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La resistencia de las presas políticas en la cárcel de Villa Devoto (1974-1982): entre las disputas internas y los lazos de solidaridad

Introducción

La noche del 25 de mayo de 1973 miles de personas se concentraron en las afueras de la Unidad Penitenciaria Nº 2, la cárcel de Villa Devoto, coreando, cantando y exigiendo la liberación de las y los presos políticos. La ilusión que despertó el gobierno de Cámpora en miles de militantes no les permitió avizorar que, poco tiempo después, aquel sería el destino de muchos de ellos.

Con la recuperación de la democracia en 1983, la experiencia de la prisión política durante el genocidio argentino (1974-1983) (Feierstein, 2008) se vio relegada por el lugar destacado que cobraron los relatos centrados en testimoniar la topografía del horror y la represión, en su mayoría relacionados con los Centros de Detención Clandestinos (Scatizza, 2019). La memoria que se construyó, durante los primeros años del alfonsinismo, confinó la explicación de la violencia política argentina en dos extremos ideológicos, presentando a la sociedad como ajena a este proceso. Nos referimos a la teoría de los dos demonios institucionalizada en el libro Nunca Más; podemos pensar que esa fue la forma que se encontró, durante aquel momento histórico, para generar impacto en una gran parte de la sociedad que aún se encontraba enmudecida y aterrorizada. Sin embargo, el relato de la recuperación democrática ocluyó el carácter militante de los desaparecidos, como una forma de despolitización, y silenció las voces de los sobrevivientes que no se limitaron a relatar las torturas vividas (Crenzel, 2008; Franco, 2010).

La sanción de las leyes de Punto Final (1986), Obediencia Debida (1987) y, un tiempo después, los indultos a excomandantes militares condenados por delitos de lesa humanidad y a jefes de organizaciones armadas (1999) sintetizaron, de alguna manera, el cierre de toda discusión sobre lo que sucedió durante el genocidio (Feierstein, 2008, 2014) por parte de los dos sectores que contaban con mayor representatividad política en aquel entonces. Empero, tanto la sesuda lucha de los organismos de derechos humanos como las disputas por la recuperación de la palabra que llevaron adelante las y los sobrevivientes lograron romper, con mayor fuerza desde los años noventa en adelante, la malla de contención que cubría tanto a la sociedad como al ámbito de los estudios de las ciencias sociales con respecto al genocidio argentino (Feierstein, 2008), en general, y a la prisión política en particular (D’Antonio, 2009; Guglielmucci, 2007).

A lo largo de los últimos veinte años se han registrado numerosos aportes académicos que intentan abordar esta última experiencia, en especial en el campo de la sociología, la historia y la antropología. Algunas autoras se han concentrado en el estudio de las prácticas de solidaridad que las presas políticas llevaron adelante en la prisión (D’Antonio, 2009, 2013; Guglielmucci, 2007; Beguán, 2019); otras hicieron foco en el análisis micro de las políticas de aniquilamiento desarrolladas por el gobierno carcelario en Villa Devoto (Laitano, 2018). Asimismo, encontramos artículos que recuperan las disputas que emergieron entre las presas durante el encierro político (Garaño, 2010).

Sin ánimo de quitarle reconocimiento a la potencia de la lucha que emprendieron quienes fueron encarceladas de manera ilegal por los genocidas, en este trabajo presentamos una lectura alejada, por un lado, de la idealización y del relato épico sobre la prisión política en los setenta; y por el otro, de aquellos análisis que ponderan los lazos de solidaridad o las órdenes de la jerarquía partidario-política dentro de la cárcel como núcleo explicativo de las políticas de resistencia llevadas adelante en la cárcel de Villa Devoto, y que no tienen en cuenta o minimizan la conflictividad que caracteriza dicho proceso.

Con el fin de complementar los análisis que destacamos, nos proponemos reconstruir las diversas políticas de resistencia que las presas políticas llevaron adelante, durante el encierro en la cárcel de Villa Devoto (1974-1983), junto con las contradicciones a las que se enfrentaron en ese mismo proceso. Nos enfocamos, en particular, en dos tipos de políticas de resistencia: por un lado, la resistencia que las presas construyeron forjando lazos de solidaridad, con el objetivo de evitar doblegarse ante el poder penitenciario; por el otro, de carácter más singular, la resistencia al disciplinamiento sexo-genérico.

Entendemos que las presas políticas que estuvieron en Villa Devoto resistieron las políticas de aniquilamiento, y lograron atenuar sus impactos en la vida cotidiana del encierro, sin desconocer el amplio abanico de disputas internas (políticas, morales, sociales, económicas, afectivas y de género) que se dieron entre ellas como colectivo, entre “compañeras” de una misma organización política y en relación con las directivas externas de las conducciones de las organizaciones que llegaban a la cárcel.

Nos interesa resaltar que no hubo categorías totales que expliquen el comportamiento de las presas durante el cautiverio, sino que la resistencia coexistió con la claudicación. Por este motivo, hacemos foco en el carácter conflictivo que tuvo dicha resistencia, al menos en Villa Devoto, ya que no se ocultaron las diferencias políticas y personales que se dieron en el encierro en pos de evitar ser aplastadas por el poder concentracionario, sino que los modos de resistir fueron producto de la interacción entre los conflictos y las prácticas de solidaridad.

Consideraciones metodológicas

Este trabajo se distingue por utilizar centralmente fuentes secundarias accesibles a la consulta pública. Se trata de testimonios de ex presas políticas, disponibles, por un lado, en el Archivo Oral de Memoria Abierta y realizados en el período 2001-2016 en diversas provincias del país. Su objetivo fue reunir diversos relatos de familiares de personas que hayan atravesado la represión estatal, militantes, sobrevivientes, presos políticos, integrantes de diversas organizaciones, entre otros. En el archivo “cada testimonio refiere a la experiencia personal puesta en relación con los principales procesos sociales, políticos e ideológicos de la segunda mitad del siglo XX, con especial énfasis en la movilización social y política, el terrorismo de Estado y la lucha por los derechos humanos durante la dictadura y bajo el régimen constitucional posterior” (Memoria Abierta, 2011, p. 4); y, por el otro, en el Archivo Testimonial de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que con un objetivo similar creó el Programa de Derechos Humanos en el año 2012¹, en el marco del cual se registraron una serie de testimonios realizados entre ese año y el 2019. También analizamos los testimonios compilados en el libro Nosotras, presas políticas, un proyecto que nació en 1999 y terminó siendo una obra colectiva llevada adelante por 112 ex presas políticas en 2006. Con el propósito de contar su experiencia concentracionaria durante el período 1974-1983, las protagonistas tomaron como principal testimonio las cartas que se habían enviado con familiares, agregaron datos censurados en ellas y las estrategias que desarrollaron para escapar de las prohibiciones propias de la penitenciaria. Además, el libro contiene las denuncias enviadas a organismos internacionales defensores de derechos humanos y a la Iglesia, y cartas, poemas y dibujos que hicieron o enviaron durante su paso por el penal.

