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Montoneros frente al “Pacto Social”: de la aceptación al rechazo del programa económico-social del tercer gobierno peronista (1973-1974)

Introducción

“Hay que romper el Pacto Social”. La frase, en letra de molde mayúscula, hacía referencia al programa económico social que había impulsado el ministro de Economía, José Ber Gelbard, desde los inicios del tercer gobierno peronista. La proclama era lanzada por Montoneros en marzo de 1974, en medio de un conflicto con la conducción del justicialismo. Sin embargo, la organización había transitado un largo camino que fue desde un moderado apoyo en el inicio de la gestión hasta este llamado a la ruptura.

“Pacto Social” fue, en verdad, como se conoció popularmente al programa que implicaba un pacto tripartito, cuya piedra basal fue la firma del Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social (ACN) en junio de 1973 por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación General Económica (CGE) y el Estado, representado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas¹.

El presente trabajo reconstruye y analiza los posicionamientos de Montoneros, como organización integrante de la coalición político social que alcanzó el gobierno en mayo de 1973, ante el programa económico de esa gestión. El período bajo análisis se inicia en los días previos a la asunción de Héctor Cámpora y finaliza el 6 de septiembre de 1974, cuando la dirigencia montonera anunció el regreso de la organización a la clandestinidad, en lo que interpretamos como su defección final de la coalición de gobierno.

Sostenemos que, lejos de lecturas que asocian a Montoneros con una defensa sin matices en el comienzo del programa (Gillespie, 2011), y de aquellas que, en cambio, sostienen que su primera definición sustantiva sobre el tema constituyó una objeción (Lissandrello, 2012; Pacheco, 2014), los posicionamientos de la organización recorrieron durante este período un tránsito desde un apoyo ambiguo hasta una objeción feroz que incluyó un llamado al boicot. Este recorrido no fue lineal y presentó una multiplicidad de causas: desacuerdos en materia de política económica, la dinámica que subyacía en el proceso de intercambio político que implicaba el Pacto Social, y la acentuación del conflicto al interior del peronismo que marcó la etapa. Al mismo tiempo, el programa económico fue uno de los puntos nodales de debate en la disputa con la conducción del justicialismo.

Es por ello que, con una metodología eminentemente cualitativa, realizaremos un análisis diacrónico de las posiciones de Montoneros respecto del Pacto Social. Para lograrlo, a lo largo del artículo recurriremos principalmente al análisis de documentos de la organización, declaraciones de sus dirigentes y la revista El Descamisado. Ésta se constituyó en un verdadero órgano de prensa de Montoneros, ya que, como señala Daniela Slipak (2015), se trató de un proyecto de su conducción que tuvo el objetivo de homogeneizar el discurso de un espacio que se ampliaba rápidamente. Este carácter inescindible entre la línea política oficial de la organización y la revista quedó descubierto en las pocas rispideces que se sucedieron en el staff periodístico, siempre resueltas en favor de la Conducción Nacional, ya que se argumentaba que “la publicación debía respetar la línea oficial de la Organización y que toda diferencia debía plantearse en los ámbitos de militancia, no en las notas de la revista” (Slipak, 2015, p. 62). En un contexto de fuertes disputas con el gobierno, fue clausurada y sucedida por dos iniciativas editoriales similares: El Peronista Lucha por la Liberación y La Causa Peronista.

De este modo, luego de la introducción, el artículo se estructura en cuatro apartados. En el primero de ellos, presentamos algunos elementos de la experiencia de Montoneros en el período previo a 1973, las características del programa económico social propuesto por el gobierno entrante y ciertas nociones que nos permiten abordar teóricamente su dinámica. A su vez, los apartados subsiguientes se corresponden con tres etapas que podemos distinguir analíticamente en este recorrido de las posiciones de la organización frente al Pacto Social, que discurrieron en un camino de acentuación crítica desde la moderación hasta el rechazo total.

Entre la revolución y los acuerdos tripartitos. Montoneros, el Pacto Social y el intercambio político

La distancia impuesta entre Perón y los peronistas por el exilio obligado del primero a partir de 1955 no logró disolver el vínculo de conducción, sino que, en 1973, se observaba que el espacio político era más amplio y diverso que en su primera versión. Por un lado, durante la década del sesenta se habían producido dos fenómenos simultáneos que coadyuvaron a la heterogeneización del movimiento peronista. Grupos de variadas tradiciones de la cultura de izquierdas (Altamirano, 2000), acicateados por experiencias que ponían en crisis las lecturas clásicas del marxismo,² habían experimentado un acercamiento a las preocupaciones de raigambre nacional que, en muchos casos, los llevó a un proceso de peronización. Al mismo tiempo, Perón había alentado esos nuevos vínculos a través de repetidos elogios a figuras y procesos de izquierda, como el Che Guevara, Fidel Castro, Mao Zedong, y la propia Revolución Cubana, entre otros. Reconocía también a nuevos actores dentro del movimiento: alentó el accionar de grupos de jóvenes peronistas que abogaban por las armas como herramientas para la política y los reconoció como parte de sus “formaciones especiales” (Friedemann, 2021). A finales de la década del sesenta, el líder exilado comenzó también a hacer referencia al “socialismo nacional”, a veces como un horizonte deseable para la realidad argentina, otras como un destino casi inexorable, aunque el contenido de este enunciado no era claramente definido.

En contraposición, la diversificación del peronismo incluyó la proliferación de organizaciones que reivindicaban la tradición hispanista, la naturalización de las jerarquías sociales y el anticomunismo. Estas conformaron un espacio más acotado que sus rivales dentro del espacio político, pero no por ello menos relevante; y también se identificaban bajo el liderazgo de Perón (Besoky, 2016; Denaday, 2017).

Expresión de parte de esta heterogeneidad, el 29 de mayo de 1970, primer aniversario del Cordobazo y, a la vez, Día del Ejército, un grupo de jóvenes de raigambre cristiana secuestraron y ejecutaron a Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto durante el gobierno militar inaugurado por el golpe de Estado de septiembre de 1955. El lanzamiento de la organización Montoneros sacudía así el escenario político: no se trataba de la primera organización guerrillera peronista, pero, especialmente a partir de 1972, el grupo exhibiría una particularidad al articular sus acciones armadas con numerosas actividades políticas territoriales (Bartoletti, 2010; Gillespie, 2011; Lanusse, 2005).

Una clave central para abordar el período previo a 1973 radica en la manera en que estas organizaciones político-militares de la izquierda peronista³ (Friedemann, 2021) se relacionaron con el justicialismo en tanto estructura política. En un texto pionero, Richard Gillespie (2011) retomó un debate de la época: la disyuntiva entre impulsar una alternativa independiente de las estructuras justicialistas –“alternativismo”– o la de insertarse en el movimiento peronista bajo el liderazgo de Perón –“movimientismo”–. Dos décadas más tarde, Lucas Lanusse (2005) propuso incorporar en el análisis una tercera categoría denominada “tendencismo”.

A su vez, Mora González Canosa y Mariela Stavale (2021) recuperaron recientemente esta clasificación triádica, sistematizando los aportes previos y reivindicando su potencial analítico. Como síntesis, podemos decir que el movimientismo implicaba la interpretación del peronismo como un movimiento revolucionario conducido por un líder de la misma condición. En este esquema, el rol de estas organizaciones estaba claramente bajo el liderazgo de Perón, y podía abocarse a un espacio particular dentro del movimiento –por ejemplo, en la rama juvenil o integrarse como parte de las “formaciones especiales”–. Por otro lado, los alternativistas proponían mantener al peronismo como una identidad con gran potencial por su carácter popular, pero no aceptaban convivir con la dirigencia sindical mayoritaria, que no tenía una perspectiva de conflicto clasista. Esta postura veía en Perón a un líder no revolucionario –aunque sí nacional– y proponía construir una herramienta política propia, por fuera de las estructuras del justicialismo, que potenciara el trabajo sindical desde “las bases”, ya que la clase obrera constituía el sujeto revolucionario por excelencia. Desde esta perspectiva, se descartaba cualquier alianza obrero-patronal.⁴ Finalmente, el tendencismo se planteaba, en cierto modo, como un camino intermedio. Consistía en reconocer la potencialidad revolucionaria del peronismo y buscar dar una lucha a su interior a través de la creación de una tendencia revolucionaria en su seno, manteniendo, mientras fuera conveniente, una cohabitación táctica con la dirigencia sindical, que era definida, por lo menos, como no revolucionaria. El objetivo era hegemonizar el movimiento peronista para encabezar la revolución.

