Introducción

Desde hace al menos dos décadas, el impulso de la historia reciente como delimitación específica dentro de la historiografía argentina ha enriquecido en un alto grado las producciones de lo que se conoce como historia obrero-sindical de los años setenta. Gracias a la expansión de estudios de caso o de reducción de escala, como también de las indagaciones fuera de los principales centros urbanos, las líneas generalizadoras han sido solapadas con sugestivos matices. En lo que respecta a las experiencias de los colectivos obreros durante la última dictadura militar, se ha logrado superar la simplificadora dualidad resistencia-oposición/pasividad, dominante en los estudios académicos de los años ochenta y parte de los noventa, a manos de un esquema signado por una notoria variedad de preguntas y perspectivas. En ese camino, se avanzó en las articulaciones y tensiones generadas por la inserción sindical (o dentro del mundo del trabajo) de las agrupaciones de izquierda que optaron por la lucha armada (Dicósimo, 2022; Lorenz, 2013 y 2007; Raimundo, 2004); en el rol de las trabajadoras y dirigentes sindicales en los ciclos de radicalización/represión, como también en las tensiones entre clase y género (Andújar y D’Antonio, 2020); en las memorias obreras y en los niveles de posicionamiento (actitudes sociales) frente a la política dictatorial (Robertini, 2022; Bretal, 2019; Moriconi, 2019; Dicósimo, 2016); y en las particularidades represivas en busca de las complicidades empresariales.¹ En conjunto, este constituye el marco de referencia en el que se inscribe esta propuesta.

Las siguientes líneas deben ser entendidas como parte de los avances de indagación sobre la Agrupación Metalúrgica Felipe Vallese del distrito de San Nicolás. La premisa central que atraviesa el texto puede sintetizarse de la siguiente manera: las vicisitudes en la emergencia, inserción y desarrollo de este tipo de iniciativas deben buscarse en el esquema represivo, pero sobre todo en la presencia dominante la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local y su colectivo obrero de pertenencia, inclinado a sostener cierto statu quo gremial.

Esto no implica soslayar los rasgos propios de la agrupación, derivados de las trayectorias de quienes la integraron, de su conducción, de la organización superior a la que adscribía u otras caracterizaciones internas relevantes. Estas están incluidas dentro de los objetivos, no obstante, el motivo central es profundizar el conocimiento de los trabajadores metalúrgicos de San Nicolás. A fin de cuentas, es dentro de este colectivo donde se ha desarrollado esta experiencia.

Para tal cometido, he recurrido a un conjunto breve pero variado de fuentes primarias: la producida por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) bajo la guarda de la Comisión Provincial por la Memoria, una serie de documentos judiciales de acceso público, la prensa cotidiana local y entrevistas a los protagonistas. Todo ello está en la base, junto a la bibliografía de referencia, del procedimiento de reconstrucción, análisis y desarrollo argumental de las siguientes páginas.

En cuanto al recorte temporal, por lo que sabemos, 1975 y 1976 responderían a los puntos extremos de origen y ocaso de esta organización. Esta periodización —sobra decirlo— tampoco es aleatoria de los intereses de quien indaga. Aunque tenga sus limitaciones (podría ser más extensa), remite a dos aspectos de interés de la etapa: la sistemática represión estatal, por un lado; las actitudes de los trabajadores ante un gobierno autoritario que busca transformar de cuajo la realidad de un país, por el otro.

El artículo consta de tres partes. La primera se enfoca en el objeto específico, la Agrupación Vallese. Las referencias con que contamos para realizar su abordaje nos permiten realizar una caracterización general, lo suficiente para una mejor comprensión de esta porción del mundo del trabajo de la Argentina. La segunda, atiende al esquema represivo, su magnitud y dinámica en los primeros dos años de la última dictadura militar. Dentro del marco de la violencia estatal, el tercer apartado se centra en la situación específica en el sindicalismo metalúrgico y en la Planta Savio de SOMISA. Si bien esta dimensión, con sus peculiaridades, terminó siendo obturadora de experiencias como la de la Agrupación Vallese, su inerte intento de activación (política-gremial) se entendería en parte por el predominio sindical de la seccional de la UOM (en los planos fabril y comunal) en conjunción con un difuso acompañamiento por parte de los obreros. Ambos factores estarían ligados a rasgos culturales e identitarios de los trabajadores, en los que han predominado actitudes conservadoras.

La Agrupación Vallese en San Nicolás

Dentro del sector siderúrgico nacional de los años setenta, una de las principales acciones gremiales emprendidas fue la huelga en Propulsora Siderúrgica (Ensenada) en 1974. Este conflicto, que a grandes rasgos debe ser encuadrado bajo las tensiones suscitadas por el Pacto Social impulsado por el gobierno peronista, se extendió por más de cien días y contó con una masiva participación de trabajadores y empleados de la planta, en consonancia con varias agrupaciones político-sindicales. Entre ellas, una de reconocido protagonismo fue la Agrupación Metalúrgica Felipe Vallese.²

Esta había sido constituida poco antes, como parte del frente gremial de la Juventud Peronista (la Juventud Trabajadora Peronista −JTP−). Suscripta a la actividad metalúrgica, compartía “los lineamientos generales” de la política que impulsaba Montoneros, y desde un inicio se había enfrentado al oficialismo de la UOM encabezado por Lorenzo Miguel. A partir de 1975, luego de la vuelta a la clandestinidad por parte de Montoneros, pasó a integrar el Movimiento del Peronismo Auténtico.