Los testimonios² se eligieron sobre la base de dos condiciones: debían ser mujeres y haber pasado por la cárcel de Villa Devoto durante el período 1974-1983. En relación con los objetivos propuestos, y con el fin de sistematizar la información, se construyó una matriz de datos teniendo en cuenta las siguientes variables: políticas carcelarias implementadas en Villa Devoto, prácticas de solidaridad y trato entre las presas políticas durante el encierro, y degradación sufrida en relación con el sistema sexo-género.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En una primera sección definimos la última dictadura militar argentina como un genocidio reorganizador. En el apartado siguiente, detallamos las políticas de especialización del Sistema Penitenciario Federal y la intensificación del esquema represivo, sostenido tanto por gobiernos constitucionales como militares a lo largo de veinte años. Para analizar, en la última sección, los modos en los que se desarrollaron las políticas de resistencia en la prisión política en Villa Devoto. Y a modo de cierre, proponer algunas reflexiones.

El genocidio argentino como proceso de reestructuración socio-político

A partir del derrocamiento del segundo gobierno peronista y a lo largo de veinte años, en íntima relación con el desarrollo y aplicación de la Doctrina de la Guerra Revolucionaria (DGR) y la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) (Feierstein, 2016), las diversas administraciones civiles y militares, salvo pocas excepciones, perfeccionaron los aparatos de vigilancia, castigo e inteligencia: pregonaron un discurso anticomunista que atravesó a diversos sectores corporativos de la sociedad y permearon la discursividad institucional de distintas tradiciones políticas, con lo que lograron construir la legitimidad social suficiente para darles continuidad a los patrones represivos. Optimizaron la articulación entre el entramado legal preexistente y las actividades ilegales o clandestinas, y fusionaron paulatinamente las políticas de seguridad interior con las de defensa nacional (Franco, 2012; Pontoriero, 2012).

Con el asalto al poder del gobierno de facto comandado por el General Onganía y la sanción del decreto ley de Defensa Nacional nº 16.970 de 1966, se consolidó el basamento legal para integrar los aparatos represivos a “un sistema de seguridad interior, con nuevas capacidades operativas y métodos que tendrían continuidad en los años siguientes” (Franco, 2011, p. 35). El triunfo de Cámpora permitió avanzar en la derogación de esta legislación represiva y de seguridad, a excepción de la ley de Defensa (Franco, 2012).

Con la recuperación de la legalidad constitucional, las acciones de las organizaciones armadas no cesaron, sino que escalaron, lo que alimentó el repudio de diversos actores tradicionales del sistema político. En este escenario, el imaginario político en torno a la figura del “enemigo interno”-“infiltración marxista” cobró relevancia y fue clave para poner en marcha, durante el trienio peronista, tanto políticas antisubversivas como de disciplinamiento político, a través de las cuales se articularon medidas de excepcionalidad con la dimensión clandestina de la acción estatal³ que afectaron a la propia estructura partidaria peronista⁴ (Franco, 2009, 2011). Tras la muerte de Perón, la escalada represiva se aceleró de manera considerable y se le dio un uso cada vez más amplio y difuso a la noción de “subversión” como amenaza para la nación⁵ (D’Antonio, 2016a). En este sentido, “el gobierno de ‘Isabelita’ implicó un salto cualitativo, pero su endurecimiento se inscribió en una tendencia previa y ascendente que se remonta a mediados de 1973” (Franco, 2009, p. 41).

Caracterizar el Proceso de Reorganización Nacional como un genocidio nos permite comprender causalmente que su objetivo no ha sido atacar a un grupo ajeno a la sociedad o a un “bando”, sino a grupos particulares que, con su desaparición particular de la memoria social, logran transfigurar y reorganizar tanto las identidades como las prácticas del conjunto de la población (Feierstein, 2008).

La motivación principal que sustentó este proceso fue la refundación estructural de la sociedad argentina (Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1989). No obstante, las transformaciones encaradas no se limitaron a la esfera económica, sino que se propusieron “transformar las relaciones sociales al interior de un Estado nación preexistente, pero de un modo tan profundo” (Feierstein, 2014, p. 358) que lograra alterar los sentidos de la acción social. Las prácticas sociales genocidas actuaron como una tecnología de poder cuyo objetivo fue eliminar ciertas relaciones sociales solidarias, de autonomía política y de cooperación, para reemplazarlas, mediante el aislamiento, el aniquilamiento y el terror, por conductas sociales individuales (Feierstein, 2014).

Esto ha transfigurado, aunque no de manera definitiva, los modos de constitución de nuestra identidad como sociedad. Al decir que el genocidio “se inicia mucho antes del aniquilamiento y concluye mucho después” (Feierstein, 2014, p. 36) nos referimos a que, con la eliminación de quienes encarnaban esas relaciones sociales, se intentó instalar una lógica de inexistencia de estas en la memoria social y descartar la posibilidad de pensarnos socialmente de esa forma en el futuro.

El proceso genocida (Feierstein, 2008) puso en marcha una lógica binaria totalitaria que dividía el mundo en dos grandes campos enfrentados: el propio y el ajeno. Esta concepción de bloques amenazantes y excluyentes, en el marco de la Guerra Fría, articuló “la macropolítica de la seguridad que se corresponde con la micropolítica del terror” (Calveiro, 2019, p. 87). Convirtió toda identidad política opuesta a los pilares sostenidos por el régimen, o que manifestaban menoscabo en su colaboración con éste, en “delincuente subversivo”. Con esto buscó, por un lado, quitarles a las personas así catalogadas todo tipo de componente humano, con el propósito de cosificarlas y destruir su identidad en tanto subjetividad individual, identidad grupal e identidad nacional del conjunto de la población (Feierstein, 2015). Y por el otro, extender, con la legitimidad social que se fue construyendo a lo largo de veinte años, la criminalización al conjunto de la sociedad (D’Antonio, 2016a; Feierstein, 2014).

Sin embargo, la operatoria genocida no pudo imponerse como totalidad. Mostró fisuras y atajos por donde las detenidas en las cárceles de máxima seguridad, como los secuestrados y las secuestradas en los campos, “resistieron” la política de aniquilamiento. Entenderemos en este trabajo, entonces, las políticas de resistencia como las formas de rebeldía, pequeños boicots cotidianos, prácticas desarrolladas como “formas ocultas de acción, creando y defendiendo un espacio social propio de una trastienda donde expresan su disidencia del discurso de la dominación” (Jelin, 2005, p. 132).