Lanusse (2005) señala que es el tendencismo la caracterización más adecuada para abordar Montoneros. González Canosa y Stavale (2021), que comprenden a estas categorías como tipos ideales weberianos, acuerdan, pero señalan la necesidad de atender a la heterogeneidad de los actores que integraban la organización, pudiendo encontrar a su interior posiciones más cercanas a una u otra categoría⁵;mientras que, también, deben ser tenidos en cuenta ciertos tránsitos posibles entre estas posiciones. Quizás, el elemento que más vinculaba a Montoneros con el tendencismo consistía en que, manteniendo el socialismo como objetivo último, decidió ampliar su participación en distintas esferas del heterogéneo movimiento peronista a través de sus “frentes de masas” u “organizaciones de superficie”, como la JP Regionales, organización presentada en julio de 1972 que la insertaba en la juventud del movimiento peronista (Tocho, 2015), y la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) –fundada en abril de 1973– en el ámbito sindical,⁶ en este caso entrando en competencia con las ya asentadas organizaciones sindicales justicialistas. La capacidad de movilización a través de estos espacios le permitió a Montoneros constituirse en un actor protagónico de la campaña electoral de 1973⁷ (Bartoletti, 2010; Gillespie, 2011).

El regreso del justicialismo al gobierno y la propuesta del “Pacto Social” implicaban entonces una serie de desafíos a resolver en términos de definiciones políticas para una organización que combinaba al peronismo como identidad, el socialismo como objetivo y la lucha armada como una de sus tácticas, a la vez que propugnaba la guerra popular prolongadada⁸ (Lanusse, 2005; Bartoletti, 2010). En materia económica, luego de dieciocho años de proscripción del peronismo, el programa presentado por el gobierno mostraba signos de moderación: definía aumentos salariales en términos reales que apuntaban a una redistribución progresiva del ingreso cuya meta era alcanzar una distribución 50/50 entre trabajadores y empresarios recién en 1977; y estimulaba el consumo, pero esperaba que el ahorro y la inversión lo superaran (Pryluka & Coviello, 2018; Rougier & Fiszbein, 2006; Vitto, 2012). Además, generaba instancias de diálogo en las que, en definitiva, y frente a la representación de los asalariados asumida exclusivamente por la CGT, los empresarios tenían representación garantizada por Julio Broner, presidente de la CGE, mientras que el ministro Gelbard era también el anterior titular de esa entidad.

Precisamente por la conjugación de elementos redistributivos junto a los signos de moderación, recientemente se ha retomado una clásica discusión sobre el carácter del programa, alrededor de si se trató de un plan populista (Blejmar, 2020; Canitrot, 1978; De Riz, 1981; Sturzenegger, 1992). Sin embargo, para nuestros fines, encontramos más útil definirlo a partir de los actores que articulaba y el tipo de relación que entre ellos definía.

Entendemos que constituyó, en términos conceptuales, un pacto social⁹ en tanto se trató de:

Un esquema de diálogo social en el cual el gobierno y los actores sociales involucrados acuerdan la formulación conjunta y coordinada de políticas públicas sobre asuntos específicos y diversos, tales como la política de control de precios y salarios, de empleo, reformas laborales y/o modificaciones en materia de seguridad social, entre otros (Benes y Gurrera, 2018, p. 86).

El pacto social es entonces una forma específica de diálogo social, que requiere una institucionalización de sus acuerdos (Ahlquist, 2008), en este caso a través del ACN y otros convenios similares de carácter sectorial. A su vez, el italiano Gian Enrico Rusconi (1985) identifica al intercambio político como la lógica que subyace en acuerdos de este tipo. Señala que se trata de “una situación en la cual se negocian bienes de naturaleza diversa, a medio camino entre la economía y la política. Los protagonistas de la transacción son los grupos sociales organizados y el Estado, en varias combinaciones.” Al mismo tiempo, los bienes en juego pueden ser diversos: “salarios, ocupación, inversiones, facilidades de crédito o tributarias, etcétera, pero también lealtad política, consenso democrático o simplemente suspensión de disenso activo, postergación de sanciones” (1985, p. 67).

A partir de esta definición, utilizaremos un concepto que nos permite operacionalizar el planteo de Rusconi. Nos referiremos a los términos de intercambio político como el conjunto de bienes políticos y materiales que los actores aceptan otorgar y recibir en un momento dado del pacto social. De este modo, en el ACN parte de ellos se encontraban explícitos: establecía un aumento de suma fija para los asalariados de $200 –representaba un 20% del salario mínimo y un 14% del salario promedio– y ajustes al alza en las tarifas de servicios públicos, retrotraía en determinados rubros aumentos preventivos que las empresas habían aplicado en los días previos, y, luego de reajustar precios en línea con las modificaciones tarifarias, los congelaba por dos años. De manera expresa, solo mencionaba una corrección de los sueldos, atada a la productividad, prevista para el 1 de junio de 1974. Además, establecía aumentos para las jubilaciones, pensiones y el salario familiar; y definía instancias de diálogo tripartitas entre los firmantes del acuerdo, y metas para diversas áreas de la economía (“Acta de Compromiso Nacional”, 1973; Di Tella, 1986; Rougier y Fiszbein, 2006; Vitto, 2012). Pero otros no figuraban en documento alguno, sino que estaban implícitos en el acto mismo de lograr estos acuerdos: tanto la legitimación que obtenía el gobierno por parte de los representantes sindicales y empresarios, como la legitimidad que la CGT y la CGE recibían como interlocutores privilegiados por el Estado. A su vez, los sindicatos resignaban implícitamente su poder de huelga por reclamos salariales al firmar pautas por anticipado. En el intercambio político, estos elementos conviven con la disputa respecto a las reglas que rigen ese intercambio: “(…) estas reglas dependen del consenso social, que con ello juega el doble papel de objeto central de intercambio y precondición del mismo” (Rusconi, 2021, p. 204).

La lectura en esta clave reconoce la disparidad de los actores, y subraya la importancia de sus elementos identitarios, entre ellos su ideología, ya que “presupone y confirma la no equivalencia de los sujetos y de los bienes en juego. Los diversos contratantes les invisten el sentido de su acción colectiva, experimentando al adversario en sus recursos y límites (…)”. Es así que se involucran en una relación “de confrontación y confirmación de disparidad. De este intercambio la identidad de partida surge desmentida, confirmada o simplemente cambiada” (Rusconi, 1985, p.82).

Es así que el tránsito de las posiciones de Montoneros respecto del programa nos permite abordar un caso de un actor que no está involucrado formalmente en el pacto firmado, pero, sin embargo, define posturas políticas al respecto y, de ese modo, se ve afectado por el intercambio político subyacente, al punto de que se producen importantes modificaciones en sus discursos.

La moderación montonera. El apoyo ambiguo al Pacto Social y la aceptación de los términos de intercambio político

La asunción del presidente Héctor Cámpora en mayo de 1973 y el delineamiento del Pacto Social implicaban un desafío para Montoneros en términos de legitimación. En tanto el programa de visos corporativistas incluía una validación explícita del rol de la CGT y de la CGE como actores sociales relevantes a la hora de tomar decisiones gubernamentales, la organización liderada por Mario Firmenich debía definir su postura sobre el programa del gobierno al que había apoyado durante la campaña electoral. En su calidad de integrante de la coalición oficialista, el pacto le imponía límites políticos, al menos temporarios, al campo de reivindicaciones posibles a impulsar: establecía, por caso, pautas de aumentos salariales moderadas por dos años, lo que significaba un límite a las aspiraciones redistributivas.

Sostendremos al respecto que, en los comienzos del gobierno peronista, Montoneros estuvo lejos de plantear una postura fuertemente clasista que imposibilitara apoyar un programa diseñado por los empresarios. Por el contrario, decidió acatar el liderazgo de Perón, el plan de Gelbard, y los términos de intercambio político que éste implicaba. Nos diferenciamos así de los análisis que consideran que la primera definición sustantiva a tener en cuenta sobre el Pacto Social es el discurso de Firmenich del 22 de agosto de 1973 (Lissandrello, 2012, p. 91; Pacheco, 2014, p. 252), que implicaría iniciar este relato con una postura abiertamente crítica. Pero, por otro lado, tampoco adherimos al análisis que Gillespie hace al respecto, sobre un apoyo al Pacto Social “sin ninguna crítica al principio” (2011, p. 224), ya que, incluso en una posición de apoyo general al programa, Montoneros siempre manifestó críticas puntuales a determinadas medidas y funcionarios del gabinete de Gelbard.

En los primeros números de El Descamisado, publicados en las semanas previas a la asunción de Cámpora, las referencias a fenómenos económicos se hacían mayormente a partir de categorías políticas o sociológicas: se acusaba al gobierno militar de favorecer al “imperialismo” y al “antipueblo” en desmedro de los intereses populares. En el número cero, así identificaba el principal flagelo de la economía doméstica:

Si algo gracioso puede encontrarse en esta verdadera expropiación del valor adquisitivo¹⁰ de los salarios son las promesas oficiales (…) Como es obvio la inflación no se redujo sino que, por el contrario, intensificó su velocidad al tiempo que los salarios se mantenían prácticamente congelados. (“El costo de la vida. Terrorismo económico”, 1973, p. 10)

Dos elementos resultan destacables. Por un lado, la denominación de la escalada inflacionaria como una “expropiación del valor adquisitivo de los salarios” refleja una etapa en la que la organización veía al Estado como enemigo, todavía colonizado por las Fuerzas Armadas. Así, no hay menciones a actores ajenos al Estado, como las empresas que se beneficiarían de estos aumentos de precios. La segunda dimensión es la preocupación central por la inflación en la única nota sobre economía que presenta la revista en sus primeros números. No hay llamados a la socialización del capital industrial, ni pedidos por una urgente reforma agraria; sino que se limita a enfocar como objetivos prioritarios el control de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Dos elementos que estaban en línea con los puntos centrales que en 1972 habían presentado como programa conjunto la CGE y la CGT. En ese sentido, compartimos las lecturas que tienden a marcar una confluencia de programas entre Montoneros y la CGE en el período (Sanz Cerbino y Lissandrello, 2018), aunque desarrollaremos una serie de matices al respecto.

La moderación montonera era subrayada en ese número por el apoyo a la decisión de Perón de desplazar a Galimberti como representante de la juventud, luego de que éste convocara a la formación de milicias populares: “Se tendenció y dejó de expresar al conjunto del movimiento, precisamente cuando Perón le otorgó una holgada confianza como vanguardia, no de la Juventud Peronista, sino de toda la juventud argentina” (“La renuncia de Galimberti…”, 1973).¹¹ Estas afirmaciones cercanas al movimientismo expresaban a su vez un acatamiento a las decisiones de Perón, que había definido, junto a Cámpora, que Gelbard ocupara la cartera económica. Sin embargo, el nuevo ministro no era una figura apreciada por los sectores de la izquierda peronista, en parte porque había logrado hacer grandes negocios con el Estado durante el final de la autodenominada “Revolución Argentina” y, al mismo tiempo, nunca se había identificado de manera inequívoca con el peronismo (Blejmar, 2019; Seoane, 2018).

De ese modo, los indicios sobre las ambigüedades del apoyo al programa pueden encontrarse tanto en los resquemores hacia la figura de Gelbard como en algunas escasas críticas programáticas que Montoneros deslizará en esta primera etapa. El mismo día en que se firmó el ACN, Firmenich y Roberto Quieto¹² dieron una conferencia de prensa conjunta, celebrando la asunción del gobierno justicialista y su decisión de liberar a los presos políticos que había detenido la dictadura saliente. El diario La Nación destacaba:

La declaración no incluye alusiones a las medidas económicas del nuevo gobierno y sólo dice dentro de este orden que “ahora es necesario que este proceso de cambios se generalice a todas las áreas, especialmente al campo económico, para satisfacer las urgentes necesidades de las clases populares y se concreten medidas contra los enemigos de la Patria, en primer término las grandes empresas monopólicas” (“ERP, Far y Montoneros”, 1973, p. 16)

La primera declaración de los líderes de FAR y Montoneros no contenía un apoyo explícito al programa, pero tampoco una impugnación a los términos de intercambio político del Pacto Social. Esa misma semana, ambos subrayaban la necesidad de mantener un “frente de clases”, a todas luces coherente con la aplicación de un pacto de este tipo, aunque señalaban que ese momento debía significar “la transición hacia la construcción nacional del socialismo” (“Responden los compañeros Firmenich y Quieto”, 1973, p. 3).

El análisis de El Descamisado sobre el ACN era algo más generoso: “las medidas anunciadas (…) tienden a aumentar la riqueza nacional, evitar que el imperialismo se la lleve, y a distribuirla en forma creciente para beneficio de los trabajadores”. De todas formas, demostraba su desconfianza hacia el capital al destacar que era el producto de un acuerdo entre la CGT y los empresarios de la CGE, por lo que, para que estos cumplieran, era necesario el accionar del aparato punitivo del Estado, y, fundamentalmente, “la movilización popular” (“Acuerdo social y control de los trabajadores”, 1973, p. 13).

La operación intelectual es notable: el programa económico formal había dejado afuera de la mesa de acuerdos a Montoneros, ya que el pacto tripartito solo requería la validación de los actores corporativos, en este caso, la CGE y la CGT. Pero Montoneros se daba a sí mismo un lugar en el programa al otorgarle un rol central a la movilización popular, la herramienta que podía aportar a través de sus “frentes de masas”. No era necesario impugnar los términos de intercambio político del Pacto Social mientras la organización pudiera atribuirse el rol de custodio de los mismos, en tanto mediador con el pueblo y promotor de su movilización. Al mismo tiempo, profundizaba la relación entre economía y política plebeya: en su discurso convertía en condición necesaria la movilización política popular para lograr los objetivos económicos.

En la misma línea argumental, sostenían que sería la movilización el elemento que permitiría superar “esta etapa de transición (…) para pasar a etapas superiores del poder popular” (“Acuerdo social…”, 1973, p.13). Pero esta calificación de la etapa como “transitoria” era acompañada por la celebración de anuncios como la nacionalización del comercio exterior de carnes y granos, la reforma financiera, y cambios en la política para inversiones extranjeras.

El rol de control que se atribuía la organización no era meramente declarativo, sino que uno de los primeros aportes que proponía al Pacto Social era el control popular de precios. Es así que la JP anunciaba la puesta en funciones de una Comisión de Movilización y Control que se ocupara del tema (“Van a cobrar lo que dice Cámpora…”, 1973). En la edición de El Descamisado del 19 de junio, se festejaba que “el gobierno del pueblo bajó los precios”, aunque advertía que “el pueblo debe exigir su cumplimiento” (“Defenderse, movilizarse…”, 1973, p. 10). La hipótesis montonera consistía en que si el poder de policía del Estado no era suficiente para ejercer controles, había que recurrir a la intervención popular:

Todos recordamos que muchos gobiernos intentaron controlar el alza de los precios lanzando legiones de inspectores a las calles para que recorran los comercios. Sin embargo, por la coima, por el ocultamiento o por la escasez de inspectores, tales campañas nunca dieron resultado. Es el pueblo en su conjunto el único capaz de garantizar que se cumplan las medidas establecidas por el gobierno popular (“Defenderse, movilizarse…”, 1973, p. 10).

La publicación señalaba entonces que el rol de este monitoreo debía ser lograr que los patrones cumplieran su parte del trato con respecto al pacto social vigente mediante un discurso que, en la práctica, no hacía distinciones entre grandes empresarios nacionales y pequeños comerciantes. Así afirmaba que “no deben existir falsas solidaridades con los comerciantes vecinos y amigos”. Si uno de ellos remarcaba precios, la alternativa era no comprar o “denunciarlo, para que se lo castigue a él”. El cierre incluía también un ataque contra los funcionarios: el control debían hacerlo los trabajadores, porque “sino nadie lo hará. Menos los enemigos internos que lograron puestos en el equipo económico” (“Defenderse, movilizarse…”, 1973, p. 10). Pero la crítica no era límpida: ¿el problema era Gelbard o algunos de los funcionarios designados por él? En junio, la publicación todavía no apuntaba directamente al ministro; señalaba, en cambio, nombramientos en su cartera que expresaban continuidades con el régimen precedente.¹³

Los violentos sucesos del 20 de junio en Ezeiza,¹⁴ con el consiguiente agravamiento de la disputa intraperonista y la advertencia de Perón a los “enemigos embozados y encubiertos o disimulados” (1987, p. 13) tuvieron un doble efecto: momentáneamente desviaron la atención de la organización de la economía, pero, por otro lado, cuando volvió a referirse al tema, acentuó la dimensión crítica de su discurso. Así, el 10 de julio apareció en El Descamisado la primera censura directa a las políticas impulsadas por Gelbard contra la propuesta de crear una Corporación de Empresas Nacionales (CEN), que nuclearía a todas las compañías que tuvieran participación del Estado Nacional, exceptuando aquellas del área de Defensa. Consistía en un organismo de supervisión y coordinación unificado con participación de la CGE y otras corporaciones patronales (Rougier & Fiszbein, 2006, p. 166). El órgano de prensa planteaba que la medida se oponía “totalmente a la doctrina justicialista y a los objetivos del gobierno popular” (“¿Quieren privatizar el Estado?”, 1973, p.29). La alternativa presentada por la revista no era inocente: reformar las empresas con participación estatal, reforzando el control directo del Poder Ejecutivo, según la ley 13.653 dictada por el primer gobierno peronista en 1949. Así, la crítica económica se convertía en una disputa por la doctrina política justicialista: desde el espacio montonero, muchas veces atacado por enarbolar una supuesta heterodoxia dentro del justicialismo, se proponía regresar al tratamiento del sector público de la producción que había primado en el primer peronismo. Se trataba, al mismo tiempo, de enfrentar a los sindicatos de la CGT, que, de hecho, lograrían ubicar a sus hombres en el directorio de la naciente corporación, modificando, según Di Tella (1986), el espíritu eficientista de la propuesta.

En el mismo número se repetía una nota de reprobación contra el entorno de Gelbard: en este caso por sus vínculos comerciales y políticos con Jacobo Timerman, empresario antiperonista: “antes con Lanusse, ahora con Gelbard” (“De la prensa del régimen...”, 1973, p. 14). Lo cierto es que, a medida que se acentuara el conflicto con Perón, Montoneros profundizaría también sus críticas al ministro y su plan económico.

Para principios de agosto ya se habían acumulado una serie de eventos que alejaban a Montoneros del poder político, y, particularmente, de Perón: la reacción de éste posterior a los hechos de Ezeiza, la renuncia de Cámpora y su reemplazo por Lastiri, y, finalmente, la nueva fórmula presidencial que incorporaba a María Estela Martínez.¹⁵ No obstante, mantenemos este momento dentro del primer período, de apoyo con ciertas ambigüedades al programa, ya que todavía no existía un discurso de crítica frontal. De hecho, en los primeros días del mes, el diputado Roberto Vidaña, referente de la JP Regionales, estableció la posición del espacio respecto a nuevos proyectos legislativos que formaban parte del programa económico, y el balance presentado era claramente positivo: sobre cinco proyectos, se manifestaba a favor de cuatro de ellos, oponiéndose solamente a la mencionada CEN. Más allá de observaciones particulares, opinaba favorablemente respecto de los proyectos presentados para una nueva ley de inversiones extranjeras; la nacionalización del comercio exterior; la promoción industrial y minera; y reformas en el sector agrario, de las cuales, aclaraba, “la más importante es la que establece el impuesto a la renta normal potencial de la tierra” (“¿A quién se la quieren contar?”, 1973, p. 28).

Sin embargo, como parte de esas ambigüedades, en el mismo número el órgano de prensa incluía una acusación contra un hombre del gabinete económico: “GIVERTI… NEPOTISTA” (sicc).¹⁶ Se acusaba al secretario de Agricultura y Ganadería de lograr que Gelbard nombrara a su esposa en la misma dependencia y mantener funcionarios del régimen militar (“GIVERTI… NEPOTISTA”, 1973). Curiosamente el apuntado era el impulsor de la ley que establecía el elogiado impuesto a la renta normal potencial de la tierra.

En cuanto a los efectos del programa económico, en junio la inflación había sido negativa, y en los dos meses siguientes no había alcanzado el 1%, mientras que en los primeros cinco meses del año había acumulado un 32,1% (INDEC, s.f.). A pesar de que en su diagnóstico de partida acusaba a la inflación de ser una “expropiación del valor adquisitivo del salario”, Montoneros no identificaba la drástica reducción como un logro del campo popular.

Durante esta primera etapa, a pesar de críticas particulares, la organización no impugnaba los términos de intercambio político, y, al mismo tiempo, se proponía como fiel custodia de los mismos. Este período nos permite presentar una clave conceptual del trabajo: el proceso de intercambio político, mientras articule un pacto social, no sólo condiciona a quienes lo firman, sino a todos los actores políticos y sociales, en tanto se manifiesten con respecto a un pacto firmado por otros, que tiende a regular variables que pueden afectar a todo el cuerpo social –precios, salarios y tarifas, entre otros–. Esta exterioridad en cuanto a lo formal no implica que el proceso no tenga impacto entonces en estos actores, cuyos discursos y rasgos identitarios iniciales también pueden verse confirmados, negados, o modificados.

“Romper el cerco” para cambiar el rumbo. La exterioridad de Montoneros ante el Pacto Social y el recrudecimiento de la disputa intraperonista

El acto que convocó Montoneros el 22 de agosto de 1973 incluyó la primera aparición pública de Firmenich y Quieto al frente de un acto multitudinario, en el que presentaron una crítica abierta al Pacto Social. No obstante, como señala acertadamente Pacheco en lo que define como un “acatamiento crítico” (2014), no se trataba todavía de un rechazo total a la idea del “frente de clases”, sino de una objeción a la forma que adoptó. Así, este segundo período se caracterizaría por una fuerte presencia de críticas al programa económico, pero alternando todavía algunos elogios, y rescatando la idea de la alianza policlasista.

Firmenich abogó en el acto por “una revolución que necesariamente debe ser conducida por la clase obrera organizada”, pero su discurso señalaba una falla en las instancias tripartitas del Pacto Social: “los trabajadores no tienen representantes. Porque tienen allí, en la CGT, una burocracia con cuatro burócratas que no representan ni a su abuela…” (“El discurso de Firmenich”, 1973, p. 5). Si en el discurso se exigían modificaciones al pacto establecido, solo se detallaban aquellas concernientes a la representación sindical; en cambio, no se hallaban todavía críticas concretas a su contenido. A su vez, la contienda que proponía dar la conducción montonera en el campo sindical en este período se atenía a la pretensión de emprender una disputa al interior de las instituciones existentes, como demostraba Firmenich al corregir a quienes cantaban “JTP, la nueva CGT”: “(…) Una cosa es la CGT, que equivale al sindicato, y otra cosa es la JTP que equivale a la agrupación. Tenemos que fortalecer la JTP para ganar la conducción política de toda la CGT” (“El discurso de Firmenich”, 1973, p. 5).

Montoneros no llamaba todavía a romper el pacto social. Declamaba, por el contrario, la idea de ganarse un asiento en esa mesa de acuerdos y decisiones por la vía institucional, para desplazar a las “falsas representaciones” de la clase obrera. La idea tendencista de disputar la hegemonía de la representación obrera al interior del movimiento buscaba trasladarse también al campo de la CGT, en tanto entidad corporativa de la sociedad civil. Simultáneamente, El Descamisado festejaba el anuncio que había realizado Gelbard por el cual se le otorgaba un crédito a Cuba (“Peronismo: concretamente antiimperialista”, 1973) y la recepción a delegaciones del bloque comunista (“Argentina y el campo socialista”, 1973). En el mismo número, sin embargo, se denunciaba el desabastecimiento de combustibles, y la importación de petróleo con precios excesivos; todo ello como muestra de la “dependencia” que Argentina debía “dejar atrás” (“Esto es un robo …”, 1973).

En la última semana de agosto, la JTP realizó su primer encuentro nacional, en el que, a través del documento resultante de sus mesas de trabajo, reforzó las críticas al Pacto Social. Si bien lo reconocía como una “herramienta programática de la necesaria alianza de clases”, remarcaba que “ese Pacto debería reflejar la hegemonía de la clase trabajadora, beneficiar a las clases que lo componen y perjudicar a las fuerzas imperialistas y oligárquicas” (“Propuestas…”, 1973, p. 30). El diagnóstico comenzaba a avanzar entonces no solo hacia la representación, sino hacia su contenido y los términos de intercambio político que implicaba, reclamando un “aumento real de salarios” y “la nacionalización de los resortes básicos de la economía”. Particularmente, el reclamo de aumentos salariales en agosto, menos de tres meses después de la firma del ACN, implicaba una estocada a los términos de intercambio político del pacto. En definitiva, exigían una “reformulación del Pacto Social para que sea realmente la expresión programática del Frente de Liberación Nacional” y respetase la hegemonía de los trabajadores (“Propuestas…”, 1973, p. 30).

En nuestro marco analítico, es lógico que la avanzada contra el programa dentro de la esfera de influencia de Montoneros proviniera de la JTP, porque era la agrupación que se encontraba en competencia directa con los dirigentes que encabezaban la CGT.

El 23 de septiembre, Perón fue consagrado presidente con el 62% de los votos, pero la algarabía general duró poco: el 25, José Ignacio Rucci era ejecutado en el barrio porteño de Flores por un grupo comando, en un contexto de espiralización de la violencia entre los contendientes del peronismo. La muerte del secretario general de la CGT, uno de los tres hombres que rubricaron el ACN, tenía un peso político inusitado. Las críticas a su figura por parte de Montoneros habían crecido en los últimos tiempos, pero luego de los hechos nadie se atribuyó la autoría. Sin embargo, desde entonces han sido numerosos los testimonios de militantes que afirmaron que el responsable de la operación fue un grupo de militantes del núcleo que conformaban Montoneros y FAR (Amorín, 2006; Anguita y Caparrós, 1998; Duzdevich et al., 2015, pp. 149–152; Flaskamp, 2002; Gasparini, 1999; Mero, 2014).

En un artículo en el que analiza los abordajes académicos sobre el período, Omar Acha denomina violentología a “una discursividad que encuentra en la violencia política la razón fundamental de una época desquiciada” (2010, p. 2). Este trabajo no pretende inscribirse dentro de la tradición que centra en la violencia su abordaje del período, y creemos que el análisis de las posturas sobre el Pacto Social ilumina una arista eminentemente política del conflicto entre Perón y Montoneros. Aun así, la acumulación de testimonios en ese sentido permite inferir que la disputa intraperonista afectó en este punto el desarrollo del Pacto Social de manera directa, a través de la literal eliminación de uno de sus firmantes.

En el número posterior a los hechos, El Descamisado parecía descubrir ciertas bondades en la trayectoria del fallecido: sostenía que “Rucci empezaba a transitar, en los últimos días de su vida, la oposición al Pacto Social firmado con Gelbard” (“La vida y la muerte de José Rucci”, 1973, p. 5).¹⁷ En la misma edición, reaparecían críticas al ministro, ya que consideraban que actuaba en complicidad con personajes a los que acusaban por corrupción en un caso relacionado con Aerolíneas Argentinas (“Nos afanaron 50.000 millones”, 1973). Críticas similares se repetirían por el desplazamiento del titular de YPF –“El pueblo apoya a Fatigati por lo mismo que odia a Gelbard” (“Aquí mandan Shell y Esso”, 1973)–, y por supuestos intereses en Canal 13 compartidos con Jacobo Timerman y el empresario antiperonista Goar Mestre (“Siempre listos... para servir al imperialismo”, 1973).

Las críticas de la organización se acentuaban a medida que escalaba su conflicto con Perón. En septiembre, Firmenich había iniciado una gira de charlas por las regionales de la JP, en las que desarrollaba conceptos plasmados en un documento interno –los militantes de la época lo recuerdan como “Biblia” o “Mamotreto”– que exponía las diferencias con el líder del movimiento (Duzdevich et al., 2015; Salcedo, 2011). En el terreno económico-social se reflejaría en el paso de Montoneros desde la aceptación de los términos de intercambio político hacia un progresivo cuestionamiento, como así también, en un orden político más general, en el distanciamiento desde ciertos discursos movimientistas hacia el tendencismo abierto, en especial en cuanto al enfrentamiento con los dirigentes sindicales. Al mismo tiempo, Rocío Otero sostiene que, a partir de estas definiciones, la organización “comenzó a enfatizar en la lealtad a los intereses de los trabajadores, restándole peso al vínculo de Perón con sus seguidores” (2019, p. 149), elemento que explica el mayor lugar que otorgaba a la JTP en el espacio público, en particular en cuanto a sus críticas al Pacto Social.

La disputa interna del peronismo se acentuaba en los primeros días de octubre con la publicación por parte del diario La Opinión de un documento de la conducción del justicialismo contra la izquierda peronista.¹⁸ Montoneros respondió vinculando al director del periódico con sus adversarios. Así, calificaban a Timerman como “fervoroso paladín del Pacto Social de Gelbard, de los burócratas sindicales” (“Y esto qué es”, 1973, p. 2). El 12 del mismo mes, Perón asumió la presidencia por tercera ocasión, y Montoneros y FAR anunciaron formalmente su unidad. Si Slipak (2015) ha podido identificar ciertos discursos que relatan la historia de Montoneros a partir de un desvío, que en algunos casos es asociado a la influencia de lecturas marxistas por parte de los cuadros de las FAR,¹⁹ el discurso de Quieto para la ocasión parece ser un elemento en el sentido opuesto a esas voces. Se manifestaba a favor de la alianza policlasista para la etapa entre trabajadores, sectores medios, y pequeños y medianos empresarios. Y afirmaba que los que proponían otros caminos “confunden los deseos con las realidades y no tienen en cuenta la correlación de fuerzas, el nivel de conciencia y de organización de nuestro pueblo (…)” (“Roberto Quieto”, 1973, p. 20). A pesar de las críticas al programa, la organización no renunciaba a la idea de la alianza de clases.

En ese contexto, Montoneros seguía difundiendo sus posiciones sobre iniciativas puntuales que concernían al Pacto Social. Primero, se manifestó a favor de la Ley de Prescindibilidad en el Estado como una herramienta que le permitiera al gobierno “eliminar de las esferas de conducción a los funcionarios reaccionarios” (“La JTP fijó…”, 1973, p. 14). Más reservas expresó con el proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales, que buscaba dar un nuevo marco a la actividad sindical. Si bien Dardo Cabo²⁰ reconocía que iba a fortalecer “a los trabajadores en su organización”, se expresaba preocupado por una cláusula que permitía a la dirección nacional de un sindicato intervenir a las de grado inferior (Cabo, 1973a, p. 9). La JTP emitió una solicitada que reivindicaba el hecho de que “solamente quienes eligen pueden revocar el mandato de sus representantes” (“Al Excelentísimo…”, 1973, p. 3).

Hacia finales de 1973, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista emitió una resolución en la que desconocía a la JTP como parte de la rama sindical del peronismo (“La JTP existe”, 1973). Esta exclusión marcó un parteaguas, y desde entonces se observaría una marcada acentuación de los discursos críticos, transitando desde los ataques a los representantes del Pacto Social, hacia un rechazo cada vez más tajante de sus términos de intercambio político, en particular en lo concerniente al congelamiento salarial:

“Haciendo un largo autoelogio [Gelbard] se presentó como el frenador de la inflación, del costo de la vida y como campeón de la destrucción de las causas de la inflación. Todo mentira: porque los precios han sido compulsivamente frenados, pero el mercado negro es el que regula esos precios (…) Gelbard congela precios y salarios sin aumentar la producción” (Cabo, 1973b, p. 3).

Si previamente la inflación había sido definida como una “expropiación del poder adquisitivo de los salarios”, ahora, en un momento de enfrentamiento con el gobierno, Montoneros no estaba dispuesto a reconocerle méritos tan fácilmente en un contexto en el que se comenzaban a sentir los primeros efectos de la crisis del petróleo: “el asunto sigue siendo la dependencia, la dependencia de la inflación de los yanquis que pagamos nosotros” (Cabo, 1973b, p. 3). El editorial concluía con una acusación contra Gelbard por “desvirtuar” el sentido que Perón originalmente le habría buscado dar a la política económica, en una suerte de reedición de la Teoría del Cerco.²¹

El clima de disputas políticas convivía con dos elementos que comenzaban a horadar el programa económico: por un lado, la retracción de la inversión privada, que era compensada por aumentos en la inversión pública, pero generaba resultados magros en términos del crecimiento de la inversión total (Rougier & Fiszbein, 2006). A su vez, el estallido de la crisis internacional asociada al aumento de los precios del petróleo implicaba un incipiente deterioro de la balanza comercial argentina, importador neto de energía (Barrera & Vitto, 2009). Así, El Descamisado llegaba al final del año preguntándose en su portada “¿Qué pasa con el Pacto Social?” y comentaba la conferencia de prensa presidencial, llevada a cabo en la CGT el 13 de diciembre:

El General sostuvo: 1) que no habrá aumentos de salarios; 2) que los dirigentes sindicales son leales y honestos; 3) que los que los tildamos de burócratas traidores somos tontos y aventureros; y 4) que el Pacto Social y la política económica llevada adelante hasta el momento cuentan y seguirán contando con su aval explícito.

El quinto, que no aparece verbalmente, es el que más opera políticamente sobre el momento actual: frenar la maniobra vandorista para colocar a Cafiero en Economía. (“¿Qué pasa …”, 1973, p. 2).²²

La interpretación de las palabras de Perón reconocía una descalificación hacia la posición propia, pero en el subtexto intentaba encontrar también un límite a sus rivales internos. Efectivamente, había respaldado en su discurso a los dirigentes de la CGT, a quienes calificó como “hombres serios y responsables” (Perón, 1987, p. 42). En el mismo discurso había defendido el programa económico y el gabinete responsable, y pedía paciencia: “el mismo Cristo sabemos que curó, etc., pero a arreglar la economía nunca se puso” (1987, p. 42).

El Descamisado reivindicaba todavía la idea del “frente de clases”, pero atacaba el programa realmente existente, “el contenido de este Pacto Social”, apuntando a los términos de intercambio político, en particular al congelamiento de los salarios. El problema se extendía, según el editorial, a las representatividades: por un lado, los trabajadores no podían estar representados si los sindicalistas eran de la “burocracia sindical”, identificada con Lorenzo Miguel y Ricardo Otero, quienes, luego del asesinato de Rucci, no tenían grandes contrapesos en la CGT. Por otro lado, afirmaba que tampoco los pequeños empresarios estaban realmente representados, ya que definía a Gelbard como “gran empresario”, y Broner era directamente omitido en el análisis. Concluía que el reclamo salarial que ahora impulsaba la central sindical era justo, pero que se trataba de una excusa para “la burocracia que ataca al Pacto Social para en realidad destruir la alianza de clases y favorecer al imperialismo”. La única figura capaz de salvar esa alianza era Perón (“¿Qué pasa con el Pacto Social?”, 1973, p. 3).

El editorial deja al descubierto la ligazón entre el diagnóstico económico y el político por parte de Montoneros. Reafirmaba su impugnación a las representaciones del Pacto Social, y al mismo tiempo objetaba los términos de intercambio político del programa. Pero, en un contexto en el que identificaba como su rival principal al interior del peronismo a los dirigentes sindicales, señalaba que la alternativa propuesta por éstos –Cafiero ministro–, resultaría aún peor, la caída definitiva en manos del “imperialismo”.

Sin embargo, en el número siguiente, el foco volvería a ubicarse sobre Gelbard: esta vez él era señalado como un actor favorable al imperialismo ante el anuncio del otorgamiento de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 700 millones de dólares. La crítica se basaba en dos fundamentos: el origen del dinero –“los yanquis no financian nuestra liberación ni la de nadie”–, y su destino relacionado con el fomento de las exportaciones industriales. Según el órgano de prensa, los beneficiarios últimos iban a ser los capitales monopólicos extranjeros (“¿Los yankis nos financian la liberación?”, 1973, pp. 2–3). Otro artículo del mismo número recogía un índice de costos para una familia tipo, realizado por la propia revista, y denunciaba situaciones de desnutrición, tasas elevadas de mortalidad infantil, enfermedades profesionales, deserción escolar y analfabetismo, para beneficio “del imperialismo y la oligarquía” (“El drama del salario”, 1973, p. 10).

Una nueva muestra de que el conflicto con Perón estaba fuertemente marcado por críticas al programa económico se cristalizó en la polémica por el endurecimiento del Código Penal. El análisis de la organización enlazaba este proyecto con la política económico-social: la portada de El Descamisado del 15 de enero de 1974 se preguntaba “¿Pacto Social con represión?”, y en el interior el título del editorial contestaba que “este pacto social requiere esta legislación represiva” (“Este pacto social…”, 1974, p. 2). Según el análisis, los empresarios nacionales se subordinaban a los capitales extranjeros, que requerían medidas como la reforma del Código Penal para invertir, al igual que los organismos financieros para liberar préstamos. Ante este escenario, protestaba porque la nueva ley no incluía “un elemento esencial para el desarrollo de un gobierno popular: la represión y la subversión de los monopolios” (“Este pacto social…”, 1974, p.3).

En el texto se presenta una novedad del discurso montonero al aparecer por primera vez una alternativa al Pacto Social, basada en un mayor poder del Estado:

Es el Estado el que debe centralizar el poder económico y planificar toda la actividad en esta área, avanzando sobre los intereses de la oligarquía y los monopolios; y a partir de allí dar una participación a pequeños y medianos empresarios (“Este pacto social…”, 1974, p. 3).

En la misma edición, enviados a Cuba relataban “Cómo es el socialismo nacional” (“Cuba: cómo es el socialismo nacional”, 1974), proponiendo un contenido para el significante vacío (Laclau, 2005) al que Perón se había referido tantas veces.

En los números siguientes, la publicación hizo foco en el desabastecimiento. Vitto señala a este mecanismo, junto a la falta de inversión y al establecimiento de mercados negros de diversos productos, como las herramientas que parte de la burguesía utilizó para debilitar al gobierno y su programa económico (2012, p.131). Montoneros apuntaba como responsables a los “monopolios imperialistas” locales y extranjeros. Identificaba estos problemas como muestras del fracaso del programa económico, y reclamaba salir de los términos de intercambio político del Pacto Social, en particular los concernientes a las garantías a la propiedad privada: “La gran distribución mayorista y los grandes supermercados (…) deben pasar a manos del Estado” (“La escasez…”, 1974, p. 23).

En lo que aparecía como un intento por acercar posiciones, a finales de enero Perón recibió a Juan Carlos Dante Gullo y Jorge Obeid, en representación de la Juventud Peronista. Según El Descamisado, uno de los puntos de disenso que le plantearon al presidente fue la implementación del Pacto Social (“La entrevista…”, 1974). En la conferencia de prensa posterior, Firmenich volvió a criticar la concepción del pacto y sus representantes, poniéndolo en el centro de sus críticas a la gestión de gobierno (“Renunciamos…”, 1974).

El elemento final de esta etapa que marca el paso desde ciertas ambigüedades de Montoneros con respecto al programa hacia una crítica frontal es la resignificación de elementos que había valorado previamente como positivos. Nos referimos, en particular, a las relaciones geopolíticas: la primera ruptura del embargo impuesto contra Cuba en 1962 (Morgenfeld, 2014) ya no era leída por el órgano de prensa como un hito de una “insobornable postura antiimperialista” (“Peronismo: concretamente antiimperialista”, 1973, p. 25), sino que resultaba relativizada en una nota cuyo título se preguntaba: “¿Rompimos el bloqueo o ya se caía solo?”. La respuesta ofrecida era que el “paso comercial no se da en la peor época del bloqueo, sino cuando este ya está muerto de muerte natural” (“¿Rompimos el bloqueo…?”, 1974, p. 10). Esta matización de hechos que antes habían sido elogiados se producía el 12 de marzo de 1974, pocos días después de que, en Córdoba, el gobierno provincial de Obregón Cano y Atilio López –ambos cercanos a Montoneros– fuera depuesto por un golpe policial ante la pasividad del gobierno nacional, que intervendría la provincia sin reponer a los gobernantes derrocados (Servetto, 2011).

En ese marco, también se producía la relativización de la importancia de la apertura comercial hacia los países socialistas de Asia y Europa del Este: “por más antiimperialista que parezca, si la política interna no es coherente con este tipo de medidas internacionales, todo se convierte en simple publicidad. Porque la real política antiimperialista, empieza por casa” (“¿Rompimos el bloqueo…?”, 1974, p. 10).

Es así que podemos afirmar que la segunda etapa de las posiciones de Montoneros se caracterizó por una creciente oposición al Pacto Social realmente existente, en particular a los términos de intercambio político a partir de los cuales estaba construido y a los sistemas de representatividades que implicaba. A su vez, visibilizaba los vínculos entre las disputas políticas intraperonistas y la acentuación de las críticas en el campo económico; y concluía su movimiento crítico a través de la relativización de hechos que previamente había marcado como políticas positivas del gobierno nacional, evitando cualquier señal de aceptación de un programa al que poco tiempo antes había apoyado.

La hora del boicot. La impugnación final de los términos de intercambio político

La distancia que existe entre la segunda y la tercera etapa es la que separa a la crítica del boicot abierto. De este modo, encontramos que en marzo de 1974, Montoneros dejó de lado cualquier ambigüedad, profundizando sus objeciones tanto contra las representaciones del Pacto Social como contra sus términos de intercambio político –en particular a la aceptación sindical de la política salarial– para hacer un llamamiento abierto al boicot. El 19 de ese mes, El Descamisado explicaba en su tapa “Por qué hay que romper el pacto social”.

Se trataba de la continuación del discurso que Firmenich había brindado en un acto el 11 de marzo, por el aniversario de las elecciones presidenciales, en el que había descripto una “doble traición” del gobierno. En el plano político consistía en “el desplazamiento de los leales por los traidores”, mientras que en el económico proponía resumirlo en dos palabras: “Pacto Social”. Una vez más, el programa económico aparece como un punto nodal del discurso montonero crítico hacia la conducción del movimiento peronista. Firmenich admitía que “hemos tenido públicamente varias posiciones según los momentos frente a este pacto social (…) Hoy estamos totalmente en contra de este pacto. Hay que romperlo y hacer otro” (“Hay que romper…”, 1974, p. 8).

Las objeciones fundamentales seguían señalando las representaciones, pero ahora también apuntaban claramente contra los términos de intercambio político: “se congela el salario de los trabajadores, se restringe el derecho de huelga, se congela toda posibilidad de luchar por las propias reivindicaciones” (“Hay que romper…”, 1974, p. 9). A pesar de la propuesta de hacer otro pacto, en sus declaraciones se lee una denuncia a los programas de visos corporativistas que buscaban sublimar el conflicto de clases y regular las disputas: el líder de Montoneros convocaba a liberar la posibilidad de luchar. La nueva postura implicaba dejar atrás la etapa descripta por Pacheco (2014), en la que la JTP priorizaba los reclamos por condiciones laborales, abdicando de las luchas salariales para no boicotear el Pacto Social.

El Descamisado profundizaba la lectura política que había marcado Firmenich: cuando la UOM nacional utilizaba la Ley de Asociaciones Profesionales para intervenir regionales manejadas por delegados basistas, la conclusión, una vez más, era que había que “romper” el Pacto (“Por qué hay que romper el Pacto Social”, 1974).

El tránsito resulta notable: menos de un año después de presentarse como custodio de los términos de intercambio político, la organización se proponía romper el pacto, y rechazaba términos muy similares por insuficientes. Encontramos entonces que el proceso de intercambio político condicionaba también a los actores que eran excluidos de las negociaciones: Montoneros rechazaba ahora cualquier limitación a la lucha obrera y bregaba por la construcción de poder popular, ya no para custodiar un pacto, sino para conducir un programa nuevo.

En verdad, la organización decía convocar a otro acuerdo, pero no quedaba claro quién sería su interlocutor. La posibilidad de construir “un nuevo pacto” aparece más como una declamación grandilocuente antes que como un proyecto desarrollado que nos permita pensar que, efectivamente, pretendía un acuerdo con los actores sociales realmente existentes en la coyuntura argentina. Tanto las manifestaciones de Firmenich como las notas del órgano de prensa montonero apuntaban a la necesidad de “liberar” la lucha obrera, y priorizar la acción directa y la movilización antes que los compromisos institucionales. De este modo, las tajantes críticas transversales a las cámaras patronales, la CGT y la mayoría de los dirigentes del justicialismo, parecían dejar a Montoneros sin interlocutores claros para impulsar pactos políticos o corporativos alternativos. Muestra de ello era otro editorial de la revista:

Evita decía que estaba bien eso de que bajo el peronismo durante el primer gobierno los empresarios y trabajadores repartieran la ganancia; pero –decía– para que esto sea justo habrá que tener en cuenta que los empresarios han oprimido y explotado a los obreros durante siglos. Así que primero habría que dejar que los obreros explotaran durante siglos a los patrones, después sí, podemos ir a medias. Porque si no corren con ventaja. (Cabo, 1974, p. 2)

La retórica no aparece como parte de un discurso que buscase atraer a fracciones de la burguesía para proyectar formas de pacto social alternativas al existente. Sin embargo, el fragmento ilumina una táctica discursiva de Montoneros que se repite a lo largo de su experiencia: la apelación a la memoria del peronismo –tanto en su década de gobierno como en la Resistencia– para sostener sus posiciones en la coyuntura analizada. Se reivindicaba la propiedad del auténtico peronismo a partir de la interpretación de experiencias pretéritas. Retomando el clásico texto de Silvia Sigal y Eliseo Verón (2003), Otero (2019) analizó esta dimensión del discurso montonero en vínculo con los usos de la figura de Eva Perón y con las formas de conmemoración de los actos del 17 de octubre. También Slipak, en su análisis de la “reinvención” de la tradición peronista por parte de la organización, identifica que, para la narrativa de El Descamisado, el primer peronismo resultó constitutivo, ya que sobre él realizó una operación intelectual: “reivindicó una etapa pasada para diferirla como horizonte hacia el cual dirigirse” (2015, p. 99).