El frente sindical de Montoneros había tenido una destacable participación en las movilizaciones obreras de mediados de 1975. Por fuera de la vieja pretensión de hacerse de las estructuras establecidas y lideradas por la “burocracia”, lo que había comenzado a buscar ya en ese entonces era la construcción de “una nueva organización para el conjunto de los trabajadores”. Bajo este objetivo se organizaron el Bloque Sindical del Peronismo Auténtico y, posteriormente, durante la dictadura, la CGT de la Resistencia.³

Con la llegada del gobierno militar, por medio de su rama sindical, Montoneros —como ha sintetizado Daniel Dicósimo— buscó promover y coordinar las luchas obreras a partir de cinco líneas de acción. A saber, a través de: el dominio de los cuerpos de delegados y las comisiones internas; el pasaje a la clandestinidad de sus cuadros más visibilizados, a modo de protección; la presión al empresariado y al sindicalismo ortodoxo para evitar que colaboraran con los militares; el apoyo a los conflictos reivindicativos; y el armado de una coordinadora gremial clandestina que pudiera reemplazar a la intervenida CGT (Dicósimo, 2022). Todos estos aspectos evidencian el claro interés de la organización por incidir de forma predominante en el activismo sindical, lugar destacado de la resistencia a la dictadura y, por tanto, del “movimiento de liberación nacional”.⁴

Lo reconstruido en base a varias fuentes documentales permite afirmar que la Agrupación Felipe Vallese de San Nicolás, dadas las dimensiones de ese mundo del trabajo y el registro de su actividad, fue una organización pequeña y de existencia breve. Según lo notificado desde la delegación local de la DIPBA, quienes comenzaron con el armado de la estructura que la contendría, Montoneros-Peronismo Auténtico, habían llegado al distrito entre los días finales de 1974 y los iniciales de 1975.⁵ Esto permite sugerir que esta fue una organización tardía, si tomamos como referencia el caso señalado de Ensenada. Lo cierto es que ya en el último octubre del gobierno peronista, la veintena de personas que la integraban había sido identificada por la inteligencia policial.⁶

El operativo que terminó con esta “célula” se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio de 1976. Este estuvo a cargo de militares vinculados al Área 132 con la activa participación de personal de la policía local y del servicio de inteligencia aludido. El marco legal de acusación fue la infracción a lo establecido por la ley 20.840, de “subversión económica”. De este modo, se avanzó en simultáneo sobre prácticamente la totalidad de hombres y mujeres que integraban las líneas política y sindical; esta última encuadrada bajo la Agrupación Vallese.

Sin entrar en detalles sobre la fiabilidad e incompletitud de la fuente policial, problemas que se agravan en este caso por la mediación archivística (sobre todo, las tachaduras de nombres), las referencias sobre la ocupación de los militantes identificados (detenidos o que hayan logrado huir) dan cuenta de que las principales instancias laborales fueron la siderúrgica estatal SOMISA y la metalmecánica RYCSA (Rosatti y Cristóforo Industrias Metalúrgicas S.A.), dedicada a la producción de maquinaria industrial y con un aventurero pasado en el sector automotriz.

Según también este informe, al inicio de la redada, cinco personas se encontraban vinculadas a la siderúrgica, con notificación de un sexto en calidad de prófugo (se trataba de Ricardo Corelli, quien meses antes había sido expulsado de la empresa). El documento identifica además la siguiente actividad laboral dentro de la planta General Savio: un operario del sector Almacenes, que además oficiaba de delegado gremial; un soldador del sector Calderería; un trabajador de la División Rieles y Perfiles; un practicante a supervisor de la División Alto Horno; un operario de la Acería LD; y el exempleado Corelli.

A esta nómina le deben sumar tres militantes que habían pasado por RYCSA, y uno que aún continuaba bajo esa relación laboral. Entre los primeros se encontraba el responsable territorial de la rama sindical. Procedentes de la ciudad de Santa Fe, este —con el rango de oficial de la organización armada— y su pareja —una docente ocupada en el armado de la rama política— habían sido los encargados de la estructuración local del Peronismo Auténtico.⁷

El trabajador activo, tornero mecánico de la metalúrgica, era Juan Carlos Gómez, quien contaba con veinte años al momento de su detención. Tarucha, como era conocido en su entorno, fue detenido en junio de 1976 y liberado en 1980. Según él, todos los apresados terminaron cumpliendo un tiempo considerable en prisión y padeciendo la dinámica inagotable del maltrato y la tortura.⁸ Alfredo Cecchi fue uno de ellos. Amigo y compañero de Corelli, había compartido su militancia en la agrupación y en la Juventud Peronista, trabajaba en la Planta Savio en el sector Mantenimiento Mecánico, donde además había sido elegido como delegado gremial. El 3 de junio de 1976, Cecchi recibió un telegrama de la empresa en el que se le comunicaba su despido; horas más tarde, pasada la medianoche, su casa fue allanada y él apresado. Estuvo dos años privado de su libertad y con tormentos regulares. Según Cecchi, al menos tres trabajadores de la empresa estatal −dos de ellos delegados− terminaron expulsados y encarcelados; también −aunque no contamos con mayor precisión− obreros de las empresas contratistas.⁹

Si dejamos a un lado la relevancia del primer grupo por su distribución dentro de la planta de SOMISA, la elocuencia de los números con que contamos señala por sí el grado limitado y reducido de la Agrupación Vallese al momento de su desarticulación. Una simple observación que aumenta si comparamos esta experiencia con la desarrollada en el eje Berisso-La Plata-Ensenada. Más aún si tenemos en cuenta que para esa etapa el polo industrial nicoleño, dominado ampliamente por la siderúrgica estatal, era sostenido diariamente por miles de obreros metalúrgicos. Y aún más si asumimos la predominancia de la región para las organizaciones políticas de la llamada nueva izquierda y en especial para las organizaciones armadas (Mattini, 1996, pp. 256-257). Claro que esto fue variando en el tiempo y lo que podía considerarse prioritario en algún momento de 1974 tal vez ya no lo era dos años más tarde.

