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El nacionalismo católico contra la prensa progresista en los años de Alfonsín. La edición monográfica de la revista Cabildo sobre el semanario político El Periodista de Buenos Aires (1986)

No precisamos software ni servicios ni ninguna mano rara

para denunciar a los enemigos de Dios y de la Patria. Apenas

buena memoria, caligrafía benedictina -como la de Don Juan

Manuel- y algún hábito de sabueso para seguir la pista de

tanto bandidaje depravado.¹

Introducción

Este trabajo responde al propósito de analizar la edición especial de la revista Cabildo dedicada al semanario El Periodista de Buenos Aires (en adelante, EP). Dicha publicación supuso la segunda entrega de la serie “Cuadernos de Cabildo” (que denominaremos en lo sucesivo como Cuaderno) y provino de uno de los órganos intelectuales más caracterizados del nacionalismo católico, por su continuidad a lo largo de las décadas desde 1973 y por la representatividad de sus colaboradores dentro de tal signo ideológico (Saborido, 2011; Saborido y Borrelli, 2011). Por otra parte, eligió como sujeto de crítica un medio de actualidad política con amplia repercusión en la inmediata postdictadura, vinculado a posiciones progresistas y en cierta forma heredero de la exitosa revista Humor (Anguita y Furman, 2002; Ulanovsky, 2005; Igal, 2013; Raíces, 2021).

En lo que sigue analizaremos los motivos y las circunstancias que llevaron a Cabildo, que publicaba esporádicamente artículos sobre la prensa, a editar su único trabajo monográfico sobre otra publicación. Ello incluirá la descripción y análisis de contenidos, del estilo discursivo y de la perspectiva ideológica-política implicados en el Cuaderno. De este modo, pretendemos aprehender su valoración de la prensa progresista a partir de contemplar a EP como su expresión fundamental y, a la vez, cómo desde la cosmovisión nacionalista católica se tendió a interpretar el rol del periodismo en los primeros años de la postdictadura. En tanto Cabildo calificó al semanario como la expresión más caracterizada del oficialismo, haremos igualmente referencia a su evaluación del gobierno de Raúl Alfonsín. Del mismo modo, señalaremos las reacciones en EP a la publicación para vislumbrar su percepción del medio nacionalista y determinar su propia posición con respecto a los roles y responsabilidades de los medios en el marco del escenario abierto a partir de 1983.

El corpus analizado comprende el Cuaderno y los números de Cabildo que hacen referencia a él y dan cuenta de las repercusiones concitadas por su lanzamiento. Asimismo, se completa con las ediciones de EP que lo refieren y “contestan”. Se atiende también a algunas fuentes secundarias de la época en el mismo sentido. Nuestra contribución se ubica en el campo de estudios sobre la prensa política, definida por su rol interactivo con el sistema político, en términos de la construcción discursiva polémica, la pretensión de influir en las políticas públicas y de conformar corrientes de opinión y público favorables a las perspectivas sostenidas (Borrat, 1989). En un nivel más general, se inscribe en el de la historia reciente de la prensa argentina para la etapa iniciada en 1983 (Anguita y Furman, 2002; Ulanovsky, 2005; Mochkofsky, 2012; Igal, 2013; Saborido y Borrelli, 2014; Fernández Díaz, 2018 [1993], Minutella y Álvarez, 2019, entre varios otros y otras).

Acerca de Cabildo y de El Periodista de Buenos Aires

Cabildo puede ser inicialmente definida como la más relevante publicación del nacionalismo católico argentino, por repercusión y continuidad. Se trata de una revista doctrinaria y de actualidad política de frecuencia mensual, que incluye otras secciones relacionadas con la economía y la cultura, y portadas contundentes, pensadas para interpelar con acritud a quienes designaba como adversarios políticos. Su historia contemporánea, estudiada con detenimiento (Saborido, 2011; Orbe, 2012; Saborido y Borrelli, 2014; Cersósimo, 2014; Grinchpun, 2020), se ubica en las coordenadas de impugnación de los valores atribuidos a la Modernidad. Esto implica oponerle la cosmovisión de un catolicismo preconciliar, la defensa a ultranza de la herencia cultural hispánica remontada a los tiempos medievales y una noción jerárquica del orden social. De acuerdo con estos preceptos, la revista ha combinado un tajante rechazo del liberalismo entendido como doctrina económica y en referencia a la democracia representativa como forma de gobierno y, al mismo tiempo, de las expresiones progresistas o de izquierdas. Al igual que en otras expresiones del nacionalismo de derecha, para Cabildo el antisemitismo es premisa constitutiva. Liberales y socializantes, pese a sus diferencias ideológicas, coinciden en confabular para favorecer a la comunidad judía en sus intenciones de dominio y descristianización del mundo (Saborido y Borrelli, 2011; Trajtemberg, 1990). En tal sentido, la clave de lectura social conspirativa resaltó entre sus características persistentes (Orbe, 2012, p. 45).

La revista mantuvo una posición hostil al peronismo y hasta 1976, por su tono virulento en reclamo de un golpe militar, sufrió clausura en varias oportunidades (Saborido, 2011, p. 42; Orbe, 2012, p. 46; Cersósimo, 2015, pp. 93-94). Durante la última dictadura mantuvo una línea de respaldo crítico al gobierno de facto, pero su pretensión de influir en él desde la orientación intelectual se reveló nula (Saborido y Borrelli, 2011, p. 224). Si valoraba la oportunidad del hecho autoritario, comenzó a cuestionar las medidas que vio alejadas de su ideario nacionalista. Al respecto, censuró el enrolamiento con las políticas económicas neoliberales, la falta de sinceramiento de la represión clandestina, la aparente indolencia oficial frente a supuestas infiltraciones culturales y su reluctancia a desarticular la estructuración político partidaria que había llevado a la nación al “caos” (Saborido, 2011). Como consecuencia de su criticismo y de las invectivas antisemitas, juzgadas por la Junta como inconvenientes para su imagen internacional, Cabildo sufriría el secuestro de ejemplares y prohibiciones de circulación. Ello no obstó para que algunos militares afines a sus posiciones, como el retirado general Acdel Vilas o su par Ramón Camps —ya en el periodo constitucional y bajo procesamiento—, escribieran en sus páginas. Sobre su trayectoria desde 1983 daremos concisas precisiones en el cuerpo analítico de este artículo.

Por su parte,el semanario EP había aparecido en septiembre de 1984, a escasos días de la presentación del informe de la CONADEP al Poder Ejecutivo nacional, y seguiría publicándose hasta 1989. Fue producto de Ediciones de la Urraca y había sido concebido como vástago “serio” y enfocado en el periodismo político que había impregnado los últimos años de la célebre revista Humor, creada y dirigida por Andrés Cascioli —que también haría lo propio con EP—. En adelante, se constituiría en referente de la prensa política profesional progresista, con una línea editorial independiente que promovía el apoyo a las medidas auspiciosas en esa dirección y cuestionaba sus aparentes flaquezas o retrocesos (Ulanovsky, 1995, pp. 170-171). Pero, lejos de destinarse al combate intelectual como Cabildo, mantuvo un perfil centrado en lo informativo y el análisis de coyuntura local e internacional. Entre sus tópicos frecuentes se encontraron el tratamiento de las cuestiones de derechos humanos, la defensa de la institucionalidad democrática frente a las amenazas golpistas, la promoción de una agenda económica nacional redistributiva y autónoma, y un atento seguimiento de la situación latinoamericana en relación con el intervencionismo de las grandes potencias. Los enunciaba en un estilo que, desde las tapas, destacaba estas cuestiones en grandes titulares que buscaban interpelar a la instancia gubernamental y a la ciudadanía en términos movilizadores. Contó adicionalmente con secciones relevantes de culturan y de entrevistas a personalidades, y con informes especiales (Raíces, 2021). Su mencionado posicionamiento editorial, de apoyo crítico —que algunos autores relacionaron con los contactos y el sustento financiero por parte de sectores afines de la UCR, particularmente con la Junta Coordinadora Nacional (Anguita y Furman, 2002, p. 160; Ulanovsky, 2005, pp. 212-213)—, le causó una relación ríspida con el gobierno nacional, más moderado, y algunos entredichos, pese a que para la oposición más recalcitrante EP pudiera ser sindicada de oficialista.

