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Represión estatal y sindical contra la lucha obrera: la huelga de Hipasam (1975) y Guilford (1976). Sierra Grande y Comodoro Rivadavia, Patagonia argentina

Introducción

Analizamos dos procesos que permiten conocer rasgos claves de las luchas obreras en la Patagonia argentina¹ durante la última fase del gobierno peronista iniciado en 1973, y el comienzo de la dictadura militar, impuesta desde 1976.² Se evidencian, en cada caso investigado, las características generales de la represión ejercida contra los trabajadores en la región, el rol del aparato estatal y parte de la dirigencia sindical, así como el proceso de transformación económica y social que se desarrollaba en la Patagonia desde los años 60.

De esta manera, se avanza en problematizar la conformación y las experiencias de diversos colectivos obreros latinoamericanos en el contexto de la guerra fría,³ desde el análisis de dos huelgas relevantes y poco conocidas:

• La acción de los obreros de Guilford durante los primeros meses de 1976, aún poco explorada por las ciencias sociales.⁴ Se trataba de una empresa textil instalada en Comodoro Rivadavia desde el año 1957, donde se desarrolló un significativo proceso de lucha que evidenció el rol de ciertas direcciones sindicales como parte del aparato represivo.

• El conflicto de Hipasam, durante 1975. Sierra Grande fue el paradigma de una ciudad creada al amparo de un proyecto impulsado por el Estado en el marco de los programas de seguridad nacional y desarrollo, impulsados por las fuerzas armadas y otros sectores ligados al poder político y económico (ver Villegas, 1969; Scocco, 1969)⁵. Allí toda demanda obrera era atacada, en una actividad que estaba bajo el control de Fabricaciones Militares.

En ambos casos se evidencian rasgos de continuidad represiva entre el régimen constitucional y la dictadura: en Sierra Grande la huelga transcurrió durante 1975, pero la represión se extendió a los siguientes años; en Comodoro Rivadavia, las acciones de fuerza de los trabajadores se desarrollaron entre febrero y marzo de 1976, y la respuesta estatal y sindical atravesó todo el período posterior.

Nos proponemos contribuir al debate en torno a las permanencias y rupturas entre el régimen constitucional y la dictadura. Partimos de la historiografía que registra ciertas continuidades represivas contra la clase obrera en el proceso político previo a la última dictadura en Argentina (Franco, 2016)⁶; sin embargo, como sostiene Jemio (2013), poner de relieve las líneas de continuidad no implica desconocer las rupturas, lo discontinuo: en este caso la especificidad del entramado represivo dictatorial. En esa compleja articulación entre cambio y estabilidad buscamos situar el problema de la periodización.

Ranalletti y Pontoriero (2010) resaltan las líneas de continuidad de las políticas de seguridad formuladas entre 1955 y 1976, que se constituyeron en un estado de excepción permanente. Para Franco esa linealidad se inició en 1955 y finalizó en 1983 (2016, p. 17). Merele (2016) ubica la permanencia entre el período 73-76 y el de la dictadura, y destaca el rol de integrantes del justicialismo en el entramado represivo, que “contó con el impulso del propio gobierno peronista y con la participación de amplios sectores del movimiento justicialista” (p. 100), en una perspectiva sustentada por trabajos previos de Franco: “el tradicional anticomunismo del peronismo se reactualizaba (…) adquiriendo nuevos sentidos y una violencia inédita” (2012, p. 32).

Basualdo y Jasinski resaltan la sanción de la Ley 20840,⁷ en septiembre de 1974, y la búsqueda de limitar lo que se consideraban “excesos” del poder obrero (p. 244). Pero para ellos esto no se ubica centralmente en una continuidad represiva, sino en la perspectiva de agudización de la confrontación capital-trabajo, que sería la verdadera ordenadora de las problemáticas económicas y sociales del país (Basualdo, E., 2006; Basualdo, V., 2006).

Esa confrontación también se expresaba al interior del movimiento sindical, donde “el enfrentamiento entre los sectores denominados ‘ortodoxos’ y ‘combativos’ se volvió más agudo y virulento a partir de 1973” (Basualdo, 2013, p. 236). La tensión entre conducciones nacionales verticales y jerárquicas, y la búsqueda de herramientas más participativas de democracia obrera directa y vínculos permanentes con las bases se expresó en los conflictos aquí analizados. La clave es hacer observable cómo en la dinámica de confrontación entre capital y trabajo se fueron desarrollando herramientas represivas específicas de cada etapa. Para el período 74-76 (así delimitado por los autores) adquirió centralidad la noción de “guerrilla industrial”, impulsada desde la embajada de Estados Unidos (p. 242).

Según esta perspectiva es central remarcar la especificidad de cada fase represiva y la articulación de la misma en torno al eje capital-trabajo (Basualdo, 2019b), como modo de ubicar las responsabilidades del entramado represivo y debatir con miradas como la de Vezzetti (2002), “que atribuye la responsabilidad por lo sucedido en esa etapa al conjunto de la sociedad”, con “una notable desatención hacia dimensiones estructurales fundamentales” (Basualdo, 2013, p. 249).

Trabajamos con el registro de publicaciones periodísticas de cada región, la consulta de archivos gubernamentales (Archivo Provincial de la Memoria y Biblioteca de la Legislatura de Chubut para el caso de Guilford, y el Archivo de la Memoria de Río Negro para Hipasam) y entrevistas a trabajadores.

Ha sido fundamental el aporte de las entrevistas a quienes fueron parte de estos procesos. La construcción de fuentes orales nos brinda parte del significado que tuvieron estos hechos para los sujetos que los desarrollaron (Portelli, 2016; Flier, 2018; Pozzi, 2018). Las fuentes escritas han sido centrales para denotar el carácter represivo del aparato estatal y las articulaciones empresariales y sindicales; los registros aquí trabajados son un ejemplo.

En términos de metodología, recuperamos el enfoque gramsciano, que postula la necesidad de desarrollar una aproximación “molecular” a las dinámicas de lucha y organización obrera. Gramsci (1997) destaca que el accionar de la clase obrera tiende a ser borrado de la historia por los grupos dominantes, los cuales en general logran desactivar sus proyectos, especialmente cuando estos expresaban grados relevantes de autonomía.

Breve contexto histórico-territorial

La Patagonia argentina fue integrada a la institucionalidad plena del Estado nacional argentino en un largo período que se inició en 1955 y finalizó en 1994 (con la provincialización de Tierra del Fuego). Río Negro y Chubut fueron reconocidas como provincias en 1955, y tuvieron su primera elección gubernamental en 1958.⁸

El siguiente mapa ubica la región en términos generales; allí puede observarse a Sierra Grande en el sureste de Río Negro y a Comodoro Rivadavia en el sureste de Chubut:

Mapa 1

Sierra Grande hasta el sur del país.

Fuente: https://playasdoradas.net/como_llegar_tierradelfuego.php

Su incorporación plena al Estado y al mercado nacional se realizó en el marco del impulso a los programas desarrollistas hacia fines de los años 50 e inicios de los 60 (Perrén y Pérez Álvarez, 2011). No era una coincidencia que estos territorios estuviesen atravesando su proceso de provincialización durante ese período: el Estado nacional buscaba afianzar la situación económica y social de estas “nuevas provincias”.