Podemos dejar de lado lo anterior y virar hacia otro plano, el de los señalamientos en las publicaciones ligadas a la organización en cuestión.¹⁰ La referencia aquí es menos precisa, pero no por eso menos útil para entender las pretensiones de inserción y su grado de acción. En el segundo semestre de 1975, luego del impacto del Rodrigazo, en adición a otros efectos concomitantes de la política del gobierno de María Estela Martínez de Perón, en Evita Montonera se señalaba que “una ola de huelgas, movilizaciones y paros de brazos caídos” era el indicador más efectivo de que los trabajadores argentinos no estaban “dispuestos a dejar que ningún traidor ni patrón les pase por encima”.¹¹ Esta era la razón por la que se llamaba a incrementar las luchas y unificar los esfuerzos bajo una “forma de organización adecuada”: las Coordinadoras intersindicales que ya habían expresado su éxito y que ahora debían continuar con la conducción de la resistencia. Esta lógica, discursivamente se vio reforzada en las semanas posteriores, sobre todo por la necesidad de profundizar las acciones en las “zonas más combativas” del país.¹² Villa Constitución, lugar donde se había llevado a cabo la heroica “batalla”, era una de las referencias. Si bien San Nicolás no era mencionada, no podía dejar de ser aludida (¿o tal vez sí?). Aunque tuvo algunos cambios, luego de marzo de 1976 esta estrategia reveló aún más la necesidad de organizar la defensa obrera y popular “ante la ofensiva enemiga agudizada por el golpe”.¹³

Si se toma como referencia este plano propositivo —quitando el evidente voluntarismo reflejado en esas páginas—, para el primer semestre de 1976 la situación de la nicoleña Agrupación Vallese parecía ser por lo menos magra. El informe policial da cuenta de lo que podría ser más una limitada aventura que una amenaza concreta. Pues la desmontada “célula” “sólo había desarrollado actividades propagandísticas y de reclutamiento, sin llegar a producir ningún hecho armado”.¹⁴ En efecto, todo parece indicar que las actividades de alistamiento terminaron dando un pobre resultado. En lo concerniente a la actividad de la línea gremial, a partir de la información con la que contamos, y si dejamos en suspenso por un momento el haber conseguido un delegado dentro de la fábrica de aceros, la Agrupación Vallese no sólo habría sido bastante limitada en su forma, sino también en su contenido y en su acción.

Una de las fuentes escritas más directas que tenemos a mano es un volante de finales de octubre de 1975, titulado “La justicia social empieza con un salario justo y digno”. En este, las expresiones críticas se dirigen al gobierno, por la situación económica general; hacia la CGT, que convalidó esa política; y hacia la empresa, a la que se le demanda una serie de beneficios sociales: la concreción de un plan de viviendas acordado, cambios en el hotel de solteros, la creación de una guardería infantil y la ampliación del comedor para todos los trabajadores de la planta. En términos salariales, en línea con las peticiones del momento el incremento solicitado era del 400 %.¹⁵

El documento señala además que “el invento de la crisis sirve siempre para llenar los bolsillos de los oligarcas y azotar el lomo de los trabajadores” y remarca las luchas obreras que se venían dando desde 1955. Respecto a SOMISA, se indica (llamativamente) que en esta “nunca hubo ningún reclamo por salario” debido a que los “milicos” que la dirigen, “bien enseñados por el amo yanki”, implementaron un efectivo sistema de horas extras que “amordaza” cualquier reclamo y habilita a una “sutil” explotación.¹⁶

Por su ausencia brilla, sin embargo, cualquier reclamo expreso a la seccional de la UOM. El propio Cecchi asegura recordar que dentro de la planta el posicionamiento de los miembros de la agrupación no era de oposición abierta a la gestión del secretario general de la seccional, Naldo Brunelli, lo que no evitaba tensiones y demandas recurrentes.¹⁷ Si nos guiamos por las publicaciones vinculadas a esta línea política y su actitud frente a la denominada “burocracia”, se torna difícil interpretar esa omisión como parte de su estrategia sindical. Más aún si entendemos que en la emergencia protagónica de los sectores de izquierda del peronismo, la oposición a la ortodoxia era una parte nodal de su construcción identitaria (Servetto, 2010). Al igual que en tantos otros distritos del país, desde la vuelta de la democracia en mayo de 1973, los sectores más combativos del peronismo local se habían enfrentado al sindicalismo dominante, en el que la seccional de la UOM estaba a la cabeza.

Pero esto no es más que una posibilidad. Lo cierto es que, si aunamos todas las limitaciones registradas hasta aquí, urge señalar al menos algunos de los factores que pudieron haber coadyuvado a generar ese estado de situación. Allí encontraríamos que las decisiones internas —por ejemplo, de estrategia comunicacional— experimentaron el impacto no menor de un contexto particular: el caso. En otras palabras, y como ya se ha indicado, la experiencia nicoleña de la Agrupación Vallese aquí tratado se habría caracterizado por una inserción limitada y una influencia acotada dentro del mundo del trabajo local; su desempeño fue congruente, además, con su acotada existencia. Este primer punto se explicaría entonces menos por sus limitaciones internas que por el contexto específico dado en San Nicolás. A saber, un escenario político, gremial y asistencial dominado por la seccional de la UOM, en conjunción con una serie de rasgos culturales e identitarios de los trabajadores metalúrgicos.

Como hemos demostrado en otro lugar, hacia principios de 1973, en el plano intragremial la seccional de la UOM conducida por la ortodoxia peronista había finalizado con el proceso de aislamiento de las oposiciones político-gremiales dentro de la planta Savio de SOMISA. De forma concomitante se fue dando una dinámica de reconocimiento político en el distrito que redundaría en lo inmediato en un dominio subyacente. Es decir, una impronta política presente, visible en la cotidianeidad, pero no necesariamente vinculable con el gobierno municipal (Mónaco, 2021, pp. 97-145 y 221-245). Poder de presión versus poder formal. Un poder expresado por una parte del mundo sindical que tensionaba con diversos actores políticos, en especial los aglutinados en torno a militantes y funcionarios de la Juventud Peronista.