A la caza de los díscolos: la especialización del Sistema Penitenciario Federal y la intensificación del esquema represivo

Bajo el mandato de modernización, y con la finalidad de aplacar la conflictividad y garantizar el control social, desde principios del siglo XX el sistema penitenciario ha sufrido transformaciones en sus funcionalidades, su reglamentación y organización interna. Desde fines del siglo XIX el castigo y el tratamiento que se sostuvo giraron en torno a la corrección del comportamiento. Con el ascenso del conflicto social en los años sesenta, el criminal devino enemigo social y político. Y en la década siguiente, con las fuerzas de seguridad subordinadas a las Fuerzas Armadas, el disciplinamiento pasó a ser el aniquilamiento de la subjetividad de las y los presos políticos, al mantenerlos inactivos tanto intelectual como físicamente (D’Antonio, 2016a, 2016b).

El Sistema Penitenciario Federal (en adelante, SPF) fue uno de los pilares fundamentales, incluidos en el programa de “reordenamiento y transformación del Estado Nacional”, para el proyecto autocrático y neocorporativista del Onganiato (Sepúlveda, 2009). Entre mediados de 1966 y 1971 las instalaciones carcelarias fueron ampliadas y reacondicionadas, y se ejecutó un considerable plan de obras e inversión públicas que se extendió hasta 1975. Y se dio curso a la descentralización y regionalización del sistema carcelario, lo que le otorgó a cada zona una mayor autonomía operativa. Además, se llevó adelante la especialización y diversificación de los regímenes: máxima, mediana y mínima seguridad. Se modificaron ciertas leyes procesales con el propósito de agilizar las tramitaciones judiciales y se buscó aumentar las penas en el Código Penal a fin de controlar los delitos políticos. A su vez, se actualizaron los planes de estudio de los cursos de formación del personal penitenciario. Y en el caso de los subayudantes, se presentaron nuevas disposiciones y reglamentos específicos sobre el tratamiento restrictivo hacia los presos políticos. De este modo, se reforzó la condición de fuerza de seguridad del SPF en el marco de una división de tareas y una militarización de los aparatos de seguridad estatales (Eidelman, 2010; D’Antonio, 2016a; Beguán, 2019).

Con la homologación de la ley penitenciaria, las cárceles fueron colocadas bajo el control de las FF. AA. y transformadas en un frente más de la guerra contra la “subversión”. Como bien sostienen algunos autores, para la segunda mitad del año 1972 se observa uno de los picos más altos de detención de activistas políticos, con una cifra estimada entre 1.200 y 1.500 personas. De 100 detenidos políticos en 1974, luego del indulto a las y los presos políticos durante la gestión de Cámpora, este guarismo llegó a 5.000 hacia mediados del año 1975 (Eidelman, 2010).

A partir del regreso de Perón al poder, algunas decisiones políticas marcaron líneas de continuidad con los gobiernos antecesores y, en ocasiones, profundizaron la estrategia represiva. Hombres ligados a la derecha peronista fueron designados en puestos claves en el SPF, muchas disposiciones legales no fueron derogadas y la Triple A formó parte del paisaje diario mientras el gobierno peronista lo toleraba, alimentando, de este modo, las contradicciones internas del movimiento y cooperando con el enrarecimiento del contexto sociopolítico. Tras la muerte del presidente Perón, el estado de sitio le permitió al Poder Ejecutivo hacer un uso discrecional de sus atribuciones y a las Fuerzas Armadas intervenir con mayor alcance en la vida política cotidiana, lo que contribuyó a la espiral ascendente represiva (Eidelman, 2010; D’Antonio, 2016a; Sepúlveda, 2009).

Así como el concepto de “subversión” no emergió con el golpe del 76, ya que fue redefinido desde los años cincuenta según cada coyuntura política particular, las torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, la redefinición de una legalidad autoritaria y el fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado, tampoco. Todos estos elementos estuvieron presentes, con distintos grados de intensidad, tanto en la discursividad como en la praxis política desarrolladas por diferentes experiencias históricas desde mediados del siglo XX (D'Antonio, 2016a, 2016b).

En este sentido, de lo que el genocidio se encargó fue de reorganizar la capacidad represiva del Estado con el propósito de concretar la tarea que hasta el momento no se había logrado: eliminar definitivamente a la “delincuencia subversiva” (D'Antonio, 2016a). A pesar de haberse propuesto generar fuertes efectos simbólicos de disciplinamiento hacia toda la población, y en especial a activistas políticos, mediante la aplicación de políticas de desubjetivación y aniquilamiento, aquella ingeniería represiva encontró fisuras que resquebrajaron sus dispositivos de poder. A continuación, analizaremos los modos en que las presas políticas, concentradas en el penal de Villa Devoto, lograron hacerlo a través de la puesta en marcha de lo que denominaron “políticas de resistencia”.

La cárcel “vidriera” de Villa Devoto

El proceso genocida (Feierstein, 2008) inauguró nuevas formas de circulación del poder dentro de la sociedad que han sido extensamente estudiados: los Centros de Detención Clandestinos (CDC, en adelante) (Scatizza, 2019). Y, a su vez, reorganizó elementos preexistentes como la prisión política, cuyo análisis socio-académico es relativamente reciente. Ambos fueron engranajes de una tecnología disciplinaria que desplegó una lógica binaria totalitaria (Calveiro, 2019). En ambos circuitos se buscó, en términos generales, la eliminación de toda acción contestataria, lo que se expresó en la supresión de la heterogeneidad y la diversidad que caracterizaba tanto a las organizaciones políticas como a la propia sociedad argentina.

De todas maneras, las dos tecnologías de poder mostraron líneas de fuga, grietas o resquicios específicos a través de los cuales las y los detenidos se resistieron a convertirse en “muertos que caminan” (Calveiro, 2019), como también una diversidad de formas de organización del cautiverio, diseminación del terror y desubjetivación de los detenidos.

Las condiciones propias del encierro político durante el genocidio, tema sobre el cual nos concentraremos en este trabajo, y las estrategias de aniquilamiento que los militares pusieron en marcha en las instituciones punitivas fueron dinámicas y mutaron sobre la base de la coyuntura política local. Así como los CDC (Scatizza, 2019) y la prisión no fueron mundos ajenos o “realidades irreales” (Calveiro, 2019) en relación con la sociedad, tampoco funcionaron de manera autónoma.

Usualmente, el cautiverio de las y los apresados comenzaba con una detención ilegal, por lo general a altas horas de la noche y de forma muy cruenta. Previamente a su traslado, eran llevados a casas para interrogatorios, CDC (Scatizza, 2019).Eran instituciones “legales” de detención que fueron utilizadas clandestinamente para torturar, hacer desaparecer a alguien temporariamente o como lugar de paso antes de trasladar a los detenidos a otro centro de detención⁶ (Scatizza, 2019).