Un esquema político en crisis

Al efectuar un balance de los rasgos decisivos de la etapa considerada, se observa el estancamiento del Plan Austral, presentado por el ministro de economía Juan Sorrouille en junio de 1985 para intentar una estabilización basada en el control inflacionario y la reducción del déficit público (Aboy Carlés, 2001, pp. 241-242). Había obtenido cierto éxito inicial en sus objetivos, influyó en los positivos resultados eleccionarios legislativos del oficialismo de noviembre y generó un clima propicio para que al mes siguiente el presidente Alfonsín pronunciara un discurso (“de Parque Norte”) en el que convocaría a las fuerzas políticas y a la ciudadanía a un “pacto” para consolidar el orden democrático (Aboy Carlés, 2001, p. 224; Reano y Smola, 2014, pp. 93-104). Sin embargo, pocos meses después el gobierno debió reajustar tarifas y precios y conceder alzas salariales, mientras se anunciaba una segunda fase del Plan, que incluía entre sus propuestas la reforma del Estado mediante el inicio de una etapa de privatizaciones de empresas públicas (Aboy Carlés, 2001, p. 245; Pucciarelli, 2006, pp. 11-13).

Por otra parte, en diciembre de 1985 había culminado el juicio a las Juntas militares, con el resultado de las condenas a las tres primeras por delitos de lesa humanidad. Este proceso había respondido a la estrategia oficial de responsabilizar fundamentalmente a las cúpulas castrenses y exculpar a los perpetradores directos en función de haber seguido órdenes superiores (Aboy Carlés, 2001, pp. 175-179; Smola y Reano, 2014, pp. 143-146). Pero pronto la incriminación se extendió a otros miembros de las Fuerzas, dado que el texto de la sentencia a las Juntas indicaba proseguir la investigación judicial a otros mandos superiores con autoridad directa en las zonas represivas. Frente a esto, durante 1986 el Poder Ejecutivo había procurado negociar con la jefatura de Estado Mayor e instruir a la fiscalía del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas para adoptar un criterio restrictivo (Aboy Carlés, 2001, p. 199). Dada la ineficacia de tales iniciativas, la promulgación parlamentaria en diciembre de la ley denominada de Punto Final intentaría poner plazo a los procesamientos. Su efecto inmediato redundaría en la acelerada multiplicación de las acusaciones, merced a la labor acelerada de los tribunales ante los plazos indicados por la nueva ley.

Si bien desde el inicio las inculpaciones habían producido demostraciones de malestar en las filas castrenses por su extensión en el tiempo, para 1986 se notaba una constante agitación, motorizada por declaraciones públicas de oficiales retirados y en activo, rumores golpistas y la propagación de atentados contra referentes de los organismos de derechos humanos, responsables judiciales y gubernamentales relacionados con las causas (Reano y Smola, 2014, pp. 174-175). En parte como respuesta a ese clima —por cuanto su concepción, como hemos dicho, correspondía al diseño primigenio para el tratamiento de la cuestión—, el gobierno había promulgado la ley de Punto Final. EP, que había acompañado desde el comienzo y en términos generales la estrategia oficial de encuadramiento judicial de los responsables del terrorismo de Estado —con matices internos entre quienes la respaldaban y quienes, en minoría, la cuestionaban—, manifestaría su abierta oposición a la norma desde el comienzo mismo de los trascendidos sobre su presentación parlamentaria.² En el ínterin, se ocupó de dilucidar mediante la investigación periodística y de denunciar en sus portadas resonantes las actividades clandestinas en apoyo de los militares procesados, que tendrían entre sus manifestaciones más notorias las rebeliones “carapintadas”, de 1987 en adelante.³ Asimismo, EP había estado señalando críticamente el estado del sistema financiero, destacando en tapa las intervenciones de dos entidades bancarias y las intenciones oficiales de avanzar con las medidas del Plan Austral, interpretado como contrario a los intereses nacionales.⁴

Con el retorno del régimen democrático y la victoria del candidato de la UCR, Cabildo auguró tempranamente visos de continuidad en las políticas económicas liberales, en la valorización financiera y en la relación con los organismos multilaterales de crédito. Al mismo tiempo, vaticinó el probable juzgamiento a los responsables de la represión, un impulso modernizador laicista y la imposición de un modelo político socialdemócrata de estilo europeo, en el que entreveía una avanzada solapada del marxismo. Todo ello apuntaba, para la revista, a afianzar la influencia judía en los ámbitos de decisión.⁵ Promediando 1986, denunciaba la persistente “difusión de la pornografía y el pansexualismo”, la tramitación parlamentaria de la ley de divorcio vincular y las intenciones de reelección del presidente. Por otra parte, alertaba sobre la posibilidad de una reforma constitucional que habilitara para la máxima magistratura y la comandancia de las Fuerzas Armadas a “un judío, sionista o no, o a un ateo, sea o no marxista”.⁶

1000 días de periodismo subversivo, en los kioscos

En su edición de septiembre, Cabildo insertó un anuncio sobre la próxima edición de un “suplemento especial” para denunciar lo que denominaba el “aparato periodístico oficial de la subversión marxista”.⁷ Al número siguiente, un nuevo aviso esclarecía que iba a dedicarse a El Periodista de Buenos Aires, y se señalaba, con una terminología reminiscente de pesquisa policial, que iban a ser suministrados los “antecedentes” de sus colaboradores.⁸ Si bien el medio desde su comienzo se ocupó de reseñar ácidamente la marcha de la prensa vernácula (ver Orbe, 2012), no había hasta entonces encarado un estudio con pretensiones monográficas como el propuesto.

Para octubre, la publicación, 1000 días de periodismo subversivo, tomaba difusión pública. Resultaba la segunda entrega de los Cuadernos de Cabildo;el primero, lanzado en tiempos dictatoriales, se había aplicado a denunciar el esquema económico local neoliberal, juzgado como contrario a los valores cristianos, y a señalar las maniobras ocultas de la Comisión Trilateral en su promoción.⁹ Ya bajo el régimen democrático, el nuevo Cuaderno anunciaba desde su título un balance de la prensa argentina del período —los “1000 días” correspondientes a los tres años transcurridos—, mientras que el calificativo “subversivo” anticipaba que la edición analizaría la prensa “enemiga”, de acuerdo con la clasificación dicotómica autoritaria empleada por la dictadura que el medio nacionalista asumía y reenfocaba en el nuevo escenario (Risler, 2018, p. 185; Funes, 2010, p. 304; Orbe, 2012, p. 63).