Este proceso de conflicto se vio sumergido, a partir del segundo semestre de 1973, en una espiral de violencia inaudita —al menos para los parámetros domésticos de aceptación—. Fue en esa etapa, cuando la mirada nacional se posó en lo que ocurría en San Nicolás, y las críticas desde la izquierda peronista sobre el sindicalismo liderado por la UOM abundaron. Así ocurrió con al asesinato del militante de la JP Benito Spahn como también con la muerte criminal del periodista José Domingo Colombo —para citar algunos casos—.¹⁸ La figura de José Ignacio Rucci ya había hecho su parte en esta visibilización de la seccional, en especial con su elección como secretario general de la CGT en 1970. Tres años más tarde, su asesinato, que se dio en los primeros momentos de la convulsionada violencia local, había refrendado la mirada crítica respecto a la “burocracia” doméstica.¹⁹

En este marco, el ascenso de Brunelli no sólo reafirmó lo conseguido por su antecesor, sino que bajo su conducción se impulsaron como nunca antes los logros del sindicato. En esta coyuntura, los acontecimientos vecinos de Villa Constitución (1974-75) no sólo carecieron de impacto en el distrito nicoleño, sino que se contrapusieron de una manera más que evidente con la acción de asistencia a los trabajadores y a la comunidad por parte de la seccional nicoleña. Un proceso, es importante de remarcar, que no se detuvo durante los años del gobierno militar iniciado en 1976. Más aún, los beneficios en cuanto a salud, asistencia económica y social, esparcimiento, educación y vivienda se vieron incrementados (Mónaco, 2021, pp. 353-356).

En concreto, lo que estaba ocurriendo en esos años de convulsión regional, aceleración de la violencia política y de la represión estatal no era ni más ni menos que una seccional sindical que se consolidaba como organización representativa de sus afiliados, que crecía en términos materiales, asistenciales y de servicios, y que había cerrado la etapa democrática con un ineludible protagonismo en el espacio público del distrito. A grandes trazos, ese fue el escenario en el que buscó insertarse y prosperar la Agrupación Vallese.

En orden del supuesto antes señalado, este lugar protagónico en múltiples planos por parte de la seccional de la UOM no puede desligarse de una cultura e identidad obrera que en algún punto lo propiciara, tolerara o, en última instancia, no lo rechazara. Según Camillo Robertini, quien ha avanzado en el estudio de los trabajadores de la automotriz FIAT de la planta Caseros de Buenos Aires, la identidad conservadora y anticlasista de estos trazó “una fundamental diferencia con sus compañeros más conscientes de su condición de explotación durante la década del sesenta” (2022, p. 12). Esto realimentó, a su modo, el encuadramiento sindical a manos de la UOM Caseros, cuyas posiciones reaccionarias y anticombativas tuvieron una aceptable recepción; y, en algún sentido (o en varios), lo continuaron teniendo durante los años de la dictadura.

A pesar de todas las diferencias que podamos encontrar, el caso nicoleño no se aleja de esta interpretación. Entre la segunda mitad de los años sesenta y la primera de la siguiente década, con epicentro en SOMISA, la alternativa sindical que buscó desplazar a la UOM nicoleña se sostuvo en una propuesta abiertamente proempresaria y conservadora. Rasgos que se acoplaban con postulados de carácter nacional-desarrollista opuestos a cualquier instancia del clasismo obrero (Mónaco, 2021, pp. 173-220). Aunque no pudo imponerse al dominio de la UOM, aquella fue una opción de extenso apoyo dentro de los trabajadores.

Indicios de una cultura obrera que podían encontrarse en las publicaciones internas de la planta o, con sus matices, en las declaraciones institucionales de la dirigencia gremial. Indicios, referencias, en las propias acciones: el punto de partida de las trayectorias tan opuestas entre las seccionales de San Nicolás y de Villa Constitución es prácticamente el mismo: la necesidad de que el gremio nacional de los metalúrgicos, en ese entonces conducido por Augusto Vandor, invirtiera lo debido para la construcción de nosocomios ante los recurrentes accidentes en el sector siderúrgico. La negativa a estos suscitó fuertes reclamos, reflejados en la mencionada alternativa sindical en San Nicolás y en el inicio de una corriente combativa en Villa Constitución que, luego de luchas, lograría acceder a la conducción del sindicato (Mónaco, 2021, pp. 246-267).

Los sucesos vinculados a los metalúrgicos de Villa Constitución suelen ser muy conocidos: el anhelado triunfo sobre el peronismo ortodoxo que conducía la seccional contó con la activa participación y solidaridad de variados actores sociales; lo que siguió, a partir de marzo de 1975, fue una devastadora represión. Sobre los vestigios de esta se montó, un año más tarde, el contexto dictatorial. En San Nicolás, en cambio, con la excepción del día del golpe de Estado, de los retenes militares y de la presencia de uniformados dentro de la planta en los primeros días, el recuerdo sobre la etapa dictatorial que surgió de las entrevistas y charlas con antiguos obreros no remite a un momento de inflexión (Mónaco, 2021, pp. 293-310). Menos a experiencias traumáticas o atadas a hechos de violencia estatal. Como ha sostenido con cierta ironía un testigo de aquellos años al ser indagado sobre la presencia de uniformados durante el gobierno militar: “[La planta] estuvo más militarizada en la privatización”.²⁰ Para buena parte de esos trabajadores que continuaron en la fábrica hasta avanzados los años noventa, el corte disruptivo en sus experiencias se presenta, en efecto, con el proceso de venta de la empresa.²¹ Fue a principios de los años noventa cuando, bajo el pasaje a manos privadas y reconversión productiva de la empresa estatal, sus trabajadores experimentaron una concreta desestructuración/reestructuración de su cotidianeidad laboral (Soul, 2010, pp. 57-58).

El marco represivo local

Si bien entre 1973 y 1976, durante los variados gobiernos peronistas, el distrito nicoleño fue escenario de esporádicas acciones represivas de carácter paraestatal, el contraste con la álgida etapa de la última dictadura militar fue notable. Del enfrentamiento entre sectores sindicales, y entre estos y ciertos actores políticos, se pasó rápidamente a un escenario local signado por la violencia estatal.

En sus rasgos generales, el esquema represivo implementado en San Nicolás no fue una excepción al experimentado, a partir de 1976, en los medianos y grandes conglomerados urbanos y sus cordones industriales: fue muy intenso en los primeros dos años; abarcó una variedad de actores locales; implicó una dinámica sistemática; y fue conducido por la fuerza armada a cargo, en este caso el Ejército, con la activa colaboración de las fuerzas policiales del distrito.