No todos los detenidos-desaparecidos pasaron necesariamente por un CDC y luego fueron trasladados a otro lugar. Sin embargo, muchos fueron intercambiados entre distintos CDC, lo cual hizo posible, como una consecuencia no deseada por los militares, que muchas prisioneras, al encontrarse en Devoto, hayan conocido el diagrama de los dispositivos concentracionarios desplegados en todo el país. La información llegaba a sus oídos por algún dato que habían recopilado en los traslados o detenciones y, también, al ver con sus propios ojos el estado en el que llegaban a Devoto quienes eran legalizadas y pasaban de ser desaparecidas a “aparecidas”. Paula Mahler fue secuestrada a mediados de 1975 y llevada a Coordinación Federal. Luego fue trasladada a Villa Devoto, donde se separó de la disciplina partidaria de Federación Juvenil Comunista (FEDE) del Partido Comunista (PC) y pidió irse del país a través del “derecho de opción” (Franco, 2010). Recuerda

un caso que vino a mi pabellón, que había estado secuestrada, había estado desaparecida. Y que llegó en un estado terrible, esa chica tardó como un mes en reponerse. Había que darle de comer en la boca, no podía pararse porque tenía los grilletes, los tobillos en carne viva. Lloraba todo el tiempo, no podía explicar ni qué le había pasado, ni por qué, ni dónde había estado. Esa chica debió tener algo que ver con algún militar porque después salió en libertad enseguida, debió haber sido alguien equivocada, algo raro.¹

Hacia 1974-1975 muchas de las detenidas políticas padecieron tormentos que preanunciaban lo que luego serían denominados “los vuelos de la muerte”. Irma Antognazzi recuerda que, durante el traslado aéreo desde la Alcaidía de la ex Jefatura de Policía de Rosario, donde estuvo desde agosto a diciembre de 1975, hacia la cárcel de Villa Devoto las amenazaron de la siguiente forma: “Dale, abrí la puerta, aquí las tiramos a estas hijas de puta. Ya estamos sobre el Río de la Plata” (Beguán, 2019, p. 75). Irma permaneció en aquella cárcel hasta que le otorgaron la opción a Italia en agosto de 1980 y regresó al país para las elecciones nacionales de 1983 (Beguán, 2019).

A pesar de que en ese período se pusieron en marcha procedimientos punitivos cualitativamente diferentes de las disposiciones anteriores, como por ejemplo el reglamento aprobado el 26 de diciembre de 1974⁷ con el que los detenidos pasaron de ser nombrados “internos” a “delincuentes terroristas (DT)” (D’Antonio, 2016a; Beguán, 2019), actividades relacionadas con la comunicación, recreación y alimentación saludable aún les estaban permitidas.

Esta situación sufrió una sustantiva modificación con la irrupción del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando se pusieron en marcha “formas de disciplinamiento sin precedentes en la historia correccional argentina” (D’Antonio, 2009, p. 4). Junto con la orden secreta denominada “Recuperación de pensionistas”, con la cual se inauguró un severo régimen con el propósito de aplacar la subjetividad de los activistas políticos considerados de “convicciones indoblegables”, debemos destacar el reglamento de 1979, íntegramente elaborado por el poder militar, que impulsó un control minucioso de la vida presidiaria: los “DT” no podían cantar, silbar, gritar ni comunicarse por señas, y debían realizar sus peticiones de manera individual, ya que estaba penado hacerlo de forma colectiva. Además, con el fin de profundizar los procedimientos de segregación y aislamiento, los presos políticos fueron separados de los comunes. Los hombres fueron rotados sistemáticamente entre las diferentes cárceles de máxima seguridad, que se encontraban dispersas en el país, y las mujeres fueron concentradas en el penal de Villa Devoto (D’Antonio, 2016a).

Esta última institución fue utilizada por los genocidas “como la cara visible de una estrategia represiva doble que incluía una fase de carácter ilegal” (D’Antonio, 2013, p. 176). Allí las prisioneras políticas fueron exhibidas como rehenes, con lo que se convirtieron en “un objeto político a merced de la arbitrariedad del poder” (Beguán, 2019, p. 100), y utilizadas como trofeos de guerra (D’Antonio, 2013, 2016a) mientras el régimen torturaba, asesinaba y desaparecía el cuerpo de miles de personas en los CDC (Scatizza, 2019) ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto último se puso de manifiesto, según los testimonios analizados, cuando eran retiradas discrecionalmente de sus celdas a altas horas de la madrugada y llevadas como rehenes a distintas provincias del país durante los viajes de algún miembro de la Junta militar. Ello era respondido por las presas con “jarreos”, ruidos de platos o jarros sobre las paredes, y denuncias mediante gritos por las ventanas que daban hacia los vecinos.

A las presas políticas, llegar a Devoto les permitió contar con cierta visibilidad y obtener determinadas garantías jurídicas,⁸ aunque fueran precarias, ya que se encontraban en una cárcel metropolitana, moderna y con servicios, condiciones que no tuvieron quienes fueron destinados a los penales en otras provincias del país o a los CDC (Scatizza, 2019). Analía Martín, quien militaba en el Partido Comunista (PC) de Santa Fe cuando la detuvieron ilegalmente en la Alcaidía Mayor hacia 1975, y fue trasladada al año siguiente a la cárcel de Villa Devoto, donde pasó casi tres años, lo sintetiza así:

Fue una alegría llegar a Devoto, ¡qué lindo! La llegada a Devoto fue la vida. Además, Devoto era donde se había centralizado a todas las mujeres del país y llegar a Devoto implicaba que ya no te iban a matar, por lo menos, en ese lugar. Que no te iban a matar, que por ahora estabas zafando ¿viste? Y era el lugar a donde venían todos los organismos de Derechos Humanos internacionales y nos miraban ¿me entendés? Era una cárcel que estaba expuesta.²

Tanto el dispositivo concentracionario como el penitenciario buscaron romper con todo sistema de referencia para las y los presos políticos al presentar dichos espacios como realidades irreales, como pozos donde nada ni nadie podía registrarlas. En el caso de las presas políticas, sus pocas esperanzas apenas podían limitarse a algunos de los organismos internacionales de Derechos Humanos que las visitaban ocasionalmente. Cristina Guillén, militante peronista cordobesa detenida en el año 1974, quien estuvo en la cárcel de Devoto desde 1981 hasta 1984, recuerda el paso de la Cruz Roja.³Y Débora Benchoam, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), secuestrada en 1977 a los dieciséis años, quien pasó cuatro años en Devoto hasta que logró irse en opción a los Estados Unidos en 1981, rememora el paso de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el Mundial de 1978.⁴ Estas visitas demostraban el carácter de “vidriera” que las presas le adjudicaban a la cárcel de Devoto, ya que recibían al menos por uno o dos días una mejor alimentación, con el fin de mostrarles a los representantes de los organismos que las presas gozaban de una buena atención por parte de los agentes del sistema penitenciario. Sin embargo, una vez que los organismos se retiraban la atención volvía a ser paupérrima.