En su materialidad, se compuso de 52 páginas y superó la extensión de la edición regular de Cabildo, de 36. Su portada apareció impresa a dos colores y contó con la particularidad de componerse sobre la base de un collage de tapas de distintas publicaciones gráficas progresistas —entre ellas, EP—, al que se sobreponía la leyenda textual de los “1000 días”. Pese al expreso contenido monográfico, la falta de especificación parecía desde la tapa referir en general a ese conjunto mediático —o incluso, desde una mirada de kiosco ajena a las identificaciones ideológico-políticas contemporáneas, asociar la misma Cabildo al titular sobre el ejercicio del “periodismo subversivo”—. La impresión monocroma en blanco y negro de las páginas interiores, de escasa calidad, seguía el patrón de Cabildo y demostraba lo exiguo de los recursos existentes, dada la falta de rentabilidad, dependiente de las ventas, de aportes voluntarios y de las suscripciones —y con escasa publicidad—.¹⁰

Los contenidos carecían de autoría y por ello debían acreditarse al staff publicado, correspondiente al de Cabildo. El director y el secretario de redacción, Ricardo Curutchet y Antonio Caponnetto, respectivamente, aparecían habitualmente contribuyendo a Cabildo con artículos firmados de modo permanente, mientras que el secretario de coordinación, Raúl Albornoz, mostró, en comparación, menor presencia.

El dossier se organizó en dos partes: la primera, contextual y explicativa, y la segunda, que contenía extensas listas onomásticas y cuadros de datos cuantitativos. Si el marco histórico y explicativo servía para ubicar al lectorado en el contexto del campo periodístico y de las posiciones de Cabildo en la materia, las listas y cuadros, de acuerdo con la perspectiva conspirativista sostenida, debían servirle para observar las relaciones y demostrar conexiones ocultas entre distintos actores sociales que le eran indicadas. A tal fin, se recopilaban las colaboraciones en EP por nombres y cantidades, y los vínculos entablados con otros medios y con organismos considerados afines, como los de derechos humanos.

Entre las razones para que concentrara su atención en el semanario, puede en principio sostenerse que estuvo influida por la repercusión de EP, pese a sus vaivenes de ventas, a partir de su destacado staff y de la colaboración en sus páginas de figuras destacadas de la actualidad política, económica y cultural, de orientación progresista. Ello hizo que Cabildo lo describiera con anterioridad como el “vademécum semanal del mediopelaje cultural”, queriendo reconocerle aquel rol referencial en el estilo de apertura cosmopolita propia de las clases medias urbanas que condenaba (para las que recuperaba el concepto peyorativo de “medio pelo”, tomado del intelectual nacionalista popular Arturo Jauretche).¹¹ Consiguientemente, Cabildo había asignado un alto grado de representatividad a EP en la transmisión, en sentido amplio, del discurso “subversivo” que pretendía denunciar. Y, al ocuparse de un medio relevante, podía aspirar a obtener repercusiones mayores a las de su acotado círculo de difusión habitual.

La edición comenzaba por la cita de autoridad del presbítero integrista Virgilio Filippo, conocido por su activismo intelectual entre las décadas del treinta y el cincuenta mediante intervenciones radiales y publicaciones en las que emprendió una campaña personal de denuncia de las intrigas contra la soberanía argentina, por las que señalaba al imperialismo estadounidense, la masonería y el judaísmo (González, 2004, pp. 156-161). De una de sus intervenciones, Cabildo tomaba argumentos para puntualizar el carácter corruptor y confusionista de un periodismo desprovisto de los principios cristianos y, de hecho, para identificarse con su estilo confrontativo y polémico. Aunque el linaje peronista de Filippo debía resultar incómodo para el grupo editor de Cabildo, sumamente crítico de sus gobiernos, la referencia mostraba tópicos y modalidades enunciativas compartidas entre las distintas vetas del nacionalismo católico.¹²

En línea con esta precedencia bibliográfica, la “Presentación”, firmada por los editores, adelantaba la hipótesis general de la revista sobre el estado de la industria comunicacional contemporánea. Si la Modernidad había gestado el desarrollo de los medios de comunicación y de los profesionales difusores de su discurso laico, consumista y anticristiano, su diseminación resultaba signo de la declinación social:

“Vivimos la decadencia de la decadencia bajo el signo dominante y maldito de los medios masivos de comunicación. Quien los controle ejercerá de hecho el poder y, recíprocamente, el acceso al poder, y su conservación es cada vez más una maniobra publicitaria, una argucia de ideólogos y ‘comunicadores sociales', y nunca una conquista limpia sólo propia de caudillos y conductores patricios.”¹³

Esta mirada moral decadentista, que concebía la modernidad tecnológica como un factor del “complot contra el Orden y odio al Creador”,¹⁴ reflejaba una fase histórica terminal que había que antagonizar —en el caso de Cabildo, con las armas de combate intelectual—a la espera del advenimiento de la salvación. Por otra parte, remarcaba la condición manipuladora de los medios y de la industria cultural a partir de una forma elitista y jerárquica de entender la sociedad usual, no exclusiva del nacionalismo integrista, para la que lo “masivo” aparecía revestido de sospecha.¹⁵ El diagnóstico revelaba, en particular, que los medios estaban dominados por técnicos e “ideólogos”, y que esta especialización profesional era una muestra de la racionalización lucrativa y atea, que contribuía a alienar a las masas respecto de sus legítimos líderes, aquellos “caudillos y conductores patricios”.

Volviendo a la cuestión de la elección excluyente de EP como objeto analítico —y de invectiva—,Cabildo lo reconocía representativo de este estado de cosas, en tanto sintetizaría

“la intrínseca perversión, [y] una notable representatividad del rumbo desquiciado y depravado de estos tiempos. Ataques sistemáticos a Dios y a lo que es de Dios, a la Iglesia de Cristo y a su Magisterio bimilenario, a las Fuerzas Armadas y su misión histórica, a la Nación y sus raíces constitutivas, al hogar y su fisonomía cristiana, al Orden Natural y al Sobrenatural, a todo lo que lleve el sello de la Cruz y el emblema de la patria entrañable.”¹⁶

Por consiguiente, y como había señalado con anterioridad, el semanario concentraba la batería de temas progresistas que agraviaban los valores cristianos conservadores, y agrupaba colaboraciones y respaldos de otros actores sociales afines. EP propugnaba el reconocimiento legal del divorcio vincular —aprobado por ley en abril de 1987, con la fuerte resistencia de la iglesia católica— y reivindicaba resoluciones similares respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos de homosexuales y lesbianas. Asimismo, había publicado un severo informe sobre la actuación del episcopado durante la dictadura. En los meses previos a la aparición del Cuaderno, se había generado una sonora polémica pública al prohibirse por orden judicial la exhibición del filme “Yo te saludo, María”, considerado blasfemo por la ortodoxia católica y por Cabildo en particular. EP se había pronunciado desde su portada en abierta crítica de esa resolución y había recibido reparos por dicha edición en los diarios donde colocaba avisos.¹⁷ De todos modos, EP suponía un adversario preferente no sólo por su ecumenismo nocivo, sino también por su imbricación oculta con la esfera gubernamental, que debía ser expuesta:

“El Periodista es el Alfonsinismo pese, incluso, en alguna medida, al mismo Alfonsín, que ha pasado a ser objeto más que sujeto de los proyectos de la izquierda internacional. Es el Alfonsinismo en lo que éste tiene de 'otro yo' del Dr. Alfonsín, en lo que no se puede expresar formalmente cuando se es gobierno, pero se ha deseado y acompañado desde el llano y se anhela poder concretar sin las indiscretas imprudencias de los más exaltados. Es el Alfonsinismo en lo que este vocablo connota desde los últimos tres años: el resentimiento nihilista del mediopelaje intelectualoide, organizado siniestramente para substituir la Argentina real por un enclave hedonista y mugriento de la Revolución Mundial Anticristiana. Es el Alfonsinismo en su pasado conocido de compañía activa de cuanto proyecto marxistizante se lanzó a la palestra, en su presente forzadamente contradictorio y tortuoso, en su futuro que ven ensoberbecidos como feudo privado y exclusivo. Y es el Alfonsinismo en la dominación judaica, pues la verdad es que nunca como ahora quedó tan a las claras que el judío es una pieza clave en la desencialización del alma nacional, en la ruina de las costumbres y las normas cristianas y en la atomización física y metafísica del patrimonio propio. Más del veinte por ciento de quienes fabrican El Periodista son agentes activos del judaísmo.”

El medio se confundía con el liderazgo político, al punto de representar su verdadera aspiración de dominio. Además de reiterar el uso de conceptos jauretcheanos como “medio pelo”, el texto volvía sobre el esquema polar usual en el nacionalismo católico a través de la metáfora de “las dos Argentinas”. Frecuentada por el ensayismo desde los años treinta, explicaba la crisis nacional por la existencia de una faz segregada y oculta de la sociedad, relacionada con las clases subalternas, suburbanas, rurales, tradicionales, ligadas al mercado interno y, según esta vertiente nacionalista, de distintiva condición cristiana. Por contraste, la Argentina “visible” y dominante estaba representada por la población citadina, liberal y cosmopolita (simbolizada ejemplarmente por el “medio pelo”) (Neiburg, 1998, pp. 98-99). En este sentido, para Cabildo el semanarioresultaba fundamentalmente un vehículo del clima modernizador y liberalizador asociado al nuevo gobierno radical, reconociéndole a su líder el rol que en cierto modo pretendía efectivamente encarnar como orientador del “tercer movimiento histórico” (Aboy Carlés, 2001; Pucciarelli, 2006). En la conjugación entre medio y gobierno, entre instalación de discurso público y manejo del poder, el nivel último de su narrativa conspirativista deducía los tentáculos de la estrategia de dominio judía, que la revista había detectado en la administración pública y que ahora señalaba por la presencia de sus voceros y voceras propagandísticos más exaltados en EP.¹⁸

Esta forma de entender la política, escindida entre planos visibles y ocultos donde fuerzas exógenas conspiran para el dominio nacional, se inscribe como premisa estructuradora de todos los nacionalismos (Lvovich, 2011, pp. 20-21). En segundo lugar, y según acaba de indicarse, para Cabildo la maquinación tomaba la forma de la conspiración judía mundial, reiterada en los sectores nacionalistas católicos (Saborido, 2011, pp. 59-61). Al poner foco en EP ofrecía, en consecuencia, descorrer el velo de sus “fines inconfesables” ante sus lectores. Y lo declaraba vocero oficioso pero involuntario del gobierno, al reflejar el verdadero alcance de sus intenciones –su “otro yo”, afirmaba- y, con ello, estimular la asunción abierta de la orientación anticristiana como política de Estado.¹⁹ Por ende, para el órgano nacionalista EP venía a representar la exaltación indisimulada —e imprudente— de la radicalidad fáctica de la UCR. Si este se mostraba moderado y vacilante era porque resultaba más efectiva una táctica reformista para hacer avanzar el complot. Mostraría, así, la faz “real” del alfonsinismo como debía verse si no dependiera de sus compromisos políticos y formalidades institucionales. Al respecto, y como hemos aseverado anteriormente (Raíces, 2021, p. 285), aunque existía cierta receptividad en la línea editorial de EP a las posiciones de los sectores más avanzados del radicalismo, como los de la Junta Coordinadora Nacional y de la Franja Morada, estos se inscribían en la dinámica institucional partidaria y poco tenían que ver con las tradiciones políticas maximalistas.

Bajo la estela de la asociación semántica entre “subversión”, “marxismo” y “alfonsinismo”, la mención pasajera del dirigente revolucionario e intelectual italiano Antonio Gramsci fundamentaba, por su parte, la inserción de EP en una planificación sistemática, alentada desde un no identificado “Comando General de la Subversión” (sic).²⁰ Desde los años dictatoriales circulaba, como parte de la argumentación de legitimación de los actores cívico-militares, la referencia al pensamiento de Gramsci entendido como artífice de la doctrina marxista de prosecución indirecta de la lucha por el poder en el plano cultural. Esta lectura, instalada entre la intelectualidad nacionalista católica y la liberal-conservadora —y en los estamentos castrenses, por afinidad— desde referencias convergentes, consagraba al intelectual peninsular como el teórico del “lavado de cerebros colectivo” (sic) a través de la prédica mediática y de las instituciones educativas.²¹ Por lo mismo, abonaba la tesis de una victoria militar de las Fuerzas Armadas opacada por su revés en el plano simbólico-argumentativo, mostrado por la victoria electoral del alfonsinismo y el enjuiciamiento a los represores. Sin mencionar a Gramsci, colaboradores de la revista como el entonces general Acdel Vilas habían abonado durante la dictadura la tesis de la “subversión cultural” en sus páginas.²²

El apartado “Introducción” del Cuaderno inserta a EP dentro de esa estrategia global, al abundar en sus pronunciamientos en diversas materias de actualidad. Al respecto, se aplicó a historizar el desarrollo de la “guerra cultural marxista” (sic), explicando los principios ideológicos que la orientaban y describiendo los actores periodísticos que la llevaban adelante. En su transcurso resultan destacables las críticas de Cabildo al modo en que se había desarrollado una represión que aunaba el gobierno constitucional de Isabel Perón y las que nombraba como “dictaduras militares” (con un entrecomillado que remarcaba no el cuestionamiento al autoritarismo sino, más bien, una crítica a la eficacia operativa de sucesivas Juntas).²³ Ambas gestiones habrían declarado “la guerra al terrorismo mas no a la subversión”.²⁴ Citas de dirigentes revolucionarios como Lenin, Stalin y Mao Tse-Tung servían en este marco para ejemplificar los alcances instrumentales de la “acción psicológica” subversiva y el fracaso respectivo de su contención por parte de los gobiernos de iure y de facto. El concepto de “acción psicológica”, en particular, parangonaba a la prensa progresista con un adversario a combatir, de acuerdo con las hipótesis de conflicto de los ámbitos de inteligencia castrenses orientados por la Doctrina de Seguridad Nacional (Risler, 2018). En tal sentido, Cabildo puntualizaba la prolongación en el plano simbólico de la disputa social —la “guerra cultural” anunciada en el título del apartado—, culminada la confrontación bélica. Campeaba en toda la parte final de la sección, desde la peculiar apropiación gramsciana descripta, la explicación de este vuelco en la operatoria “subversiva” durante la etapa democrática como fundamento primigenio del rol instrumental de EP en pos de la captación del “sentido común de la gente” (sic).²⁵