En San Nicolás, la presencia militar fue inmediata, pero no por ello novedosa. El gobierno municipal quedó a cargo del teniente coronel (RE) Fernando Huergo (confirmado como intendente en el mes de mayo), quien ya era conocido para los locales, en especial para los trabajadores y empleados de SOMISA. Hasta el momento de asumir había sido el jefe de la División Rieles y Perfiles y durante años había estado a cargo de la presidencia del Club SOMISA.

Pero el centro de poder pasó a estar en el Batallón de Ingenieros de Combate 101. Desde la dictadura precedente, esta era una institución de considerable presencia en la vida de los nicoleños. Desde su participación en los actos patrios hasta ciertas acciones de colaboración con la comunidad, el Batallón y sus ocasionales comandantes aparecían con regularidad en la prensa local.²² Los cambios de su jefatura eran de sumo interés para los medios, que buscaban informar con detalles las cualidades y servicios del titular. A partir del arribo de la dictadura militar y la puesta en marcha de su sistemático plan represivo, el Batallón asumió un rol clave en la región. En la estructura de zonificación, este fue el centro del accionar represivo de la denominada Área Militar 132, dependencia del Primer Cuerpo del Ejército para los partidos de San Nicolás, Colón, Pergamino, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Salto, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco y Carmen de Areco.²³

Como centro del poder real, sustentado en sus acciones represivas, autoritarias y proscriptivas, el Batallón tuvo su máxima expresión entre marzo de 1976 y octubre de 1977. Fue la etapa en la que el teniente coronel Fernando Manuel Saint Amant estuvo a cargo de la comandancia.²⁴ Designado a ese destino en diciembre de 1975, desde la lógica militar de la coyuntura, Saint Amant parecía el profesional indicado para encargarse de ese tramo destacado del “cinturón rojo del Paraná”. Nacido en 1929, había ingresado en la Escuela Superior de Guerra en 1962, bajo la plena influencia doctrinaria de la escuela francesa.²⁵ Allí, en 1971 había sido designado como profesor del Curso Básico de Comando y posteriormente en el de Inteligencia. Su foja de servicios, con acciones en el exterior, se encuadraba en la lucha contra la subversión.²⁶

Esta experticia profesional se conjugaba y potenciaba con su catolicismo ultramontano. En su nuevo destino se vinculó con sectores conservadores del catolicismo, entre ellos, el núcleo integrista de Tradición, Familia y Propiedad. Este perfil quedó reflejado en el informe que elevara a su superior, el general Carlos Guillermo Suárez Mason. Un documento, según Horacio Verbitsky, “de una paranoia exacerbada aun para las pautas castrenses de la época” (Verbitsky, 2006, pp. 82 y 87). En este, Saint Amant aseguraba que el marxismo se valía “indistintamente de la pornografía, del liberalismo, del capitalismo, de los medios de comunicación, del freudismo, de los partidos políticos, de la pobreza, de la explotación de las injusticias, la UNESCO y los derechos humanos”.²⁷

En sintonía con lo ocurrido a nivel nacional, los casi dos años a cargo de Saint Amant conformaron la subetapa más aguda de la represión política a nivel regional. El principal centro clandestino de detención del partido de San Nicolás fue la Brigada de Investigaciones de la calle Alem, con la participación destacada de la Unidad Penal n. 3 y la “Escuela de Campos Salles”. Otros de los lugares de detenciones y apremios ilegales fueron el propio Batallón, la Comisaría 1ª, la Unidad Regional VII (delegación local de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) y la sede de Prefectura Naval. Los cálculos más recientes estiman en más de un centenar y medio las víctimas –incluidos sobrevivientes y desapariciones– dentro del área militar (D’Andrea Mohr, 1999, pp. 272-273).

Apenas iniciada la dictadura, los nicoleños corrientes que no recordaban el nombre del nuevo jefe del Batallón comenzaron a leerlo con recurrencia en la prensa, sea por disposiciones o alguna ocasional nota de opinión. En una de esas primeras publicaciones, bajo el título “Las directivas del Batallón de Ingenieros de Combate”, Saint Amant había solicitado reproducir los comunicados n. 8 y 13 de la Junta de Comandantes Generales. El primero de estos remarcaba el control territorial absoluto de la fuerzas militares, que “mantienen asegurados el orden y la tranquilidad en todo el país”; el segundo se dirigía “a la juventud de la Patria convocándola a participar sin retaceos ni preconceptos en el proceso de reorganización” (“signado por la autenticidad de sus principios”) “donde cada joven ve abierto todo los caminos y metas, sin otro requisito que su capacidad de contracción al trabajo fecundo”.²⁸ También comenzaron los nicoleños a reconocerlo en imagen y palabra a través de su participación de actos protocolares o en homenaje a algún prócer local. Como en su “brillante arenga” –en palabras del diario local– del acto aniversario del Batallón, donde “puso particular énfasis en recalcar los difíciles momentos por [los] que se está atravesando, donde principales protagonistas son las fuerzas armadas del país, que han tomado la enorme responsabilidad de su conducción, para lograr el tan ansiado anhelo de la Reorganización Nacional”.²⁹

Para aquellos referentes o miembros del ámbito político, social, cultural, religioso, profesional y hasta empresario, la carta de presentación del comandante fue muy diferente. Varios de ellos fueron detenidos apenas producido el golpe. Entre otros, fueron los casos de los concejales Pedro Marchi y Jorge Lima, y del diputado Alfredo Gamarra; también lo fue parte del elenco estable del teatro nicoleño.³⁰ Como quedó registrado en varios casos, en realidad, el raid represivo había comenzado en los días previos al golpe.³¹