Las provincias patagónicas fueron parte del impulso desarrollista, a partir de los proyectos generados desde el Estado nacional. Los discursos gubernamentales estuvieron atravesados por las nociones de “integración” y “desarrollo”; se pretendía la “conquista” del territorio a través de proyectos impulsados por el Estado nacional (Pérez Álvarez, 2016). Los complejos hidroeléctricos en Neuquén, la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales en Santa Cruz, la explotación minera de Sierra Grande en Río Negro, el impulso a la industrialización subsidiada en Chubut y Tierra del Fuego son evidencias de la concepción dominante acerca de cómo asegurar el crecimiento regional.

Patagonia tuvo un debut temprano en lo que a políticas desarrollistas se refiere, en una profunda relación con las concepciones de soberanía nacional y seguridad interna (Ibarra, 1997). Un elemento para comprender el impulso a nuevos polos productivos en la Argentina de los años 60 y 70 se relacionaba con la intención de dividir la clase obrera, aislando sus núcleos más combativos.⁹ La doctrina de seguridad nacional consideraba que en Argentina existía un “enemigo interno”¹⁰ a quién se debía combatir; para ello se debía fragmentar a los trabajadores, apelando a la necesidad de construir “soberanía” (Villegas, 1969), y fomentar el desarrollo y poblamiento de la Patagonia, considerada una región estratégica (Gatica, 2013).

En ese marco, y como parte fundacional del proyecto, se conformó una dirigencia sindical local que sostuvo una práctica colaboracionista con el gobierno y las patronales, en aras de fortalecer el desarrollo regional. En un informe del gobierno de Chubut se destacaba, como una de “las condiciones de base del futuro desarrollo de la Provincia”, a “la presencia de organizaciones sindicales maduras y responsables, que se han colocado decididamente detrás del logro de los grandes objetivos del desarrollo” (Provincia del Chubut, 1970, pp. 1-2).

Esa perspectiva sindical dialogaba con el “participacionismo” a nivel nacional, y se enfrentaba a otras posturas obreras que proponían un camino de mayor autonomía, con niveles más importantes de confrontación (Pérez Álvarez, 2019).

Observamos una serie de rasgos para entender las características del accionar obrero antes y durante la última dictadura en Patagonia. Entre ellos el marco de una industrialización en pleno desarrollo (Altimir, 1970; Ibarra y Hernández, 2016), la conformación de una clase obrera joven y proveniente de diversos afluentes migratorios en algunos territorios (Pérez Álvarez, 2015), la conexión, en la región petrolera, de nuevos afluentes obreros con una dinámica de historicidad obrera de más larga duración (Torres, 1995, 2007; Camarero, 2008, 2007; Andújar, 2015), el contexto represivo de una permanente vigilancia (Bohoslavsky, 2007; Pérez Álvarez y Gatica, 2020), y la articulación de un “monstruo de tres cabezas” que enfrentaba la posibilidad de un accionar obrero autónomo: Estado, empresas y dirigencia sindical participacionista.¹¹

Este trabajo describe las características de las fracciones de clase obrera que se conformaron en esos territorios. En el caso de Sierra Grande se construyó un nuevo colectivo laboral a partir de diversos afluentes migratorios, con poca experiencia sindical e industrial en común. Para Comodoro, el incentivo a la radicación de nuevas actividades económicas generó la articulación de fracciones obreras “nuevas”, como la textil, con un movimiento sindical con profundas raíces históricas, surcado por diferentes posicionamientos políticos e ideológicos (Carrizo, 2007; 2019a).

La huelga de Guilford en Comodoro Rivadavia

Fue un conflicto iniciado en febrero de 1976 y finalizado el 24 de marzo. Los obreros debieron regresar a sus tareas ese mismo día, cuando comenzaba la dictadura más cruel de la historia nacional: “La huelga termina el 24 de marzo del 76, con el derrocamiento de Isabel Perón”.

La medida empezó como un reclamo salarial el 6 de febrero de 1976 en la planta de Guilford ubicada en el kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, y rápidamente se entendió a las otras dos instalaciones que esa empresa tenía en la ciudad.¹² Era la textil más grande en la región sur de Chubut, instalada desde 1957 (el programa de industrialización subsidiada se inició en 1956), con alrededor de 900 trabajadores entre sus tres edificios.

El expediente del Juzgado Federal de Rawson, que hoy es parte del Archivo Provincial de la Memoria de Chubut¹³, presenta en su construcción una narrativa interesante, que aquí retomamos. ¿Dónde ubica esa narración oficial el comienzo del conflicto? En la resolución número 138 de la Asociación Obrera Textil (AOT), fechada el 23 de julio de 1975, donde se aceptó la renuncia de César Ayala al cargo de delegado reorganizador de la seccional Comodoro Rivadavia y se impuso a Horacio Ayala. César había logrado un “ascenso” en la estructura sindical: quedaba a cargo de la AOT provincial y en su conducción nacional, y “legaba” su antiguo rol hacia su hermano menor.

Luego se ubica el acta nº 1 de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo (DRMT), realizada el 9 de febrero. En esa reunión Roberto Marín, titular de la DRMT, recibió a los representantes de Guilford (Juan Dachs y Hugo Bassi), quienes denunciaron la huelga, remarcando que no les constaba ningún reclamo o presentación del gremio. En verdad, el proceso se venía incubando desde hacía tiempo, y el reclamo central era la carestía de vida: exigían un aumento del 130 %, ya que sus remuneraciones eran de 600 o 700 mil pesos. Pretendían llegar a percibir alrededor de 2 millones, en una ciudad con alto costo de vida, en la que los sueldos petroleros estaban en torno a los 5 millones.

Grupos de trabajadores se habían entrevistado con el integrante de la AOT regional Virgilio Graneros para solicitar su acompañamiento; el rechazo fue total. Ante ello, los obreros conformaron una comisión provisoria, que fue ganando apoyo interno. El 9 comenzó la ofensiva patronal y sindical contra un conflicto que ya había escalado. A la huelga se habían sumado, por la acción obrera, otras fábricas textiles: “Después fuimos a ver a las otras fábricas para tratar de que se sumen. Primero no se querían adherir porque nosotros no éramos representativos, pero los sacamos…” (Entrevista a Cabezas). Al menos de manera parcial, y en algunos casos de forma más general, se adhirió el personal de Omnipol, Rostas, Cortilene, Textil Sud, Bounty, Cardet y Las Margaritas.

Comenzaron a realizarse asambleas textiles, algunas realmente masivas. El día 9 alrededor de dos mil trabajadores¹⁴ denunciaron la actitud patronal de los hermanos Ayala y de Graneros. Allí también plantearon su apoyo a la huelga los integrantes de la Juventud Sindical Peronista y las 62 Organizaciones Peronistas.

Como un evidente contraataque, ese mismo día se presentó Graneros ante la DRMT “en forma espontánea” para solicitar se declarase la ilegalidad de la huelga, ya que “la medida no tiene ningún tipo de representatividad gremial” (folio 4, exp. APM). Reclamó que el personal se reincorporase a su lugar de trabajo, con un posicionamiento aún más contundente que el planteado por la patronal.