En función de la misma lógica, y si bien el semanario de Cascioli ocupaba un lugar central, su discurrir debía comprenderse en correlación con una vasta trama de actores sociales. La primera parte del informe del Cuaderno, reiterando el estilo de otros textos publicados con anterioridad,²⁶ reseñaba los “aparatos subversivos” mundiales y locales, dándole al término el sentido de organigrama de individuos, instituciones y medios de comunicación que sostendrían una prédica conjunta. Dado que su común denominador era el marxismo, luego de una somera descripción de las secciones propagandísticas de los partidos comunistas europeos, de sus organismos “de superficie” y de medios afines y, por ello, “idiotas útiles”, la escena argentina recibía atención detallada. De este modo, se debía generar un efecto de parangón local al relevar distintos ámbitos de cultura establecida, como el teatro, fundaciones, festivales y publicaciones periódicas culturales, y franjas consideradas de similar difusión discursiva “subversiva”, como la corriente católica progresista de la Teología de la Liberación y los y las profesionales psicoterapeutas. Si bien no enfatizaba la eventual influencia vernácula del Partido Comunista Argentino, Cabildo mostraba la relativa amplitud de la estrategia concertada de influencia simbólica en los años posdictatoriales. En ese marco, los medios cumplían un papel cuasi vanguardista de acuerdo con los postulados de la “acción psicológica” y su capacidad persuasiva:

“En el terreno de la prensa escrita, la penetración marxista en los `mass-media´ tuvo y tiene una estrategia de dos puntas. Por un lado cumple una tarea demoledora del `sistema´, atacando sus aspectos políticos, jurídicos, económicos, etc. Y por el otro, desarrolla una tarea devastadora en el terreno moral. El libertinaje trae la anarquía y de ella se pasa a la esclavitud del Estado Ideologizador."²⁷

Con arreglo a esta idea de “planificación” y de trama difusa pero articulada de medios, Cabildo sigue un enfoque genealógico que detecta en publicaciones previas la trayectoria de colaboradores posteriores en EP. Una panoplia de revistas, periódicos y diarios, que va de los adscriptos a las organizaciones revolucionarias durante los años setenta a matutinos liberales como Buenos Aires Herald, aparecía consiguientemente vinculada a variantes de las izquierdas. Si los desempeños de los distintos periodistas mencionados sugerían tránsitos motivados por distintas razones profesionales, políticas, ideológicas y personales, Cabildo detectaba hilos de continuidad estricta en sus roles de agentes transmisores encubiertos o evidentes de contenidos y estilos liberales o socializantes.²⁸

Particular detenimiento para la demostración de la tesis conspirativista en sus alcances totalizadores concitaron la editorial Korn y dos de los más célebres periodistas políticos profesionales de la época, conocidos por sus ideas fluctuantes entre el liberalismo y el conservadurismo, Bernardo Neustadt y Jacobo Timerman (Fernández Díaz, 2018; Mochkofsky, 2012). La ajenidad a las causas progresistas del sello y de tales referentes ratificaría para Cabildo una operatoria de demolición semántica de los valores cristianos que disimulaba intenciones “subversivas”. La influencia foránea en la editorial era establecida a partir de su asociación con el multimedios italiano Rizzoli, “eurocomunista y gramsciano” (sic),²⁹ mientras que su mensuario político Panorama era connotado por una nómina de integrantes de la “subversión cultural” (sic). Neustadt y Timerman resultaban objetos persistentes de invectiva del medio desde su inicio (Orbe, 2012, pp. 52-54 y 57-61, respectivamente). El primero, en esta oportunidad, era caracterizado por su respaldo al gobierno modernizador de Arturo Frondizi (1958-1962) —para Cabildo, un “criptomarxista”, categoría analítica igualmente empleada por los servicios de inteligencia locales (Funes, 2010, p. 308)—,³⁰ por emplear colaboradores vinculados a las izquierdas y por su actitud contemporizadora y persistentemente oficialista. Timerman, director de sucesivos diarios y revistas de actualidad política entre las décadas del sesenta y el ochenta, se había convertido en sujeto preferente de escarnio del órgano nacionalista a partir de su secuestro en 1977, en relación con sus lazos de negocios con el banquero David Graiver —cuya muerte accidental el año previo nunca se esclareció—, relacionado con la empresa Papel Prensa y las finanzas de la organización revolucionaria Montoneros. Torturado y despojado de su diario La Opinión, Timerman sería liberado posteriormente por el reclamo de distintos actores internacionales, y expulsado del país; y, desde el exilio, promovería la denuncia de una dictadura cuya asunción había acompañado inicialmente (Mochkofsky, 2003, pp. 276-386; Cersósimo, 2015, pp. 263-282). Para Cabildo, encarnaba un caso evidente de la colusión entre la prensa, el poder económico, las élites judías y los intereses israelíes –si bien durante su permanencia en el país fue un crítico insistente de su política exterior, aspecto que terminaría forzándolo a abandonar Israel-. Desde este prisma, la alusión a sus dos productos más destacados, el semanario Primera Plana y el mencionado La Opinión, le servía para señalar la confluencia de numerosos colaboradores progresistas o izquierdistas. Editorial y editores conformaban, así, una trama organizadora de órganos de propaganda ideológica desde la actividad privada, dotados de una aparente respetabilidad profesional.

El denominador común entre estos editores y EP surgía de esta forma de entender los medios como sucesivas usinas ideológicas coordinadas, detectables por la repetición de nombres y objetivos globales espurios. El Cuaderno, a tal fin, incluye, luego del informe y de los acápites introductorios, una serie de listas que ocupan la mayor parte de su extensión y condensarían las revelaciones fundamentales de la edición. Aparecen organizadas de distintas maneras, pero unidas por el patrón común y complementario de clasificación onomástica por relación con medios y organismos vinculación con la “subversión”, tal como había sido definida por la revista.

La primera lista agrupa por orden alfabético a los y las participantes en los cien primeros números del semanario, y reproduce las columnas de staff del 1 y del 100 y algunas fotos de integrantes, evidentemente sin autorización de EP.³¹ Si bien las nóminas de los staff indican las principales responsabilidades y sus cambios a lo largo del tiempo, el extenso listado de colaboradores carece de referencias, circunstancia que denota la vastedad de aportes a EP. Una segunda lista relaciona a los y las periodistas, escritores e intelectuales publicados con su desempeño con anterioridad en otros medios y en espacios mencionados por su colateralidad.³² La relación de nombres con publicaciones y organizaciones profundizaba en dos trayectorias específicas y peculiares. El sacerdote Rubén Dri, referente de la corriente liberacionista, era sindicado de integrante del staff —un dato incorrecto— y se lo calificaba de enlace con la organización revolucionaria PRT-ERP a través del periodista Manuel Gaggero, mientras se describía el temario compartido en reuniones entre ambos de un modo asimilable a los reportes de seguimiento de los organismos de inteligencia (ver Funes, 2010). La tercera lista apuntaba a enumerar exhaustivamente las conexiones de EP con otros medios a través de la colaboración de integrantes de su equipo, y ofrece perfiles de las revistas, periódicos y agencias periodísticas que guardarían relación con ella. Por último, se señalaba la importancia de la publicidad oficial y privada en su financiamiento. En cuarto lugar, se presentaban distintos listados que cuantificaban las colaboraciones de integrantes de EP en otros medios discontinuados y actuales. De su ordenación se deducía la profusión de aportes a los diarios La Opinión, La Voz, La Razón, Clarín y Tiempo Argentino. Sin considerar cualquier función formadora de camadas periodísticas,Cabildo insistía en sugerir la pertenencia común al cosmos liberal-progresista. Dos recuadros similares, atinentes a la integración de colaboradores en radios y canales de televisión, mostrarían su cuantía fundamentalmente en Radio Belgrano —auténtica “bestia negra” de las derechas de la época (Anguita y Furman, 2002, p. 154)— y en Argentina Televisora Color, bajo la órbita de la Secretaría de Cultura nacional. Luego de un apartado en el que afirmaba la propiedad accionaria del semanario por parte del organismo de derechos humanos Servicio Paz y Justicia sobre la base de fuentes anónimas del “ámbito periodístico” (sic), el Cuaderno suministraba perfiles sintéticos de El Porteño, Crisis, Nueva Presencia, Entre Todos, Acción, Madres de Plaza de Mayo, La República, Le Monde Diplomatique y Latinoamérica. Todas ellas eran clasificadas por su “tendencia marxista” (sic) y, como había quedado establecido en las nóminas y cuadros precedentes, compartían colaboradores con EP.³³ Esta forma de agrupación de trayectorias y medios debía evidenciar al lector el extenso mapa de la agitación “subversiva” periodística, en el que EP, según Cabildo, desempeñaba un papel articulador y de “común denominador”.

Una polémica sin interlocución

Poco antes de la salida del Cuaderno, EP había incluido un suplemento sobre la prensa antisemita, como parte de sus informes especiales, en el que Cabildo se destacaba como pionera del sector y se le reconocía el estilo discursivo sarcástico que caracterizaba a menudo los textos de sus articulistas permanentes.³⁴ Esta publicación indicaba la inquietudfrente a la persistencia de episodios vandálicos y rumores golpistas. Para el semanario, el medio nacionalista jugaba un papel concomitante de agitación, relacionado con las vinculaciones de algunos de sus integrantes con sectores militares “duros” y partidarios de la resistencia abierta a los procesamientos por la represión dictatorial.³⁵

De acuerdo con tales caracterizaciones previas, y frente a la interpelación pública supuesta por el Cuaderno, EP señaló que el “ataque” al medio, en el fondo, entrañaba una amenaza al ejercicio periodístico en general. Esta apreciación se condecía con la comprensión de la prensa como práctica informativa, deliberativa y de opinión, con reglas relativamente reconocidas y conectadas con los postulados de la democracia representativa liberal (Borrat, 1989, pp. 67-68). Con ello, asumía de hecho la vocería de la prensa asumida como democrática y establecía a la vez una relación inescindible entre la práctica profesional y el Estado de Derecho.³⁶ No parece casual en tal sentido que la nota precitada, de tono editorial, fuera redactada por Rodolfo Mattarollo, colaborador permanente de la revista en temas de derechos humanos. Rogelio García Lupo, columnista regular, orientó su contribución en el mismo número a comentar someramente los contenidos del Cuaderno. Junto a la identificación de los editores de Cabildo y la calificación despectiva de “libelo” para el Cuaderno, Mattarollo citaba las acusaciones sobre el supuesto carácter representativo del pensamiento gubernamental de EP y, aunque las relativizaba de un modo irónico —no muy lejano al empleado por su objeto de atención—, estipulaba el deber editorial de contestar a la publicación por “el tono amenazante (…), la manipulación informativa de ciertos servicios de inteligencia” y por atribuir a Cabildo la exposición de posibles víctimas de hechos intimidatorios —actitud que la ligaba con otra publicación derechista de los años 70, El Caudillo—.³⁷ Al tildarla de “marginal” y de “extrema derecha”, y destacar sus lazos con los organismos de inteligencia y con la “mano de obra desocupada” –por el personal de las fuerzas de seguridad relacionado con la represión, desafectado y asociado a atentados y a la promoción del clima golpista en la posdictadura—, el autor la definía por fuera del espacio legítimo de la prensa. Esta última era una lectura que la revista, como hemos señalado anteriormente, mantuvo a partir de la denuncia de movimientos conspirativos y apelaciones a la defensa de la democracia. Pero también la nota daba cuenta de acciones concretas por parte del semanario, al mencionar la reunión mantenida con autoridades estatales por Mattarollo y otro periodista del medio, Horacio Verbitsky, junto a dirigentes del gremio Unión de Trabajadores de Periodismo de Buenos Aires (UTPBA), para reclamar la cancelación de la franquicia de distribución postal de Cabildo. Y si bien se admitía una recepción positiva, se reiteraban las dudas con respecto al grado de control gubernamental efectivo de los servicios de inteligencia y de sus allegados.

García Lupo, por su parte, cuestionaba la fiabilidad de los datos proporcionados por el Cuaderno a partir de revisar la información sobre su persona publicada allí. Aludiendo con sorna a la posibilidad de descubrir “detalles desconocidos de personas conocidas”, relativos a su caso y al del fallecido dirigente conservador popular Vicente Solano Lima como supuestos integrantes de la agencia de noticias soviética TASS, se aplicó en su columna a demostrar lo inexacto del registro informativo del Cuaderno y su carácter promotor de eventuales represalias —en acuerdo con lo dicho por Mattarollo—. Por lo mismo y, mediante el estilo indirecto, García Lupo descartaba toda seriedad a lo expuesto, al motejar de “retardados” irresponsables a los autores de las listas.

Para la edición siguiente de EP, la cuestión llegó a portada, en su tercio inferior. Mientras el título principal señalaba la oposición de las jerarquías católicas al tratamiento parlamentario del proyecto de ley sobre el divorcio vincular, sostenida fervientemente por Cabildo, en un recuadro apaisado se detallaban los contactos de Ricardo Curutchet con distintos personeros de la dictadura de Alfredo Stroessner –e incluía a este como anfitrión- en Paraguay.³⁸ Si anteriormente el semanario había ligado a Curutchet y a Caponnetto a una entidad preconciliar como Tradición, Familia y Propiedad y al Ejército, en esta oportunidad revelaba la conexión del primero con un régimen de facto y exhibía, por ende, sus persistentes preferencias antidemocráticas. Por añadidura, la conformación de portada, con su nexo visual y temático entre el Episcopado y la dirección de Cabildo, daba la pauta de una cada vez más evidente, y amenazante, coligación de las fuerzas derechistas, de acuerdo con el discurso editorial que la presidía.³⁹

En las páginas interiores, y asumiendo el rol de editorialista, Norberto Colominas se ocupaba de argumentar el contenido de portada, al ligar el cristianismo reaccionario de Cabildo con la postura eclesiástica y con sectores del justicialismo ortodoxo y de las Fuerzas Armadas.⁴⁰ Mediante citas textuales del Cuaderno, Colominas concluía que “el Frente del Atraso sabe a qué juega. Difícilmente se equivoca cuando elige aliados o señala enemigos” (ibídem); de este modo, establecía una cadena significante que integraba a Cabildo con un resto de fuerzas oscurantistas y contrarias en la coyuntura a las medidas que denominaba “modernizadoras” y eran respaldadas por EP (como la sanción de la ley de divorcio). Con esta ubicación, Colominas repetía una percepción largamente sostenida por EP, según hemos reseñado. Desde lo conceptual y terminológico se hacía eco, además, de la premisa del discurso alfonsinista sobre la existencia de una frontera ostensible entre el pasado calamitoso y un presente de reconstrucción democrática, que debía encarar la “modernización” mediante la promoción de pautas de comportamiento social superadoras del autoritarismo (Aboy Carlés, 2001, pp. 168-174 y 229; Reano y Smola, 2014, pp. 96-97). La propia posición crítica de EP hacia la esfera oficial, empero, había llevado a sus colaboradores a cuestionar las vacilaciones en tal sentido. La misma edición incluía una viñeta de humor gráfico de Langer que remarcaba la desidia oficial frente a evidencias de acciones antisemitas en algunas unidades militares. El dibujante las relacionaba con Cabildo al mostrar una escena en la que aparecía una pared de cuartel repleta de consignas de tal signo, una de las cuales, “El Alfonsín colorado”, reproducía el titular de una edición del órgano nacionalistacuya portada representaba una caricatura del presidente asemejado al personaje televisivo “El Chapulín Colorado”, para sindicarlo de comunista.⁴¹

Pero la reacción más contundenteevidenciaría el respaldo público que EP podía reunir. El número 113, aparecido dos semanas después del recién mencionado, publicaba una solicitada de apoyo a página completa, firmada por un conjunto relativamente diverso y numeroso de personalidades y entidades. Entre ellos y ellas, figuraban integrantes del funcionariado estatal, dirigentes de partidos políticos mayoritarios, organismos de derechos humanos, corrientes sindicales, académicos y académicas, escritores, teatristas, músicos y músicas, deportistas y unos pocos militares retirados (relacionados con el Centro de Militares para la Democracia, CEMIDA).⁴² Frente a las nóminas acusatorias del Cuaderno, EP se veía acompañada de una declaración en la que se legitimaba su posición defensora de las libertades democráticas y se denegaba toda condición “subversiva”.⁴³ Por lo mismo, la declaración reproducía el “efecto de frontera” (Aboy Carlés, 2001, p. 187) al alertar a la sociedad que, con la publicación del Cuaderno, nuevamente el pasado oscurantista se asomaba al presente. La intimidación a EP suponía, así, una muestra de las amenazas al régimen democrático cuyas reglas todos y todas los firmantes asumían compartir (ver Reano y Smola, 2014, pp. 55-73), y ubicaba a los responsables de Cabildo en el bando de la ilegalidad. En suma, la solicitada podía interpretarse como una nota conclusiva del episodio, al demostrar el contundente respaldo colectivo multisectorial obtenido por la revista.

Y, así como le había sido conferido un lugar rector entre la “prensa antisemita”, Cabildo y el MNR serían posteriormente vueltos a mencionar junto a otras publicaciones y grupos políticos bajo el rótulo más general de las expresiones de ultraderecha. Para EP,sus actividades repartidas entre “tribunas políticas, púlpitos, cuarteles y kioscos de revistas” encarnaban el mayor peligro para el régimen democrático.⁴⁴

Cabildo explicitó su complacencia por las repercusiones alcanzadas que, ante la reacción de EP y de otros medios que repudiaron la publicación, superaban con mucho el modesto alcance habitual del órgano nacionalista. Su contestación adoptaría en la pluma del secretario de redacción Caponnetto el tono polémico usual. Si EP, mediante sus artículos y la solicitada impugnaba los contenidos del Cuaderno y las intenciones de sus autores en términos políticos y criminales, sin esperar réplica, Cabildo se aplicó a intentar refutar ante sus lectores las acusaciones recibidas. De este modo, se erigió como solitaria defensora de su “causa” ante el adversario multiforme objeto de sus frecuentes denuncias (“la izquierda”, “marxistas y subversivos”).⁴⁵ La reseña negativa del periodista y escritor Jorge Manzur, que desde las páginas de La Razón le endosaba un aprovechamiento capcioso de la libertad de prensa, le permitía ratificar su profesión de fe antidemocrática:

“Cabildo no existe ‘gracias a mil días de democracia’ ni la utiliza a esta, como dice Jorge Manzur (…). Existe cronológicamente desde hace trece largos años y ontológicamente desde los días inaugurales de la Patria. El uso que hace de la democracia es el mismo que puede hacer de un baño público. No existe gracias a ella sino pese a ella y a sus adoradores.”⁴⁶

Lejos de ampararse en un derecho al disenso, Cabildo lo descartaba y, burlonamente, afirmaba su exterioridad a aquella “convivencia democrática” que invocarían un mes después los y las firmantes de la declaración en apoyo a EP. Algo similar remarcaba al comentar la visita de los periodistas de EP a las autoridades nacionales, que ratificaba para Caponnetto la denunciada colusión entre gobierno y medios afines. El riesgo de ver impedida su circulación llevaba a Cabildo,desde el ejemplo de su caso, a exponer lo acertado de su crítica antiliberal sobre los “mitos” de la libertad expresiva y del pluralismo, “del opinionismo absoluto y la participación ilimitada”.⁴⁷ Contra estas ideas “modernas”, además, adscribía su trayectoria al marco republicano y no al democrático, y a una incontestable representatividad esencial de la Patria. Volvía a proclamar, de esta forma, principios reiterados por el nacionalismo elitista vernáculo ya desde las primeras décadas del siglo (Saborido y Borrelli, 2011, pp. 198-199; Saborido, 2011, pp. 35-38 y 57; Devoto y Barbero, 1983, pp. 79-80).⁴⁸

En función de esta posición la réplica de Caponnetto, como venimos afirmando, tampoco se aplicó a convencer a las que identificaba como posiciones adversarias. En los hechos, ninguna de las partes asumía la existencia de una escena controversial compartida que asegurara el intercambio argumentativo (Maingueneau, 2005, pp. 445-447). EP y sus respaldos pugnaban por exponer la ilegitimidad y peligrosidad social de Cabildo; esta, al contestarle, le hablaba exclusivamente a su público.

La breve atención a Manzur abría paso a la consideración de las reacciones en EP expuestas en los textos de Mattarollo y de García Lupo. En relación con el del primero, además de señalar lo deshonroso de la entrevista con las autoridades, medida desde la escala moral de la hombría propia del tradicionalismo de Cabildo, Caponnetto destacaba la existencia de errores informativos. La confusión de Mattarollo con su hermano militar y la equivocada adscripción de Curutchet a Tradición, Familia y Propiedad —contra la que Caponnetto dejaba entrever una abierta animadversión— demostrarían la confusión del columnista de EP. De este modo, impugnaba la escasa seriedad de los datos consignados —ante las acusaciones del semanario sobre el uso clandestino de información de inteligencia— y la mala fe subsiguiente de sus acusadores.

Este enfoque argumentativo se acentuó al comentar la columna de García Lupo, para Caponnetto principal responsable de la réplica al Cuaderno. Tres motivos parecieron presidir esta atención. En primer lugar, García Lupo resultaba el único autor que había analizado, sintéticamente, sus contenidos y había impugnado la veracidad de la información provista. En segundo lugar, su mordacidad generaba un contrapunto con el estilo similar de las plumas polemistas de Cabildo. En tercer lugar, al ser calificado por Caponnetto como “ex militante católico-nacionalista” -un dato correcto-,⁴⁹ se trataría de un converso ideológico carente de escrúpulos a ser expuesto (sería sindicado por aquel de “chaqueta nueva”).⁵⁰ Repitiendo la fórmula del Cuaderno, reafirmaba el vínculo de García Lupo con TASS a partir de mencionar una actividad pública compartida por aquel con el periodista Isidoro Gilbert, reconocido integrante de la agencia soviética y autor de un libro en una colección dirigida por el columnista de EP. Al destacar que estas informaciones procedían de una fuente pública, negaba adicionalmente la acusación del manejo informativo espurio:

“Quisimos ratificar este dato a través de nuestra línea directa con el Batallón 601 o mediante el telediscado automático con uno de los múltiples servicios a nuestra disposición, pero como era domingo —y para colmo día de la madre— (ya se sabe que los grupos de tareas son muy emotivos) tuvimos que conformarnos con corroborarlo en el N° 282 de Qué Pasa del 6 de agosto pasado.”