En conjunto, estas detenciones, sin motivos declarados, solían contar en alguna de las instancias iniciales (operativo de detención y encarcelamiento) con la presencia de Saint Amant. Generalmente, el jefe del Batallón se encargaba de los primeros interrogatorios. Varios de los casos registrados, además, muestran cierto patrón de acción: al cabo de unos días, los detenidos eran procesados por el juez federal Luis Milesi —un suboficial mayor retirado que servía de principal lazo de Saint Amant dentro del sistema judicial local—, luego absueltos y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que en el corto o largo plazo terminaba otorgándoles la libertad vigilada.³²

Años más tarde, según declararon algunas de las víctimas, esta dinámica de apresamientos, fueran previos o posteriores al golpe de Estado, tuvo la finalidad de generar miedo y desactivar potenciales conflictos. Jorge Lima buscó caracterizar esta dinámica como una suerte de “operación bolsa”, con detenciones de algún tipo de relevancia ante la sospecha de los servicios de inteligencia de la posible resistencia de grupos civiles a la instauración del gobierno militar.³³

En los siguientes meses del año, el terrorismo de Estado en su fase local no se detuvo. Uno de los hechos más sobresalientes fue la denominada “Masacre de la calle Juan B. Justo”, en noviembre de 1976. Fue un operativo conjunto entre el ejército y la policía bonaerense con un saldo de cinco asesinatos y una criatura apropiada.³⁴ El año siguiente estuvo plagado de momentos álgidos en términos represivos. Entre abril-mayo, el ejército llevó adelante una serie de redadas que concluyeron en el secuestro y desaparición de ocho militantes de la Juventud Peronista; en mayo-junio, el objetivo estuvo puesto en la detención de un grupo de exalumnos del Colegio Don Bosco que militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios;³⁵ en julio, en un accidente vial con claras pruebas de haber sido inducido, falleció el obispo Carlos Horacio Ponce de León, titular de la diócesis nicoleña. Mientras tanto, no cesaban las amenazas y persecuciones que, en otros tantos casos, terminaron con la aprehensión o, con mejor suerte, con el traslado involuntario y preventivo de la persona en busca de resguardo. El año cerró, ya desde finales de noviembre, con la captura de otros tres “objetivos”, sin vínculos entre sí.³⁶

La celosa formación profesional de Saint Amant junto a su catolicismo conservador se habían enfrentado de forma temprana al perfil y las acciones de Ponce de León. Este había dado lugar a la renovación en clave popular iniciada con el Concilio Vaticano II e impulsada por la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968. También había recibido a sacerdotes desplazados de diócesis reaccionarias como la de Rosario; y guardaba una estrecha relación con los palotinos de San Patricio.³⁷ A principios de la década, además, Ponce de León había designado en la carenciada Villa Pulmón (un barrio carenciado de San Nicolás) al sacerdote Jorge Galli. Este, que vivía en un “rancho” dentro del asentamiento, había trabajado como albañil en SOMISA y había sido ordenado como sacerdote por el mismo obispo. De marcada inclinación hacia el tercermundismo y adherente al peronismo desde su juventud, Galli contaba con una importante militancia política y social. Esto lo acercó a la Tendencia Revolucionaria del movimiento, donde inició en 1971 la columna José Gervasio Artigas de Montoneros, con un área de incidencia que abarcaba la diócesis nicoleña.³⁸ A inicios de 1974, en desacuerdo con sostener la violencia armada bajo el gobierno peronista, Galli terminó alejándose de Montoneros y conformó lo que sería la JP-La Lealtad.³⁹

Dentro del álgido ciclo represivo de aquel 1977, también estuvo incluido el mundo sindical dominante.⁴⁰ Aunque en términos proporcionales, frente a otras actividades o ámbitos, su número de víctimas fue menor y el castigo al que fueron sometidos, mucho más leve. Fueron dos casos del gremio metalúrgico: Naldo Brunelli y Vicente Beccarini. El procedimiento represivo, según los testimonios, fue similar al aplicado en varias de las situaciones ya mencionadas.

El máximo referente sindical del distrito, Brunelli, fue detenido el 28 de marzo bajo la acusación de posesión ilegal de un arma de fuego. El juez federal Luis Milesi tramitó la causa, por infracción a la ley 20.840, bajo la carátula “tenencia ilegal de arma de guerra”, y dispuso su traslado a la Unidad Penal 3. Sus abogados defensores fueron José María Díaz Bancalari y Hugo Bruera. El 9 de mayo, por resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Milesi le revocó la prisión preventiva y Brunelli quedó en libertad, aunque bajo disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Durante el proceso contra Saint Amant, consultado por la fiscalía acerca de la causa que habría fundado su detención, el dirigente gremial sostuvo:

Por entonces, fueron despedidos muchos compañeros y delegados. Los motivos fueron que muchos gerentes dijeron que el manejo de las fábricas estaba a cargo de la U.O.M. Nosotros, teníamos reuniones clandestinas con otros sindicalistas, pero las mismas estaban prohibidas.⁴¹

Sobre el momento de su liberación, señaló:

Vinieron a buscarme mi suegro y mi esposa. Al otro día [me] presenté con mi defensor, Díaz Bancalari en el batallón y le dije a Saint Amant, le agradezco por todo y me dice, no tiene nada que agradecer, usted está a disposición del P.E.N. y me muestra la tapa del diario Clarín con un listado de detenidos que recuperaban la libertad y allí estaba yo.⁴²

Un mes más tarde, Vicente Beccarini, integrante de la seccional de la UOM con funciones en la obra social fue arrestado junto a otras personas.⁴³ Estos eran Héctor y Abel Acosta, Dionisio Kazemas y un tal Navarro. Todos fueron trasladados en un camión celular, dentro de compartimentos individuales de chapa. Ya en el Batallón, el vehículo quedó aparcado por horas con los detenidos en su interior, bajo un intenso calor y sin ningún tipo de asistencia, recibiendo en cambio burlas y cargadas. Abel Acosta no logró soportar la asfixia y murió; Beccarini fue bajado prácticamente inconsciente. La orden directa de que permanecieran encerrados en esas condiciones fue de Saint Amant. Luego de dejar que se recuperase, este interrogó a Beccarini por su actividad gremial. De acuerdo con el dirigente, en el fondo ese había sido el motivo de su detención.⁴⁴ Luego fue trasladado a la Unidad Penal n. 3, donde permaneció aislado e incomunicado. La asistencia legal estuvo a cargo de Díaz Bancalari, que le informó que se encontraba a disposición del PEN.