La prisión de Villa Devoto estaba ubicada cerca del centro urbano. Es decir que, en contraposición a lo que pregonaba el poder genocida, la sociedad fue receptora de la diseminación del terror que se ejerció a través del secreto a voces, expresado en los gritos que escuchaban y los movimientos constantes que veían los vecinos diariamente. Y, a su vez, funcionó como un ancla con el exterior para las presas de Devoto.

El carácter de “cárcel vidriera” que le adjudicaron las detenidas les permitió reinterpretar las directivas del poder y fue utilizado por ellas como un instrumento de lucha política: entablaron “negociaciones” con los agentes del sistema penitenciario con el propósito de obtener mejoras en la cotidianeidad del encierro y convirtieron tanto a los organismos internacionales de Derechos Humanos como a los vecinos del barrio en los receptores de sus denuncias sobre las condiciones en las que estaban confinadas (Guglielmucci, 2007; D’Antonio, 2009, 2013; Laitano, 2018). Ello funcionó como un modo de resistir a la destrucción de su identidad y a convertirse en cuerpos sin sujeto (Calveiro, 2019; Feierstein, 2014).

La resistencia como estrategia colectiva de supervivencia y sus contrapuntos

Ana, Carlota y Pety fueron las primeras mujeres⁹ que volvieron a transitar los pasillos de Devoto en el año 1974¹⁰ (Beguán, 2019). Durante el genocidio argentino (Feierstein, 2008) pasaron por allí 1.200 mujeres, de entre 14 y 70 años, oriundas de distintas provincias y, también, de países limítrofes. Algunas cargaban sobre sus hombros encierros políticos previos y otras eran novatas en la materia. Provenían de diversos orígenes políticos¹¹ y condiciones sociales. No obstante, las enlazaba la convicción política de luchar por una nueva sociedad.

Acostumbrarse al encierro les resultó un proceso particularmente doloroso. Sin embargo, tener como horizonte salir íntegras y sobrevivir les permitió forjar lazos de solidaridad, a fin de resistir las políticas presidiarias de aniquilamiento. Durante 1974 y 1975 llevaron adelante dos huelgas de hambre por mejoras en las condiciones de vida y la liberación de los presos políticos. La primera duró veinticinco días y aunque muchas no participaron, apoyaron a quienes se habían sumado a ella. La segunda coincidió con la puesta en marcha del régimen de “máxima seguridad”. En aquel entonces las presas políticas establecieron una especie de trueque con las y los contraventores- en su mayoría homosexuales, travestis o prostitutas- quienes a cambio de servirles la comida e intercambiar materiales entre los pabellones, como ropa, libros, noticias, les pedían regalos. Esto les permitió sostener redes de comunicación con sus compañeras (D’Antonio, 2016a).

En el penal convivían hacinadas 67 mujeres con 12 niños y niñas en el pabellón 49, expuestos a enfermedades y plagas. Se trataba de un espacio único y multifunción cuyas dimensiones eran de 20 x 9 metros. Contaban con visitas de contacto, podían verse durante los recreos y asistían a misa con el propósito de intercambiar cualquier tipo de información. Todavía en aquella época podían llevar a cabo actos políticos, hacer gimnasia y ocupar su tiempo realizando manualidades. Para ello, utilizaban los hilos de las toallas que los familiares les enviaban y con palillos de las escobas simulaban agujas con las que bordaban camisolas que hacían con la tela de las sábanas. También, adornos de macramé con los que decoraban el lugar con el fin de hacer de un ambiente hostil como la cárcel un lugar cálido y más amable. Asimismo, estudiaban y se distribuían las tareas de fajina, que abarcaban la limpieza y la organización de la cocina.

El nivel de solidaridad que habían forjado era tal que, como bien cuenta una de ellas, “llegamos a someter a votación, por ejemplo, cuántos ‘puchos’ debíamos fumar por día, y si las no fumadoras merecían -para compensar este gasto- un trozo de queso extra” (Beguán, 2019, p. 56). Frente a la desintegración de los lazos sociales, que pregonaba el régimen carcelario con el recrudecimiento de las disposiciones, ellas se obligaban a mantenerse unidas. “Katy” Catalina Palma relata una de las anécdotas que ilustran esto: “Una vez la mamá de Beatriz, en una visita, pudo entrar con una bananita Dolca. La locura de alegría fue total, y entonces fue cortada en 25 pedacitos iguales para repartir entre todas” (Beguán, 2019, p. 52).

Una de las formas a través de las cuales las presas mantuvieron contacto con sus familias fue mediante la entrega de “paquetes”. Aunque el listado de objetos permitidos era cada vez más acotado, esperaban con ansias poder revisar su contenido. Sin embargo, al poco tiempo esta práctica fue prohibida ya que, para mediados de 1975, el régimen profundizó las políticas de aislamiento buscando desarticular cualquier tipo de vínculo afectivo entre las presas y el exterior. El poder penitenciario comunicaba a diario: “Se prohíbe sentarse en el suelo o recostarse en la cama fuera de las horas de sueño” (Beguán, 2019, p. 107).

También era usual la suspensión de los recreos y las requisas eran cada vez más frecuentes. Con esta técnica les arruinaban los pocos objetos que tenían, como los adornos artesanales, las tarjetas o los dibujos, con el fin de destrozarlas emocionalmente, desorientarlas y quitarles todo margen de estabilidad por un período prolongado. En este escenario las políticas de resistencia desarrolladas por las detenidas fueron adaptándose a los distintos contextos políticos y disposiciones carcelarias. Y pese a que se plantearon no mostrar fisuras frente al poder militar, esto no evitó los profundos desacuerdos y acalorados debates que tuvieron acerca de las estrategias colectivas impulsadas.

A mediados de 1977 la organización del penal atravesó una metamorfosis. El SPF clasificó a los “Delincuentes Subversivos” en distintos regímenes, según su pertenencia político-partidaria y su peligrosidad. Esto les permitió, a diferencia de los detenidos en los CDC, quienes sólo podían entablar lazos interpersonales (Calveiro, 2019), mantenerse en comunidad y organizarse colectivamente a pesar de la implementación de las políticas de destrucción de la identidad, tanto subjetiva como grupal (Feierstein, 2015), por parte del régimen penitenciario. Fueron instaurados dos bloques: el de los celulares, ubicado en la planta 5, donde se alojó a cuatro personas por celda; y el de los pabellones, localizado en la planta 6 del penal. El régimen ubicó a quienes consideraba “irrecuperables” en el Grupo 1, el régimen duro.¹² En el Grupo 2, a quienes estaban en “vías de recuperación”, sector que funcionó como un estadio transitorio en el que se definió qué régimen le correspondía a cada una. Y en el Grupo 3 a las “recuperadas”, quienes contaban con un régimen de beneficios;¹³ dicha taxonomía definió el trato penitenciario que recibieron y las condiciones de vida a las que fueron sometidas.