Caponnetto optaba por el sarcasmo ofreciendo una confesión absurda, de forma tal que debía inferirse lo infundado de las acusaciones formuladas (Plantin, 2005, p. 491), tanto en lo concerniente a la relación de Cabildo con los órganos de inteligencia, como a la asociación de estos con el terrorismo de Estado —por la mención a los “grupos de tareas” encargados de los seguimientos y secuestros de personas—.⁵¹ Otro tanto ocurría al señalarle al columnista de EP una lectura equivocada de lo informado en el Cuaderno sobre el desempeño de Solano Lima en la agencia. En suma, Caponnetto devolvía a García Lupo —como había hecho antes con Mattarollo— la acusación de impericia, le endosaba una actitud confusionista e inconsecuente e insistía en el empleo por parte de Cabildo —ajustado a la ética— de fuentes públicas para fundamentar sus aseveraciones. De acuerdo con la lógica del complot, culminaba señalando que, por el contrario, García Lupo y sus colegas no asumían con honestidad su auténtica condición “marxista y subversiv[a]” (sic).

En tanto los posibles interlocutores se excluían mutuamente, toda expansión controversial resultaba descartada y posteriores alusiones sólo ratificaron esa diferencia absoluta. Consecuencia concreta del diferendo fue la cancelación efectiva de la franquicia de circulación postal de Cabildo.⁵²

A modo de conclusiones

El primer trienio del régimen democrático se condensó en las páginas de Cabildo bajo el significante del alfonsinismo como expresión de todos los males secularizadores, luego de la oportunidad autoritaria desperdiciada para erigir la “nación católica”. Si había dado apoyo crítico a la dictadura, en la nueva etapa sus insistencias argumentativas, temáticas, tópicas y lexicales se aplicaron a seguir la coyuntura desde la premisa intelectual del “juicio a la época”.

La publicación de un especial sobre El Periodista de Buenos Aires debe preliminarmente comprenderse, entonces, desde la atención de actualidad a los signos de lo que para el mensuario nacionalista componía la degradación de la vida social argentina en la posdictadura; y, en especial, desde la intelección compartida con otras franjas de las derechas de la época sobre el campo simbólico como lugar de prosecución solapada de la lucha en torno al orden social. Tal marco interpretativo hizo de los medios masivos de comunicación un ámbito estratégico, ocupado por agentes organizados para promover el clima ideológico que, en última instancia, preparaba las mentes ciudadanas para el futuro dominio comunista. Desde esta mirada con precursores en el nacionalismo católico (con la “filípica” del padre Filippo contra el periodismo venal como precedente citado) y bases más recientes en la Doctrina de la Seguridad Nacional —en cuyo marco se señalaba a Gramsci como uno de los intelectuales inspiradores de la lucha en el campo simbólico—, EP componía la “punta del iceberg” de una planificación inconfesable.

Las modalidades de recolección e interrelación de datos y fuentes, que en parte deben relacionarse con la revisión de las publicaciones del semanario, apuntaron a construir la prueba sobre la extendida trama del aparato cultural “subversivo”, para trascender la condena moral y fortalecer los argumentos empleados por Cabildo en tanto ámbito de disputa intelectual-política. Desde el plano metodológico, el enfoque analítico de lo publicado pudo asemejarse a las prácticas del periodismo de investigación, cuyo desarrollo local a partir de la obra fundante de Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo y otros y otras, se guio, entre otros aspectos, por el cotejo, asociación y lectura entre líneas de datos públicos (Sivak, 2016). Al relacionarse con motivaciones políticas “enemigas”, nacionalistas populares y de izquierdas, estos eventuales antecedentes habrían sido, en cualquier caso, rechazados. El breve intercambio polémico mantenido con García Lupo en su papel de columnista de EP transitó, precisamente, entre la descalificación procedimental y la impugnación ideológica. Con todo, las similitudes aparentes podían jugar en favor de las alegaciones de Cabildo sobre su transparenciay ajenidad al aparato represivo. No obstante, y a falta de otras evidencias sustantivas, las formas de presentación de contenidos, los usos terminológicos relacionados con la apelación al discurso sobre el “enemigo interno” (Funes, 2010) de prolongada inserción estatal y los presupuestos ideológicos ultramontanos tornaban los “hábitos de sabueso” (sic) familiares a las pautas de confección de los informes de los organismos de inteligencia, conforme a los hallazgos documentales de las últimas décadas. Relaciones evidentes como la sostenida con personeros centrales del terrorismo de Estado y publicistas de sus fundamentos, como los generales Vilas o Camps, también eran indicativas de lo que se pretendía negar.

El análisis del Cuaderno permitió advertir el modo elitista y paranoide con que, desde una tradición nacionalista exigua en adherentes, pero históricamente arraigada en ciertos sectores, incluida parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas, era concebida la prensa de las aperturas democráticas. Su consideración de EP como expresión desembozada de las ambiciones extremistas del gobierno nacional, amén de ajustarse al encuadre conspirativo, resultaba pintoresca y la vez de dudosa comprobación a partir del cúmulo de datos ofrecido en el Cuaderno. Si bien la dinámica coyuntural admitía conjeturas variadas, entre ellas la de una eventual “radicalización” gubernamental —que los sectores juveniles del oficialismo parecían alentar, con eco positivo en el medio—, la consideración retrospectiva muestra que propuestas afines en la agenda coyuntural de EP, como la profundización de la participación popular y la nacionalización económica, entre otras, fueron ignoradas. La vastedad y renombre de sus colaboradores y su instalación como semanario con distribución nacional permite asignarle un rol destacado entre la prensa progresista de la época. Sin embargo, resulta menos probable confirmar su liderazgo discursivo que una condición emergente y acompañante del clima social general instalado desde 1983. En tal sentido, la agrupación informativa propuesta en el Cuaderno, lejos de asegurar la existencia de una red organizada de agentes de propagación cultural encabezada por EP, pareció limitarse a adscribir a los y las periodistas listados a los valores considerados “subversivos” —incluyendo en esta axiología la pertenencia judía como fundamental rasgo incriminatorio— y a consignar su desempeño y circulación en medios, organismos y ámbitos estatales receptivos.

Para la revista dirigida por Cascioli, Cabildo resultó un “adversario perfecto”, en paradojal simetría con la calificación que le asignaba el mensuario nacionalista, por cuanto concentraba todos los temores de la persistencia antidemocrática, al punto de replicar negándoles a sus responsables toda legitimidad en el campo periodístico y, en general, en la vida social. Supresión civil que, por otra parte, el grupo preconciliar reconocía a partir de su prédica activa contra el régimen constitucional y que lo colocaba constantemente al borde de la ilegalidad. A ese respecto, el resultado de las gestiones realizadas por EP en la esfera gubernamental y la declaración de apoyo al semanario posterior, así como corroboraban para Cabildo la hipótesis de la coligación “subversiva”, para sus detractores certificaban las credenciales democráticas del semanario y la posibilidad efectiva del control y sanción estatal a las fuerzas “desestabilizadoras”. Detrás del reconocimiento a EP, asimismo, resonaba el obtenido por Humor desde los años finales de la dictadura y extendido a su vástago de prensa política. Cabildo, que había admitido su complacencia con las repercusiones alcanzadas, se mantenía entretanto del lado del pasado acechante todavía por superar, conforme a la topografía simbólica erigida en la escena posdictatorial.

Fuentes documentales utilizadas

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Revista Carta Política, 1976. Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

Revista Cuaderno Cabildo nº 2, 1986. Archivo del autor.

Revista El Periodista de Buenos Aires, 1983-1986. Archivo del autor.

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Notas

Recepción: 23 Agosto 2021

Aprobación: 14 Febrero 2022

Publicación: 01 Marzo 2023

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