Los casos de los metalúrgicos Brunelli y Beccarini, muy diferentes entre sí, muestran algo del trato de la dictadura (encabezada in situ por Saint Amant) hacia el mundo sindical dominante de San Nicolás. El caso Beccarini, un dirigente de segunda línea del principal sindicato, fue fortuito. Este se vio involucrado en un incidente que derivó en su detención, el padecimiento de tormentos y el interrogatorio por su actividad gremial realizado por el propio Saint Amant. El proceso que llevó a la detención a Brunelli nunca fue aclarado y nada parece objetar que el allanamiento haya sido una maniobra urdida para lograr su arresto. Él también fue interrogado en persona y en varias ocasiones por el jefe del Batallón.⁴⁵ Sin embargo, un punto muy relevante aquí refiere a las propias afirmaciones de Brunelli sobre sus habituales encuentros sindicales, prohibidos en ese entonces. En el proceso judicial en su contra, Saint Amant se tomó de la declaración de este y reafirmó que, durante su comandancia, a pesar de que estaba establecido el estado de sitio, el sindicalista se reunía con sus compañeros y él nunca lo “molestó”.⁴⁶

Por fuera de lo incompleto del relato de Brunelli, de la evidente estrategia de defensa del militar y de los hechos referidos, durante los años de la dictadura el sindicato metalúrgico no sufrió grandes alteraciones. A diferencia de tantas otras situaciones bajo esta etapa, aquí no hubo una ofensiva desarticuladora (Basualdo y Jasinski, 2016). Lo de Saint Amant debería entenderse como una actitud de disciplinamiento hacia este factor de poder que operaba en San Nicolás. Y en este, una forma elocuente de señalar quien detentaba el control efectivo luego del 24 de marzo de 1976.

A modo de reafirmar lo anterior, podría decirse que, de forma esquemática con base en lo expuesto en los procesos judiciales, la represión desplegada en el distrito se diferenció en al menos tres fines: el de la prevención, el de la eliminación (asesinato con o sin desaparición del cadáver) y el del disciplinamiento. Estos, a su vez, no eran excluyentes entre sí, ya que un objetivo podía transitar por más de una de estas instancias. La “operación bolsa” inicial señalada en buena parte de los casos inmediatos al 24 de marzo, podría considerarse de carácter preventivo: concretado el golpe de Estado, evitar posibles resistencias o acciones de oposición. También contó, por supuesto, tanto para sus víctimas directas como para los sectores anoticiados de la acción, como parte de la “nueva” disciplina. Como ya se ha señalado, figuras de la política y la cultura local, entre otros, fueron víctimas de estas.

La represión con finalidad de exterminio fue, evidentemente, la más extrema. Parte de la comunidad eclesiástica católica o militantes de organizaciones armadas, para dar otro caso, fueron su objeto. En cambio, los casos de los citados miembros de la seccional de la UOM, incluidos sus abusos extremos, en comparación con aquellas situaciones parece mostrar que la acción represiva no tuvo especialmente entre sus blancos al sindicalismo nicoleño, y sobre todo a la ampliamente dominante Unión Obra Metalúrgica. La lógica que primó, en todo caso, fue la de cierto modo de “domesticación”.

Luego de la liberación de Brunelli, Saint Amant publicó en el diario local, en la portada y encuadrado, un comunicado suscripto por el mismo y titulado: “Apreciación del Ejército sobre la actividad sindical”. En este señalaba que: “El objetivo es que el país disponga de un movimiento sindical cuya preocupación permanente son [sic] la defensa de los legítimos intereses de los trabajadores en armónica conjunción con los intereses de la comunidad toda”. Pues:

El Ejército argentino sabe perfectamente que el sector sindical tiene espíritu y vocación nacional y que, a pesar de todos los intentos realizados desde distintos puntos del espectro ideológico para infiltrarlo, no ha sido contaminado ni por el marxismo ni por ninguna doctrina extranjerizante opuesta al sentir nacional

El país puede estar seguro de que el Ejército velará permanentemente para que el sindicalismo nacional, responsable y consciente de sus deberes y obligaciones desempeñe el papel que en la sociedad argentina tiene reservado.⁴⁷

Según Álvaro Abós, la autoría del texto correspondió al comando del II Cuerpo del Ejército en Rosario, emitido en alusión a un nuevo aniversario del Día del Trabajador (Abós, 1984, p. 36). Si se quita el detalle de su procedencia, lo cierto es que lo que pretendía el texto cuadraba bastante bien con lo que representaba en la práctica la seccional metalúrgica.

En la Planta General Savio

Años más tarde, recuperada la democracia y normalizada la seccional sindical, el secretario de la UOM nicoleña se jactó en una entrevista: “...a mí no me desapareció ni un solo laburante en mi jurisdicción. Nos despedían a los delegados, cierto; pero luego los reincorporamos a todos” (citado en Senén González y Bosoer, 1993, p. 132). Una afirmación que podría resultar llamativa o poco creíble, ya que desde antes de la salida de la dictadura se conocían los sondeos que indicaban a los trabajadores y sus representantes sindicales de base como la porción más amplia en el universo de víctimas desaparecidas. Por aquellos años, los metalúrgicos de SOMISA, además, constituían un núcleo enorme de trabajadores; y este mundo del trabajo, se situaba en la ribera del Paraná señalada como de alta conflictividad. Pese a estos factores, los metalúrgicos de la Planta Savio y del resto de San Nicolás, no fueron un objetivo específico de la represión dictatorial. Así se desprende de las entrevistas realizadas a extrabajadores de la planta; y también por quien en su momento cumplía funciones en la Secretaría de Derechos Humanos de la seccional, Juan Carlos “Tarucha” Gómez.⁴⁸