Durante los siguientes días la huelga se consolidó, y la AOT debió revisar, al menos temporalmente, su postura. Intentó controlar el conflicto, dialogando con los sectores más moderados del movimiento. De hecho consiguieron que se levantase la huelga por unos días, con la promesa de comenzar una negociación legal.¹⁵

Esa situación se expresó en el acta número 3 de la DRMT, realizada el 11 de febrero. Allí se presentó César Ayala (por el Consejo Directivo Nacional de la AOT), Graneros, y los delegados de la fábrica textil Guilford del barrio industrial (Héctor Villagra, Horacio Guzmán, Juan Carlos Contreras, Gerardo Oyarzún y Luis Vidal) y de kilómetro 8 (Carlos Herrera y Luis Reynoso), más Dachs, Velerdas y Bassi por la empresa. Estos últimos reclamaron que se declarase ilegal a la huelga, citando para ello la postura del gremio en igual sentido. La AOT desconoció su anterior pedido de que se decretase la ilegalidad, aunque repitieron que no habían autorizado ninguna medida; por ello los trabajadores “corren por cuenta y riesgo de quienes realizaron e incitaron a la realización del movimiento” (folio 5, exp. APM).

Afirmaron, sin embargo, que ahora sí tenían reclamos de los delegados, y que estaban comenzando a construir un petitorio. La DRMT solicitó a la asesoría letrada su dictamen, que recién se emitió el 19 de febrero; ese día se publicó el acta 4, que intimó a los operarios a reintegrarse a sus tareas. Durante esos días, del 11 al 19, habían pasado muchas cosas.

Tras el fracaso de la AOT en su intento de controlar la protesta (la huelga se retomó el día 13), radicalizó su postura en contra de los trabajadores. El 15 el gremio publicó en los diarios regionales un comunicado titulado “A los trabajadores textiles, autoridades nacionales y provinciales, a la opinión pública”. En él “denuncia la instrumentación de un plan tendiente al sabotaje y la paralización de la actividad fabril por parte de elementos complicados en la subversión y el terrorismo”, y sostenía que la huelga era una acción de “la guerrilla fabril”, desarrollada “ante el fracaso de la subversión armada destruida por nuestras gloriosas Fuerzas Armadas”. Convocan a “exterminar la maligna subversión en todas sus manifestaciones”, “en salvaguarda de los supremos intereses de la Patria y de la comunidad” (El Patagónico, 15/2/76). La empresa despidió a 46 obreros y envió telegramas, amenazando con acciones similares, a más de 200.

La reacción obrera también fue contundente: otra asamblea ratificó la huelga. Varios dirigentes sindicales (entre ellos el secretario general de la CGT¹⁶ local) conformaron una Comisión Intergremial en apoyo a la lucha, y el 19 de febrero (tras la declaración de “ilegalidad”) se realizó una reunión en la DRMT, impuesta por la presión obrera. Participó la Intergremial,¹⁷ la Comisión Provisoria¹⁸ y representantes empresariales de las fábricas textiles instaladas en la ciudad.¹⁹

La Intergremial solicitó al empresariado una solución al conflicto. La mayor gravedad residía en Guilford, a quien se reclamó una respuesta; Dachs respondió que no estaba autorizado a nuevas negociaciones. El representante de Textil Sud planteó su preocupación, y destacó que su empresa no tenía cesantes y nada podía hacer para solucionar el problema; con esa postura coincidieron los integrantes de las otras textiles, que solicitaron retirarse de la reunión.

La representación obrera informó que, por mandato de asamblea, el paro continuaría hasta solucionar sus demandas: el reclamo de aumento salarial (que, aclaran, ahora era para todos los textiles de Comodoro) y la reincorporación de los despedidos. A la vez amenazaron con una huelga general en la ciudad. El conjunto de las patronales respondió que ya habían otorgado un aumento salarial, y que no había posibilidad de otro incremento.

Fue la fase de mayor movilización y unidad obrera. Los trabajadores tenían el apoyo de gremios importantes, y la dirigencia local de la AOT parecía aislada. En la asamblea textil del día 19, realizada en el Centro Asturiano, el dirigente de la CGT local trató de “alcahuetes” a los hermanos Ayala y a Graneros (Crónica, 20/02/1976), y otra vez se habló de huelga general. Sin embargo, no hubo acciones que profundizasen la lucha, y la correlación de fuerzas se fue modificando. La negociación se trasladó a Buenos Aires, entre la dirección nacional de la AOT y Guilford, y la dirigencia regional empezó a sufrir presiones desde la cúpula nacional.²⁰

La tensión se mantuvo durante los siguientes días: los obreros volvieron al trabajo buscando abrir instancias de negociación, pero rápidamente retomaron la huelga por la intransigencia patronal y la presión del sindicato para que no hubiese una resolución favorable. La AOT operaba para que el conflicto fuese un fracaso, y reclamaba a la empresa que impulsase nuevos despidos. El 25 de febrero Horacio Ayala denunció la presencia de sujetos con “intereses ajenos a la comunidad” y de una “guerrilla fabril”, con críticas a los gremialistas que apoyaban la protesta. Sostuvo que “este proceso viene mal guiado por sujetos que están identificados con la subversión, porque participan activamente en grupos declarados ilegales por la Presidenta”.²¹

La situación se debatió en el parlamento provincial a partir de un proyecto formulado por el diputado del Partido Revolucionario Cristiano²² Venicio Fenizi (acompañado por Agustín Torrejón) que planteaba la reincorporación de los obreros cesanteados a través de una intervención estatal. Dicha propuesta fue enfrentada por el diputado Carlos Nizetich, del FREJULI, que había ingresado en la lista como representante sindical ligado a la AOT, y que así describe el proceso:

una política extraña a nuestro país, que lo vinculo con lo sucedido en Villa Constitución, la Hilandería Olmos de Buenos Aires, también con los hechos ocurridos en Sierra Grande y con otras fábricas del parque industrial que si bien no han tomado estado público se encuentran personas detenidas en la Unidad 6 que quisieron hacer lo mismo en Trelew y lo estaban logrando en la fábrica Cirsa (Legislatura del Chubut, 1976, f. 5).

En Cirsa (una planta textil de Trelew) se habría intentado un sabotaje, y “no tuvieron éxito por la habilidad –posiblemente– de los dirigentes gremiales con que cuenta esta zona” (Legislatura del Chubut, 1976, f. 5). Como vemos, el conflicto en Guilford se ubicaba en el eje de las confrontaciones que se desarrollaban a nivel nacional (entre ellas la de Sierra Grande), y en la dinámica de enfrentamiento capital-trabajo. Finalmente se aprobó un proyecto que no planteaba ninguna resolución favorable a los obreros.

La Comisión Provisoria recibió el apoyo de la Unión Obrera de la Construcción (cuyo dirigente era Marcial Paz), pero se diluía el acompañamiento de la CGT. Los obreros buscaban alejarse de las acusaciones de subversión,²³ remitiendo “al amparo de la generosa doctrina justicialista”, y convocaban a “la recuperación de nuestro gremio y sus legítimos destinatarios a través de la voluntad soberana de sus afiliados”.²⁴ Al otro día devolvían la acusación de “subversión” al propio Ayala: “un hombre sin escrúpulos, vendido abiertamente a los intereses empresarios y realmente subversivo, porque cabiéndole, no ha intercedido en la búsqueda de una solución” (Crónica, 26/2/1976).

El conflicto comenzó a perder fuerzas. Recién el 2 de marzo se anunció la postergada huelga general en Comodoro Rivadavia: se sumó la UOCRA, Gastronómicos, Carne, Comercio, Obreros y Empleados de Petroquímica, Panaderos, ATE, Petroleros Privados, Bancarios, Gas del Estado, transporte de corta y larga distancia, Sanidad, Unión Ferroviaria y Juventud Sindical Peronista. La CGT se posicionó en contra, junto a Petroleros del Estado, Metalúrgicos, Mecánicos, Municipales, Luz y Fuerza, La Fraternidad y Correos (El Patagónico, 2/3 y 3/3/1976).

El 3 se realizó la acción; la policía provincial prohibió reuniones y marchas sin autorización, comunicando la vigencia del estado de sitio y la ley 20840. La DRMT sostuvo que toda huelga sería declarada ilegal. Pese a ello, fue un día de importantes conflictos: con el titular “Terrorismo y tiroteo” ilustraba Crónica su portada del 4 de marzo. El gobierno provincial había trasladado cincuenta efectivos desde la capital (ubicada a más de 400 kilómetros). Se denunciaron tiroteos y bombas, en un “clima de guerrilla” (Crónica, 4/3/1976). Los obreros textiles se reunieron en el local de la UOCRA, y los adherentes a la CGT en el de la UOM.

La medida consiguió repercusión política, pero se seguía debilitando la unidad obrera. El gobernador Benito Fernández sostuvo que intervendría en el conflicto y la CGT convocó un plenario al cual invitó a la Comisión Provisoria. Se inició una dura pulseada, en la cual la conducción de la CGT disputó la dirección del conflicto: la asamblea textil aceptó que los dirigentes de la CGT encabezasen la negociación, y quedaron tres miembros de la Comisión como “veedores”.

Ese 4 de marzo el subsecretario del Ministerio de Trabajo, José Ubaldo Verón, ratificó la ilegalidad de la huelga. La CGT insistió en que la única manera de negociar los reclamos era volviendo al trabajo. Si bien hubo resistencia, tras más de un mes de conflicto las fuerzas flaqueaban: el 7 de marzo, la asamblea de trabajadores decidió levantar el paro y quedar a la espera de las gestiones. Los dirigentes de las 62 Organizaciones y la Juventud Sindical Peronista, quienes apoyaron el movimiento desde un inicio, eran desplazados por la CGT, al igual que la Comisión Provisoria.

El 8 de marzo, en una de las instalaciones de Guilford de barrio industrial, se reunió la empresa, Horacio Ayala y los “dirigentes cegetistas”. Ayala exigió que la CGT se retirara, ya que era “un problema interno de la AOT”, generado “por un montón de bandidos”. Reclamó que los despidos debían ser más numerosos, para depurar el colectivo obrero.²⁵

El trabajo en las fábricas había recuperado una relativa normalidad, y los obreros decidían esperar que las gestiones de la CGT lograsen alguna mejora. Durante la asamblea del día 14, Morejón informó que se había comunicado con Campos (secretario de interior de la CGT nacional), quien a su vez había dialogado con Casildo Herreras. Según esa indirecta referencia, se prometía que los hermanos Ayala serían desplazados del conflicto y lo tomaría en forma directa la AOT nacional, para garantizar una resolución.

En esa asamblea, dirigida por la CGT, los reclamos ya fueron solo defensivos: reincorporación de los trabajadores despedidos, aumento salarial de emergencia y pago de los jornales caídos. La Comisión había perdido su capacidad de dirección, en especial a medida que el conflicto se canalizó por los caminos de negociación estatal.

Las deliberaciones se trasladaron a Capital Federal (a dos mil kilómetros del conflicto), y los obreros discutían retomar la huelga. El 21 de marzo otra asamblea textil votó el retorno a medidas de fuerza, aun contra la postura de la CGT. Según el periodista, “se produjo un intenso cambio de opiniones” (Crónica, 22/3/76). Se convocó otra asamblea para el 28 de marzo, si no mediaban novedades relevantes: ese nuevo encuentro nunca tuvo lugar.

La CGT quedó debilitada, y sus dirigentes acusaron a Ayala de boicotear la negociación (Crónica, 23/3/76). Es interesante analizar las gradaciones de posturas sindicales. Desde la más radicalizada (representada por la Comisión Provisoria y la Juventud Sindical Peronista), la que sostenía una postura “obrerista”, pero que reclamaba moderación en los métodos (representada aquí por las 62 Organizaciones), pasando por la de quienes buscaban canalizar todo por los mecanismos institucionales (la CGT local), hasta la de los que tenían como programa “exterminar” las orientaciones radicales, misma perspectiva que se impulsaría durante la dictadura militar (posición de la AOT). Ya en esos días era evidente la participación de esa corriente como parte del aparato represivo: “Un alto dirigente de la CGT manifestó que desde el Ministerio del Interior se requirieron informes a esa organización y que en el ámbito de las Fuerzas Armadas también se estarían recabando antecedentes” (Crónica, 23/3/76).

El mismo 23 de marzo la dirigencia local de la AOT se notificó de la resolución 89/76 del Ministerio de Trabajo, que ratificó la ilegalidad de la huelga y exigió el retorno al trabajo. El golpe de Estado impuesto durante la madrugada del 24 de marzo inhibió toda resistencia obrera. Los despidos se concretaron y los trabajadores retornaron a sus tareas sin conquistar sus reclamos. Allí terminaba el conflicto en lo que hacía a lo laboral: la represión y los costos de la misma continuarían hasta el presente.

La huelga de 1975, Sierra Grande

La mina de hierro Hipasam,²⁶ ubicada en Sierra Grande (Río Negro), fue uno de los proyectos productivos instalados en Patagonia a fines de la década de 1960. Perteneció en un 80 % a la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), y fue considerado estratégico en la región para el desarrollo industrial.

En los años 70 la siderurgia formaba parte de la llamada industria pesada, en la que se producían materias primas para otros procesos industriales. Hipasam fue concebida como productora de pellets de hierro, cuyo destino eran los altos hornos de SOMISA (Soul, 2014) en San Nicolás. La finalidad de Hipasam era explotar el yacimiento de hierro ubicado Sierra Grande, con el objetivo de autoabastecer al país. Su funcionamiento implicó crear la infraestructura de las áreas productivas, y las viviendas para trabajadores y sus familias.

En octubre de 1975, a pocos años de la puesta en marcha de este proyecto, y luego de llevar adelante reclamos en conjunto con otros sectores obreros (por ejemplo, en 1973 con la UOCRA), los mineros de Hipasam se declararon en huelga. Ambos episodios aún no fueron analizados en profundidad por la historiografía. Sí se han producido interesantes abordajes antropológicos (Gouarnalusse, 2008), aunque las experiencias obreras no se constituyeron en el eje de la problematización.

En la huelga de 1975, las demandas se condensaron en un petitorio de 14 puntos: exigían que la empresa cumpliese con los acuerdos salariales previstos y efectivice los pagos adeudados, que se aseguren y mejoren las viviendas del personal, que se garanticen las condiciones sanitarias en el pueblo y de seguridad en el trabajo, y la construcción de una guardería para los hijos de los trabajadores, entre otros. Además, reclaman la participación obrera, a través de AOMA²⁷ Sierra Grande, en el directorio de Hipasam.

Entre las demandas referidas a una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias, también quedó expresada la necesidad de equipar mejor el servicio de sanidad de la empresa, solicitando un avión sanitario y una ambulancia de seis plazas para el traslado a otras localidades de los accidentados en la mina.

Además, se buscaba extender la representatividad de AOMA Sierra Grande a todo el personal de la mina (existían trabajadores bajo otros convenios). El pliego finalizaba planteando que el Estado nacional debía hacerse presente para resolver el conflicto, a través del viaje a la localidad del ministro de trabajo Carlos Ruckauf (Jornada, 15/10/1975).

Presentado a las autoridades de la empresa el 8 de octubre, los mineros decidieron la ocupación del yacimiento en asamblea. La logística se dividió en dos frentes: uno de ellos fue la permanencia en los distintos sectores del campamento, con guardias diarias para impedir la entrada de personas que no fueran de la empresa. El otro frente se caracterizó por la búsqueda de apoyo político, tanto en las adhesiones de gremios locales como en compromisos con representantes del gobierno provincial, legisladores y otros funcionarios.

En varias oportunidades AOMA Sierra Grande convocó a asambleas multisectoriales. Con el apoyo de algunos dirigentes políticos se impulsó en noviembre de 1975 un “Congreso Multisectorial”, con el afán de resolver el problema y “defender el yacimiento ferrífero” (Río Negro, 3/11/1975). Esta estrategia político-sindical de AOMA Sierra Grande, se relacionó con la falta de apoyo y el ataque que AOMA nacional impulsó durante la huelga, tanto contra los mineros como ante la lucha que llevaron adelante.

En los puntos expresados del petitorio y en las primeras acciones desplegadas se evidenciaba el rechazo a las políticas empresariales impulsadas por la DGFM. Sin embargo, el contexto de violencia que se vivía en el país, y el miedo a la represión, hacía que las estrategias desplegadas no desatendieran este escenario. Los días previos a la toma del yacimiento, miembros de la comisión directiva de AOMA Sierra Grande viajaron a Buenos Aires para reunirse con las autoridades de Fabricaciones Militares; la intención era advertir de la situación en Hipasam, buscando una salida negociada que no los obligase a la huelga.

Raúl Luna, enfermero en aquel entonces de la empresa y miembro de la comisión directiva de AOMA, recuerda:

Galicci, Benardinelli y yo viajamos con un petitorio, dado que el teniente coronel Falcón, que era el gerente de relaciones industriales de acá de Sierra Grande, desconoció nuestra autoridad, nuestra representación. Nos dijo que si nosotros queríamos tener alguna noticia sobre la empresa teníamos que gestarla en Buenos Aires. Ahí nos recibe el general Sierra, que era uno de los directores de Hipasam, y en una mesa larga ovalada, él en una punta, nosotros en la otra, cuando le presentamos el petitorio, a todo lo que nosotros le pedimos nos dice que no. Y que si nosotros somos gremialistas sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, de ahí nos fuimos a AOMA nacional, y en AOMA nacional nos dijeron que nos iban a dar el apoyo en todo. A la vuelta a Sierra Grande nos seguían. No sabíamos quiénes; si eran de AOMA, si eran del ejército, la cuestión fue que pudimos sacar el auto y llegar a Sierra Grande sin pasar por una sola caminera. Compramos bidones de nafta y de agua para meternos en los caminos de tierra, para esquivar. Por los campos llegamos a Río Colorado. En Río Colorado había que cruzar el río y ahí estaba la caminera. Entramos por un basural, por atrás, y llegamos al pueblito donde hay un puente que cruza el río, y ahí había un policía que a las 12 o 12.30 horas se iba a comer a un restaurante. Como Juan Carlos Benardinelli vivió en Río Colorado sabía la estrategia, y estuvimos esperando que el policía se fuera a comer y ahí cruzamos y llegamos a Sierra. Cuando llegamos a Sierra hicimos una asamblea. Y fue unánime, mayoría multitudinaria. Todos levantaron la mano para que la mina se tome. Y ahí empieza la toma de la mina. Se lo invita al teniente coronel Falcón a dejar las oficinas. Al subir a su Ford se le dice que el vehículo es de la empresa, y lo que es de la empresa queda adentro de la empresa. No le gustó, pero se fue caminando.

En el testimonio de Luna podemos dar cuenta de la desconfianza a la dirigencia nacional, aun cuando en su relato elige contar que AOMA les había garantizado su apoyo: las disidencias que ellos tenían con la dirección se expresan cuando manifiesta su sospecha en relación a quienes lo seguían. Allí coloca en un mismo terreno de dudas al sindicato (AOMA) y a la patronal (Fuerzas Armadas).

La huelga de 1975 duró cuarenta y dos días. Al comienzo el gobierno nacional, la empresa y el sindicato central estuvieron varios días en silencio, sin establecer contacto con los trabajadores. Recién el 23 de octubre, tras más de quince días de ocupación del yacimiento, el gobierno decidió aplicar una política paliativa ante el conflicto: se trataba de un adelanto salarial de $5000 a cada obrero. Los periódicos locales calificaban la situación como un “momento de impasse en el conflicto de Sierra Grande” (Jornada, 15/10/1975). Los mineros aceptaron la ayuda del gobierno, pero ratificaron la continuidad de la huelga.

Cuando ya habían transcurrido veintidós días de conflicto, Julio César Amicarelli y Mario Aguale, miembros del comité de huelga, viajaron a Trelew (distante unos doscientos kilómetros) con destino a la redacción del diario Jornada. Allí solicitaron el apoyo de la comunidad a su lucha, ya fuera por medio de adhesiones políticas o con víveres y dinero. En la entrevista expresaron que era “una huelga estrictamente gremial y nos hemos esforzado por erradicar toda connotación política porque queremos defender un patrimonio que nos pertenece” (Jornada, 29/10/1975). Negaron la presencia en la toma de “infiltrados” o “extremistas”, como denunciaba el gobierno nacional, y señalaron que la entrega del yacimiento dependía del cumplimiento de los puntos exigidos sobre el pago de lo adeudado, la aplicación del laudo ministerial y que no se tomasen represalias.

El 31 de octubre, 150 empleados de la administración central de AOMA –con sede en Buenos Aires– retornaron a sus tareas, y los directivos de la empresa despidieron a 38 de ellos. Los mineros en Sierra Grande, ante esta situación, informaron que el paro continuaba (Narváez, 2015). El despido de los trabajadores en la sede central, y la falta de acciones del sindicato nacional (que en realidad no expresaba pasividad, sino un apoyo a las cesantías), sería un punto crucial de la lucha, porque anticipaba la postura que en adelante defendería AOMA nacional. Por ello, los mineros de Sierra Grande entendieron que la continuidad de la medida de fuerza era un gesto necesario contra esa conducción gremial.

A pesar del avance que imponía el Estado y la empresa sobre los trabajadores, y la constante presión por el levantamiento de la huelga, distintos sectores brindaron apoyo político. El diario Río Negro, al llevarse a cabo el Primer Congreso Multisectorial, destacó: “Con la elaboración de un documento en incondicional apoyo a la huelga minera, los distintos sectores políticos y gremiales manifestaron su amplia solidaridad con las medidas de fuerza impuestas por el gremio”. Entre los sectores que integraron el congreso se encontraban: “La CGT provincial, UCR, PPR, Partido Comunista, Partido Intransigente, PST, UNTER, Partido Peronista Auténtico, PCR, Partido Peronista de Base, Junta Vecinal de Sierra Grande, Cámara de Comercio e Industria de Sierra Grande, Cooperativa del personal de Hipasam, entre otras adhesiones de diversos sectores políticos de la provincia” (Río Negro, 3/11/1975)²⁸.

En un documento conjunto se dirigieron a la CGT provincial, reclamando que convocase una asamblea multisectorial en apoyo a los mineros. También solicitaron que el gobierno provincial designase como representante de la provincia ante el directorio de Hipasam a un delegado propuesto por AOMA Sierra Grande, en remplazo del comandante Ardañaz.²⁹ Se exigió el retiro de la fuerza represiva, y se denunciaron los intentos de algunos sectores militares de utilizar esa lucha para justificar un golpe de Estado reaccionario, similar al de Pinochet.

En el transcurso de los días en que los distintos sectores políticos y obreros se reunieron en el congreso multisectorial, AOMA nacional avanzó en su ofensiva contra los mineros. Se declaró la ilegalidad de la huelga y se intentó conformar una comisión directiva paralela en AOMA Sierra Grande, sin que los trabajadores le dieran legitimidad.³⁰

El Congreso Multisectorial sirvió para fortalecer la unidad, ya que en ese momento los mineros empezaban a expresar un claro desgaste. Este no era solamente físico, sino también moral, y sabían que necesitaban volcar esta situación a su favor. Los días que siguieron fueron de mucha incertidumbre y falta de respuestas. Tras varios intentos fallidos de diálogo con diversas autoridades, y con la abierta oposición de AOMA nacional, llegaron al final de la huelga con un escenario sumamente desfavorable.

El 19 de noviembre de 1975 el diario Jornada, en primera plana, tituló: “Ejército y Policía detuvieron a 300 huelguistas en Sierra Grande” (19/11/1975). Se resaltaba que:

unas trescientas personas fueron detenidas y trasladadas a unidades penitenciarias por participación en hechos de violencia registrados en el complejo ferrífero que se encuentra a cargo de la empresa Hierro Patagónico Sierra Grande. La medida fue adoptada ante la evidencia de que el conflicto obrero suscitado en la planta había tomado el carácter de una huelga revolucionaria declarada ilegal desde un principio por el Ministerio de Trabajo. Según trascendió en medios allegados a las fuerzas de seguridad que intervinieron aquí en los hechos, esa huelga era dirigida por elementos subversivos que actuaron en desacuerdo y en desaprobación de dirigentes gremiales de la Asociación Obrera Minera Argentina. (Jornada, 19/11/1975, p. 1).

Esta huelga, según legajos del personal de la empresa, dejó un saldo de 400 trabajadores despedidos y 250 registrados como “despedidos por huelga”. Miembros de la Comisión directiva de AOMA Sierra Grande, profesionales, técnicos y médicos comprometidos con la huelga fueron detenidos en unidades penitenciarias de Rawson, Viedma y Bahía Blanca.

La represión en Guilford e Hipasam

El denunciante de los trabajadores de Guilford fue el sindicato que debía representarlos. La AOT elevó esta denuncia a la DRMT, el gobierno provincial y nacional. Trabajadores de diversas fábricas textiles y otras fracciones de la clase obrera fueron detenidos durante 1977 por su vinculación con la huelga. Por eso decimos que ese gremio fue parte del aparato represivo: no se trató solo de “complicidad”³¹ o delación (Lvovich, 2018). La corriente que dirigía la AOT regional se proponía “exterminar” las posturas obreristas: esa perspectiva ya existía en la dirección de algunos sindicatos antes de la dictadura, y continuó durante los siguientes años.

En el acta número 8 de la DRMT, realizada el 23 de marzo de 1976, comparecen Horacio Ayala como delegado reorganizador de la AOT, Virgilio Graneros como colaborador, y Jorge Linares como asesor legal del sindicato. Se presentan por la intimación a levantar la medida de fuerza: allí denuncian que la huelga fue impulsada por un grupo ilegal, compuesto por Daniel Viegas, José Miguel Morales, Nancy Esther Reinols, Amado Quintar, Juan Carlos Montiveros, Misael Ramón Casas y Alicia Miguelina Wallaschs.³² Sostienen:

la anormalidad existente se debe exclusivamente a la percistencia [sic] de elementos comprometidos con la subversión existente en el país y su exteriorización en las Fábricas textiles, es la llamada Guerrilla fabril, al que han recurrido y han llevado con engaño a los trabajadores (Exp. APM, folio. 14).

La continuidad de la represión la revisamos a partir del testimonio de Pablo Cabezas, uno de los detenidos. Su testimonio reconstruye las características de la represión, y la continuidad de la misma hasta el presente. Eso se inició con un permanente seguimiento, desde el comienzo de la dictadura: “Durante todo el ’76, y hasta el momento en que fuimos detenidos, todo el tiempo se sentía la vigilancia”.

Pablo había cambiado de trabajo, y cuenta:

caí preso el 3 de enero de 1977, estaba trabajando en la municipalidad de Comodoro en planta permanente. Me sacan de ahí, del mismo municipio, me llevan al campo ahí por El Trébol³³ en una camioneta, (…). Andaba Cotognini,³⁴ el que está en Crónica (…) el oficial Berti y otro que creo era Hernández.

Fue detenido en el edificio municipal, y en relación con ello relata: “me interrogaron, me preguntaron por el tema de armas,³⁵ de huelgas, que yo había hecho esto y lo otro… Sobre lo de Guilford, pero también más allá. No sé bien qué buscaban, presionar, presionar y presionar”. Pablo no era un militante formado, pero las prácticas de seguridad del colectivo laboral le permitieron no decir nombres: “yo contesté pero por apodos, nos conocíamos todos por apodos. Yo ni sabía cómo se llamaban, no podía darles un nombre”.

Tras ese interrogatorio fue llevado a la sede de la policía federal en Comodoro, y de allí a la seccional primera de la policía provincial: “estuvimos acá 14 días presos en la comisaría primera y estuvimos todos juntos en el mismo calabozo. No nos separaba nadie. Estaba ‘pizzulino’ Viegas, José Luis Fornola (de los gastronómicos), Amado Quintar, Gaspar Aburto y yo”. Fornola era quien, por su experiencia, aportaba elementos para resistir: “nos dijeron que no había calabozos para ponernos repartidos, y el viejo Fornola ahí nomás dijo: ‘No, no, déjenos a todos juntos’. Ahí estuvimos 14 días y después nos fuimos enterando que había otros muchos presos, que éramos 51”.

Tras esos días, atravesados por interrogatorios y otras prácticas de tortura,³⁶ los detenidos fueron trasladados “en camionetas y en autos hasta la seccional primera de Rawson (…) Cuando llegamos nos desnudan a todos en un sector; pusieron a los varones de un lado, a las mujeres del otro. Eran como 10 o 14 mujeres, no recuerdo bien el número. Nos desnudan a todos, nos hacen poner en puntas del pie, con un dedo estirado de cada mano pegado a la pared”. Los obreros fueron llevados al Juzgado Federal, donde declararon por la acusación de subversión impulsada por la AOT. Algunos de ellos fueron acusados ante un consejo de guerra (D’Antonio, 2016; Scocco, 2016)³⁷.