Hasta 1979, con el propósito de desubjetivar a las detenidas y convertirlas en seres inactivos física e intelectualmente, se prohibieron casi todas las actividades de recreación (Beguán, 2019). Las visitas de contacto se suspendieron y comenzaron a realizarse cada 45 días a través de “locutorios”, mediante un vidrio que las separaba de sus familiares y una especie de micrófono, por el cual el personal penitenciario escuchaba las conversaciones. Además, con las requisas vejatorias convirtieron el cuerpo de las detenidas en territorios de disputas porque, con el propósito de evitar desnudarse y que la guardia las revisase, acordaron negarse a “bajarse la bombacha” de forma colectiva. El costo que pagaban era muy alto ya que podían ser aisladas en los “chanchos”¹⁴ hasta un mes y muchas se perdían la visita de sus seres queridos, con lo que quedaban completamente incomunicadas. En este ejemplo se evidencia el modo en que las prácticas de solidaridad política entraban en tensión con los deseos afectivos de las presas. Como bien cuenta una de ellas: “(…) al negarnos nos sancionaban; entonces ellos, con esa política de violencia, nos empiezan a discriminar porque saben a quién le van a pedir el desnudo y saben que le va a decir que no”.⁵

El régimen apostó fuertemente a una política de desgaste fomentando el individualismo y combatiendo todo vestigio de solidaridad entre las presas políticas. A lo cual ellas, en general, respondieron sosteniendo “redes” de apoyo que desbordaron las afinidades políticas de las agrupaciones a las que pertenecían. De esta forma, se organizaron colectivamente para mantenerse ocupadas durante el día,¹⁵ sostuvieron el economato o la “banelco carcelaria”¹⁶ con un criterio colectivo y desarrollaron sistemas de comunicación interna¹⁷ con el fin de mantenerse en contacto con sus compañeras alojadas en otros pisos.

Por medio de la puesta en marcha de la “resistencia”, las presas políticas buscaron evitar salir muertas o locas de la cárcel¹⁸ y convertirse en sujetos que asumieran parcial o totalmente los valores de los genocidas (Feierstein, 2008). Empero, como este proceso estuvo plagado de controversias y tensiones, podemos describir la prisión política como un “dispositivo desaparecedor de los héroes” (Calveiro, 2019, p. 128). Con esto nos interesa resaltar que no existieron categorías absolutas que puedan dar cuenta del comportamiento de las presas durante el cautiverio. En otras palabras, que la resistencia coexistió con la claudicación. Es decir: haberse negado a seguir resistiéndose a las requisas porque ello las alejaba de sus familiares, negarse a acatar las órdenes de las conducciones mayoritarias dentro de la cárcel porque no coincidían políticamente o discutir las directivas de las conducciones partidarias nacionales que llegaban desde los altos mandos de las organizaciones no las convertía en traidoras o enemigas. Tampoco eran motivo para que no participasen en distintas prácticas de solidaridad que sostenían pese a sus diferencias político-partidarias. Por ello nos referimos a que las políticas de resistencia que llevaron a cabo las presas fueron producto de la interacción entre el conflicto y las prácticas de solidaridad.

Las dos organizaciones mayoritarias, el PRT-ERP¹⁹ y Montoneros, llevaron adelante una política de alianzas dentro de la cárcel que incluso fue criticada por sus propias militantes: designaron a las delegadas, que representaron los reclamos de las presas de manera colectiva ante el poder penitenciario, y definieron la línea política en la que se enmarcaron las estrategias de resistencia al aniquilamiento. Esto produjo fuertes encontronazos con las organizaciones “minoritarias”, que nos muestran la interacción que se daba entre la construcción de lazos de solidaridad y los conflictos que se desataban por diferencias políticas, afectivas, morales. Entre los testimonios encontramos quienes resaltan dichos conflictos y problematizan la convivencia dentro de la cárcel en términos políticos. Es el caso de María Josefa Dal Dosso, quien fue asesora legal de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y militante de Vanguardia Comunista en Villa Constitución, secuestrada en marzo de 1975 y trasladada a Devoto en octubre del año siguiente:

El grupo mío, digamos el pabellón al que fui a parar, era un grupo de gente, ya te digo, peronismo de base, de grupos minoritarios al lado de las dos organizaciones armadas más fuertes, que eran Montoneros y PRT. Y en un momento nos trenzamos fiero con los dos grupos mayoritarios porque ellos decían “Nosotros somos mayoritarios, nosotros imponemos los delegados, imponemos esto, imponemos lo otro”. Nosotros dijimos “No, estamos en la cárcel. Entonces vos no imponés un carajo”. Entonces ahí se armaban muchos líos.⁶

Y figura también en el testimonio de Haydée Fernández, militante sindical nucleada en la Asociación de Abogados, secuestrada el 16 marzo de 1976 y legalizada dos días después. Entre sus críticas se destacan tanto la caracterización del momento histórico como las jerarquías y órdenes partidarias que se replicaban en el penal:

Las montoneras traían información de que estábamos liderando el proceso afuera, y yo me cagaba de risa. Digo “Están locas”. Ay, te imaginás… la Haydée está más quebrada que la mierda… Te estoy hablando del 79, que estábamos en pleno Proceso, que nos moríamos en la cárcel, 80. Venían documentos de afuera que liderábamos, yo digo “Pero ustedes están chifladas, esto es mentira. ¿Por qué engañan así a las compañeras?”⁷

A su vez, encontramos testimonios que ponderan la solidaridad que sostuvieron frente a los agentes del sistema penitenciario y dejan a un lado los conflictos que marcaron la convivencia en el penal:

Yo, en el tiempo que estuve, jamás me llevé mal con alguna compañera, con ninguna. Había cosas… convivir a veces las 24 horas y a veces mucho más porque si nos encerraban, cuatro personas encerradas en una celdita así… era terrible. Había que aguantar y decir “No, me callo o hablamos bien…” Porque no era fácil.⁸

Estos ejemplos nos muestran una diversidad de posturas entre las presas más que una respuesta homogénea y sin conflicto. Es menester destacar que hubo diferencias intra e interpartidarias, tanto con los presos políticos que se oponían a la política de resistencia que estaban llevando adelante las mujeres, como también entre las conducciones políticas de la cárcel y las organizaciones que enviaban órdenes desde afuera. Por ejemplo, en ocasiones las que se encontraban apresadas ponderaron el cuidado como forma de sostén político hacia quienes podían llegar a quebrarse²⁰ (Garaño, 2010), lo que subvirtió la directiva nacional de aislamiento hacia aquellas detenidas pregonada por las organizaciones mayoritarias.