A partir de marzo de 1974, Montoneros apelaría a una táctica discursiva similar para intentar dar una disputa en el terreno de la política económica, con una serie de notas en las que concluía que el Pacto Social no era un programa auténticamente peronista, y comparaba a los “militares nacionalistas” que apresaron a Perón en 1945 con los “empresarios nacionalistas” de la CGE (“El Pacto Social: instrumento de liberación…”, 1974; “¿Liberación sin justicia social?”, 1974). Lo que esta crónica no explicitaba es que era el propio Perón, víctima de aquellos militares, el que había elegido a estos empresarios.

Al mismo tiempo, la organización continuaba denunciando los términos de intercambio político: sostenía que los trabajadores otorgaban mayores concesiones –limitaciones salariales, renuncia a la protesta directa– que los grandes empresarios; en ese marco de análisis, los grandes beneficiarios del Pacto Social (“¿Liberación sin justicia social?”, 1974).

En los primeros días de marzo, con una inflación creciente, en medio de presiones por parte de actores diversos –los sindicatos de la CGT, los empresarios, las organizaciones de la izquierda peronista y el sindicalismo de base– el gobierno tomó la decisión de convocar a una “Gran Paritaria Nacional”, que resolvió aumentar sueldos, tarifas, y permitir ciertos aumentos de precios (Di Tella, 1986; Rougier y Fiszbein, 2006; Vitto, 2012). El número de El Descamisado posterior al anuncio estuvo dedicado centralmente a criticarlo. Señalaba que el aumento salarial era exiguo y proponía dos medidas: crear comisiones populares de control de precios, y permitir que las comisiones internas sindicales de la industria controlasen los costos de producción empresarios. Abogaba de este modo por la aplicación de “formas concretas de poder popular” (“Con los aumentos no pasa nada”, 1974, p. 2). La noción de “frente de clases” era cada vez menos recurrente y más vaga en los discursos de la organización, y se acentuaba la dimensión del control popular y la hegemonía obrera.

La disputa intraperonista se profundizaba: también en marzo, fue asesinado el dirigente sindical Rogelio Coria, y en abril se confirmaba la intervención de la provincia de Córdoba, lo que implicaba la salida definitiva del gobernador Obregón Cano. En ese contexto, el 8 de abril, mediante el decreto 1100/74, el gobierno resolvió la clausura de la “revista montonera”. Sin embargo, el 19 de ese mes salió a la calle el primer número de El Peronista. Slipak confirma que la línea editorial que adoptó “fue la misma que El Descamisado” (2011, p. 52). La edición inicial incluía “Un documento para la liberación”, un escrito que sistematizaba las posturas montoneras sobre el Pacto Social: “un instrumento para la congelación de la lucha de los trabajadores”. La receta alternativa propuesta incluía “el camino de la nacionalización y la socialización de la economía”, para “reencauzar este proceso hacia la liberación nacional”, y fuertes críticas a los funcionarios del gabinete (Montoneros, 1974b, pp. 32–33).

Los enfrentamientos discursivos constituían el prolegómeno de la confrontación abierta con Perón en la Plaza de Mayo, en la conmemoración del Día del Trabajador. Luego de los insultos a los “imberbes” y la referencia a un “escarmiento” que precedieron a la retirada de las columnas, el presidente continuó con referencias al sindicalismo y el Pacto Social: “Compañeros, deseo que antes de terminar estas palabras lleven a toda la clase trabajadora argentina el agradecimiento del gobierno por haber sostenido un pacto social que será salvador para la República” (Perón, 1988, p. 51).

Después del acto, Montoneros emitió un nuevo comunicado: “se cuestiona el rumbo total de este proceso y pedimos la reformulación”. Incluía, también, una amenaza: “De continuar esta política económica, se producirá, tarde o temprano, la ruptura del frente de liberación y se destrozará la unidad nacional” (“Hablan los montoneros”, 1974, pp. 22–25). La escalada de la disputa con Perón parecía indetenible. En todos los números de El Peronista se denunciaba el Pacto Social, y las pocas palabras elogiosas que quedaban se vinculaban con las relaciones exteriores. Pero también en esos análisis se advertía que el tema no se podía escindir de la crítica situación nacional, e, incluso, se presentaban reparos ante una política de fomento a las exportaciones “porque resta productos del consumo interno. Sobre todo, si se trata como en el acuerdo firmado con la URSS, de bienes de consumo masivo, como la carne, el arroz, y las frutas” (“Con Moscú: negocios y política”, 1974, p. 27).

En el análisis socioeconómico más profundo que publicó en sus seis números, El Peronista también expresó el rechazo montonero al Plan Trienal presentado por el gobierno. Insistía en objetar el fomento “desmesurado” de las exportaciones porque “[implica que] la prioridad del equipo económico es acumular suficientes divisas más que mejorar el poder de compra de los trabajadores”. El artículo identificaba los elementos que se encontraban en tensión entre el Estado y los empresarios en los acuerdos inaugurados por el ACN: “(…) el proceso de capitalización en el marco de un intento sumamente moderado de redistribución de ingresos a favor de los trabajadores es la exigencia que el Estado impone al sector empresario en un plano puramente económico” (“Cuando las cifras…”, 1974, pp. 19–21).

El último análisis aporta una serie de elementos: se reconoce por primera vez en esta tercera etapa un intento de redistribución –aunque moderado frente a las expectativas montoneras– a favor de los trabajadores. Este proceso de redistribución se corresponde con las estimaciones que ubican a los salarios reales de 1974 como los más altos de la serie 1970-1976, y, probablemente, entre los más altos de la historia argentina (Di Tella, 1986; Rougier y Fiszbein, 2006). Sin embargo, en el proceso que Montoneros había recorrido desde ciertos discursos cercanos al movimientismo hacia los inscriptos en el tendencismo, y desde la aceptación de los términos de intercambio político hasta su total rechazo, esto no resultaba suficiente. De este modo, se mantenían las objeciones contra las representaciones sectoriales del pacto. También se asociaba a este con el endurecimiento del Código Penal y el aumento de la represión. En el siguiente editorial se afirmaba sobre el programa: “Quienes lo conducen, los grandes empresarios argentinos, los principales beneficiados de hoy no lo serán mañana. (…) También el gran empresariado nacional tendrá que morder el polvo de la derrota” (Lizaso, 1974, p. 2). Aun cuando se reconocía cierto intento de redistribución progresiva, los fragmentos reflejan el alejamiento del discurso montonero de las posiciones que bregaban por una táctica alianza de clases, mientras antagonizaba cada vez más con los términos de intercambio político del programa.

La clausura de esta segunda versión de un órgano editorial de Montoneros dio paso a una nueva publicación, La Causa Peronista. En julio, el titular de su primer número rezaba laicamente: “Murió nuestro líder… Los peronistas nos quedamos solos”.

En su interior, incluía un comunicado de Montoneros sobre la situación, en el que se advertía sobre un vacío de poder y llamaba a un acuerdo político interpartidario para apuntalar el futuro gobierno (Montoneros, 1974c). Otero señala acertadamente que, así, “desautorizaba a Isabel, al denunciar la ausencia de una conducción” (2019, p. 105). Por su parte, Bartoletti (2010) identifica este momento como el quiebre en el que Montoneros inicia una postura alternativista. La muerte de Perón dejaba a la organización sin referentes en el gobierno justicialista, solo adversarios y enemigos. Su discurso sobre el Pacto Social lo reflejaba claramente: continuaba denunciándolo, pero al mismo tiempo advertía que los ataques del sindicalismo a dicho programa no eran mejor noticia. En especial porque Miguel y el “vandorismo” ganaban cada vez más peso en la central sindical luego de la muerte del sucesor de Rucci, Adelino Romero, en los primeros días de julio (“Lo que significa…”, 1974, p. 7). Sin embargo, que Gelbard fuera enemigo de sus enemigos no implicaba para Montoneros un aliciente para moderar su discurso: las acusaciones contra los empresarios incluían ahora al gabinete económico. En una nota en la que denunciaba el deterioro del Pacto Social, La causa peronista concluía: “los empresarios que dirigen la política económica del gobierno se preparan para sacar la mayor tajada en la devolución de los controles económicos y financieros a los gerentes imperialistas desplazados el 25 de mayo de 1973” (“Imperialismo…”, 1974, p. 17).