La represión contra los obreros textiles de Comodoro y quienes fueron solidarios con su lucha se presentó como una acción disciplinadora. Los trabajadores no quedaron detenidos, ni parecen haber sufrido nuevas medidas directas. Sin embargo, el terrorismo de Estado impuso, a través de ellos, un mensaje hacia toda la sociedad regional que continúa presente: la impunidad de los represores, así parece evidenciarlo.

El peso del aparato militar en la región sur de Chubut se articula íntimamente con su historia, por el rol que en ese territorio tuvo la permanente presencia de las fuerzas armadas. A la etapa “mosconiana” de control sobre la fuerza de trabajo ocupada en el petróleo (Carrizo, 2017), le siguieron los años de la gobernación militar (Barros y Carrizo, 2012; Oviedo, 2020), y, tiempo después, esa ciudad fue uno de los espacios claves en relación a la Guerra de Malvinas (Lorenz, 2010). Esto ha conformado un entramado social que dificulta la denuncia de los crímenes de la dictadura y refuerza los mecanismos de consenso social que la represión también supo construir en otros espacios (Lvovich, 2020).

Esto se hace observable en la prensa local (Carrizo, 2019b), en una vertiente similar a la analizada en otras ciudades construidas en torno a una constante presencia militar (Zapata, 2018). La construcción de elementos de consenso hacia la dictadura (Águila, 2019), en un territorio como el patagónico en general, y en particular en el de Comodoro Rivadavia donde las fuerzas armadas habían sido paradigma de crecimiento, evidencia la necesidad de seguir ahondando en la exploración de los factores que llevaron a adherir o no cuestionar las atrocidades militares (Carrizo, 2021).

Las prácticas represivas continuaron, a un nivel micro. Pablo cuenta que pasaron más de 30 años para animarse a visitar a sus compañeros de celda (“tanto tiempo que no nos habíamos vuelto a ver, que no nos queríamos ni ver”), porque el miedo se mantenía (“yo tenía hasta miedo de nombrarlos… Aún en democracia”) y la sensación de persecución era recurrente (“yo he trabajado en muchos lugares y al par de años me echan. Trabajo un tiempo y me echan, no sé… debo haber quedado sucio”).

En el caso de Hipasam, los días previos a que el ejército interviniese en la mina los trabajadores y sus familias pudieron percibir el clima de violencia que se aproximaba. Como planteó Héctor Vallejos, en una marcha de los mineros y el pueblo los días previos a la represión, “solamente queremos que se cumpla con un punto, ni represalias ni cesantías” (Río Negro, 18/11/1975). La extensión en el tiempo de la huelga y la falta de respuestas por parte de la empresa y de un compromiso más efectivo de los líderes de los partidos políticos que se hicieron presentes en la mina de Hipasam generaron que ya en los últimos días solo se sostuviesen las demandas defensivas.

En la marcha del 18 de noviembre fue notable la presencia del cuerpo de infantería de la policía provincial, quienes vigilaron de cerca a los trabajadores en todo el camino e impusieron a los miembros del comité de huelga el trazado de la movilización. El comisario Fernández fue fotografiado por periodistas mientras “explicaba a los dirigentes sobre un plano el recorrido al que debería ajustarse la manifestación” (Río Negro, 18/11/1975).

El 19 de noviembre se llevó adelante la represión contra los trabajadores en huelga. Fue una acción combinada entre efectivos de la policía federal y provincial, en un operativo dirigido por el ejército. En una entrevista que brindó para un medio local, el coronel Abel Catuzzi, miembro del quinto cuerpo del ejército, confirmó que la empresa Hipasam dispuso para él la casa de huéspedes en la zona residencial mientras se encontraba en Sierra Grande planificando y articulando el operativo.

En la misma nota se negó a informar el nombre de los detenidos, con el pretexto de cuidar su identidad y porque las fuerzas policiales debían terminar las actuaciones.³⁸ El diario sostuvo que “la medida fue adoptada ante la evidencia de que el conflicto obrero suscitado en la planta había tomado el carácter de una huelga revolucionaria declarada ilegal desde un principio por el ministerio de trabajo” (Río Negro, 19/11/1975).

La represión se implementó con el objetivo de desarticular la lucha obrera, pero también buscó imponer el terror en el conjunto de la sociedad. Los detenidos fueron enviados en un primer momento a Viedma, hasta que pasaron a disposición del poder ejecutivo nacional y sufrieron el traslado a la unidad penitenciaria N° 6 de Rawson. Las mujeres fueron enviadas a la cárcel N° 4, Villa Floresta, en Bahía Blanca. Además de la detención contra más de 300 trabajadores, luego se produjo la expulsión del pueblo, un “exilio” forzado e inmediato.

Juan Carlos Benardinelli, secretario general de AOMA Sierra Grande, recuerda:

a las familias de nosotros les dieron 24 horas para salir de Sierra Grande. Tal es así que vino mi hermano con una camioneta que había comprado mi suegro, a buscar las cosas de mi casa y a evacuar a mi señora con mis dos hijos. A nosotros, todos los que estábamos en la huelga, los dirigentes nos dieron 24 horas para desalojar las casas del campamento. No les permitieron quedarse a las familias para nada (Entrevista de Natalí Narváez).

Juan Carlos estuvo detenido durante más de siete meses, al igual que muchos de los miembros de la Comisión Directiva, la mayor parte del tiempo en Rawson. Allí recibió el hostigamiento y la tortura que vivieron todos los presos políticos en esos tiempos. Al respecto rememora: “yo personalmente sufrí agresión… para que entiendas bien, a mí me picanearon la boca, me picanearon los testículos para que hablara, pero como no tenía nada para contarles no me pudieron sacar nada, viste”.

La represión fue llevada adelante por cuerpos antiguerrilla especializados y se justificó bajo la ley 20.840. Contó con la activa complicidad de la central nacional de AOMA, que en ese entonces comandaba Carlos “el gato” Cabreras. La represión logró quebrar la estructura sindical local durante varios años en Sierra Grande, y operó sobre la sociedad estigmatizando la lucha obrera. La violencia perduró en el tiempo, y por ello denominamos a este accionar como un proceso represivo cuyos efectos continúan hasta el presente.

A partir de la recopilación de entrevistas y el trabajo en el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro en la indagación de la causa 678, y las sentencias por delitos similares en Sierra Grande a pocos días de la última dictadura militar,³⁹ pudimos constatar casos de detenciones forzadas y desaparición de personas, entre octubre de 1975 y abril de 1976.

Es por ello que ante la violencia desplegada en este proceso represivo iniciado en octubre de 1975, entendemos que el cambio cualitativo en las formas represivas en Sierra Grande no se produjo con el golpe de Estado, sino que comenzó con la intervención militar tras la huelga. Los trabajadores, a pesar del “disciplinamiento”, lograron construir una expresión colectiva, capaz de elaborar un proyecto político integrador; solo recientemente algunos de ellos emprendieron acciones de reparación, justicia y condena contra los responsables de aquellos hechos.⁴⁰

Como proponen Basualdo y Jasinski (2016), no se puede pensar a la última dictadura militar sin tener en cuenta la conformación de una alianza de las fracciones más concentradas del poder económico con las fuerzas represivas. Estos actores se involucraron en el proceso de “reorganización” del ámbito laboral, atacando la organización y los derechos obreros. En Guilford la dirigencia sindical aparece como un sujeto activo, que formaba parte de ese bloque represivo contra los trabajadores. En Hipasam la conducción nacional del sindicato se plegó a lo resuelto por el Ministerio de Trabajo, que declaró ilegal a la huelga, y no apoyó a los obreros durante la extensa huelga. En este caso se hace más evidente el rol de la empresa y su directorio (Basualdo et al., 2016), como articuladores del ataque antiobrero.