La vida en las cárceles y en los CDC (Scatizza, 2019) tuvo sus particularidades según el momento histórico, su localización geográfica y quiénes ocupaban roles de mando en ellos. La muerte o el suicidio fueron inducidos por medio de la política de desubjetivación y quiebre de la identidad en la penitenciaria y resistidos por las presas. Mientras que para quienes estaban cautivos en los CDC (Scatizza, 2019) significó un camino de liberación que era coartado constantemente por los militares (Calveiro, 2019). De todas maneras, ambos grupos de detenidos encontraron resquicios específicos por donde mostrarle al poder totalitario que no le era posible desplegar un control absoluto ni sobre sus cuerpos ni sobre su subjetividad.

La risa fue y es una línea de fuga que está presente en ambas tecnologías de poder. Particularmente en la experiencia penitenciaria, muchas de las anécdotas que pueblan los recuerdos de las presas están teñidas de angustia, aunque también emerge la burla. Como bien rememora Cristina Torres: “Nos reíamos de las peores situaciones, de los peores momentos” (Beguán, 2019, p. 115). En este punto podemos decir que ellas utilizan la risa como un “contrapoder”, dado que “si lo cómico es superior a lo trágico, es porque en lo cómico queda disuelta la eficacia del terror” (Kohan, 2020, p. 103).

Si bien las presas políticas convivieron con profundas contradicciones, a su vez consolidaron una fuerte organización colectiva que traspasó los muros partidarios y carcelarios; recuperada la libertad, arrojadas a un mundo nuevo aunque no esperado, esa comunidad funcionó como una añoranza y un horizonte difícil de dejar atrás. Así lo sintetiza una de ellas:

Yo hasta voy a decir algo que puede sonar una barbaridad, pero yo extrañé ese valor humano cuando salí de la cárcel. Lo extrañé. Porque más allá de las diferencias políticas, nosotras teníamos una convivencia pautada en valores colectivos muy profundos⁹

Las políticas de resistencia llevadas adelante por las presas les permitieron entender que el sostenimiento de los lazos de solidaridad por sobre las diferencias políticas, dentro de la penitenciaría, se tornaba imprescindible para soportar las particularidades de las políticas de aniquilamiento desplegadas, tanto sobre su subjetividad política como sobre su condición sexo-genérica.

Detrás de la vidriera: el disciplinamiento sexo-genérico durante el encierro político

A pesar de la puesta en escena de un discurso público restaurador, familiarista y heterosexista, que relegaba a la mujer a los roles domésticos y la aislaba de la arena pública, los militares impulsaron en la trastienda del régimen penitenciario prácticas de desmaternalización, desfeminización y patologización hacia sus adversarias políticas, como formas específicas de destrucción de su identidad (D’Antonio, 2011; Proaño Gómez, 2018).

Es posible manifestar que la destrucción ideológica de las presas políticas se enlazó con el sistema sexo-género (D’Antonio, 2017), un conjunto de disposiciones a través de las cuales la sexualidad y la reproducción de las convenciones sexo-genéricas son producto de determinadas relaciones sociales que las organizan. En efecto, nos referimos a un sistema “reorganizado a través de la acción política” (Rubin, 1986, p. 136) en el cual ciertos rasgos biológicos se asocian con determinados comportamientos socioculturales presentados como naturales, y no situados en un tiempo histórico determinado.

Las prisioneras de Devoto fueron alojadas en el “pabellón de madres” que funcionó hasta 1978. Allí organizaron las tareas de cuidado de los niños y las niñas de manera colectiva, lo que resultó significativo, especialmente para las madres primerizas. Sin embargo, con la puesta en marcha del decreto nº 955/76 la penitenciaría forzó la separación entre las presas y su prole²¹ (D’Antonio, 2011, 2013), al mismo tiempo que las anuló en el ejercicio de su rol materno. Esto produjo que una gran parte de las prisioneras discutieran si ese ambiente era el adecuado para que sus hijos crecieran o si sería mejor que los criaran sus familiares, dado que los niños y las niñas carecían de una alimentación adecuada y de condiciones de salubridad y seguridad apropiadas.

La desmaternalización también se ejerció mediante la censura de la correspondencia que las prisioneras entablaban con sus pequeños, por la cual les hacían llegar rompecabezas, dibujos y cartas. El sello de censura sobre el trazo infantil que llegaba como respuesta provocaba su desgarro emocional. Y las visitas por medio del locutorio profundizaron la desubjetivación de las mujeres en términos genérico-sexuales (D’Antonio, 2017). El poder militar puso en marcha un desquiciamiento de la lógica, que se manifestó subvirtiendo en la práctica carcelaria el destino normativo femenino que el régimen enarbolaba en la retórica pública.

Ciertos testimonios, como el de Fátima Cabrera, militante tucumana de la Juventud Peronista,¹¹ recuerdan a algunos de los niños de sus compañeras golpear el vidrio porque querían tocar a sus mamás, y a otros dibujarlas hasta la cintura porque era la representación que recibían de las visitas a través del “locutorio” (Beguán, 2019).

Esto llevó a que muchas de ellas decidieran no verlos más para evitar pasar por estas situaciones agobiantes, que incluían la desconfianza de comunicarse mediante el locutorio. Otras se encontraban con ellos en determinadas ocasiones y no los reconocían, ya que no estaban creciendo junto a ellas. Por lo tanto, la anulación era doble: las silenciaban como madres y a la vez las hacían sentir culpables por no ejercer un rol protagónico en la crianza.

Como parte de las estrategias de coacción y desfeminización emprendidas por los militares en Villa Devoto, las presas políticas sufrieron la humillación sobre su cuerpo al soportar todo tipo de abusos sexuales como, también, la desvalorización y patologización política en tanto adversarias del régimen. La subversión de la subjetividad genérica normativa a la que se enfrentaron tuvo como respuesta la degradación de su identidad como militantes, ya que eran denominadas “brujas”, “irrecuperables” o “locas” por el poder penitenciario. Como bien recuerda Analía Martín: “Sos una cosa ahí ¿viste? Para ellos sos una cosa. Eso es terrible, eso lo tenés que sobrellevar. Yo lo pasaba, no sé, te resignás un poco a eso ¿viste? A transformarte en eso".¹²

Este tipo de estrategias desarrolladas por los agentes del sistema penitenciario no ha sido una cuestión abordada en profundidad por las entrevistadas. Frecuentemente, no se las considera en su especificidad sino como uno de los tantos abusos que debieron padecer durante el proceso genocida. Es posible que ello se deba a que, durante los años en que se dieron los testimonios, los relatos estuvieran centrados en contar otras dimensiones de la prisión política.