El discurso económico social de Montoneros había transitado desde el enaltecimiento del “frente de clases” como eje de sus relatos, hacia una nueva voz que priorizaba las construcciones centradas en la hegemonía obrera, en las que se proponía un rol subordinado para los pequeños empresarios y el de enemigos para los capitales internos medios y grandes, al igual que para todos los externos, definidos como monopolistas. Es así que, a partir de agosto, Montoneros ya “preparaba la retaguardia” y dejaba de lado los matices:

Si los monopolios –como la Ika– prepean a los obreros, el vandorismo aplaude a los monopolios y les manda la protección de la Gendarmería. Si los trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo y salarios justos, los atacan por romper un pacto social que solo beneficia a los patrones. (Galimberti, 1974c, p. 3)

El discurso se inscribía en el conflicto del SMATA cordobés que había sido intervenido por el sindicato nacional con el apoyo del Ministerio de Trabajo, desplazando a representantes del sindicalismo basista. Montoneros se oponía al gobierno y planteaba una postura favorable a los sectores de la izquierda no peronista. En ese marco, Firmenich se trasladó a Córdoba y pronunció un discurso en el que sostenía que había una sola explicación para estos conflictos: “este Pacto Social que tantas veces hemos puntualizado que está mal, que está en contra de los trabajadores y así, en contra de los trabajadores, no hay liberación posible” (Firmenich, 1974, p. 27). Pocos días más tarde, ante la combinación de la represión a las protestas obreras en Córdoba y el accionar de la Triple A (Besoky, 2010), Galimberti ahondaba: “No podemos seguir llamando simplemente represión a lo que es una guerra, una guerra sucia contra el pueblo” (Galimberti, 1974b)

El último número de La Causa Peronista incluía un análisis del escenario político. Dentro del gobierno identificaba tres bandos: el dúo “Isabel -López Rega”; el “vandorismo”, conducido por Lorenzo Miguel y flanqueado por Otero; y “finalmente, está Gelbard como expresión de un sector de empresarios nacionales. Como en 1955, con Lanusse, como ahora, se alían con los sectores proimperialistas” (Galimberti, 1974a, p. 2). El ministro de Economía era ubicado decididamente en un lugar antagónico, junto al enemigo “imperialista”. Sin embargo, estas críticas palidecían junto al artículo principal del número: una entrevista a Firmenich y Norma Arrostito, en la que relataban minuciosamente cómo habían secuestrado y ejecutado, cuatro años antes, a Pedro Eugenio Aramburu. La tercera clausura del órgano de prensa montonero no podía resultar un hecho sorpresivo.

Fue el 6 de septiembre cuando la organización decidió brindar una conferencia de prensa en la que se concretó un hecho que quedaría grabado en la historia política argentina como el “pase a la clandestinidad” de Montoneros. En verdad, se trataba de la segunda etapa de clandestinidad de la organización, ya que había iniciado sus actividades en 1970 en la misma condición. El anuncio continuaba la línea crítica contra el sindicalismo oficialista, denunciando “el copamiento de la CGT por representantes del vandorismo”, que, paradójicamente, identificaba como un hito logrado luego de las muertes de Rucci y Romero (Montoneros, 1974a, p. 36). Entre los fundamentos de la decisión se incluían la represión paraestatal, los asesinatos de militantes peronistas, y, especialmente, “la vigencia de un pacto social que es un atentado a los intereses de los trabajadores”. Por ello, se presentaba un pliego de demandas que, entre sus puntos centrales, incorporaba un llamado a “la democracia sindical”, y la “anulación del actual pacto social”. Hasta tanto el gobierno cumpliera, Montoneros decidía llamar a la “resistencia popular”, y “reasumir las formas armadas de lucha, que junto con todas las otras formas (actos, movilizaciones, huelgas, caños, etc.) constituyen la guerra popular integral” (Montoneros, 1974a, p. 37).

Esta decisión señalaba el punto cúlmine del recorrido que llevó a la organización desde el apoyo ambiguo al pacto social, hasta la impugnación total tanto de sus términos de intercambio político como de la legitimidad de los representantes que lo suscribían. Se consumaba, de este modo, la defección de la coalición gobernante por parte de Montoneros.

Reflexiones finales

El pacto propuesto por Gelbard implicaba una encrucijada para la organización que había nacido al calor de las acciones guerrilleras: cómo reaccionar ante un moderado programa de estructuración tripartita, en el que la CGE y la CGT iban a tener una voz legitimada por el gobierno peronista. Las posiciones de Montoneros al respecto recorrieron un camino desde el apoyo ambiguo al programa hasta su rechazo total.

De este modo, pudimos identificar tres etapas diferenciables. La primera se caracterizó por una operación intelectual que le permitía evadir el problema de la falta de acceso a las instancias tripartitas: la organización asignaba para sí la custodia de los términos de intercambio político, ofreciendo su fuerza de movilización popular para asegurarse de que los empresarios cumplieran su parte del trato. En esa línea, presentó un discurso que asignaba centralidad a la idea de la alianza de clases, y limitó sus objeciones a proyectos y funcionarios puntuales; solo hacia el cierre del período la crítica se volvió más claramente hacia las representaciones que involucraba el Pacto Social.

La disputa de Montoneros con los sindicatos dentro del movimiento peronista precedía a la gestión de Cámpora, pero el establecimiento de un programa que otorgaba voz y voto a la representación corporativa generó un incentivo adicional para que, a través de la JTP, la organización intensificara la disputa en el ámbito sindical.

La segunda etapa implicó un desplazamiento en el cual acentuó el rechazo a las representaciones implicadas en el programa, pero al mismo tiempo incorporó objeciones a los términos de intercambio político, en particular al congelamiento de la política salarial y la inmovilización de la lucha obrera; a la vez que inició un camino de resignificación crítica respecto de elementos que en la primera etapa había valorado positivamente.

El paso a la última etapa ya no dejaba lugar para ambigüedades: prácticamente abolió cualquier tipo de elogio, y su rechazo se volvió rotundo tanto respecto de las representaciones como de los términos de intercambio político. Al mismo tiempo, incorporaba un activo llamado al boicot y a “romper” el Pacto Social, y concluía de manera contundente el movimiento de resignificación crítica.

Entendemos que la reflexión sobre los pactos sociales como programas que involucran un canal institucionalizado entre el Estado y la sociedad civil tiene ciertas implicancias. Si Montoneros quería un asiento en la mesa de acuerdos y decisiones del Pacto Social, debía constituirse en un actor de representación corporativa: es en ese marco que se inscribe la disputa de la JTP con las organizaciones sindicales del peronismo de mayor trayectoria. Cabe reflexionar entonces acerca de cómo estos esquemas tripartitos contienen en su formulación a sectores corporativos de la sociedad civil, pero el Pacto Social no incorporaba un mecanismo de consulta o decisión que otorgara un peso similar al que tenían la CGT y la CGE para espacios políticos que pudieran representar a otros grupos sociales. Futuras indagaciones podrán poner en relación la experiencia de Montoneros con las de otros actores políticos y corporativos que no fueron incorporados formalmente en el ACN.

Este recorrido también iluminó la estrecha vinculación entre el diagnóstico económico-político de Montoneros y sus disputas al interior del peronismo. Así, nuestro análisis puede ponerse en diálogo con la estructura categorial presentada en el primer apartado, siempre que admitamos el carácter diacrónico de estas posturas: mientras que los discursos de la primera etapa pueden asociarse con ciertos elementos movimientistas, la disputa hegemónica con el sindicalismo al interior del peronismo y la deriva crítica volcaron a la organización hacia discursos asociados al tendencismo, y, finalmente, en la decisión de la autoclandestinización podría apreciarse un elemento alternativista. Estos tránsitos no implican necesariamente un “desvío” montonero respecto de sus orígenes, sino que reflejan los posicionamientos de la organización ante una coyuntura convulsionada y cambiante que involucró el acceso al gobierno del justicialismo, relevos en la primera magistratura y la muerte de Perón, entre otros hitos relevantes.

En definitiva, las posturas de Montoneros respecto del Pacto Social, en su estructuración tripartita alrededor de representaciones sindicales y empresariales legitimadas por el gobierno, tuvieron un tránsito en el que se acentuó la dimensión crítica de su discurso. En ese trayecto, el predominio de los discursos moderados, etapistas, estructurados alrededor de enunciaciones policlasistas y centrados en la inflación como principal problema económico se vio desplazado por la centralidad de expresiones en las que primaban el enaltecimiento del hegemonismo obrero, los llamados a liberar la lucha sindical y los reclamos por la socialización urgente de diversos resortes de la economía nacional. De este modo, Montoneros transitó un camino sinuoso desde el apoyo ambiguo al Pacto Social hasta su total rechazo, y desde la cohabitación en la coalición gobernante hasta una aguda oposición expresada mediante una declaración de guerra. Se había acabado el tiempo de la moderación.

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Notas

Recepción: 28 Octubre 2021

Aprobación: 06 Junio 2022

Publicación: 01 Marzo 2023

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