos previos y el sentido de pertenencia al grupo los que sostuvieron la unidad de los jóvenes. Estos vínculos afectivos proporcionaron un compromiso emocional duradero, fue la base de su lealtad y de una “elevada moral revolucionaria” que les permitió sostener la militancia en un contexto de creciente represión.

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Notas

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