A pesar de que consideramos que es aún una tarea pendiente para futuros análisis indagar más sobre este asunto, podemos decir, sobre la base de los testimonios analizados, que ninguna de las tecnologías represivas carcelarias, específicamente en el penal de Villa Devoto, tuvieron como propósito resocializar a las detenidas en roles normativos de género, dado que tenían vedadas todas las tareas domésticas y culturalmente propias del mundo femenino dentro del penal: depilarse, utilizar ropa ajustada, adquirir insumos de higiene o criar a sus niños. De esta manera, se evidenciaba que los propósitos del genocidio reorganizador (Feierstein, 2014) eran despolitizarlas, desubjetivarlas, alejarlas de toda tarea que les permitiera soportar el encierro y destruir todo lazo social con sus familias y compañeras, con el fin de anular su racionalidad e identidad política.

Reflexiones finales

Pese a que los testimonios sostienen silencios, muchas veces ocultan información y eligen qué traer a la memoria. La puesta en escena de distintos relatos de sobrevivientes nos permitió ir rearmando, con base en nuestros objetivos, la experiencia de la prisión política femenina en la cárcel de Villa Devoto durante el período 1974-1983. E incluir las contradicciones, conflictos y diferencias que han tenido quienes atravesaron dicha vivencia, no como una ruptura con la política sino como parte constitutiva de ella.

Las estrategias de resistencia que las presas forjaron dentro de la cárcel les permitieron consolidar una fuerte organización colectiva que desbordó las afinidades partidarias. A través de estas estrategias, lograron atenuar el impacto de los procedimientos de segregación y aislamiento que desplegaba el sistema penitenciario. Y, por otra parte, obstaculizar parte del engranaje de una de las tecnologías disciplinarias desarrolladas durante el proceso genocida argentino, la cual involucró formas particulares de organización del cautiverio, de diseminación del terror y de desubjetivación.

Con la puesta en marcha de las estrategias de resistencia a través —especialmente—de lazos de solidaridad reinterpretaron las directivas del poder desarrollando “negociaciones” con los agentes penitenciarios, que les permitieron obtener mejoras en las condiciones de vida durante el encierro y soportar el disciplinamiento sexo- genérico que impulsó el régimen por medio de prácticas de desmaternalización, desfeminización y patologización.

Las presas adaptaron las estrategias de resistencia según los distintos contextos políticos y disposiciones carcelarias. Aquel designio que esbozó un jefe de seguridad, “Ustedes de acá salen locas o muertas”, fue puesto en jaque, aunque con algunos contrapuntos. Las alianzas dentro de la penitenciaría entre las dos agrupaciones políticas más importantes, el PRT-ERP y Montoneros, la caracterización del momento histórico, las jerarquías y órdenes que llegaban desde las conducciones que se encontraban fuera de la cárcel y los costos a los que se exponían al resistir las requisas son algunas de las rispideces que tensionaron la convivencia y las estrategias adoptadas. En este sentido, podemos sostener que la resistencia coexistió con la claudicación. Con esto nos referimos a que las fricciones y los conflictos no fueron motivo para que las presas no participasen en las distintas prácticas de solidaridad que sostenían pese a sus diferencias político-partidarias. Las políticas de resistencia que llevaron a cabo fueron, entonces, producto de la interacción entre el conflicto y las prácticas de solidaridad.

Así como atravesaron contradicciones en el encierro político, también lo hicieron fuera de la cárcel. Por un lado, en relación con los cuidados que no brindaron las organizaciones. Y por otro, por cargar con la culpa de tener la posibilidad de “contar la historia”. Tampoco fue fácil para quienes fueron madres en la cárcel reencontrarse con sus hijos y enfrentar la incomprensión del abandono que les tocó vivir; debían reconstruir sus familias y, al mismo tiempo, reconstruir su propia subjetividad con un peso adicional: estaban solas. Sus compañeras ya no compartían la cotidianeidad con ellas.

La recuperación de la libertad no fue idéntica para cada una de las presas políticas. Quienes salieron durante la dictadura militar, en principio, no sabían si iban a llegar vivas a sus casas. Algunas presas ni siquiera contaban con dinero para viajar, y en algunos testimonios se destaca que no conocían la moneda en circulación, dado que mientras estaban encerradas se había modificado el papel moneda. Aún peor se encontraban quienes vivían en otras provincias y debían rebuscárselas para volver a su lugar natal, sin referencias geográficas del lugar donde estaban y con serias dificultades para contactarse con familiares o amigos que pudieran ayudarlas. A veces salían con libertad vigilada, lo que implicaba continuar su vida con la tutela de los militares penitenciarios. Y en ocasiones, eran amenazadas por dicho personal en algún encuentro fortuito por el barrio en el que vivían. Otra fue la situación para quienes recuperaron la libertad con la democracia, luego de 1983, ya que contaban con mayores garantías y derechos.

Muchas de las presas políticas cuentan que se encontraron con una sociedad desconocida, en la cual una gran parte de la población aún estaba aterrorizada y paralizada. De los testimonios analizados se desprende que fue difícil para todas, en general, reinsertarse en dicha sociedad. Sin embargo, los obstáculos que atravesaron fueron diferentes, y a algunas les costó más que a otras “volver a la sociedad”.

El quiebre de la confianza, producto del genocidio, les impidió iniciar rápidamente nuevos vínculos sociales y contar quiénes eran, dado que el fin de la dictadura no significó el desbaratamiento del sistema represivo ni el alejamiento de los agentes represores de las instituciones del Estado; tampoco, una sociedad que repudiara abiertamente lo que había sucedido. Pese a que encontraron lugares donde hablar sobre lo que les había sucedido, a veces entre ellas, otras con algún afecto muy cercano, tuvieron que esperar casi veinte años para ser escuchadas por parte de la sociedad y hablar de su experiencia en tanto militantes y presas políticas, “víctimas” del proceso genocida argentino.

Traer su voz nos permite dimensionar las particularidades de una de las tecnologías de aniquilamiento y desubjetivación puesta en marcha por el poder militar. Muchas veces acallada en los análisis por considerar que al ser presas “legales” no habían sufrido “tanto” como quienes pasaron por los Centros de Detención Clandestinos o fueron desaparecidos. Sin ánimos de jerarquizar sufrimientos, nuestro propósito fue intentar acercarnos a la magnitud del compromiso de aquella generación sin caer en la idealización ni en los relatos épicos, politizando su lucha y humanizando a quienes fueron sus protagonistas.

Comprender cuál es el rol que ellas imaginan de acá al futuro, cuál es su legado y qué nuevas preguntas les aparecen al rememorar aquellos años enriquece el debate actual sobre las grietas que este tema sigue suscitando. Aún quedan muchos recovecos por explorar y es tarea de las generaciones venideras pero, también, de toda la sociedad tomar esa bandera con el propósito de seguir excavando sobre un pasado que se vuelve tan presente en nuestra identidad colectiva.

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Notas

Recepción: 27 Julio 2021

Aprobación: 09 Mayo 2022

Publicación: 01 Marzo 2023

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