Reflexiones finales

Hemos desarrollado diversos elementos de análisis en las páginas previas y otros muchos podrían desarrollarse. Aquí retomaremos algunos, especificando en los principales aportes del artículo. En primer término, nuestro trabajo contribuye al conocimiento de las dinámicas de lucha obrera en la etapa final del gobierno que había iniciado Perón en 1973, y que culminaría con el golpe de 1976. Durante la etapa trabajada, la presidencia era ejercida por María Estela Martínez, quien profundizaba el ataque contra la clase obrera.

Los dos procesos huelguísticos brindan datos de relevancia. El más destacado es el nivel de participación de la dirigencia sindical en la ofensiva contra los trabajadores y los grupos que apoyaban sus luchas. En el caso de Guilford esto es más explícito: esa dirigencia sindical no es tan solo “cómplice” o “delatora”, es parte clave del aparato represivo. En la huelga de Hipasam emerge más clara la articulación estatal-empresarial de la represión, en una actividad directamente controlada por las fuerzas armadas a través de Fabricaciones Militares; aquí el rol sindical parece más vinculado a la “complicidad”: no ofrece un apoyo decidido a los obreros ni enfrenta la represión que padecieron.

Esto aporta un elemento todavía escasamente explorado en la historiografía de los trabajadores durante la dictadura (Venero, 2015) y en los estudios de historia reciente sobre los mecanismos represivos (Pittaluga, 2007; Franco, 2016; Águila, 2008, 2018), que van más allá de los directamente instrumentados por el Estado (Bohoslavsky y Franco, 2020). A la vez el artículo muestra la relevancia del apoyo de una parte del aparato sindical para ejecutar los planes de gobierno (Schneider, 2017), y la necesidad de repensar, desde la recuperación de procesos como los aquí trabajados, los debates sobre la noción de derrota en la dictadura (Pozzi, 1988; Lorenz, 2007; Ghigliani, 2008), analizando la complejidad de corrientes que disputaban en el seno de la clase.

La Patagonia se trataba de una región férreamente vigilada desde, al menos, fines de los años 60 (Binder y Pérez Álvarez, 2019), especificidad que para el territorio de Comodoro Rivadavia adquiere mayor profundidad histórica (Carrizo, 2016; Andújar, 2019)⁴¹. Ese rasgo se acrecentó a comienzos de los 70, y su sitio ejemplar fue la región noreste de Chubut. Allí había sucedido la Masacre de Trelew (Pérez Álvarez y Fernández Picolo, 2016); esta investigación evidencia la relevancia de Rawson como epicentro del terrorismo de Estado en la región. Una huelga ocurrida 200 kilómetros al norte, en otra provincia, y otra acontecida 400 kilómetros al sur reúnen a los represaliados en esa misma ciudad.

En ambos casos destacamos que la represión buscó atacar a los trabajadores en lucha, pero también servir como acciones disciplinantes para el conjunto de las sociedades locales. Para dimensionar el peso de esos hechos, se debe considerar que se trataba de ciudades pequeñas, en especial Sierra Grande, donde la acción perpetrada por la dictadura contra algunos conocidos referentes se propagó rápidamente a gran parte de la población.

Ese accionar represivo comenzó durante el gobierno constitucional, y se profundizó desde la irrupción de la dictadura. Durante el periodo analizado el gobierno nacional profundizó el uso de herramientas legales e ilegales para atacar al movimiento obrero contestatario. Como sostiene Schneider, los meses previos a la dictadura militar de 1976 se convirtieron en una prueba piloto de la represión, anticipando diversas características que serían cuasi omnipresentes en los próximos años (2018, p. 26).

Pero así como existen evidentes líneas de continuidad en el entramado represivo, las mismas no pueden disolver la especificidad de cada etapa, ni difuminar que el eje ordenador de estas prácticas fue el ataque a la organización obrera en el marco de una feroz ofensiva del capital contra la clase trabajadora. Coincidimos con Basualdo (2013) en que la participación de dirigentes sindicales en el aparato represivo (sea como cómplices o como partícipes directos) no expresa el “consenso” de una parte de la sociedad o de la clase obrera argentina con el proyecto dictatorial, sino que una parte de las conducciones gremiales eran (y son) una pieza clave del proyecto neoliberal, cuyas condiciones de realización se impusieron durante los años del terrorismo de Estado.

Aquí vimos, entre otras, la articulación de las diversas fuerzas represivas bajo la dirección de las fuerzas armadas, la combinación de herramientas formalmente legales junto a las ilegales, y el entrelazamiento de las distintas agencias estatales (incluidas las que mantienen un lazo más lábil con el mismo) en la instrumentación del plan sistemático del terrorismo de Estado.

Por último, destacamos que recuperar estas importantes huelgas, y las consecuencias represivas que sufrieron quienes las protagonizaron, se constituye como un mínimo acto de reparación y de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Tras 45 años los mineros de Sierra Grande se ven a las puertas de un juicio reparatorio por los sufrimientos vivenciados, y los obreros textiles de Guilford aún reclaman alguna vindicación; comparten la ciudad con represores aplaudidos cual vecinos ilustres, mientras ellos batallan por conseguir un empleo.

Nuestra labor como historiadores trata, al decir de Benjamin (2007), de encender en el pasado la chispa de la esperanza, sabiendo que ni los muertos están a salvo si el enemigo sigue venciendo. En estos casos el enemigo parece haber vencido, pero eso no apaga la chispa, que, ya lo sabemos, en un instante y con el viento adecuado puede hacer arder la estepa.

Agradecimientos

Agradecemos las profundas y elaboradas evaluaciones recibidas, que han permitido reelaborar el trabajo originalmente enviado, mejorando, ampliando y complejizando el abordaje inicial. Obviamente los errores y las ausencias que aún puedan subsistir son plena responsabilidad de los autores.

Referencias de fuentes documentales

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2. Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro. Causa 678.

3. Diario Jornada, ediciones varias.

4. Diario Río Negro, ediciones varias.

5. Diario El Patagónico, ediciones varias.

6. Diario Crónica, ediciones varias.

7. Entrevista a Pablo Cabezas, ex obrero textil de Guilford, realizada en el barrio “las 1008” de Comodoro Rivadavia, el 7 de marzo de 2015. Fue uno de los oradores en las asambleas obreras.

8. Entrevista a Raúl Luna, ex enfermero de la empresa Hipasam y miembro de la comisión directiva de AOMA Sierra Grande, realizada en Agosto de 2013.

9. Entrevista a Juan Carlos Benardinelli, ex secretario general de AOMA Sierra Grande. Realizada en marzo de 2017.

10. Legislatura del Chubut. Diario de Sesiones del 26 de Febrero de 1976: Reunión nº 103. Rawson: Biblioteca de la Legislatura.

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Notas