Las palabras del secretario general guardaban una verdad a medias. Dentro de los miles de trabajadores de SOMISA, no hubo ni detenciones masivas ni desapariciones forzadas: hubo arrestos focalizados y una desaparición vinculada. Esta fue la de Ricardo Corelli. “Vaca”, como era conocido entre sus compañeros, militante de la Agrupación Felipe Vallese del Peronismo Auténtico de San Nicolás, delegado en su sector y un no alineado con la conducción de Brunelli. Según su hermana, Corelli había estado trabajando en la planta Savio cerca de diez años.⁴⁹

El 20 marzo de 1975, iniciada la represión en Villa Constitución, la casa de la familia Corelli fue asaltada por un grupo de policías y militares. El operativo terminó con la detención de Ricardo, que luego de pasar unos días alojado en la Unidad Penal 3 fue liberado. A partir del 24 de marzo de 1976, en varias ocasiones grupos de militares fueron a buscarlo a su domicilio, pero Ricardo ya no estaba; desde su liberación había dejado de dormir en su casa, y con el golpe de Estado terminó por irse de la ciudad. Ante sus ausencias, la empresa dispuso el “abandono de trabajo”. El 5 de septiembre de 1976, Corelli fue secuestrado y nunca más se tuvieron noticias de él.⁵⁰

La seccional nunca lo asumió como un trabajador propio y, por lo tanto, tampoco nunca demandó por su aparición ni autorizó acciones al respecto. La brecha temporal, entre su obligada huida de San Nicolás tras el golpe y su desaparición, fue el argumento recurrente para desligarlo de la empresa y del sindicato. Lo que sabemos sobre el caso se debe sobre todo a la búsqueda activa de sus padres y su hermana, que llegaron con sus pedidos al Ministerio del Interior, organizaciones de derechos humanos y la embajada italiana. Marisa también llegó a pedirle al obispo nicoleño que demandara por la aparición de su hermano. Por estas acciones y sus vínculos con la militancia cristiana fue detenida a mediados de 1977 y liberada en 1978.

En la memoria colectiva local, el caso Corelli no revista una presencia sustantiva. En varios testimonios fue difusa su alusión, más próxima a un “se dice” que a la rememoración de una ausencia concreta; para otros, en cambio, el caso continúa siendo referido como externo a SOMISA. En algún sentido, la negación de Brunelli parece haber tenido su efecto. Sus palabras, a la vez, podrían haber sido el producto de una imagen cristalizada, de forma temprana, sobre la seccional de la UOM y sus trabajadores durante los años de la última dictadura. Hasta donde sabemos, el de Corelli fue el único caso de desaparición; como fue amplia y efectiva la represión sobre el resto de la agrupación.

Conclusión

Entender como un contraste ostensible lo ocurrido en el escenario nicoleño entre la represión distrital y las implicancias sindicales durante el primer tramo de la última dictadura, es por lo menos exagerado. Tal perspectiva es propia de los reduccionismos que omiten los tonos diferenciales que suelen convivir en los fenómenos sociales. La violencia dictatorial sistemática y aguda ejercida sobre el partido, al menos en este caso, no debe conducir a una homologación sobre aquel amplio mundo obrero metalúrgico, ni a una simplificadora mirada dualista.

En todo caso, en medio de lo que aparenta ser contrastante se sitúa la breve trayectoria de la local Agrupación Felipe Vallese. Mientras que buena parte de aquel entramado obrero/sindical no constituyó un objetivo directo del poder represivo doméstico, si lo fue, al igual que otros actores, la indagada organización.

Recién en los últimos años, con los avances de los procesos de justicia, comenzó a transmutar en palabras el prolongado silencio de algunos de sus exmilitantes víctimas directas de la violencia estatal; extensible por supuesto al grupo de mujeres que en su momento se había hecho cargo de la construcción del frente político del Peronismo Auténtico, y que al igual que sus compañeros cayó en las garras del Batallón 101. Claro que para muchos otros de los trabajadores de la rama que atravesaron esa etapa, para los hombres y las mujeres que compartieron ese espacio de residencia, lo que pervivió fue la negación, el olvido o el simple desconocimiento de lo que, supuestamente, nunca aconteció. Para ellos, la “tragedia” llegaría más tarde, con la privatización de la empresa.

Desde un comienzo —como hemos visto—, la experiencia de esta agrupación, de quienes la formaron, se encontró con el desafío de integrarse a un ambiente fabril y un escenario urbano dominado por la seccional de la UOM. La aceptación, por parte de las mayorías obreras, del liderazgo de esta última, que comenzó precisamente a recolectar en esa etapa una destacable y variada cantidad de frutos socioasistenciales, obturó en algún punto sus expectativas de inserción. Más aún dentro de un mundo del trabajo en el que se imponían las tendencias conservadoras y anticontestatarias (Mónaco, 2021). Estas habían estado presentes en la trayectoria de los trabajadores y su sindicato, y se tornaron más evidentes cuando la experiencia combativa de los metalúrgicos de la aledaña Villa Constitución. Es probable, además, que pudieran haberse visto reforzadas una vez iniciada la dictadura militar (Dicósimo, 2022).

Este panorama integral del objeto, para decirlo de algún modo, bajo la coyuntura crítica extendida entre 1975 y 1976, llevarían a propiciar —desde el punto de vista aquí asumido— un marco favorable para avanzar en la indagación de los comportamientos al inicio de la última dictadura, tanto de los trabajadores corrientes como de la militancia contestataria.

Agradecimiento

Este trabajo fue elaborado en el marco del Proyecto de Investigación Plurianual “Aceptación, distanciamiento y acomodación en la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)”. Agradezco los comentarios y sugerencias de sus integrantes.

Fuentes documentales

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DIPBA. Mesa B, Factor Gremial, Actividad Panfletaria, “La justicia social empieza con un salario digno…”.

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Revista Evita Montonera

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Notas

Recepción: 11 diciembre 2025

Aprobación: 25 febrero 2026

Publicación: 01 marzo 2026

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional